99TSPR6

Número del Caso: CC-97-272

Lcdo. Arnaldo E. Granados

Tribunal de Instancia: Superior de Arecibo

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Edna Abruña Rodríguez

Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional III

Juez Ponente: Hon. Arbona Lago

Fecha: 1/26/1999

San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 1999

Revisamos, vía certiorari, una sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de Arecibo y Utuado, el 18 de abril de 1997. Mediante la misma, se revocó la resolución dictada el 25 de marzo de 1996 por el Tribunal de Primera Instancia, la cual declaraba "no ha lugar" una moción de desestimación por prescripción presentada por la recurrida. Esto es, el tribunal apelativo intermedio ordenó la desestimación, por prescripción, de la demanda en daños y perjuicios instada por los aquí peticionarios contra su patrono indirecto ante el tribunal de instancia.

Nos corresponde resolver en el presente caso en qué fecha comienza a transcurrir el término de prescripción de un año de una acción de daños y perjuicios cuando la misma se insta contra un patrono estatutario no asegurado.

I

El 9 de enero de 1992, mientras se hallaba operando la máquina que le había sido asignada, el peticionario sufrió un accidente de trabajo. Su mano izquierda quedó atrapada por la cadena rotativa de la máquina de forma que le cercenó varios de sus dedos. Inmediatamente, el obrero fue referido a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en adelante el Fondo, donde se le brindó el tratamiento que requerían las lesiones que el accidente le había causado. La naturaleza de la lesión hizo necesaria la amputación del remanente de la mano izquierda del peticionario. Después de un tratamiento médico continuado brindado por el Fondo, el peticionario recibió el alta definitiva el 21 de abril de 1994. Tal decisión se le notificó el 10 de junio de 1994, fecha en que, según alega dicho empleado, vino a enterarse de que su patrono indirecto, Bristol Myers, no lo tenía cubierto con una póliza del Fondo del Seguro del Estado.

Por otro lado, con anterioridad a la determinación del Fondo de emitir el alta definitiva al lesionado, el 15 de abril de 1993 dicha agencia había resuelto que el patrono directo del obrero, Top Nocth, era un patrono no asegurado. Dicha compañía realizó tardíamente el pago de la póliza correspondiente al segundo semestre del año 1991-1992 y el accidente objeto del caso de autos ocurrió, precisamente, durante el periodo comprendido entre la fecha de vencimiento del pago y la fecha en que se efectuó el mismo. El 6 de mayo de 1993 se archivó en autos copia de la notificación de esta decisión.

Así las cosas, el 30 de diciembre de 1994, el lesionado, Carlos R. Martínez Rodríguez, su esposa, Sandra Cruz García y la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos radicaron demanda en daños y perjuicios ante el entonces Tribunal Superior de Arecibo contra Top Notch Temporary Services, Inc. --su patrono directo--, Bristol Myers, Inc. -–su patrono indirecto-- y sus respectivas compañías aseguradoras. Dicha demanda fue enmendada en varias ocasiones: en primer lugar, el 14 de febrero de 1995 y, más tarde, el día 16 del mismo mes.

El 24 de marzo de 1995 la co-demandada Top Notch, Inc. presentó una "Moción de Desestimación y/o de Sentencia Sumaria" alegando que la demanda en su contra se hallaba prescrita por haberse radicado más de un año después de que el Fondo notificara al lesionado que Top Notch era un patrono no asegurado. El Tribunal de Primera Instancia la declaró "no ha lugar". Contra esa determinación Top Notch acudió en apelación ante el Tribunal de Circuito, el cual, mediante sentencia dictada el 29 de noviembre de 1995, revocó la determinación de instancia y expresó que, efectivamente, la causa de acción del demandante estaba prescrita en cuanto a Top Notch.

En consecuencia, el 8 de marzo de 1996, el demandante presentó ante el Tribunal de Instancia su tercera demanda enmendada para eliminar como co-demandado a la compañía Top Notch y para incorporar como co-demandantes a la Sra. María Rodríguez Zeno, madre del lesionado, y al Sr. Ramón Rodríguez Santiago, padrastro del mismo.

En el ínterin, el 18 de mayo de 1995, Bristol Myers radicó una moción de desestimación alegando que, por ser un patrono estatutario, se hallaba protegido por la inmunidad contra acciones por daños derivados de accidentes laborales que otorga la Ley de Compensaciones por Accidentes de Trabajo. En la alternativa, argumentó que la causa de acción en su contra se hallaba prescrita, al igual que la de Top Notch.

El 25 de marzo de 1996, el Tribunal de Primera Instancia emitió resolución declarando "no ha lugar" la Moción de Desestimación presentada por la co-demandada Bristol Myers. Los fundamentos que sirvieron de base para esta decisión fueron que, dado que el patrono directo del demandante era uno no asegurado y que Bristol Myers tampoco cumplió con su obligación de asegurar al obrero ante el Fondo, ésta última compañía no gozaba de la categoría de patrono estatutario sino que era meramente un tercero responsable del daño. En consecuencia, a base del Artículo 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, concluyó que el término para reclamar contra él por los daños y perjuicios causados comenzó a correr al convertirse en firme la resolución final del caso dictada por el Administrador del Fondo, la cual se emitió el 5 de mayo de 1994 y se notificó el 10 de junio del mismo año. Así pues, resolvió que el término de un año no había transcurrido al momento de la radicación de la demanda, el 20 de diciembre de 1994, y que, por tanto, la acción contra Bristol Myers no se hallaba prescrita.

Inconforme con esta determinación, Bristol Myers presentó recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, solicitando la desestimación de la demanda con perjuicio. El 18 de abril de 1997, el Circuito Regional de Arecibo y Utuado dictó sentencia revocando la resolución recurrida y ordenando la desestimación de la demanda. Resolvió que Bristol Myers era un patrono estatutario no asegurado y que el inicio del término prescriptivo de la acción de daños que el obrero lesionado tenía en su contra debía computarse a partir de la fecha en que se notificó al obrero accidentado que su patrono directo, Top Notch, no estaba cubierto por el Fondo.

Por estar en desacuerdo con dicha decisión, el obrero lesionado acudió ante este Tribunal imputándole al Tribunal de Circuito de Apelaciones haber errado al:

Habiendo comparecido ambas partes y presentado sus correspondientes alegatos, nos hallamos en posición de resolver. Procedemos a así hacerlo.

II

Los efectos de que un patrono se considere o no asegurado repercuten tanto en los empleados como en los propios patronos. Veamos.

Por otro lado, la ley otorga al patrono asegurado inmunidad frente a acciones civiles de daños y perjuicios que pudieran presentar los empleados lesionados en su contra, independientemente de la negligencia patronal que haya mediado; es decir, la ley priva de esas causas de acción a los empleados cuando el patrono ha cumplido con su obligación legal de asegurar a sus trabajadores ante el Fondo. Torres Solís v. A.E.E., supra.; Admor. F.S.E. v. Flores Hermanos, Cement Products, 107 D.P.R. 789, 792 (1976); Cruz Rodríguez v. A.A.A., 101 D.P.R. 269, 270 (1973); Vda. De Andino v. A.F.F., 93 D.P.R. 170, 181 (1966).

En Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra, establecimos el objetivo o fundamento del mandato legislativo que instituye un sistema de compensación para los obreros lesionados y que otorga inmunidad contra acciones en daños a los patronos asegurados ante el Fondo del Seguro del Estado. Allí expresamos:

Este Tribunal ha definido el término "patrono estatutario" del siguiente modo:

Hemos establecido que el objetivo principal de la obligación legal común de asegurar a los trabajadores que la ley impone al patrono directo y al estatutario es "no sólo evitar la evasión de la ley, sino proteger a los obreros y empleados de subcontratistas irresponsables y no asegurados mediante la imposición de responsabilidad al contratista principal que, al seleccionar al subcontratista, puede exigirle protección adecuada contra accidentes del trabajo". Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra., página 11; Viuda de Costas v. P.R. Olefins, supra.; Colón Santiago v. Comisión Industrial, supra., página 209.

La importancia de distinguir los conceptos de "tercero" y de "patrono estatutario" reside precisamente en las diferentes responsabilidades que tienen cada uno ante lesiones derivadas de accidentes de trabajo: mientras el patrono estatutario queda cobijado por la inmunidad que protege al patrono directo asegurado o por su propia inmunidad si cumple con la obligación de asegurar a los trabajadores no asegurados por el patrono directo, el tercero causante del daño será responsable ante demandas judiciales en daños y perjuicios. En ese sentido, en Lugo Sánchez v. A.F.F., supra, página 867, dijimos:

Así pues, como se desprende de estas disposiciones legales, si cualquier patrono de los comprendidos en la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo deja de cumplir con su obligación de asegurar a sus empleados y alguno de éstos sufre un accidente laboral, el obrero lesionado tendrá a su favor dos remedios que coexisten y son independientes: (1) por un lado, podrá radicar una petición de compensación ante la Comisión Industrial, igual que si el patrono estuviera asegurado, y (2) por otro lado, podrá radicar una acción civil judicial por los daños y perjuicios sufridos. Medina v. Santiago del Toro, 110 D.P.R. 139 (1980); Vélez Sánchez v. Comisión Industrial, 107 D.P.R. 797 (1978); Quiñones v. R. Méndez & Hnos., 57 D.P.R. 103 (1940). Op. Sec. Just. Núm. 11 de 1968.

El término de un (1) año de prescripción comenzará a contar en momentos distintos según la calidad en que se encontraba el responsable del daño. Veamos las diferencias.

Así pues, el término de un año para reclamar en daños y perjuicios contra un tercero responsable del accidente comienza a transcurrir desde el momento en que adquiere firmeza la resolución final del caso dictada por el Administrador del Fondo. Sin embargo, en Vega Lozada v. J. Pérez & Cía, Inc. y otros, Opinión y Sentencia de 11 de abril de 1994, resolvimos que "el término prescriptivo para ejercitar la acción de daños y perjuicios en casos [de patronos no asegurados] comienza a transcurrir desde la fecha en que el Fondo notifique que el patrono no está asegurado."

Hasta este punto hemos expuesto los remedios previstos por el derecho vigente a favor de los obreros lesionados por accidentes del trabajo según el daño haya sido causado por un patrono asegurado, un patrono estatutario, un tercero o un patrono no asegurado.

Siendo la anterior la doctrina existente y vigente, nos corresponde resolver en el presente caso dos controversias de derecho:

(1) Si un patrono indirecto no asegura ante el Fondo a los trabajadores de la compañía contratada, a pesar de que éste tampoco los tenía asegurados, ¿tiene naturaleza de patrono estatutario no asegurado o simplemente es un tercero responsable del daño?;

(2) Una vez resuelta la primera interrogante, ¿en qué momento comienza a transcurrir el término de prescripción de un año de la acción de daños y perjuicios presentada contra un patrono estatutario no asegurado?.

III

De la exposición de derecho que antecede se desprende la relevancia que tiene la calificación legal que se otorgue al causante del daño a los fines de determinar el remedio que tiene disponible el lesionado. En específico, hemos descrito cómo también adquiere importancia en qué categoría se halla el causante del daño a la hora de establecer el inicio del término prescriptivo de un año que señala el Código Civil para la acción civil por daños y perjuicios.

Como ya hemos señalado, el elemento definidor del patrono estatutario es su relación contractual con el patrono directo del trabajador y la obligación legal que tiene de asegurar a los empleados de su contratista cuando éste no los tenga asegurados ante el Fondo. De ese modo, el patrono estatutario es inmune a las demandas civiles por daños y perjuicios que surjan a base de accidentes laborales siempre que los empleados estén asegurados, ya sea por el patrono directo, ya sea por él mismo cuando aquél no hubiera cumplido con su obligación legal de asegurar. Ahora bien, la interrogante surge respecto a cuál es la consecuencia de que ni uno ni otro cumpla con su obligación legal común de asegurar a los empleados del patrono directo que trabajan para el estatutario.

El peticionario, al igual que el tribunal de instancia, entiende que el efecto es que el patrono indirecto se convierte en un tercero. Sin embargo, tanto el recurrido como el Tribunal de Circuito de Apelaciones entienden que el hecho de que el patrono indirecto incumpla su obligación de asegurar a los trabajadores del patrono directo no asegurado no lo convierte en un tercero, sino simplemente en un patrono estatutario que no goza de la inmunidad que prevé la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo por no estar asegurado. Somos del criterio que esta última posición es la correcta. Veamos por qué.

Como hemos reiterado, la figura del patrono estatutario surge sólo si existe una relación contractual de éste con el patrono real de los trabajadores que están trabajando para él. Mediante esta figura legal se pretende extender la inmunidad que tiene el patrono directo al estatutario a cambio de que éste último asegure a los trabajadores cuando el primero no lo haya hecho. Por lo tanto, el patrono estatutario tiene una relación directa tanto con el patrono real como con sus trabajadores; con el primero, porque media un contrato de servicios entre ellos y con los segundos, porque éstos realizan sus labores en la planta física del patrono estatutario.

Siguiendo la postura expresada por este Tribunal, entendemos que un patrono indirecto que efectivamente tiene una relación contractual con un patrono real y una relación fáctica con los trabajadores de éste es un patrono estatutario. El hecho de que no cumpla con su obligación legal de asegurar a dichos empleados, cuando su patrono directo no lo haya hecho, no lo convierte en tercero por una razón básica: ese hecho no hace desaparecer la relación que hemos descrito que existe entre el patrono estatutario, la compañía con la que contrató y los trabajadores de ésta; es decir, el hecho de que no cumpla con la obligación de asegurar no lo convierte en una persona extraña, ajena y separada del contratista y de los empleados de éste.

Es más, debemos tener presente que un patrono directo no deja de serlo y se convierte en tercero por no haber cumplido con su obligación legal de asegurar a sus trabajadores. El efecto de tal incumplimiento es, como hemos explicado, el privar a dicho patrono de la inmunidad que la ley concede a aquel que asegure a sus empleados ante el Fondo. Somos del criterio que igual tratamiento merece el patrono estatutario.

Por todo lo anterior, concluimos que un patrono indirecto que incumple su obligación de asegurar a los trabajadores del patrono real que éste no ha asegurado mantiene su condición de patrono estatutario pero debe considerarse para todos los efectos legales como un patrono no asegurado. Es decir, se convierte en un patrono estatutario no asegurado sujeto a los dos remedios que la ley reconoce al empleado lesionado para tales casos, la compensación de la Comisión Industrial y la acción civil por los daños y perjuicios causados.

IV

Una vez resuelta la primera controversia señalada, nos corresponde resolver en qué momento comienza a transcurrir el término de un (1) año de prescripción de la acción de daños y perjuicios instada contra un patrono estatutario no asegurado.

En Vega Lozada v. J. Pérez & Cía, Inc., supra, resolvimos que el término prescriptivo para ejercitar una acción de daños y perjuicios en contra de un patrono no asegurado comienza a transcurrir desde la fecha en que el Fondo notifica al lesionado que dicho patrono no está asegurado. Los fundamentos esgrimidos en aquel caso nos sirven de base para concluir que el inicio del término de la acción contra un patrono estatutario no asegurado es también la fecha de notificación del Fondo sobre la falta de seguro de dicho patrono estatutario. Veamos.

Nuestra jurisprudencia ha establecido que el punto de partida del término prescriptivo de una acción de daños y perjuicios es la fecha en que el agraviado conoció tanto el daño como quién fue el autor del mismo; ello, porque sólo de ese modo el lesionado puede ejercitar efectivamente la acción. Toledo Maldonado v. Cartagena, Opinión y Sentencia de 21 de diciembre de 1992; Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984). En ese sentido, también hemos resuelto que viola el derecho a un debido proceso de ley aquella disposición sobre prescripción que exija a los demandantes instar su acción antes de que éstos puedan tener conocimiento de que tal causa de acción existe a su favor. Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676 (1986). El fundamento básico para todo ello es que no puede ejercitarse una acción si de buena fe el titular desconoce que tiene derecho a ejercitarla. Por ello, si el desconocimiento que impide ejercer la acción se debe a la falta de diligencia del reclamante, no aplica esta doctrina liberal que hemos desarrollado sobre la prescripción. Vega Lozada v. J. Pérez & Cía, Inc., supra; López v. Autoridad de Carreteras, Opinión y Sentencia de 5 de mayo de 1993.

Argumenta la parte recurrida que el inicio del término prescriptivo para accionar contra un patrono estatutario debe ser la fecha de notificación al obrero de que el patrono directo no está asegurado. No le asiste la razón. El simple hecho de que el patrono directo del lesionado no esté asegurado no implica necesariamente que el patrono estatutario no goce de inmunidad ante ese tipo de acción. Por el contrario, es precisamente en tales casos cuando surge la obligación del patrono estatutario de asegurar al empleado; por ello, el obrero al que no se le notifica por el Fondo que dicho patrono tampoco está asegurado puede descansar en la presunción de que ha cumplido con su deber legal de asegurarlo.

Por todo lo anterior, resolvemos que el inicio del término prescriptivo de un año previsto para acciones de daños y perjuicios instadas contra un patrono estatutario comienza a transcurrir desde la fecha en que se notifique al lesionado que dicho patrono no está asegurado.

V

La controversia presentada ante nos en el caso de autos se reduce a determinar si la acción de daños y perjuicios radicada por el empleado-lesionado en contra de su patrono indirecto, Bristol Myers, se halla o no prescrita. Hacia dicha cuestión se orientan los errores planteados.

Bristol Myers contrató con la compañía de trabajo temporal Top Notch la prestación de unos determinados servicios en su planta física. Fue en ese contexto en el que el peticionario, que era empleado de Top Notch, empezó a laborar en la planta física de trabajo de Bristol Myers. Al aplicar las doctrinas jurídicas esbozadas con anterioridad a los hechos ante nos, debemos concluir que Bristol Myers es un patrono estatutario no asegurado que responde en daños y perjuicios al obrero lesionado, el Sr. Martínez Rodríguez.

A tenor con la doctrina analizada, Bristol Myers tenía la obligación de asegurar al peticionario si quería quedar cobijada por la inmunidad prescrita por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo; sin embargo, no cumplió con tal obligación. Debido a ello, debemos considerar a Bristol Myers, la recurrida, como un patrono estatutario no asegurado que puede ser demandado por los daños y perjuicios causados al trabajador por un accidente laboral en el que mediara su culpa o negligencia.

Por lo tanto, el término prescriptivo de un año para radicar la demanda por daños y perjuicios contra Bristol Myers comenzó a transcurrir en el presente caso el 10 de junio de 1994, fecha en que el lesionado conoció todos los datos necesarios para saber que tenía a su favor una causa de acción contra su patrono estatutario. El obrero radicó la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia el día 30 de diciembre de 1994. Por lo tanto, la acción en daños y perjuicios por él radicada no se hallaba prescrita.

VI

A tenor con todo lo expuesto, procede dictar Sentencia revocatoria de la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones y devolver el caso al foro de instancia para la continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de Arecibo y Utuado, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, para la continuación de procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre en el resultado sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

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