Número del Caso: AC-97-24

Abogados de la Parte Apelante: Lcdo. Miguel A. Cabrera, Lcdo. Pablo Martínez Archilla

Abogados de la Parte Apelada: Lcdo. Gerardo Fernández Amy

Abogados de la Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Sonia Ivette Vélez Colón

Tribunal de circuito de Apelaciones: San Juan

Juez Ponente: Córdova Arone

Fecha: 2/17/1999

ADVERTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 1999

Se nos solicita, mediante recurso de apelación, la revisión de la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones la cual reinstaló un laudo de arbitraje, revocando así la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Por entender que el Tribunal de Circuito de Apelaciones no tenía jurisdicción para dilucidar la controversia, revocamos.

I

El 1^ro de diciembre de 1993, la Corporación de Empresas y Adiestramiento y Trabajo ("Corporación") efectuaba mejoras a su planta física. Como partede éstas, se intentaba remodelar el piso y el techo de la misma. Debido a esto, fue necesario reubicar a ciertos empleados pues su área de trabajo se vería afectada. Los empleados reubicados, inconformes con la situación, salieron fuera del edificio, se aglomeraron frente a los portones de entrada, no regresando a sus labores. Al día siguiente, un grupo de empleados unionados que trabajaban en las oficinas regionales de la Corporación acudió a las oficinas centrales y se reunió en los portones de entrada conjuntamente con los empleados que habían abandonado sus labores el día anterior.

El 3 de diciembre, la Corporación envió a los querellantes una carta de suspensión permanente por violación al Artículo XXXII del Convenio Colectivo cuyo contenido es comúnmente conocido como "cláusula de no huelga". En respuesta, la Unión Insular de Trabajadores Industriales y de Construcciones Eléctricas, Inc. ("Unión") presentó una querella en el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo. Alegó allí que los despidos fueron injustificados y en violación al debido proceso de ley.

El 2 de enero de 1996, la Corporación solicitó determinaciones de hechos adicionales y reconsideración. Mes y medio más tarde, el 23 de febrero de 1996, el tribunal de primera instancia emitió una resolución en la que declaró "no ha lugar" las determinaciones de hechos adicionales pues entendió que, dada la naturaleza de la vista celebrada --argumentativa y no evidenciaria-- no procedía la solicitud. En cuanto a la reconsideración, ordenó a las partes mostrar causa por la cual no debía modificarse la sentencia y reconocer a los querellantes sólo la compensación equivalente a los salarios dejados de percibir desde el despido sumario hasta la decisión del árbitro.

El 7 de junio de 1996, luego de que las partes cumplieran con la solicitud, el tribunal declaró "sin lugar" la reconsideración. Dicha determinación fue notificada el 17 de junio de 1996.

El 12 de julio de 1996, la Corporación presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de San Juan (KLCE-9600696), en el que solicitó la revocación de la decisión de instancia. Luego de los trámites de rigor, el foro apelativo asumió jurisdicción y revocó la parte de la sentencia que imponía la reinstalación y dejó en vigor la compensación equivalente a los salarios dejados de percibir desde el despido sumario hasta la determinación del árbitro.

Oportunamente, la Unión solicitó reconsideración, la cual fue denegada, archivándose su notificación el 15 de abril de 1997. Inconforme, la Unión acude ante nos. Alega que erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver que "... se anulará un laudo solamente si está presente una de las siguientes causales: fraude, conducta impropia, falta de debido proceso de ley, violación de política pública, falta de jurisdicción o que el laudo no resuelve las cuestiones en controversia."

El 13 de junio de 1997, emitimos una orden de mostrar causa por la cual este Tribunal no debía expedir el auto solicitado y dictar Sentencia revocatoria de la emitida por el foro apelativo; ello por razón de que el foro apelativo carecía de jurisdicción para entender en el recurso. En cumplimiento de dicha orden, ha comparecido la Corporación. Resolvemos.

II

En estricto rigor jurídico, no podemos considerar los méritos del recurso ante nos; tampoco podía hacerlo el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Es por ello que revocamos.

La Corporación, en su escrito, plantea que existe jurisdicción en el caso de autos. Su punta de lanza es que la solicitud de determinaciones de hechos adicionales --junto a la cual se sometió una reconsideración-- interrumpió el periodo para acudir en apelación. Añade que, toda vez que el tribunal de primera instancia acogió la reconsideración, el plazo continuó interrumpido hasta que la misma fuese resuelta. No le asiste la razón; veamos porqué.

La Regla 43.3 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, reza:

"Regla 43.3 Enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales.

No será necesario solicitar que se consignen determinaciones de hechos a los efectos de una

apelación, pero a moción de parte, presentada a más tardar diez (10) días después de haberse archivado en autos copia de la notificación de la sentencia, el tribunal podrá hacer las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho iniciales correspondientes, si es que éstas no se hubieren hecho por ser innecesarias, de acuerdo a la Regla 43.2, o podrá enmendar o hacer determinaciones adicionales, y podrá enmendar la sentencia de conformidad. La moción se podrá acumular con una moción de reconsideración o de nuevo juicio de acuerdo con las Reglas 47 y 48 respectivamente. En todo caso, la suficiencia de la prueba para sostener las determinaciones podrá ser suscitada posteriormente aunque la parte que formule la cuestión no las haya objetado en el tribunal inferior, o no haya presentado moción para enmendarlas, o no haya solicitado sentencia."

Por su parte, la Regla 43.4, 32 L.P.R.A. Ap. III, establece que, radicada una solicitud de determinaciones de hecho adicionales o iniciales, los términos para solicitar, reconsideración, nuevo juicio o acudir en apelación, certiorari o revisión, quedarán interrumpidos.

De una somera lectura de las reglas antes expuestas, podría concluirse que la Corporación presentó su apelación en tiempo ante el Tribunal de Circuito. Sin embargo, no fue así. Dados los hechos particulares del presente caso, la Corporación no tenía disponible, o a su alcance, la solicitud de determinaciones de hechos adicionales o iniciales.

Cuando un tribunal de primera instancia tiene ante su consideración la revisión de un laudo de arbitraje, cuyo trato es análogo al de una revisión administrativa, su rol es el de un foro apelativo. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serralés, Inc., 116 D.P.R. 348, 354-355 (1985).

La Regla 43.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 43.2, dispone que: "[e]n todos los pleitos el tribunal especificará los hechos probados y separadamente consignará sus conclusiones de derecho...". Esta norma tiene, en la propia regla, varias excepciones. "No será necesario especificar los hechos probados y consignar separadamente las conclusiones de derecho:

"(a) ...

(b) ...

(c) ...

(d) Cuando por la naturaleza de la causa de acción o el remedio concedido en la sentencia, el tribunal así lo estimare."

La naturaleza del recurso ante la consideración del tribunal de primera instancia --que actuaba como foro apelativo-- no le permitía consignar hechos, iniciales o adicionales, según solicitados por la Corporación. Aunque, de ordinario, este tipo de revisiones se limitan a cuestiones de derecho, las determinaciones de hechos pueden ser revisadas cuando no están sostenidas por evidencia sustancial en el récord. Associated Insurance Agencies, Inc. v. Comisionado de Seguros de P.R., Opinión y Sentencia del 26 de noviembre de 1997. Claro está, en casos donde se revisan las determinaciones de hechos, el foro podría emitir determinaciones de hechos nuevas o adicionales. Toda vez que en el caso de autos no sucedió tal cosa, la Corporación no tenía a su disposición la solicitud provista en la Regla 43.3. Siendo esto así, el término para presentar la apelación correspondiente nunca fue interrumpido.

Igual destino sufre la solicitud de reconsideración. Ésta fue presentada, junto a la moción de determinaciones adicionales, fuera del término provisto en la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 47. El término para la solicitud de reconsideración, como el de la solicitud de determinaciones adicionales, es jurisdiccional. Presentada la solicitud fuera del plazo, el tribunal de primera instancia no tenía autoridad para entender en ellas.

Por las razones antes expresadas, procede revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de San Juan.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón concurre en el resultado sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

LexJuris de Puerto Rico siempre está bajo construcción.

La información, las imágenes, gráficas u otro contenido en todos los documentos preparados por Lexjuris son propiedad de Lexjuris. Otros documentos disponibles en nuestras conecciones son propiedad de sus respectivos dueños. Derechos Reservados. Copyright (c) 1997 LexJuris de Puerto Rico.