Número del Caso: AC-96-58 , CC-96-228, CC-96-232 CONS.

Abogados de las Partes Peticionarias:

En el AC-96-58 Lic. Pedro Toledo González

En el CC-96-228 – Lic. Gildren S. Caro Pérez y Lic. Eugene F. Hestres

(Bird, Bird & Hestres)

En el CC-96-232 Lic. Mario Pabón Rosado y Lic. José Luis González Castañer

Abogado del demandado Dr. José A. Gómez – Lic. Rafael Pont Marchese

Abogado de la Parte Recurrida: Lic. Raúl Tirado, Hijo

Abogados de la Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, HUMACAO

Juez del Tribunal de Primera Instancia: HON. CARLOS SOLER AQUINO

Tribunal de circuito de Apelaciones: VI, CAGUAS, HUMACAO, GUAYAMA

Juez Ponente: Hon. Amadeo Murga

Panel integrado por: Pres. Juez Amadeo Murga y los Jueces Pesante Martínez y Rivera Pérez

Fecha: 2/22/1999

San Juan, Puerto Rico a 22 de febrero de 1999

I

Nayda Cintrón Adorno y sus tres hijos menores demandaron al Dr. José A. Gómez, et. al., alegando que la muerte de Luis M. Ortiz Díaz -cónyuge y progenitor respectivamente-, se debió a negligencia médica. Ortiz Díaz tenía 43 años al momento de su deceso y se desempeñaba como inspector agrícola.

La Sra. Cintrón Adorno e hijos reclamaron, mediante demanda enmendada, por Ortiz Díaz, lucro cesante calculado en $115,949.00; pérdida de su capacidad para disfrutar su vida futura valorada en la suma de $875,370.00, y angustias mentales en la suma de $175,000.00. Nayda reclamó también $175,000.00 por angustias mentales al ver el sufrimiento de su esposo Ortiz Díaz durante su convalecencia y perder su compañía. Los menores solicitaron cada uno $125,000.00 por angustias mentales.

Gómez, et al., impugnaron la partida de $875,370.00 por pérdida del disfrute de la vida futura del causante conocida comúnmente como daños hedónicos. Argumentaron que la doctrina no reconoce a los herederos el derecho a esa indemnización y sólo pueden reclamar por sus propios sufrimientos y angustias mentales, así como los experimentados por su causante antes de morir y, el lucro cesante, si demuestran dependencia económica. El derecho por la vida del causante se extingue con su muerte y es intransmisible. La compensación sólo procede si el perjudicado permanece vivo y prueba que su calidad de vida resultó adversa y apreciablemente afectada por razón de los hechos negligentes.

Por su parte, los demandantes Cintrón Adorno, et al., postularon que la vida es un bien jurídico que forma parte del patrimonio de una persona. Basta que ellos demuestren con certeza razonable que la pérdida de la vida fue por la negligencia de los demandados, para que éstos vengan obligados a resarcirles bajo el Art. 1802 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, con independencia de otros daños morales o patrimoniales.

El Tribunal de Instancia, Sala Superior de Humacao (Hon. Carlos Soler Aquino), interlocutoriamente desestimó esa partida. En certiorari instado por los demandantes Cintrón Adorno, et al., el Tribunal de Circuito de Apelaciones (Hons. Amadeo Murga, Pesante Martínez y Rivera Pérez) revocó. En esencia, dicho foro se basó en que este Tribunal ha repudiado el principio de actio personalis moritur cum persona, reconocido la pérdida de la capacidad del goce de la vida como partida independiente a las angustias mentales y permitido la transmisibilidad de las angustias mentales y físicas. Concluyó, que al igual que la pérdida de compañía y afecto tiene una vertiente objetiva y otra subjetiva, también la tiene la incapacidad.

Por ser cuestión novel, consolidamos y expedimos para pautar.

II

El término daños hedónicos se utilizó por vez primera en Sherrod v. Berry, 629 F. Supp. 159,164 (1985). Se definen como los "[d]años concedidos en algunas jurisdicciones por la pérdida del disfrute de la vida, o por el valor de la vida misma, como partida separada del valor económico productivo que una persona lesionada o fallecida hubiere gozado. Compensación otorgada a la víctima de una lesión personal por las limitaciones en su vida, producidas por la lesión." Black Law Dictionary, (6ta. rev.) 1990, pág. 391, (traducción nuestra). Estos recursos versan sobre la primera acepción, esto es, si nuestro ordenamiento reconoce a los herederos una causa de acción a favor de un finado por la pérdida de los placeres y disfrute de su vida futura.

Históricamente siempre se reconoció resarcimiento por daños patrimoniales. Pero ni el derecho romano ni el común admitían acción por muerte injustificada. En el romano, la vida de un hombre libre no era cotizable e indemnizar por su muerte menoscababa su vida, equiparándola a la de un esclavo. Los familiares carecían de toda acción privada y el culpable se enfrentaba a una causa pública. Los glosadores se dividieron sobre qué procedimiento seguir y prevaleció la dirección propuesta por Accursio. El culpable de una muerte respondía civilmente únicamente por los daños patrimoniales, acción ejercitada por los herederos. En contrario, los naturalistas afirmaban que la vida era un bien fundamental que el ordenamiento tenía que proteger: la víctima sufre un daño con su muerte. En el derecho español, las Partidas recogieron la normativa del derecho romano. Inicialmente sólo reconoció una causa de acción por daños a un siervo, no por la muerte de un hombre libre. E. Vicente Domingo, Los Daños Corporales: Tipología y Valoración, Barcelona, Bosch, ed., S.A., 1994, págs. 22 et seq.

En el derecho común inglés tampoco existía tal acción. Si la muerte constituía un delito grave, la acción civil se extinguía al proceder la causa penal como único remedio. La muerte humana no podía ser objeto de una demanda para recobrar daños y perjuicios en un tribunal civil. El principio de actio personalis moritur cum persona, bajo el cual la acción civil se perdía tanto por la muerte del demandado como del demandante, excluía los remedios civiles. Eventualmente, los tribunales en los Estados Unidos adoptaron este enfoque para las acciones por muerte en el derecho común. Santos P. Amadeo, Acción Civil de Daños y Perjuicios por Muerte Ilegal en Puerto Rico, Río Piedras, Puerto Rico, [S. ed.] 1994, págs. 7-8.

No es hasta la Revolución Industrial que el ordenamiento anglosajón varió por legislación. En 1846, el Parlamento Inglés aprobó la "Ley de Accidentes Fatales", conocida como Ley de Lord Campbell. Creó una acción civil en daños a favor del representante personal del fenecido para beneficio de sus sobrevivientes más allegados. Además de este tipo de estatutos ("Death Statutes"), la mayoría de los ordenamientos anglosajones adoptaron estatutos de supervivencia ("Survival Statutes") por los que la acción del finado no desaparecía con su muerte y era heredada. Autorizaba a los sobrevivientes a cobrar por los sufrimientos del finado, lucro cesante y los gastos emergentes incurridos en el tratamiento antes de fallecer. Amadeo, ob. cit., págs. 8-9. Por otro lado, España y otras jurisdicciones civilistas de origen napoleónico, permitieron causas de acción similares por fiat judicial basándose en los principios generales de responsabilidad extracontractual o aquiliana. Id., págs. 5-10.

III

Por circunstancias históricas que no nos corresponde enjuiciar, Puerto Rico ha sido testigo del contraste entre el ordenamiento civil y el derecho común en cuanto a recla-mación por muerte injustificada. El ordenamiento español, que rigió hasta 1902 -según resuelto por el Tribunal Supremo de España en la sentencia del 14 de diciembre de 1894-, permitía que viuda e hija menor reclamaran pérdida de afección y falta de ingresos monetarios por la muerte del esposo y padre, respectivamente. Díaz v. The San Juan L. & T. Co., 17 D.P.R. 69, 75-77 (1911). Con anterioridad, sólo eran compensables los daños pecuniarios, no los morales. Más aún, la acción no era heredada, sino que pertenecía a ciertos familiares. Amadeo Murga, Antonio, El Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, Ed. Esmaco, Tomo I (1997), págs. 266-267. Posteriormente, ingresaron en Puerto Rico conceptos del derecho común, tales como los principios dimanantes de los estatutos angloamericanos ("Survival Statutes" y "Death Statutes").

La cuestión, por demás compleja y sensitiva llevó a este Tribunal a vacilar en reconocer la fuente legal precisa de las reclamaciones por muerte injustificada. En momentos, nuestro ordenamiento se comparó al de California. Maldonado v. The Porto Rico Drug Co., 31 D.P.R. 747, 766-767 (1923). Los daños correspondían a los del sobreviviente. Además de los gastos de asistencia médica y entierro, se permitió indemnización por el valor de los servicios de un hijo menor muerto, hasta que hubiese llegado a la mayoría. También, por primera vez, por esa pérdida admitimos las angustias y sufrimientos morales de los padres.

Aún así, desde temprano, rechazamos aplicar el principio de actio personalis moritur cum persona. Torres v. Sucesión Córdova, 31 D.P.R. 897 (1923). Algunas decisiones entendieron que esa causa de acción se basaba en los Arts. 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil, similares al ordenamiento anglosajón, permitiéndole sólo a las personas allí enumeradas reclamar. Arreche v. P.R. Ry., L & P. Co., 31 D.P.R. 445 (1923).

Finalmente resolvimos que la acción por muerte injustificada no emanaba de los Arts. 60 y 61 del Código Civil de Enjuiciamiento Civil, ni de un derecho hereditario, sino del Código Civil. Orta v. P.R., Ry., L. & P. Co., supra, 750-751; Carbou Rodríguez v. Mir., 36 D.P.R. 809 (1927); Cabrera v. Boscio, 38 D.P.R. 314 (1928); Porto Rico R. L. & P. Co. v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 342 (1928); Méndez v. Serracante, 53 D.P.R. 849 (1938); Ruberté v. American Railroad Co., 52 D.P.R. 472 (1938); Díaz v. Autoridad Fuentes Fluviales, 71 D.P.R. 931, 933-934 (1950); Travieso v. Del Toro y Travieso, Int., 74 D.P.R. 1009, 1015 (1953).

Basado en la doctrina española, en Orta v. P.R., Ry., L. & P. Co., supra, admitimos que los daños causados por la muerte incluían la esperanza que uno podía tener de que el finado lo mantuviera, de haber sobrevivido. Si el hijo era menor, la ley presumía una pérdida pecuniaria al superviviente del mero hecho de la muerte; no era necesario prueba de tal pérdida. (Págs. 751-752). Esta decisión estableció indubitadamente la procedencia de una causa de acción e indemnización por los daños mentales sufridos por muerte, sin requerirse un estatuto tipo "Lord Campbell".

IV

Nuestro ordenamiento jurídico provee dos tipos de daños: los pecuniarios o económicos y los morales. Los económicos pueden clasificarse como daños emergentes o lucro cesante; los morales son las angustias físicas, angustias mentales, pérdida de compañía, afecto e incapacidad.

Al principio, no estaba claro si la indemnización incluía los beneficios prospectivos y potenciales inherentes a la relación paterno-filial. Travieso v. Del Toro y Travieso, supra. Sin embargo, Sánchez v. Liberty Mutual Ins. Co., 100 D.P.R. 1 (1971), decidió que los padres tiene una causa de acción por el valor económico de la vida, partida que denominamos lucro cesante.

Hoy día, ante la muerte de un hijo, nadie duda que un padre puede reclamar por sus propios daños y, además de los daños por sus sufrimientos mentales causados, entre éstos, la esperanza de una protección o amparo durante la vejez. Zeno Molina v. Vázquez Rosario, 106 D.P.R. 324, 329 (1977). Estamos ante una pérdida económica que resulta ser un daño directo.

Posteriormente, en Zurkowsky v. Honeywell, Inc., 112 D.P.R. 271, 275 (1982), aclaramos que la indemnización por lucro cesante estaba condicionada a dependencia económica. Convertimos así el lucro cesante en un daño que se concede al sobreviviente, no al fenecido, razón por la cual hay que probar la dependencia. De este modo cualificamos Orta v. P.R., Ry., L. & P. Co., supra; Maldonado v. The Porto Rico Drug Co., supra y Travieso v. Del Toro y Travieso, supra. La reclamación conocida como lucro cesante al óbito del causante, es una de los dependientes al ellos sufrir los daños al no poder recibir los fondos sobre los cuales dependían. No corresponde ni es una reclamación del finado por lo que éste ha dejado de percibir. Este es el verdadero fundamento por lo cual lógicamente se utiliza la expectativa de vida del beneficiario, no del finado. Sánchez v. Liberty Mutual, Ins. Co., supra.

En Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., supra, pág. 606 dijimos que "la reparación del daño causado al destruir una vida, hasta donde pueda concebirse la indemnización pecuniaria como justo valor de esa pérdida, es una de las sanciones que el cuerpo social impone al ofensor que bien por acto criminoso o por negligencia es responsable de la muerte de uno de sus integrantes."

Reiteramos ese pronunciamiento. Sin embargo, la necesidad de indemnizar por daños en nuestro ordenamiento no es ad infinitum; hemos de recordar que nuestra sociedad refleja un apetito voraz hacia lo material, y no podemos convertir el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el desamparo y la frustración, en simplemente otro bien de consumo y tráfico comercial. La indemnización por daños tiene que corresponder a la prueba; no es una industria forense. Quiñones López v. Manzano Pozas, res. en 25 de junio de 1996; Torres Solís v. A.E.E., res. en 7 de junio de 1994; Ruiz Guardiola v. Sears Roebuck, 100 D.P.R. 817 (1972); Masa v. A.F.F., 96 D.P.R. 856 (1969); Vda. de Valentín v. E.L.A., 84 D.P.R. 112, 123 (1961); Atiles Moreu v. McClurg, 87 D.P.R. 865, 877 (1963) y Toro Mercado v. P.R. & Amer. Ins. Co., 87 D.P.R. 658, 660 (1963). Para indemnizar un daño, hay que realmente sufrirlo y probarlo.

Bajo esta normativa, hemos rehusado compensar si la víctima no sufrió daño. Una menor que sólo dependió por corto tiempo del finado, y no sufrió angustias mentales debido a su poca edad, no tiene una causa de acción tan extensa por la muerte del compañero adulto de su abuela, con el cual vivió por breve tiempo. Correa v. Autoridad Fuentes Fluviales, 83 D.P.R. 144, 160 (1961). Más aún, los daños y sufrimientos al morir ahogados se limita al poco tiempo antes de éstos sucumbir. Publio Díaz v. E.L.A., supra. En su sustrato, los sufrimientos y angustias mentales responden al concepto de daño moral. "[E]s, por exclusión, el daño no patrimonial, es el daño que no recae directamente sobre el patrimonio de una persona o que cayendo sobre bienes objetivos, ocasione o no lesión material en los mismos, causa una perturbación anímica en su titular, cualquiera que sea el derecho que sobre ello se ostente. El daño moral es, pues, daño espiritual, daño inferido en derechos de la estricta personalidad o en valores que pertenecen más al campo de la afección que de la realidad material, económica. El daño moral es la lesión ocasionada en los bienes no económicos de una persona, o la repercusión afectiva desfavorable producida por los daños materiales". (Enfasis nuestro). Gregorio Ortiz Ricol, Valoración Jurídica del Daño Moral, Rev. Der. y Leg., Tomo 48, Caracas (1959), pág. 245. Por estas mismas razones, en Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987), reiteramos que una niña de corta edad no podía sufrir daños mentales dentro del significado jurídico compensatorio.

Contrario sensu, hemos indemnizado por la pérdida de la felicidad, llamándola incapacidad. Font v. Viking Construction Corp., 58 D.P.R. 689 (1941) (incapacidad parcial permanente en uso de brazo); Muñoz v. The New York and Porto Rico Steamship, Co., 72 D.P.R. 582 (1951) (cicatriz y desfiguración que afecta la capacidad); Morales Muñoz v. Castro, 85 D.P.R. 288, 297 (1962) (limitación física que impide correr o dedicarse a los deportes); Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 D.P.R. 488, 502, 506 (1965) (incapacidad física sin poder hacer vida marital luego del accidente); Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 591-592 (1972) (se tomó en consideración la perdurabilidad del daño sufrido por dicho menor, su edad, el influjo indeseable que la condición de su mano izquierda pueda haber tenido en su adolescencia, que tenga o vaya a tener en su juventud y madurez, dentro del círculo familiar, en sus relaciones de amistad, en su labor, y en toda actividad humana en que se vea envuelto); Ruiz Santiago v. E.L.A., 116 D.P.R. 306 (1985) (diferencia entre indemnización por incapacidad o daños físicos futuros y limitación física futura y menoscabo de potencial de generar ingresos); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985) (indemnización por no poder hacer las cosas que hacia antes).

En todas estas situaciones y causas judiciales no nos hemos separado del requisito cardinal de que tiene que existir un daño. La incapacidad existe porque la persona ha sufrido un daño real establecido a satisfacción del Tribunal. Así, en Font v. Viking Construction Corp., supra, la incapacidad no era un daño objetivo sino relacionado con la profesión y actividades del afectado. En Concepción Guzmán v. A.F.F., supra, establecimos la necesidad de tomar en cuenta cómo los daños afectaron la salud, bienestar y felicidad del damnificado. Ramos Rivera v. E.L.A., 90 D.P.R. 828, 831 (1964); Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93, 103 (1957). No puede ser una pena pasajera, pero se permite el conocimiento judicial de ciertos sufrimientos, como el del padre ver al hijo sufrir. Moa v. E.L.A., supra.

V

También se aduce que como la pérdida del goce de la vida es perder algo que antes se tenía, debería indemnizarse. Si así fuera, la pérdida de ingresos futuros también sería indemnizable y sabemos que sólo lo es por el tiempo que vivió la víctima o, como acción directa, de los dependientes.

No todos los tratadistas aceptan el resarcimiento separado por la pérdida de la vida humana. Sobre el particular nos dice Zannoni:

Más adelante aclara:

Subsiguientemente expone:

Por último añade:

Su Sentencia del 24 de noviembre de 1970 declaró:

Igualmente ilustradoras las expresiones de la Sentencia del 30 de octubre de 1981:

Véase además, Sentencia del 2 de febrero de 1973, Id., pág. 1004; Sentencia del 17 de febrero de 1956; C. Rogel Vide, La Responsabilidad Civil Extracontractual, Ed. Curtas, Madrid, (1977), a la pág. 117; Borrell Macia, ob. cit., págs. 330-331.

No hay duda de que hemos concedido indemnizaciones por la pérdida de la felicidad, pero a pesar del reclamo de que es un daño objetivo, nuestro ordenamiento jurídico lo estima subjetivo. Por esta razón la compensación de un padre que tiene una relación cercana con su hijo es distinta cuando el contacto es mínimo. De igual modo, los daños físicos y mentales que sufre una víctima, son desde el momento del acto torticero hasta su muerte; no trascienden su mortal existencia. Vda. Delgado v. Boston Ins., supra. Tales daños no corresponden a su expectativa de vida. Véase Publio Díaz v. E.L.A., supra; Colón v. Municipio de Guayama. 114 D.P.R. 193 (1983). Desde Publio Díaz v. E.L.A., supra, hemos entendido que el estado de lucidez o conciencia de la víctima es un factor a considerarse al indemnizar los daños causádoles inicialmente. Las angustias mentales por la muerte no son objetivas, sino que requieren analizar la existencia de peculiaridades anímicas especiales, además de la huella profunda esperada. Pérez Cruz v. Hospital La Concepción, supra, págs. 738-739.

Se aduce que la indemnización procede por la pérdida de los derechos garantizados por la Constitución. La dificultad de este argumento estriba en que al indicarse los factores ha tomarse en consideración, se habla de la edad de la víctima, salud, número de familiares queridos, relaciones con éstos, amigos, así como la comunidad en que residía y su capacidad para sufrir sus propias necesidades, para vivir la vida. Si tomamos estos factores, algunas vidas valdrían más que otras. Por tanto, no puede estarse refiriendo a la valoración de los derechos constitucionales perdidos, ya que ante la muerte, no podemos sostener que algunos ciudadanos tengan más derechos que otros o sus derechos valgan más. En el fondo, estos factores son determinantes para estimar la pérdida y compensación de quienes sobreviven: una persona que tenga óptimamente estas cualidades, dejaría un mayor vacío entre sus familiares, y amigos con quienes compartía y, por ende, generaría en éstos mayores angustias mentales y morales.

Aunque las partidas de sufrimientos y angustias menta-les y la de pérdida del disfrute de la vida entran dentro del marco de los daños morales, son de fuente y naturaleza distinta. La pérdida del disfrute de la vida según solicitan los demandantes Cintrón Adorno, et al., es un daño sufrido por el finado, al cual como herederos no tienen derecho. No cuestionamos la capacidad de Ortiz Díaz, mientras vivió de recibir indemnización o transmitir la acción por sus propios daños; no así la pérdida pecuniaria, pues ésta no es heredada sino un daño causado al propio sobreviviente.

La partida de sufrimientos y angustias mentales tiene la finalidad de indemnizar el dolor, los sufrimientos físicos y las angustias mentales que padece una persona como consecuencia del acto culposo o negligente. Elba ABM v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990); Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 D.P.R. 583 (1982); Ramos Rivera v. E.L.A., 90 D.P.R. 828 (1964); Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., supra; Consejo de Titulares v. C.R.U.V., res. en 16 de febrero de 1993; Pérez Cruz v. Hospital La Concepción, supra; Colón v. Municipio de Guayama, supra; Publio Díaz v. E.L.A., supra. Por su parte, la pérdida del disfrute de la vida propone indemnizar por la pérdida de la capacidad de disfrutar la vida, por la privación de experimentar las constantes vivencias del devenir del ser humano a quien se ha causado la muerte. La pérdida del goce de la vida no es una lesión identificable, ni tiene marcada probabilidad de trascender más allá del complejo mundo de lo teórico.

Los sufrimientos físicos y angustias mentales presuponen la realidad y concreción de un daño. Los casos en los que el perjudicado ha fallecido, y hemos concedido estas partidas, se caracterizan por la existencia de un daño real, experimentado desde que se infiere hasta que la persona muere. Así, en Publio Díaz v E.L.A., supra, indicamos que "[a]nte la inexorable realidad de que todo ser humano algún día ha de morir, confesamos una vez más las limitaciones y lo angustioso de la gestión judicial de valorar este tipo de daños; sin embargo, apuntamos que factores tales como la naturaleza y extensión de las lesiones; lapso de tiempo transcurrido entre la ocurrencia del daño y la muerte; estado de lucidez o conciencia de la víctima; disponibilidad o no de asisencia y medicamentos adecuados; tipo de tratamiento recibido; presencia o ausencia de familiares; y cualquier otra circunstancia pertinente, son determinantes para la evaluación de la cuantía". (Enfasis nuestro).

Al igual que en Ruiz Santiago v. E.L.A., supra, en múltiples ocasiones hemos compensado daños que inciden de alguna u otra forma en la capacidad de la persona de llevar una vida normal y placentera. No obstante, nuestras decisiones han estado basadas en que consideramos estos daños como un elemento derivado de la partida de sufrimientos y angustias mentales. Su común denominador es que la víctima no murió ni entró en un estado de inconsciencia que le impidiera apreciar y sufrir los daños inferídoles. Concepción Guzmán v. A.F.F., supra; Morales Muñoz v. Castro, supra; Muñoz v. The New York and Porto Rico Steamship Co., supra; Font v. Viking Construction, Corp., supra.

VI

Hemos visto cómo desde principios de siglo nuestra doctrina jurisprudencial ha expandido paulatinamente los parámetros de lo que constituyen daños compensables con miras a lograr la más completa y justiciera reparación del daño inferido, concepto que se ha caracterizado como "el menoscabo que a consecuencia de un acontecimiento o evento determinado sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio". Galib Frangie v. El Vocero, supra. Maldonado Rodríguez v. Banco Central Corp., res. 21 de abril de 1995; Soto Cabral v. E.L.A., supra; Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra; Miranda v. E.L.A., supra; García Pagán v. Shiley, 122 D.P.R. 193, 205-206 (1988).

Esta visión decisoria se apuntala en que "[n]o está en las manos del hombre descartar del mundo de la realidad hechos acaecidos. A lo sumo se podrán detener sus efectos presentes y futuros mediante ciertas providencias y precauciones, pero nunca borrar las ya ocurridas y realizadas. Por eso cuando se ha producido un daño que el derecho ordena reparar, lo único hacedero es cortar el paso a sus consecuencias mientras se estén gestando." H.A. Fischer, Los Daños Civiles y Su Reparación, Madrid, Biblioteca de la Revista de Derecho Privado, 1928, pág. 133. "[A]l adjudicar daños estamos conscientes que el dolor humano (físico y espiritual) no es similar ni pecuniariamente cotizable. El dinero y el dolor ‘son bienes de tan distinta categoría que no cabe comparación. Pero si el dinero no es suficiente para reparar este tipo de daños, es preferible que la víctima reciba una indemnización insuficiente a que no reciba ninguna. Por tanto, aunque el dinero no pueda ser parangonado con el dolor es posible proporcionar a la víctima una compensación que, sin llegar a devolverle lo perdido, le permita procurarse placeres y satisfacciones, psíquicas o mentales, aptas para atenuar el dolor sufrido'. Ataz López, op. cit., pág. 328." Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987). "El dinero no tiende a restaurar, sino a resarcir: el acreedor no obtiene, a título de reparación, lo mismo que sin el daño hubiera conseguido, sino otra cosa: una suma en metálico. El derecho elige este recurso económico de resarcimiento a sabiendas de que no se ajusta al principio fundamental que preside la reparación de los daños." H.A. Fischer, ob. cit., págs. 133-134.

Hasta el presente, nuestra casuística ha reconocido los daños no patrimoniales o morales, consistentes de los sufrimientos físicos y las angustias mentales y, los daños patrimoniales compuestos por el daño emergente y el lucro cesante. También, como daño no patrimonial, el causado por la pérdida de afecto.

En Puerto Rico la doctrina de responsabilidad civil extracontractual se rige por nuestra tradición civilista. No estamos obligados a seguir indefectiblemente enfoques de raíces distintas a nuestro ordenamiento primario.

Reafirmamos pues, que por ser los sufrimientos físicos

y las angustias mentales daños reales, cuya ocurrencia tiene lugar mientras la persona está viva y consciente, su causa de acción para "reclamar por sus graves daños... es un bien patrimonial, transmitido por su muerte a sus herederos y reclamable por éstos como parte que es de su herencia..." Vda. De Delgado v. Boston Ins. Co., supra, pág. 607. Ahora bien, esa no es la situación configurada por los daños hedónicos en la acepción del caso de autos: la pérdida del disfrute de la vida del fallecido Ortiz Díaz. Estos alegados daños, por ser futuros e inexistentes, productos de una ficción –no existe vida alguna que tenga placeres o sufra-, no son susceptibles de ser compensados como partida independiente.

Se dictará sentencia y revocará la del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

ANTONIO S. NEGRON GARCIA

Juez Asociado

San Juan, Puerto Rico a 22 de febrero de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente, se revoca la Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones de fecha 28 de mayo de 1996.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión Disidente a la cual se une la Juez Asociada señora Naveira de Rodón.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

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