99TSPR25

Número del Caso: CC-97-647

Abogados de la Parte Peticionaria: Lic. Sylvia Juarbe Berrios

Lic. Enrique Miranda Merced

Abogados de la Parte Recurrida: Hon. Carlos Lugo Fiol

Procurador General

Lic. Yasmín Chaves Dávila

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, CAROLINA

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Eliadís Orsini Zayas

Tribunal de circuito de Apelaciones: CIRCUITO REGIONAL VII

Juez Ponente: Hon. Negroni Cintrón

Panel Integrado por: Pres. Juez Arbona Lago y los Jueces Salas Soler y Negroni Cintrón

Fecha: 3/19/1999

San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 1999

I

El Ministerio público acusó a Pablo Pérez Velázquez de Asesinato en Primer Grado, Tentativa de Asesinato, Agresión Agravada, Amenazas e infracción a los Arts. 8 y 6 de la Ley de Armas.

Al amparo de la Regla 74 de Procedimiento Criminal, Pérez Velázquez notificó la defensa de estado mental transitorio. Código Penal, Art. 32.

El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina Hon. Eliadis Orsini Zayas), no admitió dicha defensa debido a que estaba basada en testimonios del personal de evaluaciones y servicios del Programa de Salud Mental Correccional, mientras Pérez Velázquez estuvo sumariado. Concluyó que evidencia así originada no era pertinente bajo las Reglas 18 y 19 de Evidencia. Pérez Velázquez reiteró su anuncio y que además, en apoyo de su defensa, presentaría como perito contratado al Dr. Luis A. Escabí Pérez.

En certiorari, el Tribunal de Circuito de Apelaciones (Hons. Arbona Lago, Salas Soler y Negroni Cintrón), revocó. Autorizó la presentación del testimonio del Dr. Antonio Capó Mártir, sicólogo del referido Programa, y otras evaluaciones allí realizadas. El Ministerio Público acató dicho dictamen, y oportunamente solicitó a Instancia orden para evaluar a Pérez Velázquez con su propio perito, el psiquiatra Dr. Raúl López Menéndez, quien en ese momento había cesado de prestar servicios en el aludido Programa de Salud Mental Correccional. Argumentó que sin esa evaluación se afectaría el derecho a prepararse adecuadamente y estar en igualdad de condiciones para rebatir o aceptar la prueba del estado mental transitorio de Pérez Velázquez, por voz de sus tres peritos.

Con la oposición de Pérez Velázquez, Instancia accedió y le ordenó coordinar con el Ministerio Público su disponibilidad y evaluación psiquiátrica con el Dr. López Menéndez. En reconsideración, el Tribunal se sostuvo y declaró sin lugar los planteamientos formulados sobre alegados problemas éticos y conflictos de interés del Dr. López Menéndez. Concluyó que no existía conflicto alguno ni aspectos de confidencialidad que proteger. Aclaró que el Dr. López Menéndez jamás entrevistó al imputado mientras estuvo sumariamente confinado. Pérez Velázquez acudió al Circuito de Apelaciones, el cual confirmó. Inconforme presentó este recurso.

Ante nos reproduce su contención. En esencia, aduce que la orden de Instancia viola su derecho a no autoincriminarse y a estar debidamente asistido de abogado durante todas las etapas críticas del proceso. Invoca los Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución, Enmiendas Quinta y Sexta federal, y la Regla 74 de Procedimiento Criminal. A juicio suyo, no debe permitirse la evaluación por el Dr. López Menéndez, bajo contrato con el Depto. de Justicia, pues fue Director del Programa de Salud Mental Correccional. Aunque dicho galeno no lo entrevistó, nos postula que bajo el esquema de "equipo multidisciplinario" del programa, prestó allí servicios psiquiátricos, generando ello un serio conflicto de intereses. Revisamos.

II

Ante la defensa de estado mental transitorio, ¿puede obligarse a un acusado ser evaluado por un perito del Ministerio Fiscal? ¿Qué medidas debemos adoptar para proteger sus derechos?

El Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución establece que "[n]adie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio...". En el pasado, en múltiples ocasiones hemos sostenido la constitucionalidad de los requisitos de la notificación de la defensa de incapacidad mental o coartada de la Regla 74. Como se sabe, ésta exige que en determinado término la notifique al Tribunal y Ministerio Fiscal y, suministre el nombre e información personal de los testigos y documentos que la apoyan. También le requiere informar los hospitales y fechas en que recibió tratamiento y/o los médicos que lo atendieron.

III

Reafirmamos esos pronunciamientos y la constituciona-lidad de la Regla 74. Ahora bien, es claro que su lenguaje no cubre expresamente la situación de autos. Guarda silencio: ni provee ni prohibe al Ministerio Fiscal evaluar a un acusado.

La misma provino de la Sec. 1016 del Código Penal de California. Similar a la nuestra, allá el acusado tiene que notificar la defensa antes de comenzar el juicio, pero a diferencia, no dispone sobre información que tiene que notificar al Ministerio Fiscal. Bajo la Sec. 1026, se juzga al acusado presumiendo su sanidad mental al momento de los hechos. Si se le encuentra culpable, procede que el mismo jurado o uno nuevo determine si estaba o no incapacitado mentalmente cuando los cometió. Respecto a la evidencia, la Sec. 1027 ordena al tribunal "seleccionar y nombrar tres, psiquiatras, o sicólogos licenciados que tengan grado doctoral en sicología y al menos cinco años de experiencia postgraduada en diagnóstico y tratamiento de desórdenes emocionales y mentales, para examinar al acusado e investigar su estado mental." (Traducción nuestra).

El Código de California ordena la evaluación del acusado por un perito, pero distinto a lo acontecido en el caso de autos, es seleccionado y nombrado por el propio tribunal, no el Ministerio Fiscal.

En el ámbito federal, la Regla 12.2(c) provee que, a moción del Fiscal, se ordene al acusado someterse a evaluación. Esa evaluación psicológica o psiquiátrica sobre determinación de existencia de locura al momento del delito, será ante un evaluador designado por el tribunal -tiene que ser un psiquiatra licenciado o certificado, o un sicólogo clínico-, o si el tribunal lo cree necesario, por más de uno, quien oportunamente le rendirá un informe con ciertas especificaciones y copias a las partes. (18 U.S.C.A. secs. 4244; 4247).

Vemos pues, que la regla federal permite, como la de California, que a solicitud del Fiscal se evalúe al acusado cuando éste levanta la defensa de locura. Ambas presentan, como característica común, que es el tribunal el que escoge y designa al perito, no el Ministerio Fiscal. La regla federal claramente limita su ámbito evidenciario: ni las declaraciones del acusado al perito, como tampoco el testimonio del perito en cuanto a las declaraciones del acusado, ni otro fruto de la evaluación, son admisibles contra el acusado en otra etapa o proceso, que no sea el de determinar su estado mental al momento de los hechos delictivos. Ciertamente estas salvaguardas son suficientes para garantizar su derecho a no autoincriminarse.

En resumen, el ordenamiento penal procesal de California y las reglas federales se asemejan a la Regla 74 al requerir la notificación oportuna de la defensa de locura. Parten de la premisa de que el Ministerio Fiscal tiene necesidad de prepararse ante la prueba pericial, inherentemente compleja, que puede presentar un acusado con sus peritos.

Sin embargo, aquellas con mejor balance, nos revelan una mayor intervención del Poder Judicial. Al autorizar al tribunal que seleccione y nombre al perito, rechazan que sea el Ministerio Fiscal. De este modo superan la desventaja y, simultáneamente, logran un balance que salvaguarda el derecho del acusado a no autoincriminarse.

IV

Además, para salvaguardar los derechos del acusado, ninguna declaración suya en el curso de esa evaluación, ningún testimonio por el perito basado en dichas declaraciones, y ningún otro fruto de la declaración, será admisible en evidencia contra el acusado en algún procedimiento criminal, con excepción del asunto referente a su condición mental.

El trámite aquí pautado, claro está, no impide de forma alguna, que además del perito nombrado por el Tribunal, la defensa o el Ministerio Fiscal, presenten sus respectivos peritos. Sin embargo, el designado por el Tribunal será el único que puede evaluar directa y personalmente al acusado a petición del Ministerio Público. En otras palabras, el Ministerio Fiscal no tiene derecho a requerirle al acusado que sea evaluado por su perito.

V

A la luz de lo antes expuesto, el Circuito de Apelaciones incidió al confirmar la orden de Instancia de que el acusado Pérez Velázquez se sometiera a una evaluación psiquiátrica con el Dr. López Menéndez, perito del Ministerio Fiscal.

En su defecto, el Tribunal de Instancia seleccionará y nombrará un perito para que en un término razonable evalúe su estado mental al momento de los alegados hechos delictivos. Dicho perito someterá su informe al tribunal, con copias al Ministerio Fiscal y abogado de Pérez Velázquez. Además, con sujeción a los límites evidenciarios antes indicados, estará disponible para testificar a petición de cualesquiera de las partes, luego de que Pérez Velázquez haya presentado prueba sobre su defensa de locura.

Se dictará la correspondiente Sentencia.

ANTONIO S. NEGRON GARCIA

Juez Asociado

San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente, se dicta Sentencia y revoca la del Tribunal de Circuito de Apelaciones que confirmó al Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Primera Instancia seleccionará y nombrará perito para que en un término razonable evalúe el estado mental de Pablo Pérez Velázquez al momento de los alegados hechos delictivos. Dicho perito someterá su informe al tribunal, con copias al Ministerio Fiscal y al abogado de Pérez Velázquez. Además, con sujeción a los límites evidenciarios antes indicados, estará disponible para testificar a petición de cualesquiera de las partes, luego de que Pérez Velázquez haya presentado prueba sobre su defensa de locura.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López emitió Opinión Disidente a la cual se une la Juez Asociada señora Naveira de Rodón.

San Juan, Puerto Rico a 19 de marzo de 1999

A la decisión que hoy emite una mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso, curiosamente, le es aplicable el refrán popular --producto el mismo de esa innata sabiduría que posee el pueblo puertorriqueño-- a los efectos de que, en ocasiones, "el remedio resulta peor que la enfermedad".

So color de "salvaguardar los derechos" de los imputados de delito en nuestra jurisdicción, el Tribunal establece en el día de hoy una norma que tendrá, en la práctica, un efecto perjudicial y devastador para todo imputado de delito que presente, como defensa, la incapacidad mental. Veamos.

I

El derecho que garantiza la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico --en la Sección 11 del Artículo II de la referida Constitución-- a los efectos de que nadie "...será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio..." es uno de los derechos más importantes, y fundamentales, del procedimiento criminal vigente en nuestro País; siendo los otros, naturalmente, el que ninguna persona "será privada de su libertad ... sin el debido proceso de ley", que "el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra", que la culpabilidad o inocencia de un acusado será dilucidada en un "juicio rápido y público", por un jurado o juzgador imparcial, y que todo acusado disfrutará de la "presunción de inocencia", viniendo en la obligación el Estado de probar su culpabilidad más allá de duda razonable. Véase: Secciones 7 y 11 del Artículo II de la mencionada Constitución.

Debido, precisamente, a la garantía constitucional contra la autoincriminación es que, como hemos expresado anteriormente, este privilegio, tan celosamente guardado, "...parece confligir con las disposiciones estatutarias que requieren la notificación anticipada de determinada defensa en los procesos criminales", Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 116, 122 (1965), y con la obligación, también estatutaria, que requiere que el acusado no sólo notifique, por adelantado, la defensa de coartada o locura que piensa utilizar en la vista en su fondo del caso, sino que brinde al ministerio público cierta y determinada información sobre la misma. Pueblo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 133 (1973); Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729 (1991).

Dichos principios, obviamente, fueron los que llevaron a este Tribunal a resolver --en Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729 (1991)-- que cuando el imputado de delito, en el ejercicio de su derecho a no presentar prueba alguna, decide no presentar prueba sobre la defensa que ya había anunciado en cumplimiento de las disposiciones de la citada Regla 74, el Estado está impedido de presentar en evidencia prueba alguna que haya obtenido del imputado como consecuencia de la aplicación de la mencionada disposición reglamentaria.

II

Expresado lo anterior, atendemos la controversia principal y específica que plantea el recurso hoy ante nuestra consideración, cual es: ¿tiene derecho el ministerio fiscal a examinar al acusado, con un perito psiquiatra de su propia selección, que ha notificado que se propone plantear como defensa en la vista en su fondo del caso la defensa de incapacidad mental?

III

De entrada, y con el propósito de enfocar correctamente la controversia hoy ante nuestra consideración, resulta imperativo que citemos, y transcribamos, unas expresiones que hiciera este Tribunal hace más de cuatro (4) décadas en Pueblo v. Alsina, 79 D.P.R. 46 (1956). Allí, a las páginas 60-61, expresamos, en lo pertinente, que:

Traído lo expresado hace más de cuarenta (40) años por este Tribunal al día de hoy, ello todavía significa que el Estado no tiene, de ordinario, que probar, como elemento del delito, la cordura del acusado por cuanto la ley sigue presumiendo la misma. Ahora bien, una vez el imputado de delito, en cumplimiento de las disposiciones de la mencionada Regla 74, notifica al ministerio fiscal que se propone plantear la defensa de locura, como eximente de responsabilidad, no hay duda de que el Estado no sólo tiene el derecho a prepararse adecuadamente para la misma, sino que viene en la obligación de probar, de manera afirmativa, la cordura del acusado más allá de duda razonable en la vista en su fondo del caso, una vez se presenta prueba que engendre duda sobre la cordura del acusado.

Esa obligación de probar la cordura del acusado, como un elemento adicional, no es función del foro judicial; como expresáramos, la misma claramente es obligación y función del ministerio público. Es por ello que constituye un serio y grave error resolver, como lo hace la Mayoría, que el perito psiquiatra que, en definitiva, va a coincidir con, o refutar, el criterio a ser expresado por el psiquiatra que tenga a bien presentar el acusado, debe ser nombrado por el foro judicial. En el sistema adversativo que rige en nuestra jurisdicción, repetimos, la obligación de probar todos los elementos del delito imputado más allá de duda razonable --incluyendo la cordura del acusado, en los casos apropiados-- claramente le corresponde al Estado.

Asimismo, la decisión de la Mayoría de otorgar al tribunal la facultad de nombrar un perito "del tribunal" para evaluar la capacidad mental del acusado el día de los hechos sólo converge con el sistema inquisitivo inglés. Para adoptar la tesis de éstos, simplemente tendríamos que hacer un ligero cambio del sistema de adversarios a uno inquisitivo.

"Examinadlo todo y retened lo bueno." 1ra Tesalonicenses 5, 21. La Mayoría, so color de que en el estado de California y en la Regla 12.2(c) de Procedimiento Criminal Federal se permite semejante situación, incorpora un procedimiento desafortunado por demás. El mero hecho de que en otra jurisdicción se permita que el tribunal nombre un perito en situaciones como la de autos, no es fundamento jurídico válido en Derecho para, sin más consideraciones, incorporarlo a nuestro acervo jurídico. La Mayoría aparenta aplicar el pasaje "Todo me es lícito..." pero se olvida del resto del texto que dispone "... mas no todo conviene". 1ra Corintios 10, 23.

Resulta verdaderamente desacertada la analogía utilizada por la Mayoría, al aplicar las disposiciones de la Regla 240 de Procedimiento Criminal al presente caso. 34 L.P.R.A. Ap. II R. 240. Los asuntos regulados por la Regla 240 le competen única y exclusivamente al foro judicial. Esto es, si un acusado está, o no, capacitado para ser sometido a un proceso criminal es una determinación que recae únicamente sobre los "hombros" del tribunal. El foro judicial tiene la responsabilidad de determinar, a base del testimonio de los peritos escogidos por el propio tribunal, si el acusado comprende la naturaleza del proceso que se sigue en su contra y si está capacitado para ayudar a su abogado en su defensa; ello en el descargo de su responsabilidad de velar por que el acusado tenga un proceso justo e imparcial. Por el contrario, la Regla 74 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, contempla otro asunto cristalinamente opuesto: la inimputabilidad del acusado al momento de la ocurrencia de los hechos. ¿A quién le corresponde determinar la existencia o ausencia de inimputabilidad? Dicha provincia está reservada únicamente para el juzgador de los hechos, ya sea un jurado o un tribunal de derecho, exclusivamente a base de la prueba que presenten las partes.

En nuestro sistema adversativo de justicia, tanto el representante legal del acusado como el representante del ministerio fiscal, son correctamente percibidos por los miembros de un jurado como partes contrarias, que abogan por y defienden, sus respectivas posiciones. El jurado, por el contrario, percibe al juez que preside el proceso como un ente imparcial y objetivo que merece absoluta confianza; apreciación que necesariamente beneficiaría al perito que seleccione el tribunal.

Ello, en la práctica, tendrá la nociva y grave consecuencia de que la opinión del perito psiquiatra que escoja el tribunal será, con toda probabilidad, la que el jurado acepte como buena; ello, independientemente del hecho de que esa opinión sea o no correcta y que la misma provenga o no de un psiquiatra verdaderamente competente. Dicha situación ni promueve la búsqueda de la verdad, ni el que se haga cumplida justicia, ni que se sigan los principios de "juego limpio". De hecho, el perito del tribunal será una especie de voto decisivo, o "swing vote", toda vez que en esta clase de situaciones de ordinario se manifiesta el fenómeno de que dos facultativos médicos, con experiencia y educación similar, llegan a conclusiones diametralmente opuestas. Esto es, dado que, de ordinario, el perito del acusado entiende que el acusado es inimputable y el del Ministerio Público lo encuentra lúcido, con toda probabilidad el "perito neutro" del tribunal será la ficha que "rompa el tranque".

Dicho de otra forma, la norma hoy implantada por la Mayoría afectará el delicado equilibrio de nuestro sistema adversativo de justicia. Con certitud, el perito designado por el tribunal inclinará la balanza a favor de una de las partes pues su testimonio será percibido por el jurado como el que tiene el aval del tribunal. Lo anterior trastoca tanto la función de la defensa como la del Ministerio Público en nuestro sistema de justicia, pues una vez el perito del tribunal determine la existencia o ausencia de inimputabilidad, la suerte estará echada.

Por último, debemos señalar que, curiosamente, lo erróneo y desacertado de la norma hoy establecida por la Mayoría se acentúa más en aquellos casos que se llevan a cabo por tribunal de derecho. ¿Qué perito escogerá el juez? La respuesta es una perogrullada: aquél que el referido juez entienda más apto para fungir como tal. Cabe preguntarse: luego de que el juez escoja al perito que considera más capacitado, ¿descartará su opinión? En teoría, podemos asumir que lo podrá hacer. En la práctica, sabemos que no lo hará.

En consecuencia, y por las razones antes expresadas, somos del criterio que la solución propuesta por el Tribunal, alegadamente con el propósito de "salvaguardar los derechos" del acusado, resulta tener el efecto contrario; esto es, lo que hace es perjudicar los derechos del acusado sometiéndole a un proceso en el cual su culpabilidad o inocencia dependerá, con toda probabilidad, del criterio de un perito psiquiatra. Esa no es la mejor forma de impartir justicia.

Es por ello que disentimos.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

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