El 29 de diciembre de 1998, el Procurador General nos rindió su Informe, en el cual concluye que la conducta desplegada por la Fiscal Rivera García constituye una violación al Canon 9 de Ética Profesional. Por su parte, la Fiscal Rivera García, mediante carta fechada el 6 de octubre de 1998, solicitó excusas a la Hon. Hosta Modestti, por el malestar que su "emotividad" causó.

Vistas las recomendaciones provistas en el Informe del Procurador General y examinadas las contestaciones y demás documentos, resolvemos sin ulterior trámite.

El Canon 9 impone al abogado el deber de "observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden de la administración de la justicia en los tribunales."

Este canon, junto a otros postulados deontológicos de similar naturaleza, guían la gestión profesional de los abogados y abogadas en nuestra jurisdicción. In re: Francisco Valcárcel Mulero, res. en 15 de noviembre de 1996. A su amparo hemos reiterado que todo abogado, "debe ejercerse de forma tal que no resulte en una violación a las disposiciones que reglamentan la conducta del abogado para con los tribunales y que imponen, a los primeros, observar una conducta del mayor respeto a los tribunales." In re: Miranda Marchand, res. en 29 de marzo de 1994.

La conducta desplegada y admitida por la Fiscal Rivera García el 4 de mayo de 1998 está en contravención con el deber que impone a todo abogado y fiscal el mayor respeto para con los tribunales y jueces. Con su ataque a la imparcialidad de la Juez Administradora Hosta Modestti y demás jueces de la Región de Fajardo, sobre el control y adjudicación de los casos en que el Lcdo. Lugo Zalduondo era abogado infringió el canon aludido.

Sin moderación en el lenguaje y temperamento, abogados, fiscales y jueces no podemos funcionar. En todo caso hemos de evitar la grosería, gritería, el empleo de imputaciones infundadas y, sobre todo, alegaciones contrarias a la verdad o desprovistas de una razonable presunción de exactitud. In re: Lcdo. Alfredo Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895 (1986).

A la luz de lo expuesto, concluimos que la Fiscal Rivera García infringió el Canon 9 de Ética. Como sanción procede nuestra más enérgica censura. Queda apercibida de la necesidad de ejercer mayor automoderación y evitar transgresiones de este tipo, so pena de ser en el futuro sancionada con mayor severidad.

Se dictará la correspondiente Sentencia.