99TSPR41

Número del Caso: CC-97-769

Abogados de la Parte Peticionaria: Lic. Edgardo Rosario

Lic. Vivian Durieux

(Edgardo Rosario Law Offices)

Abogados de la Parte Recurrida: Lic. Emilio Cancio-Bello, Jr.

Abogados de la Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Zadette Bajandas Vélez

Tribunal de circuito de Apelaciones: San Juan

Juez Ponente: Hon. Giménez Muñoz

Panel integrado por: Pres. Jueza Alfonso de Cumpiano y los Jueces Giménez Muñoz y Miranda de Hostos

Fecha: 3/25/1999

San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 1999.

Nos corresponde determinar cual es el efecto que tiene una sentencia criminal por incendio en un caso civil, en el que la persona convicta reclama a su aseguradora el pago de la indemnización por las pérdidas derivadas del siniestro. Resolvemos que la sentencia criminal es un impedimento colateral por sentencia en el pleito civil, en cuanto al hecho de si la persona convicta provocó el incendio intencionalmente.

La Sra. Sahar Fatach, dueña de la tienda de ropa "Sahar Modas", obtuvo a su favor una póliza contra el riesgo de incendio en dicha tienda, de la demandada Seguros Triple S, Inc. ("Triple S"). La póliza se expidió originalmente por tres años. No obstante, Triple S notificó a Fatach que no renovaría dicha póliza luego de cumplirse el primer año. Días después de esa notificación, se desató un incendio en la tienda.

Por su parte, Triple S contestó la demanda, y presentó una solicitud de sentencia sumaria donde argumentó que su póliza no extendía cubierta por actuaciones criminales del asegurado, y que la convicción criminal de Fatach constituía un impedimento colateral por sentencia en el pleito civil. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha solicitud por entender que la sentencia criminal no constituía impedimento colateral por sentencia. El Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de San Juan, confirmó.

Inconforme, Triple S presentó ante nos recurso de certiorari. En esencia sostiene que la convicción criminal por incendio agravado debe tener el efecto de impedir que el acusado del siniestro reclame, a base de una póliza de seguro, los daños sufridos por la propiedad asegurada.

La adjudicación de esta controversia requiere que analicemos los conceptos pertinentes del contrato de seguro, la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia, y la relación entre pleitos civiles y criminales.

El contrato de seguro está reglamentado extensamente en el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. § 101, et seq. (1997). Se define como "el contrato mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el mismo." Artículo 1.020 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. § 102 (énfasis nuestro).

En lo referente a la controversia de autos, el Art. 11.020 de dicho Código prohibe específicamente que se asegure contra las consecuencias penales de un delito:

Artículo 11.020 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. § 1102 (énfasis nuestro).

De igual manera, en los Estados Unidos se ha entendido que es contrario a la política pública asegurar contra obligaciones que tienen origen en actos intencionales del asegurado. 7 Couch on Insurance 3^rd § 101:22 (1997); 18 Couch on Insurance 2^nd § 74:663 (1983). Permitir que un asegurado consciente e intencionalmente controle los riesgos cubiertos por la póliza viola el concepto central de seguro. Rowland H. Long, 1 The Law of Liability Insurance, § 1.08(2), página 1-64.1 (1997).

Por otro lado, en España, la legislación pertinente articula iguales principios de moral y orden público. José María Elguero y Merino, La Estafa de Seguro, Madrid, 1988, pág. 123. El Artículo 19 de la Ley del Contrato de Seguro, Ley 50 del 8 de octubre de 1980 (R.C.L., 1980, 2295), según enmendada, dispone que una compañía aseguradora no tiene que pagar la indemnización acordada si el siniestro fue causado por la mala fe del asegurado. Su Artículo 48 proscribe expresamente la indemnización en casos de incendio provocado intencionalmente por el asegurado.

La industria del seguro descansa claramente en que los riesgos que asume en sus contratos no dependan de los actos intencionales del asegurado. Permitir que un asegurado controle el riesgo de la póliza con sus actuaciones deliberadas, trastocaría los cimientos de la industria de seguros, y facilitaría un ataque frontal a principios básicos de política pública. 5 Appleman, Insurance Law and Practice § 3113 (1970).

Examinados los principios aplicables en materia de seguros, nos corresponde examinar la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia, y la relación entre casos criminales y civiles.

La doctrina de cosa juzgada está tipificada en el Artículo 1204 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3343 (1990). Para que opere la doctrina de cosa juzgada es necesario que "concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron." Id.

Nuestra jurisprudencia ha adoptado el impedimento colateral por sentencia como modalidad de la doctrina de cosa juzgada. Dicha modalidad es producto de la influencia del derecho anglosajón en nuestra jurisdicción. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 762 (1981).

El impedimento colateral por sentencia opera "cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina mediante sentencia válida y final...[y] tal determinación es concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción distintas." A & P Gen. Contractors, supra, pág. 762 (énfasis nuestro).

El requisito de que sean las mismas partes se conoce como identidad de personas o mutualidad de partes. Exige que los litigantes en el segundo pleito sean "causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas." Artículo 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3343.

El impedimento colateral por sentencia presenta dos modalidades, la ofensiva y la defensiva. En su modalidad ofensiva, un demandante le impide al demandado litigar otra vez los asuntos que previamente litigó y perdió frente a otra parte. La modalidad defensiva surge cuando un demandado impide a un demandante que litigue otra vez asuntos que previamente litigó y perdió frente a otra parte. A & P Gen. Contractors, supra, pág. 758. Ambas modalidades comparten el denominador común de que la parte afectada por la doctrina litigó y perdió el asunto en el pleito anterior.

En aquellos casos en que no aplica el impedimento colateral por sentencia entre pleitos criminales y civiles, las determinaciones del pleito criminal no son concluyentes en el pleito civil. Sin embargo, eso no significa que lo ocurrido en la causa criminal no tiene efecto alguno en el pleito civil. Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 105 D.P.R. 229, 236 (1976).

En esas circunstancias, en virtud de la Regla 65(v) de Evidencia, la sentencia criminal por delito grave es admisible en el pleito civil para probar cualquier hecho esencial que apoye la sentencia criminal. 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 65 (1990); Maysonet v. Granda, Opinión del 23 de junio de 1993, 133 D.P.R. (1993). Es decir, el efecto sustantivo de la sentencia criminal en el caso civil será que ésta constituye evidencia prima facie de la ocurrencia de los hechos que apoyan la convicción. La parte afectada por dicha prueba tiene derecho a alegar su insuficiencia o a controvertirla con otra evidencia. Maysonet, supra, citando a Toro Lugo, supra.

A diferencia de nuestro ordenamiento jurídico, que exige la identidad de partes para toda aplicación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia, aún en casos en que se trata de un primer caso criminal y uno civil subsiguiente, tanto el derecho español como el norteamericano han adoptado posiciones distintas. Veamos.

En España, una sentencia penal condenatoria es cosa juzgada en un pleito civil posterior en cuanto a los hechos probados en la causa criminal. Víctor Prieto Cobos, Ejercicio de las Acciones Civiles, T. I, Vol. 2, Madrid, 1983, pág. 800; José M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 8, Vol. 2, 6ta Ed., Madrid, 1967, pág. 294; Arturo Majada, Práctica Procesal Penal, Cuarta Edición, 1980, pág. 357. El Tribunal Supremo de España expresó que "si bien es cierto la total independencia de las jurisdicciones penal y civil, la jurisprudencia tiene reiteradamente declarado que los hechos que como probados se consignen en las sentencias penales condenatorias, en cuanto son base y fundamento de la pena impuesta, tienen fuerza vinculante para los Tribunales civiles, que no pueden desconocer la realidad de los mismos..." S.T.S., 16 de abril de 1969 (R.J., Núm. 2080, pág. 1482).

Por otro lado, en los Estados Unidos muy pocas jurisdicciones exigen el requisito de identidad de partes al aplicar la doctrina de impedimento colateral por sentencia, especialmente cuando el primer pleito es criminal y el segundo es civil. 18 Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure § 4464 (1981); Thomas D. Sawaya, Use of Criminal Convictions in Subsequent Civil Proceedings: Statutory Collateral Estoppel Under Florida and Federal Law and the Intentional Exclusion Clause, 40 University of Florida Law Review 479, 490 (1988).

La razón para no requerir identidad de partes en el contexto de pleitos criminales y civiles surge más por razones de política pública que por consideraciones de teoría jurídica. Esto es particularmente cierto cuando se trata de situaciones en que personas convictas de un delito buscan beneficiarse de sus crímenes. Un ejemplo de esto último es el reclamar indemnización a una aseguradora luego de incendiar la propiedad asegurada. Sawaya, supra, págs. 490-91, escolio 60; 18 Wright, Miller & Cooper, supra, § 4474, págs. 753-754.

A la luz de lo anterior, es evidente que en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos se permite la aplicación del impedimento colateral por sentencia entre pleitos criminales y civiles. Sawaya, supra, pág. 491, escolios 64 y 65. Por ende, en gran parte de las jurisdicciones norteamericanas, una convicción criminal constituye un impedimento en el pleito civil posterior en el que el convicto le reclame a su aseguradora. 7 Couch on Insurance 3^rd, supra, § 103:35.

A modo ilustrativo, en Eagle Star and British Dominions Uns. Co. v. Heller, 140 S.E. 314 (1927), el Tribunal Supremo de Virginia determinó que la convicción por un incendio era impedimento colateral por sentencia en el caso civil donde el convicto intentó cobrar indemnización de la aseguradora por las pérdidas del incendio:

Eagle Star, supra, pág. 323. (traducción nuestra).

Esta doctrina ha sido reiterada en decisiones recientes de otros tribunales apelativos estatales. Aetna Life and Casualty Ins. Co. v. Johnson, 673 P.2d 1277 (Mont.1984); Aetna Cas. And Sur. Co. v. Niziolek; 481 N.E.2d 1356 (Mass.1985); Lichon v. American Universal Ins. Co., 433 N.W.2d 394 (Mich.App.1988); Imperial Kosher Cater. V. Traveler’s Indem., 252 N.W.2d 509 (Mich.App.1977); Hopps v. Utica Mut. Ins. Co., 506 A.2d 294 (N.H.1985).

De la exposición anterior se desprende que, tanto en la jurisdicción española como en la mayoría de las norteamericanas, las determinaciones esenciales para apoyar una sentencia criminal tienen un efecto concluyente en un pleito civil por los mismos hechos. En estas jurisdicciones no es requisito la identidad de partes al aplicar el impedimento colateral por sentencia entre pleitos criminales y civiles.

Examinados los principios pertinentes del contrato de seguro, la doctrina de impedimento colateral por sentencia y la relación entre pleitos criminales y civiles en Puerto Rico, España y los Estados Unidos, nos corresponde aplicar esta normativa a los hechos ante nos.

Fatach fue convicta del delito de incendio agravado, delito en el cual la intención es un elemento esencial. Artículos 195 y 196 del Código Penal, 33 L.P.R.A. §§ 4331-4332. Dicha convicción advino final y firme. En la misma se determinó, más allá de duda razonable, que Fatach incendió su tienda. Luego de tal determinación, pretende reclamarle a su aseguradora las pérdidas del incendio.

En consideración a dicha política pública, procede que determinemos que la convicción de Fatach es un impedimento colateral por sentencia en este pleito civil en cuanto al hecho de si Fatach provocó el incendio. Dicho hecho, esencial tanto para el caso criminal como para la defensa de Triple S en este caso civil, fue probado más allá de duda razonable en el proceso criminal en el cual Fatach tuvo la oportunidad de defenderse. En otras palabras, dicho hecho esencial ya fue probado mediante un nivel de prueba más alto del requerido en este caso civil.

La política pública envuelta justifica que, en este tipo de caso, no sea necesaria la identidad de partes al aplicar la doctrina de impedimento colateral por sentencia. No podemos permitir que, en circunstancias como las de autos, el asegurado invoque la aplicación inflexible del requisito de identidad de partes para lograr un resultado contrario a la política pública. Nuestra decisión está en armonía con los intereses protegidos por nuestro Código de Seguros y la política pública que éste tipifica, además de encontrar apoyo en el derecho español y el norteamericano.

En consecuencia, resolvemos que una sentencia criminal por el delito de incendio, es un impedimento colateral por sentencia en un pleito civil donde la persona convicta le reclama a su aseguradora las pérdidas causadas por el incendio, en cuanto al hecho de si la persona provocó el incendio intencionalmente.

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se continúen los procedimientos de forma compatible con esta Opinión.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 1999.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, la cual no extendió efecto de impedimento colateral por sentencia en el recurso de epígrafe a la convicción por el delito de incendio, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados señores Negrón García y Fuster Berlingeri emitieron sendas Opiniones Disidentes. El Juez Asociado señor Rebollo López inhibido.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 1999

Deferencialmente, no podemos estar conformes con descartar el requisito de identidad de partes a base de un enfoque de otras jurisdicciones que abiertamente la han abandonado. En nuestro entorno jurídico, se trata de un ingrediente indispensable de la doctrina de cosa juzgada.

En A. & P. General Contractors v. Asociación Caná, 110 D.P.R. 753 (1981) aclaramos que el impedimento colateral por sentencia es una modalidad de la cosa juzgada en la que no resulta necesaria la identidad de causas. Allí expresamos que el impedimento colateral "surte efectos cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina mediante una sentencia válida y final. Como resultado, tal determinación es concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén envueltas causa de acción distintas" (pág. 762). Vemos pues, que la identidad de partes ha de estar presente para que pueda prevalecer el impedimento colateral por sentencia en un pleito.

No existe en este caso identidad de partes. La opinión mayoritaria pretende crear una excepción confiriéndole efecto concluyente, en cuanto a la intencionalidad de la conducta, a la determinación de culpabilidad por el delito de incendio en un proceso penal, para fines del reclamo que pueda hacer el convicto a su aseguradora por las perdidas ocasionadas en el siniestro. Fundamenta esta excepción en consideraciones de política pública; específicamente, "evitar que las personas se lucren, mediante el contrato de seguro, de actividad delictiva como la del caso de autos" (Opinión del Tribunal, pág. 12). Se intenta así limitar esta desviación de la norma a casos donde el demandante le reclama a una aseguradora por el resultado de actuaciones delictivas por las que ha sido declarado culpable. No coincidimos. No vemos fundamento para la excepción y, de acogerla, tampoco encontramos justificación alguna para limitar sus efectos de excepción a este tipo de casos. Por el contrario, por imperativo decisorio, tendría que extenderse a otros delitos revestidos de política pública como serían los delitos contra la vida e integridad humana, contra el erario público, contra la propiedad privada, contra la función judicial, etc.

Concurrimos con el criterio del Juez Asociado, Sr. Fuster Berlingeri de que no corresponde a este foro alterar doctrinas de fuerte arraigo fundamentadas en derecho estatuido sin que existan circunstancias particulares que lo hagan necesario. Es la Asamblea Legislativa la llamada a eliminar, añadir o variar estas normas tan fundamentales para pilares de nuestro ordenamiento como lo son la separación de las esfera penal y la esfera civil.

San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 1999.

Me veo obligado a disentir del dictamen mayoritario, porque entiendo que no le corresponde a este Foro alterar las normas aplicables al caso de autos. La mayoría establece hoy en su opinión una pauta que es distinta de lo que dispone de modo claro nuestro ordenamiento jurídico sobre el particular; y no lo hace sobre fundamentos constitucionales, por lo que el decreto mayoritario aludido, invade el ámbito de la autoridad legislativa. Veamos.

Reiteradamente hemos resuelto que los hechos probados en una causa penal, cuando se trata de un delito grave, constituyen evidencia prima facie de su existencia, admisible en un pleito civil; y que la parte afectada por dicha prueba tiene derecho a alegar su insuficiencia o a controvertirla con otra evidencia. En particular, hemos enfatizado que en la acción civil el juzgador no está irremisiblemente obligado a llegar a la misma conclusión obtenida en el juicio criminal. Maysonet v. Granda, Opinión del 23 de junio de 1993, 133 D.P.R. ___ (1993); Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701 (1981); Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826 (1978); Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 105 D.P.R. 229 (1976). Se trata de una normativa bien establecida en nuestro ordenamiento jurídico evidenciario. Véase, Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña-Evidencia (1985), págs. 436-440, y Emmanuelli, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, (1994), págs. 449-453. Dicha normativa está anclada en lo dispuesto en la Regla 65(v) de Evidencia, y sus orígenes se remontan al 1913, cuando resolvimos que en nuestro estado de derecho, la acción penal y la civil proveniente de un delito son independientes. Guzmán v. Vidal, 19 D.P.R. 841 (1913).

Ahora, en el caso de autos, la mayoría decreta, por puro fíat, que la normativa referida es impertinente, que no aplica al caso ante nos, porque supuestamente existe un impedimento colateral por sentencia que precluye que en el caso civil aquí se dilucide un hecho que fue adjudicado en el caso penal. La mayoría admite que en nuestro ordenamiento jurídico civilista la figura del impedimento colateral por sentencia sólo puede invocarse cuando existe identidad de personas. No obstante, aunque dicho requisito no está presente en el caso de autos, la mayoría decreta que aún así dicha figura aplica en este caso. De ese modo, altera también el derecho vigente sobre el particular, que se origina en el Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3343, y que está contenido en la reiterada doctrina sobre el particular y en varias decisiones nuestras.

Para justificar estas alteraciones sustanciales de las normas vigentes, la mayoría se ampara, por un lado, en una disposición del Código de Seguros. Pero resulta que dicha disposición no sólo no formula el principio concreto aludido por la mayoría en su opinión, sino que, además, no es realmente pertinente a lo que aquí nos concierne, debido a que la disposición aludida no trata con principios de derecho probatorio ni con modalidades de la doctrina de cosa juzgada.

La mayoría también aduce que la nueva pauta que hoy aquí establece es cónsona con las posiciones sobre el particular adoptadas tanto en España como en Estados Unidos. Ello puede que sea así, pero tal dato no explica porqué le corresponde a este Foro revocar doctrinas y jurisprudencia bien establecidas, que además se fundamentan en parte en derecho estatuido, cuando no hay problemas constitucionales presentes, ni lagunas jurídicas o conflictos normativos que justifiquen nuestra intervención para formular el derecho positivo aplicable al caso.

Reconozco que pueden existir buenas razones en teoría jurídica para proponer cambios en el derecho vigente respecto al asunto que aquí nos concierne, como las intimadas en Toro Lugo v. Ortiz Martínez, supra, y en Poll Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978). Pero ello dejaría aun por dilucidar si es a este Tribunal, en vez de a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, a quien le corresponde efectuar los sustanciales cambios en el derecho positivo que aquí nos conciernen.

En mi criterio, por tratarse de normas importantes que están bien establecidas en nuestro ordenamiento, y que derivan de fuentes estatutarias, no le corresponde a este Foro alterarlas por puro fíat. Como la mayoría sigue otro curso de acción, que no estimo autorizado, DISIENTO.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

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