99TSPR65

Número del Caso: CC-97-321

Abogados de la Parte Peticionaria: Lic. Rafael A. Cintrón Perales

Lic. Héctor Rivera Rivera

Abogados de la Parte Recurrida: Lic. Teresa M. Pérez Stuart

Lic. Gloria M. Soto Burgos

Abogados de la Parte Interventora:

Agencia Administrativa: Junta de Planificación

Tribunal de circuito de Apelaciones: I, San Juan

Juez Ponente: Hon. González Román

Panel Integrado por: Pres. Jueza Ramos Buonomo y los Jueces González Román Y Córdova Arone

Fecha: 4/29/1999

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 1999

La Administración de Terrenos de Puerto Rico (en adelante Administración) presentó ante la Junta de Planificación (en adelante Junta) recurrida, una consulta para la ubicación de un proyecto de urbanización residencial de interés social. Dicho proyecto se desarrollaría en una finca con cabida de 82.63 cuerdas localizada en el Barrio Espinosa de Vega Alta. La Junta aprobó la consulta el 8 de diciembre de 1976.

El 17 de julio de 1977, la Administración presentó el desarrollo preliminar de dicho proyecto ante la Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante ARPE). El 18 de noviembre de 1977, ARPE aprobó el desarrollo preliminar, no obstante, estableció un requerimiento de reserva para una futura avenida. En particular, reservó una franja de terreno de aproximadamente 1.32 cuerdas, propiedad de Aner Investment Corporation (en adelante Aner), peticionaria.

El referido predio de terreno ha permanecido reservado desde esa fecha. No obstante, el 16 de febrero de 1995 el Lcdo. Erasmo Don Zabala, Presidente de Aner, le solicitó al Municipio de Vega Alta, a través de su Alcalde, la adquisición o la liberación del inmueble. El 1ro de marzo reiteró su solicitud mediante carta certificada con acuse de recibo. Posteriormente, el 10 de julio de 1995, el licenciado Don Zabala le solicitó a la presidenta de la Junta, al Secretario de Transportación y Obras Públicas y nuevamente al Alcalde de Vega Alta, la adquisición del predio de terreno al amparo de la Ley de Expropiación Forzosa, Ley Núm. 46 de 26 junio de 1987, 32 L.P.R.A. secs. 2923 y ss.

Inconforme, Aner recurre ante nos con los siguientes señalamientos de error:

Por estar íntimamente relacionados discutiremos conjuntamente los señalamientos de error uno y dos. Para disponer de éstos es preciso determinar cuál es la ley que debe aplicarse a los hechos que hoy nos ocupan.

I

Sabido es que el derecho al disfrute de la propiedad, aunque fundamental y de génesis constitucional, no es absoluto. La Asamblea Legislativa puede limitarlo en aras del bienestar general ya que "[e]l Estado tiene un poder inherente para realizar actos que promuevan la salud, seguridad y el bienestar de la comunidad mediante reglamentación razonable que limite el uso de una propiedad". Arenas Procesadas, Inc. v. E.L.A., 132 D.P.R. 593; Velázquez v. E.L.A., Op. de 1 de febrero de 1994, 135 D.P.R. ___ (1994), 94 J.T.S. 9, pág. 11483; Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 931 (1991). Como ejemplo de lo anterior, tenemos la facultad del Estado para expropiar propiedad privada para fines públicos ya sea instando una acción de expropiación, imponiendo restricciones mediante reglamento o incautándose físicamente de una propiedad. Ahora bien, dicha facultad está limitada por la exigencia de que el inmueble expropiado sea para un fin público y conlleva la obligación de pagar una justa compensación. Véase, Art. II, Sec. 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Hampton Development Corp. v. E.L.A., Op. de 18 de enero de 1996, 139 D.P.R. ___ (1996), 96 J.T.S. 4, pág. 553; Velázquez v. E.L.A., supra, pág. 11483; Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, pág. 952.

De otra parte, se ha instituido la acción de expropiación forzosa a la inversa para aquellos casos excepcionales de ocupación física, incautación de un derecho real, o restricciones a la propiedad mediante reglamento, sin que el Estado haya presentado previamente la acción de expropiación ni consignado una justa compensación. El pleito de expropiación a la inversa se insta por el titular contra el Estado para obtener la compensación a que tiene derecho. Culebra Enterprises v. E.L.A., Op. de 31 de octubre de 1997, 143 D.P.R. ___ (1997), 97 J.T.S. 128 y casos allí citados; Hampton Development Corp. v. E.L.A., supra.

Hemos resuelto, además, que un titular puede reclamarle al Estado los daños y perjuicios procedentes de la incautación física o reglamentaria de su propiedad. En Culebra Enterprises v. E.L.A., supra, pág. 949, se presentó una demanda denominada "expropiación forzosa a la inversa". No obstante, los demandantes sólo reclamaron resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos como resultado de las clasificaciones de zonificación impuestas sobre sus terrenos por la Junta de Planificación. Resolvimos que el término prescriptivo para presentar una acción de daños y perjuicios contra el Estado, consecuencia de restricciones a la propiedad mediante reglamento, es un (1) año. Éste comienza a decursar desde que se libera la propiedad de las restricciones o, como máximo, después del octavo año de reserva.

Es menester aclarar, no obstante, que los pronunciamientos anteriormente esbozados sólo aplican a aquellas reclamaciones en las que un titular solicita como único remedio el resarcimiento por los daños y perjuicios procedentes de la incautación física o reglamentaria de su propiedad. No debe interpretarse que hemos establecido el plazo de un (1) año como el término prescriptivo para instar una acción de expropiación forzosa a la inversa o como el plazo máximo para solicitar a la agencia con jurisdicción que libere una propiedad de todo gravamen.

II

Sobre este particular hemos expresado que, mediante el establecimiento de una regla uniforme, el Estado cuenta con tiempo suficiente para decidir el destino o uso que le dará a la propiedad reservada, "sin limitar ad perpetuam e irrazonablemente los derechos del dueño afectado". Culebra Enterprises v. E.L.A., supra, pág. 955.

Tras examinar las disposiciones de ambos estatutos, en armonía con sus respectivas exposiciones de motivos, se puede colegir que están dirigidos al Estado, a regular y delimitar su poder para restringir propiedad privada en aras del bienestar general. Estas legislaciones establecen una presunción a priori de que la reserva (de acuerdo con la Ley Núm. 2, supra) o la afectación (a tenor con la Ley Núm. 46, supra) de una propiedad privada por un periodo mayor de ocho (8) años es irrazonable. Resulta ilustrativo de lo anterior el que durante los debates que precedieron la aprobación de la Ley Núm. 2, supra, se expresó lo siguiente:

Una vez transcurre el término de ocho (8) años, se activa la presunción de irrazonabilidad de la reserva (a tenor con la Ley Núm. 2, supra) o de la afectación (cuando es de aplicación la Ley Núm. 46, supra). Por lo tanto, expirado dicho plazo el titular puede requerir, en cualquier momento, a la agencia con jurisdicción que inste la acción de expropiación o que libere su predio de todo gravamen y ésta viene obligada a cumplir con la ley y ejercer una de las dos opciones.

Es preciso señalar que, la ausencia de una disposición legal que establezca un término máximo para que el titular de un inmueble gravado solicite al Estado la adquisición o liberación de éste, no obedece a un olvido legislativo, sino que es la consecuencia lógica del carácter fundamental del derecho al libre disfrute de la propiedad. El derecho propietario del titular no se extingue como resultado de la restricción impuesta por el Estado, simplemente se limita por un plazo razonable fijado de antemano. Una vez expira el referido plazo, el titular puede solicitar los remedios apropiados y así consolidar su derecho de propiedad.

III

Teniendo en cuenta los pronunciamientos anteriormente esbozados, pasaremos a disponer de las controversias ante nuestra consideración. El Tribunal de Circuito razonó que el derecho de Aner a reclamar al amparo de la Ley Núm. 2, supra, se había extinguido, pues cuando éste solicitó la adquisición del terreno o el relevo de gravamen a la Junta, (en 1995) ya habían transcurrido ocho (8) años desde la derogación del referido estatuto. En consecuencia, su solicitud estaba gobernada por las disposiciones de la Ley Núm. 46, supra, vigente en ese momento.

Constituye un principio de hermenéutica que las leyes no tendrán efecto retroactivo a menos que el legislador disponga lo contrario. En la letra de la ley o en el historial legislativo debe constar la intención de darle efecto retroactivo a un estatuto. Véase, Art. 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3; Franceschini v. Ujaque, 126 D.P.R. 540 (1990); Díaz v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 865 (1983). Hemos resuelto, además, que procede la aplicación retroactiva de una ley, aun cuando no se haya dispuesto expresamente, cuando dicha interpretación resulta la más razonable de acuerdo con el propósito legislativo. J.R.T. v. A.E.E., Op. de 1 de abril de 1993, 133 D.P.R. ___ (1993), 93 J.T.S. 49.

De un examen tanto de la letra de la Ley Núm. 46, supra, como del historial legislativo y de su exposición de motivos, no surge que fuese la intención del legislador otorgarle efecto retroactivo a sus disposiciones. La Asamblea Legislativa aprobó el referido estatuto sin disponer específicamente qué ocurriría con aquellas propiedades reservadas para fines públicos antes de su vigencia. Resulta forzoso concluir, por lo tanto, que tenía la intención de que éste aplicara prospectivamente. Si el legislador hubiese querido que la Ley Núm. 46, supra, aplicara retroactivamente, hubiera incluido una expresión al efecto, tal como lo hizo al aprobar la Ley Núm. 2, supra.

ARPE reservó la franja de terreno en controversia el 16 de noviembre de 1977. Posteriormente, el 29 de enero de 1979, se aprobó la Ley Núm. 2, supra. A tenor con sus disposiciones, el término de ocho (8) años que tenía el Estado para mantener la propiedad reservada comenzó a decursar a partir de la fecha de su aprobación. El referido periodo expiró el 29 de enero de 1987, es decir, durante la vigencia de la Ley Núm. 2, supra, y cinco meses antes de que entrara en vigor la Ley Núm. 46, supra. Según ya señaláramos, esta última es de aplicación prospectiva. Por lo tanto, resulta forzoso concluir que la legislación aplicable al caso ante nos es la Ley Núm. 2, supra.

El 29 de enero de 1987, fecha en que expiró el plazo dispuesto por la Ley Núm. 2, supra, se activó la presunción de irrazonabilidad de la reserva hecha por el Estado. A partir de esa fecha Aner podía requerir a la Junta de Planificación, en cualquier momento, que instara la acción de expropiación o que la relevara del gravamen y ésta venía obligada legalmente a optar por una de esas alternativas.

Miriam Naveira de Rodón

Juez Asociada

San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 1999

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Región Judicial de San Juan y se devuelve el caso a la Junta de Planificación para que continúe con los procedimientos a tenor con lo aquí dispuesto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria de Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López no interviene.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

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