99 TSPR 86

Número del Caso: CC-1997-0694

Abogados de la Parte Recurrente: Hon. Carlos Lugo Fiol,

Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Luis E. Rodríguez Santiago

Tribunal de Instancia, Sala Superior de Ponce

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Miguel A. Santiago

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V

Juez Ponente: Hon. Negrón Soto

Fecha: 6/3/1999

San Juan, Puerto Rico a 3 de junio de 1999.

A tenor con nuestro ordenamiento jurídico vigente, ¿se le puede conceder al convicto por infracción al Artículo 87 del Código Penal (causar la muerte a un ser humano al conducir un vehículo de motor mediando imprudencia crasa o temeraria) el beneficio de la sentencia suspendida? Por entender que la respuesta a dicha interrogante es en la afirmativa ya que nuestro ordenamiento no dispone que dicho delito sea uno de los exceptuados en la Ley de Sentencias Suspendidas, confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

I.

El 29 de junio de 1996, en horas de la noche, el Sr. Carlos Rodríguez Colón se detuvo en la carretera 149, Sector Corillo de Villalba y se bajó de su auto. En ese momento pasó en su vehículo, a exceso de velocidad, Nelson Bonilla Vázquez e impactó fuertemente al vehículo detenido y al Sr. Rodríguez Colón, quien falleció a los pocos minutos como consecuencia del impacto. A Bonilla Vázquez se le hizo la prueba de embriaguez arrojando un 0.24 % de alcohol en la sangre, es decir, en exceso del máximo permitido por ley para conducir un vehículo de motor.

Como consecuencia de estos hechos, el Sr. Bonilla Vázquez fue arrestado y se le sometieron cargos por violación al Artículo 87 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4006 (imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor). Bonilla Vázquez se declaró culpable. Con la objeción del Ministerio Público, el Tribunal de Primera Instancia, luego de analizar el correspondiente Informe Pre-Sentencia, le suspendió al acusado los efectos de una sentencia de seis (6) años de prisión.

Inconforme, el Pueblo de Puerto Rico, por conducto del Procurador General, recurrió al Tribunal de Circuito de Apelaciones para que revisara la resolución emitida por el Tribunal de Instancia en la que le impuso una probatoria de seis (6) años a Bonilla Vázquez. Alegó, en síntesis, que como el delito tipificado en el Artículo 87 del Código Penal es un tipo de homicidio involuntario y en el presente caso se ocasionó la muerte mientras se conducía un vehículo de motor en estado de embriaguez, dicho delito estaba excluido de los beneficios de la sentencia suspendida. Esto a tenor con la disposición de Ley de Sentencias Suspendidas, 34 L.P.R.A. sec. 1027, que establece que "el tribunal sentenciador podrá también suspender los efectos de la sentencia de cárcel que se hubiere dictado en todo caso de homicidio involuntario que no hubiere sido ocasionado mientras se conducía un vehículo en estado de embriaguez".

El Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional V, determinó que a tenor con nuestros pronunciamientos en Pueblo v. Nazario Hernández, res. el 29 de junio de 1995, 138 D.P.R. ___ (1995), al convicto por el delito de imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor puede suspendérsele los efectos de la sentencia aunque al momento de la comisión del delito estuviese en estado de embriaguez. Determinó, además, que el tribunal a quo no abusó de su discreción al concederle a Bonilla Velázquez el beneficio de la sentencia suspendida. Inconforme, el Procurador General recurre ante nos.

Para atender adecuadamente la controversia medular que presenta el caso de marras resulta pertinente, en primer lugar, analizar las definiciones de los delitos de homicidio involuntario e imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor. En segundo lugar, ha de examinarse el desarrollo y el historial legislativo de la Ley de Sentencias Suspendidas de 1946, 34 L.P.R.A. sec. 1027.

II.

El Artículo 86 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4005, define el delito de homicidio involuntario de la siguiente forma:

Por otro, lado el Artículo 87 establece:

De la lectura de los precitados artículos del Código Penal se desprende que ambos delitos configuran la muerte de una persona causada por otra que conduce un vehículo de motor y que comparten un elemento esencial de negligencia, Pueblo v. Vélez Pumarejo, 113 D.P.R. 349 (1982). En Pueblo v. Hernández Olmo, 105 D.P.R. 237, 243 (1976), expresamos que:

Un examen del Artículo 88 del Código Penal refleja que el legislador equiparó los Artículos 86 y 87 para el propósito de establecer una penalidad adicional en común: la revocación de la licencia de conducir. Aun más, de su lectura se desprende que para propósitos de dicha penalidad tanto el Artículo 86 como el Artículo 87 constituyen modalidades de homicidio involuntario cometidos al conducir un vehículo de motor:

III.

La Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, conocida como la Ley de Sentencias Suspendidas, 34 L.P.R.A. sec. 1027, provee una medida alterna a la pena de cárcel. Mediante la concesión del beneficio de la sentencia suspendida el tribunal suspende la ejecución de una sentencia y permite al convicto del delito quedar en libertad durante todo o parte del término de la pena, sujeto a que éste observe buena conducta y cumpla con todas aquellas restricciones que el tribunal le imponga. Pueblo v. Molina Virola, res. el 22 de octubre de 1996, 141 D.P.R. ___ (1996).

El propósito del mecanismo de la sentencia suspendida es lograr que un convicto de delito viva una vida productiva, bajo un sistema de supervisión. Este mecanismo, además, representa una economía sustancial para el Estado y contribuye a resolver el serio problema carcelario que padecemos. La Ley de Sentencias Suspendidas es una ley de carácter remedial con un propósito rehabilitador. Pueblo v. Vega Pérez, 125 D.P.R. 188 (1990).

En reiteradas ocasiones hemos señalado que el disfrute de una sentencia suspendida es un privilegio, no un derecho. Pueblo v. Molina Virola, supra; Pueblo v. Torres Rivera, res. el 2 de diciembre de 1994, 137 D.P.R. ___ (1994); Pueblo v. Álvarez Mauras, 100 D.P.R. 620 (1972); Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568 (1971), Pueblo v. Rivera, 79 D.P.R. 880 (1957). También hemos expresado que la concesión de este privilegio cae dentro de la discreción del juez sentenciador. Pueblo v. Torres Rivera, supra; Pueblo v. Acosta Torres, 92 D.P.R. 887 (1965), y casos allí citados. Esta discreción está limitada a que el delito no sea uno de los expresamente excluidos y que concurran una serie de requisitos. Pueblo v. Texidor Seda, 128 D.P.R. 578 (1991). Los beneficios de una sentencia suspendida han de concederse sólo en aquellos casos en los que el legislador ha expresado que existe una justificación para evitar la encarcelación. Pueblo v. Rivera, supra; Pueblo v. Álvarez Maura, supra.

La Ley de Sentencias Suspendidas de 1946 fue enmendada por la Ley Núm. 61 de 19 de junio de 1965. Esta enmienda, vigente al día de hoy, tuvo el propósito, entre otros, de incorporar el siguiente párrafo a la Ley:

De esta acción legislativa se desprende que en el lenguaje de la disposición de la Ley de Sentencias Suspendidas que establece que no podrá disfrutar del beneficio de la sentencia suspendida el que cometa "homicidio involuntario mientras se conduce un vehículo de motor en estado de embriaguez" no se entendía que estaba incluido el delito tipificado en el Art. 87 del Código Penal (causar la muerte a un ser humano mientras se conduce un vehículo de motor mediando imprudencia crasa o temeraria). El historial legislativo de la Ley Núm. 50 reafirma dicha conclusión pues reconoce que el estado de derecho vigente anterior a la enmienda era que la precitada disposición de la Ley de Sentencias Suspendidas sólo era aplicable a los convictos por homicidio involuntario (Art.86) cuando el mismo se producía al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez. En ese sentido se señaló al explicar el propósito de la enmienda a la Ley de Sentencias Suspendidas lo siguiente:

Así pues, a partir de la vigencia de la Ley Núm. 50 de 9 de agosto de 1989, no podrían gozar del privilegio de la sentencia suspendida ni los convictos por homicidio involuntario (Art. 86) cometido mientras se conducía un vehículo de motor en estado de embriaguez ni los convictos por el delito grave de imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor si al momento de la comisión del delito estaba el acusado en estado de embriaguez.

Sin embargo, transcurridos tres (3) meses de la aprobación de la Ley Núm. 50 de 9 de agosto de 1989, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989. Dicha ley fue aprobada con el propósito de enmendar nuevamente la Ley de Sentencias Suspendidas pero esta vez para excluir de sus alcances a las personas convictas por ciertas infracciones a la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico". Inadvertidamente el proceso legislativo se realizó a base del texto de la Ley de Sentencias Suspendidas anterior a la enmienda que sufrió dicha Ley en virtud de la Ley Núm. 50 de 9 de agosto de 1989. De manera que, quedó eliminada de la Ley de Sentencias Suspendidas la frase "imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez", en virtud de la cual los convictos por dicho delito(que al momento de la comisión del mismo estuviesen en estado de embriaguez) no podían gozar del beneficio de la sentencia suspendida. Quedó inalterada la disposición de la Ley que establece que "el tribunal sentenciador podrá también suspender los efectos de la sentencia de cárcel que se hubiere dictado en todo caso de homicidio involuntario que no hubiere sido ocasionado mientras se conducía un vehículo en estado de embriaguez".

Estamos ante un error o una inadvertencia legislativa porque sería absurdo interpretar que el propósito de la Asamblea Legislativa fue eliminar(escasamente tres (3) meses después de aprobada) la enmienda introducida por la Ley Núm. 50 de 9 de agosto de 1989 a la Ley de Sentencias Suspendidas que añadió a la misma la frase "imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez". Máxime cuando el propósito de la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989 era excluir del beneficio de la sentencia suspendida algunas infracciones a la Ley de Armas, delitos que en nada tenían que ver con el delito en controversia en el caso de marras.

Así pues, a pesar de reconocer que se trató de un error o inadvertencia legislativa, tenemos que concluir que partir de la vigencia de la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989, el estado de derecho vigente es el que existía antes de la aprobación de la Ley Núm. 50 de 9 de agosto de 1989, es decir, que los convictos por el delito de causar la muerte a un ser humano mientras se conduce un vehículo de motor mediando imprudencia crasa o temeraria(Art.87) podrán gozar del privilegio de la sentencia suspendida aunque al momento de la comisión del delito estuviesen en estado de embriaguez.

Transcurridos dos (2) años de nuestra Opinión en Pueblo v. Nazario Hernández, supra, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 371 con el fin de subsanar el error legislativo al que hemos hecho referencia. En la Exposición de Motivos de dicho proyecto se dejó claramente establecido el estado de derecho vigente en Puerto Rico. Se citó con aprobación lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Nazario Hernández, supra, y se reconoció que al aprobarse la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989, ocurrió una omisión en lenguaje del texto de la medida, para luego exponer que "...es la intención de la Asamblea Legislativa corregir la omisión que por inadvertencia provocó el estado de derecho vigente no contemple la exclusión del beneficio de la sentencia suspendida en situaciones donde la persona es convicta por violar el Artículo 87 del Código Penal de Puerto Rico y conduce un vehículo de motor en estado de embriaguez". (Énfasis nuestro).

IV.

Ante el hecho innegable de que la Asamblea Legislativa, consciente del error o inadvertencia ocasionado por la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989 al enmendar la Ley de Sentencias Suspendidas, según señalado en Pueblo v. Nazario Hernández, supra, intentó, pero no corrigió dicho error o inadvertencia, no podemos, como pretende el Procurador General, equiparar los Artículos 86 y 87 del Código Penal y hacer extensiva la disposición de la Ley de Sentencias Suspendidas que establece que no podrán gozar del beneficio de la sentencia suspendida los convictos por el delito de homicidio involuntario (causado al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez) al delito tipificado en el Artículo 87 del Código Penal. Esto en vista de que tratándose de un caso criminal debemos tener presente el principio de legalidad.

Reconocemos que la conclusión a que llegamos produce un resultado anómalo. Por un lado excluye del beneficio de una sentencia suspendida a una persona que incurre en mera negligencia, pero que conducía en estado de embriaguez, mientras que permite que otra que incurre en imprudencia crasa o temeraria al conducir, tenga los beneficios de una sentencia suspendida, aun cuando esté en estado de embriaguez. Nos preocupa, además, que tal conclusión permita que se impongan penas radicalmente distintas en casos esencialmente idénticos y que pueda conducir a un procesamiento de casos arbitrario, dependiendo de la modalidad por la cual el ministerio fiscal decida acusar, o se preste para la manipulación de alegaciones de culpabilidad al amparo del Artículo 87, para obtener los beneficios de una probatoria.

Sin embargo, en casos de naturaleza criminal el principio de legalidad ordena que no se impongan "... penas ni medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido. No se podrán crear por analogía delitos, penas, ni medidas de seguridad". Artículo 8 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. ___; Pueblo v. Pizarro Solís, 129 D.P.R. 911 (1992); Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404, Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1980); Pueblo v Ríos Nogueras, 114 D.P.R. 256 (1983).

En este contexto se ha señalado que la garantía que establece el principio de legalidad se extiende a la ejecución de las penas y medidas de seguridad. Éstas deben ejecutarse de la forma y circunstancias previstas por la ley. Dora Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 1995, pág. 69.

También hemos de tomar en cuenta el principio de hermenéutica de estatutos penales que postula la interpretación restrictiva en cuanto a lo que desfavorezca al acusado y liberalmente en cuanto lo que le favorezca. Pueblo v. Sierra Rodríguez, res. el 8 de febrero de 1995, 137 D.P.R. ___(1995); Pueblo v. Arandes, 120 D.P.R. 530 (1988); Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972); Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36 (1950).

Anteriormente hemos reconocido que una ley penal debe de ser interpretada de una manera razonable y evitarse una interpretación literal que resulte absurda a la intención del legislador. De igual modo hemos resuelto que aunque existe la regla de que los estatutos penales deben de interpretarse restrictivamente, ésta no exige que a las palabras del legislador deba de dársele su significado más limitado o que debe hacerse caso omiso de su evidente intención. Pueblo v. Mantilla, supra.

El propósito de la interpretación es, en primer lugar, tratar de entender el sentido de los textos, cuando estos no son claros, y en segundo lugar, tratar de suplir dentro del marco de lo permitido, las deficiencias del legislador cuando su texto es insuficiente. Sin embargo no se trata en el caso de autos, de optar por una interpretación más amplia que nos permita incluir el delito tipificado por el Artículo 87 entre aquellos excluidos del beneficio de sentencias suspendidas. Ante el claro reconocimiento de la Asamblea Legislativa del estado de derecho vigente a partir de la enmienda a la Ley de Sentencias Suspendidas de noviembre de 1989, y el hecho de que la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva no han logrado llegar a un consenso para resolver la discrepancia señalada, no podemos por vía de interpretación subsanar dicha deficiencia. De hacerlo estaríamos a todas luces creando la ejecución de una pena por analogía, lo cual nos está claramente vedado.

En materia de interpretación de estatutos penales hemos resuelto que aun en aquellos casos en que existe incongruencia entre el texto de la ley y la intención legislativa, es a la Asamblea Legislativa a quien compete corregir dicha situación. Pueblo v. Martínez Yanzanis, res. el 8 de abril de 1997, 142 D.P.R. ___(1997). El principio de legalidad impide que en ausencia de ley que así lo determine, los tribunales nos embarquemos en la tarea creadora de condenar cierta conducta socialmente censurable, o por analogía, determinar su ilegalidad. Pueblo v. Ríos Dávila, res. el 30 de junio de 1997, 143 D.P.R. ___(1997).

Así pues, a tenor con el principio de legalidad, es forzoso concluir que el delito de imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor, no constituye uno de los delitos exceptuados en la Ley de Sentencias Suspendidas de 1946.

V

En el presente caso Bonilla Vázquez hizo alegación de culpabilidad por el delito de imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor (Art.87), el cual fue cometido por el acusado mientras éste se encontraba en estado de embriaguez. Conforme al ordenamiento jurídico vigente este delito no es uno de los excluidos en la Ley de Sentencias Suspendidas. Por tanto, no erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia en virtud de la cual, luego de analizar el correspondiente Informe Pre-Sentencia, el juez le concedió el beneficio de la sentencia suspendida por un periodo de seis (6) años. No encontramos razones para concluir que el foro de instancia abusó de su discreción.

La conclusión a la que llegamos es la que se impone a la luz de nuestro ordenamiento vigente y como imperativo del principio de legalidad. No nos encontramos ante una disposición que requiera interpretación, pues la disposición en cuestión es palmaria en su redacción. No nos permite interpretación alguna que no sea la de su sentido literal. Pueblo v Martínez Yanzanis, supra.

Resulta forzoso concluir, que en ausencia de pronunciamiento en contrario de la Asamblea Legislativa, el convicto por el Art. 87 del Código Penal que al momento de los hechos estuviera en estado de embriaguez se le puede conceder el beneficio de la sentencia suspendida por no ser aquel uno de los delitos expresamente excluidos en la Ley de Sentencias Suspendidas. Por las razones esbozadas anteriormente, confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Federico Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 3 de junio de 1999.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integral de la presente, se confirma la sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones que determinó que a un convicto del Art. 87 del Código Penal puede ofrecérsele el beneficio de una sentencia suspendida.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Negrón García no interviene. Los Jueces Asociados señor Rebollo López y señor Fuster Berlingeri no intervinieron.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

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