Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P.R. del año 2001
2001
DTS 121 ROSARIO V. HOSPITAL GENERAL MONONITA 2001TSPR121
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO
RICO
María Rosario Bermúdez, et al.
Demandantes
v.
Hospital General Menonita, Inc.,
et al.
Peticionario
v.
Dr. Héctor Santos Rivera, et al.
Demandados de Coparte-
Recurridos-Terceros Ddos.
Certiorari
2001
TSPR 121
154 DPR
____
Número
del Caso: CC-2000-368
Fecha:
28/agosto/2001
Tribunal
de Circuito de Apelaciones:Circuito Regional VI
Juez
Ponente: Hon.
Carmen Ana Pesante Martínez
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. José R. Martínez Ramos
Abogada
del Dr. José L. Ortiz Cruz: Lcda.
Gilda del C. Cruz Martinó
Abogado
del Dr. Héctor Santos Rivera:Lcdo. Anselmo Irizarry Irizarry
Abogado
del Dr. Carlos Vergara: Bufete
Vivas & Vivas
Materia: Daños y Perjuicios, Jurisdicción y Negligencia Médica (Mal
practice)
ADVERTENCIA
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Opinión del Tribunal emitida
por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RÍO
San Juan, Puerto Rico, a
28 de agosto de 2001.
En el
presente caso, el Hospital General Menonita, Inc. (Hospital) acude ante nos
impugnando una sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones (TCA) que
confirmó la dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimando una
demanda contra coparte contra el Dr. Héctor Santos Rivera (Dr. Santos) y el Dr.
José L. Ortiz Cruz (Dr. Ortiz). Por carecer de jurisdicción, no entramos a
evaluar la juridicidad y corrección de los argumentos esgrimidos por el
Hospital.
I
Tras
serle practicada una intervención quirúrgica debido al fuerte dolor abdominal
que sufría, el señor Aramis Cruz Castro (Sr. Cruz) desarrolló el síndrome de
disfunción múltiple de órganos, muriendo –el 30 de mayo de 1994- a causa de un
fallo respiratorio y peritonitis secundaria a perforación intestinal. A raíz de
ello, el 16 de febrero de 1995, los demandantes[1]
incoaron una acción en daños y perjuicios contra el Hospital y el Dr. Carlos
Vergara (Dr. Vergara), la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por
éste y su esposa, y sus respectivas aseguradoras. Adujeron, en síntesis, que el
Sr. Cruz falleció debido a la negligencia en el tratamiento médico provisto por
los demandados.
Así
las cosas, el 6 de junio de 1995, el Dr. Vergara y la sociedad legal de bienes
gananciales compuesta por él y su esposa contestaron la demanda; mientras que
el Hospital hizo lo propio el 25 de octubre de 1995.
El 5
de febrero de 1996 el Dr. Vergara y la sociedad legal de bienes gananciales
compuesta por él y su esposa instaron demanda contra terceros contra el Dr.
Ortiz y el Dr. Santos, sus respectivas esposas, las sociedades legales de
bienes gananciales compuestas por los primeros y las segundas, y Seguros Triple
S, aseguradora de ambos.[2]
Posteriormente, el 20 de febrero de 1996, enmendaron la demanda contra terceros
a los fines de incluir a la Dra. Eurgilia O. Ovalles (Dra. Ovalles), la
sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ésta y su esposo, y su
compañía aseguradora.
Luego
de casi tres (3) meses, el 19 de abril de 1996, los terceros codemandados Dr.
Santos –por sí y representando a la sociedad legal de bienes gananciales- y
Seguros Triple S –por la póliza suscrita a favor del primero- contestaron la
demanda contra tercero y, a su vez, reconvinieron contra el Dr. Vergara y su
esposa. El 23 de abril de 1996 el Dr. Ortiz, su esposa y la sociedad legal de
bienes gananciales por ellos compuesta contestaron la demanda contra tercero incoada
en su contra. Así también, el 2 de mayo de 1996, la Dra. Ovalles –por sí y en
representación de la sociedad legal de bienes gananciales- contestó la demanda
contra tercero y, al mismo tiempo, reconvino contra el Dr. Vergara, la sociedad
legal de bienes gananciales compuesta por él y su esposa, y su compañía de
seguros.
El 10
de mayo de 1996 el Dr. Vergara y la sociedad legal de bienes gananciales
compuesta por él y su esposa replicaron tanto a la reconvención del Dr. Santos
como a la de la Dra. Ovalles. Por otra parte, el 13 de mayo de 1996, Seguros
Triple S, como aseguradora de la Dra. Ovalles, contestó la demanda contra
terceros y, además, reconvino.
Tiempo
después, la Dra. Ovalles –por sí y representando la sociedad legal de bienes
gananciales- y Seguros Triple S sometieron Moción Solicitando Sentencia
Sumaria. Así pues, transcurrido un período sin que el Dr. Vergara se
opusiera, el 8 de octubre de 1996, el TPI dictó sentencia sumaria parcial
declarando con lugar dicha moción y desestimando la demanda contra terceros.
Posteriormente, el 8 de noviembre de 1996, el TPI, a solicitud de los
promoventes, emitió sentencia sumaria parcial enmendada con el propósito de
cumplir con los requisitos de la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.
Ap. III.[3]
El 22
de noviembre de 1996 el Dr. Carlos Vergara y la sociedad legal de bienes
gananciales compuesta por él y su esposa presentaron Moción de Desistimiento
con Perjuicio solicitando la desestimación de la demanda por ellos incoada
contra el Dr. Ortiz, su esposa y la sociedad legal de bienes gananciales
compuesta por ambos.
El 3
de diciembre de 1996 el Hospital instó demanda contra coparte contra el Dr.
Vergara, el Dr. Santos, el Dr. Ortiz, y las respectivas sociedades legales de
bienes gananciales. En vista de ello, el 12 de diciembre de 1996, el Dr. Ortiz,
su esposa y la sociedad legal de bienes gananciales contestaron la demanda
contra coparte. De igual forma, el 16 de diciembre de 1996, el Dr. Carlos
Vergara y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por él y su esposa
hicieron lo propio. Ese mismo día, la esposa del Dr. Santos –por sí y en
representación de la sociedad legal de bienes gananciales- contestó la demanda
y, a su vez, reconvino.[4]
Posteriormente, el 21 de enero de 1997, el Hospital replicó la reconvención
interpuesta.
Luego
de varios trámites procesales y la celebración del juicio en su fondo, el TPI
dictó sentencia el 16 de diciembre de 1997, archivada en autos copia de su
notificación el 18 de diciembre de 1997. En lo pertinente, declaró con lugar la
demanda incoada por los demandantes contra el Dr. Vergara y el Hospital;[5]
desestimó –bajo la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, supra,[6]
la demanda contra coparte presentada por el Hospital contra el Dr. Ortiz y su
compañía de seguros. Desestimó, además, las demandadas contra el Dr. Santos y
su aseguradora entablada por el Dr. Vergara (demanda contra tercero) y por el
Hospital (demanda contra coparte).
Así
las cosas, el 29 de diciembre de 1997 el Hospital presentó Moción
Solicitando Determinaciones Adicionales de Hechos,[7]
la cual el TPI denegó, mediante resolución de 8 de enero, notificada el 9 de
enero y puesta en el correo el 13 de enero de 1998. El 20 de enero de 1998 el
Dr. Vergara y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por él y su
esposa presentaron Moción de Reconsideración, posteriormente denegada
por el TPI.
Inconforme,
el 6 de febrero de 1998, el Hospital acudió, vía apelación, ante el TCA
solicitando la revocación de la referida sentencia. Por otra parte, el 9 de
febrero de 1998 el Dr. Vergara hizo lo propio.
En el
ínterin, luego de varios trámites procesales relacionados con el
perfeccionamiento de su recurso, el Hospital y los demandantes transigieron las
reclamaciones por la suma de $850,000.00. Sobre el particular, cabe señalar que
el 12 de enero de 1999 el TPI emitió una resolución impartiéndole su aprobación
a la transacción, lo cual era necesario puesto había una menor envuelta.[8]
El
TCA, mediante sentencia de 16 de febrero y archivada en autos el 24 de febrero
de 2000, confirmó la sentencia recurrida en su totalidad. Oportunamente, el
Hospital solicitó reconsideración, la cual el foro apelativo intermedio denegó
mediante resolución de 14 de marzo de 2000, notificada el 24 de marzo de 2000.
De
dicha sentencia, el 24 de abril de 2000,[9]
el Hospital recurre ante nos, vía certiorari, imputándole al TCA la
comisión de los siguientes errores:
A.
Incidió el Tribunal de Apelaciones al confirmar la decisión
de instancia que desestimó las reclamaciones del Hospital en contra del Dr.
Santos y el Dr. Ortiz.
B.
Incidió el Tribunal de Apelaciones al confirmar la desición
[sic] de instancia imponiendole [sic] honorarios de abogado al Hospital a
través del Dr. Santos y del Dr. Ortiz.
Mediante
resolución de 29 de septiembre de 2000 expedimos el recurso. No obstante,
debemos atender en primer lugar la Solicitud de Desestimación que
presentó el Dr. Ortiz, en la que cuestiona la jurisdicción de este Tribunal.
II
El
Dr. Ortiz, en síntesis, sostiene que procede la desestimación del recurso ya
que, como el Hospital, peticionario ante nos, no notificó su escrito de certiorari
a los demandantes, carecemos de jurisdicción. Funda su contención en que, pese
a la transacción habida entre el peticionario y los demandantes, éstos continuaban
siendo partes ya que ninguno de los tribunales inferiores dictó sentencia o
resolución alguna disponiendo que quedarían fuera del pleito. Le asiste la
razón. Veamos.
La
Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III (Supl. 2000) dispone:
[c]uando
un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante demanda,
reconvención, demanda contra coparte o demanda contra terceros o figuren en él
partes múltiples [,] el tribunal podrá dictar sentencia fmal [sic] en cuanto a
una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del
pleito, siempre que concluya expresamente que no existe razón para posponer
dictar sentencia sobre tales reclamaciones o partes hasta la resolución total
del pleito, y siempre que ordene expresamente que se registre sentencia.
Cuando
se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia parcial dictada
será final para todos los fines en cuanto a la controversia en ella adjudicada,
y una vez registrada y se archive en autos copia de su notificación, comenzarán
a correr en lo que [a] ella respecta los términos dispuestos en las Reglas 47,
48 y 53.
En
ausencia de la referida conclusión y orden expresa, cualquier orden o cualquier
otra forma de decisión, ni [sic] importa cómo se denomine, que adjudique menos
del total de las reclamaciones o los derechos y obligaciones de menos del total
de las partes, no terminará el pleito con respecto a ninguna de las
reclamaciones o partes y la orden u otra forma de decisión estará sujeta a
reconsideración por el tribunal que la dicte en cualquier momento antes de
registrarse sentencia adjudicando todas las reclamaciones y los derechos y
obligaciones de las partes. (Bastardillas, énfasis y
subrayado nuestros.)[10]
Conforme
a lo anterior, un tribunal posee –dentro de un pleito que incluye múltiples
reclamaciones o varias partes- la facultad para emitir una sentencia final sin
disponer de –o adjudicar- la totalidad del caso. Para ello, es menester que el
tribunal expresamente: (1) concluya que no existe razón para postergar dictar
sentencia sobre la reclamación o la parte; y (2) ordene el registro de la
sentencia. Medio Mundo, Inc. v. Amparo y otros, res. el 8 de junio de
2001, 2000 TSPR 85, 154 D.P.R. ___ (2001), 2001 JTS 88; pág. 1387; Ramos de
Szendrey y otros v. Colón Figueroa y otros, res. el 6 de marzo de 2001,
2001 TSPR 29, 153 D.P.R. ___ (2001), 2001 JTS 33, pág. 958; U.S. Fire Ins.
v. A.E.E., res. el 13 de septiembre de 2000, 2000 TSPR 133, 151 D.P.R. ___
(2000), 2000 JTS 146, pág. 92.
Así
pues, tratándose de una sentencia final –aunque parcial-, tan pronto es
archivada en autos copia de su notificación, comienzan su decurso los términos
preceptuados en las Reglas de Procedimiento Civil, supra, para la
presentación de mociones y recursos post-sentencia. Medio Mundo, Inc. v.
Amparo y otros, supra, pág. 1388; U.S. Fire Ins. v. A.E.E., supra.
Véase, Ramos de Szendrey y otros v. Colón Figueroa y otros, supra; Juliá
Padró, et al. v. Epifanio Vidal y otros, res. el 14 de febrero de 2001,
2001 TSPR 15, 153 D.P.R. ___ (2001), 2001 JTS 18, págs. 845-846.
Por
el contrario, del tribunal no cumplir ambos requisitos –concluir explícitamente
que no hay razón por la cual posponer dictar sentencia sobre la reclamación o
la parte y ordenar expresamente el archivo de la sentencia-, el dictamen
emitido constituye una resolución interlocutoria. Ramos de Szendrey y otros
v. Colón Figueroa y otros, supra; U.S. Fire Ins. v. A.E.E., supra,
pág. 93; Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., supra, pág.
42. Siendo una resolución interlocutoria -de conformidad con el Art. 4.002(f)
de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, según enmendada, 4 L.P.R.A.
sec. 22k(f) (Supl. 2000); la Regla 53.1(e)(1) de Procedimiento Civil, supra;
y la Regla 32(D) del Reglamento del TCA, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A- la misma es
revisable por el TCA, mediante recurso de certiorari presentado dentro
del término de cumplimiento estricto de treinta (30) días. Véase, U.S. Fire Ins. v. A.E.E., supra. Puesto
que no se trata de una sentencia final, la presentación de una moción de
determinaciones de hechos adicionales, Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra,
no tiene efecto interruptor alguno en el plazo para acudir en alzada. U.S.
Fire Ins. v. A.E.E., supra; De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R.,
res. el 29 de junio de 1998, 98 TSPR 84, 145 D.P.R. ___ (1998), 98 JTS 86, pág.
1261.
Sobre
el particular, cabe señalar que tanto el término para acudir en alzada de una
resolución interlocutoria como de una sentencia final no comienza a transcurrir
si el tribunal deja de notificar dicho dictamen a alguna de las partes. Medio
Mundo, Inc. v. Amparo y otros, supra; Rodríguez Mora v. García Lloréns,
res. el 17 de diciembre de 1998, 98 TSPR 169, 147 D.P.R. ___ (1998), 98 JTS
152, pág. 354.
Valga
aclarar “que una parte en un pleito ‘cesa’ como tal y ‘sale’ del mismo” cuando
el tribunal dicta una sentencia final y ésta adviene firme; mientras ello no
ocurra dicha parte continuará en el pleito principal. Cárdenas Maxán v.
Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 653 (1987). Esto implica que si el tribunal no
observa los requisitos esbozados por la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, supra,
al emitir un dictamen disponiendo sobre una parte en un procedimiento que
envuelve múltiples partes, dicha parte seguirá siendo parte de pleito.
III
En el
caso de autos, el 8 de noviembre de 1996, el TPI dictó sentencia sumaria
parcial disponiendo de la demanda contra terceros presentada por el Dr. Vergara
y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por él y su esposa contra
la Dra. Ovalles, la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ésta y
su esposo, y su compañía de seguros. Puesto que dicho dictamen cumplió con los
requisitos de la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, supra, tal
reclamación quedó desestimada. No obstante, advertimos que la reconvención
entablada por los últimos contra los primeros continuó vigente. Véase, O.
Parés, Inc. v. Galán, 98 D.P.R. 772 (1970). En vista de ello, la Dra.
Ovalles, la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ella y su
esposo, y su aseguradora continuaban siendo partes en el pleito.
Así
las cosas, el 16 de diciembre de 1997, el TPI emitió un dictamen disponiendo de
múltiples reclamaciones habidas en el pleito. Aparentemente, dicho foro
entendió que dictó una sentencia final adjudicando todas las reclamaciones
pendientes y todos los derechos y obligaciones de las partes. Erró. Veamos.
En su
dictamen, el TPI declaró con lugar la demanda principal y desestimó otras, a
saber: (1) la demanda contra coparte presentada por el Hospital contra el Dr.
Ortiz y su aseguradora; (2) la demanda contra coparte incoada por el Hospital
contra el Dr. Santos y su aseguradora; y (3) la demanda contra tercero
entablada por el Dr. Vergara contra el Dr. Santos y su aseguradora. Sin
embargo, el TPI no se percató que continuaban vigentes la demanda contra
coparte instada por el Hospital contra el Dr. Vergara y la sociedad legal de
bienes gananciales compuesta por él y su esposa; la reconvención iniciada por
el Dr. Santos –por sí y en representación de la sociedad legal de bienes
gananciales compuesta por él y su esposa- y Seguros Triple S contra el Dr.
Vergara y su esposa; la reconvención presentada por la esposa del Dr. Santos
–por sí y en representación de la sociedad legal de bienes gananciales- contra
el Hospital; la reconvención incoada por la Dra. Ovalles, la sociedad legal de
bienes gananciales compuesta por ella y su esposo, y su aseguradora contra el
Dr. Vergara, la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por él y su
esposa, y su compañía de seguros. De otro lado, el TPI no advirtió que en
algunas de las reclamaciones desestimadas había más de una parte, a manera de
ejemplo, la sociedad legal de bienes gananciales. En vista de ello, el dictamen
emitido por el TPI constituía una resolución interlocutoria revisable por el
TCA, mediante la interposición de un recurso de certiorari dentro del
plazo dispuesto.
Así
pues, la Dra. Ovalles, la sociedad legal de gananciales compuesta por ésta y su
esposo continuaban siendo partes en el pleito. No obstante, el TPI entendió,
aparentemente, que éstos no eran partes y no les notificó la referida
resolución, teniendo como efecto que los recursos presentados ante el TCA
fueran prematuros.[11]
Ello, a nuestro juicio, creó confusión entre los abogados puesto que ni el Dr.
Vergara ni el Hospital notificaron sus respectivos escritos a dichas partes, en
abierta contravención a la Regla 33(B) del Reglamento del TCA, 4 L.P.R.A. Ap.
XXII-A (Supl. 2000).[12]
El TCA debió desestimar los recursos por falta de jurisdicción. Erró al no
hacerlo así.
Luego
de que el TCA entrara en los méritos del recurso y emitiera un dictamen, el
Hospital, oportunamente, recurrió ante nos. Sin embargo, el Hospital arrastró
el mismo error –la falta de notificación a la Dra. Ovalles y las partes
relacionadas- y, además, no le notificó a los demandantes. Éstos, pese a
transigir el pleito, continuaban siendo partes ya que el TPI no había dictado
una sentencia final. Sobre el particular, la Regla 20(d) de nuestro Reglamento
requiere que el peticionario notifique su recurso de certiorari “a todas
las demás partes en la forma prescrita en la Regla 39 de este apéndice.” 4
L.P.R.A. Ap. XXI-A. Dicha regla, en lo pertinente, establece que tal
notificación tiene que hacerse dentro del plazo jurisdiccional o de
cumplimiento estricto, según el caso. En vista de que el Hospital no notificó
su recurso a dichas partes, carecemos de jurisdicción para entrar en los
méritos del caso.
Por
los fundamentos antes expuestos, se dicta sentencia revocando la emitida por el
Tribunal de Circuito de Apelaciones el 16 de febrero de 2000, por carecer dicho
foro de jurisdicción y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de Guayama, para que conforme
a lo aquí dispuesto adjudique mediante sentencia todas las reclamaciones,
los derechos y obligaciones de todas las partes en el pleito.
Se dictará sentencia de conformidad.
BALTASAR
CORRADA DEL RÍO
Juez
Asociado
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 28 de
agosto de 2001.
Por los fundamentos
expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de
la presente, se dicta sentencia revocando la emitida por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones el 16 de febrero de 2000, por carecer dicho foro de
jurisdicción y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de Guayama, para que conforme
a lo aquí dispuesto adjudique mediante sentencia todas las
reclamaciones, los derechos y obligaciones de todas las partes en el pleito.
Lo pronunció, manda el
Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente
señor Andréu García y el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no
intervinieron. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón está inhibida.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo