Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P.R. del año 2001
2001 DTS 129 ALFONO BRU V. TRANE EXPORT,
INC. 2001TSPR129
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO
RICO
Arturo M. Alfonso Brú
Recurrido
v.
Trane Export, Inc.
Peticionaria
Certiorari
2001
TSPR 129
154 DPR
____
Número
del Caso: CC-2000-929
Fecha:
20/septiembre/2001
Tribunal
de Circuito de Apelaciones: Circuito
Regional II
Juez
Ponente: Hon.
Zaida Hernández Torres
Abogados
de la Parte Peticionaria: Lcdo.
Radamés A. Torruella
Lcda.
Maggie Correa Avilés
Lcda.
Katherine González Valentín
Abogado
de la Parte Recurrida: Lcdo.
Miguel A. Maza
Materia: Procedimiento civil, Regla 23.2, Limites del Descubrimiento
de Prueba, Reclamación de Indemnización por Despido
ADVERTENCIA
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correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones
del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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Opinión del Tribunal emitida
por la Juez Asociada señora NAVEIRA DE RODÓN
San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2001
I
En 1964, el Sr. Arturo M. Alfonso Brú (en
adelante Sr. Alfonso o recurrido), comenzó a trabajar para la empresa Trane
Company o “Jacques Dreyfuss of P.R.”. Para
el año 1974, Trane nombró al Sr. Alfonso Gerente de Oficina para el área del
Caribe. Posteriormente Trane Company
cambió su nombre a Trane Export, Inc. (en adelante Trane).[1]
Según
se alega en la querella, el Sr. Alfonso no tenía un ingreso fijo
determinado. El recurrido era
compensado con un salario básico, más (a) el 100% de las ganancias netas de
todas las comisiones recibidas por ventas en la oficina de San Juan, después de
haberse pagado los gastos operacionales y (b) el 30% de la ganancia neta antes
de los impuestos de las ganancias que producían los departamentos de piezas,
servicios y controles automáticos. En
1980, esta fórmula fue modificada de manera que el 30% de ganancia devengada de
los departamentos de precios, servicios y controles automáticos se mantenía
hasta alcanzar la meta de ganancia presupuestada, y el exceso de ganancias
sobre esa meta se dividía en un 70% para el Sr. Alfonso y un 30% para Trane.
A partir del año 1990, Trane implantó un
nuevo sistema de precios para Puerto Rico, del cual se le envió una copia
revisada al Sr. Alfonso. Posteriormente,
durante el año 1993, hubo varias reuniones entre los oficiales de Trane y el
Sr. Alfonso en referencia a cambios y reestructuración del sistema mediante el
cual se había estado compensado al recurrido hasta ese entonces. Estas conversaciones culminaron en un nuevo
contrato de empleo que no llenó las expectativas del Sr. Alfonso. Finalmente, el 12 de enero de 1994, el
recurrido cesó sus labores con Trane.[2]
El 24 de diciembre de 1996, el Sr.
Alfonso presentó una querella contra su patrono y aquí peticionario, alegando
despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. §
185, et seq., y discrimen por edad y origen nacional en violación a la Ley Núm.
100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. § 146, et seq. La querella se presentó al amparo del
procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32
L.P.R.A. § 3118 et seq (en adelante Ley 2).
El Sr. Alfonso reclamó beneficios por salarios dejados de percibir en la
cantidad de $ 2,400,000.00. Trane
contestó la querella el 27 de febrero de 1997, negando la mayor parte de las
alegaciones hechas por el Sr. Alfonso.
Aunque esta querella se presentó al amparo
del procedimiento sumario de la Ley 2, que como se sabe, establece unos
términos expeditos para la tramitación de las reclamaciones labores,[3] la peticionaria Trane compareció al
tribunal por primera vez mediante contestación a la querella, el día 27 de
febrero de 1997, o sea, a más de dos (2) meses de haberse presentado
la reclamación ante el tribunal de instancia. No surge del expediente que Trane hubiese solicitado prórroga
alguna para contestar la querella. Tampoco
surge del expediente que el Sr. Alfonso haya solicitado que se anotara la
rebeldía por esta aparente comparecencia inoportuna de Trane, ni que el
tribunal motu proprio hubiese dictado una orden a esos efectos.
Así las cosas, una vez trabada la
controversia, ambas partes se involucraron en un complicado descubrimiento de
prueba, consistente mayormente en interrogatorios, producción de documentos y
deposiciones.[4] Finalmente,
las partes se reunieron el 28 de octubre de 1999 en conferencia con antelación
al juicio.
Luego de la conferencia, en una reunión
con la juez a cargo del caso Hon. Jeannette Tomasini Gómez, para auscultar la
posibilidad de una transacción, salió a relucir el hecho de que el Sr. Alfonso
había reportado en sus planillas de contribución sobre ingresos para los años
en controversia, un ingreso mucho menor al reclamado en la querella en concepto
de salarios. El Sr. Alfonso explicó que
había sido objeto de una investigación por parte del Departamento de Hacienda
(en adelante Hacienda), y que ese proceso culminó con la radicación de
planillas de contribuciones sobre ingresos enmendadas para los años 1989 al
1994. El tribunal de instancia entonces
emitió una orden verbal para que el querellante produjera, en un término de
diez (10) días, copia de dichas planillas enmendadas para los años 1989 a 1994,
y documentos relacionados con los cambios o enmiendas a dichas planillas,
inclusive los relacionados a los acuerdos habidos entre el Sr. Alfonso y
Hacienda. En ese momento, el Sr.
Alfonso no se opuso a la orden.
De la minuta de dicha reunión
surge no obstante, que el Sr. Alfonso produjo en evidencia algunos documentos,
incluyendo copia de las notificaciones de deficiencia contributiva hechas por
Hacienda para los años 1988 al 1990, y copia del documento donde constaban los
ingresos que el recurrido acordó con Hacienda.
Estos documentos pusieron de manifiesto que los ingresos reportados por
el Sr. Alfonso “se[guían] siendo mucho más bajos que lo que se alega en la
demanda.”[5]
Así las cosas, la querellada le
solicitó al Sr. Alfonso, mediante carta de 23 de noviembre de 1999, que
produjera varios documentos, incluyendo:
a.
Notificaciones
de deficiencia del Departamento de Hacienda y/o cualquier documento preliminar
para los años 1988 al 1994, según aplique, y documentos de los que surjan los
conceptos para las deficiencias notificadas por el Departamento de Hacienda.
b.
Documentos
relacionados con apelaciones instadas por el querellante.
c.
Documentos
relacionados con cualquier auditoria realizada por un oficial del Departamento
de Hacienda para los años en cuestión.
d.
Documentos
relacionados con vistas administrativas o de otra índole celebradas como
resultado de la auditoria de los ingresos reportados por el querellante y/o
recursos de apelación instados por el querellante.
Durante los días 29 de noviembre y 1 de
diciembre de 1999 se le tomó una deposición al Sr. Alfonso. Ese día, al parecer, el querellante produjo
sólo algunos de los documentos solicitados.
De su testimonio surgió que en una vista administrativa en apelación
ante Hacienda, el Sr. Alfonso argumentó y convenció al foro
administrativo de que alrededor de $100,000 por año reportados por él en sus
planillas eran pérdidas no tributables, y no ingresos tributables.[6]
Así
las cosas, no habiendo recibido Trane todos los documentos solicitados, y ante
las alegaciones inconsistentes del Sr. Alfonso con relación a sus ingresos, el
30 de noviembre de 1999, Trane envió al Sr. Alfonso un formulario de
autorización para que éste permitiera a Trane obtener los documentos
solicitados directamente de Hacienda. El
Sr. Alfonso no contestó dicha comunicación, y el 15 de diciembre de 1999, Trane
presentó ante el tribunal de instancia una “Moción para que se ordene descubrir
lo solicitado”, en la cual solicitó que el tribunal emitiera una orden para
descubrir todos los documentos relacionados con el expediente del Sr. Alfonso
en Hacienda para los años 1980-1994, o, en la alternativa, que el Sr. Alfonso
proveyese una autorización para solicitar los documentos directamente a
Hacienda. Trane reprodujo dicha moción
ante el foro de instancia el 25 de enero de 2000, y solicitó el expediente
relacionado a la investigación en Hacienda, con la correspondiente autorización
para obtener la transcripción de la vista administrativa ante dicha agencia, y
el expediente de la auditoria realizada por Hacienda al Sr. Alfonso para los
años 1980-1987 y 1987 a 1994, conjuntamente con las planillas de contribución
sobre ingresos del Sr. Alfonso para los años 1980 a 1987.
El
26 de enero de 2000 el tribunal de instancia le ordenó al Sr. Alfonso someter
autorización para obtener los documentos que obraban en el expediente de
Hacienda dentro del término de dos (2) días, so pena de sanciones económicas. Esta orden fue notificada por teléfono el 27
de enero, y posteriormente notificada por escrito, el 9 de febrero de 2000.
El
Sr. Alfonso no cumplió con la orden telefónica del tribunal de instancia, por
lo que el 2 de febrero de 2000 Trane presentó una moción solicitando que se
eliminaran de la querella las alegaciones de índole económica. El 4 de febrero de 2000, en Sr. Alfonso
presentó una “Moción de reconsideración y ratificando solicitud de orden
protectora”, en la cual solicitó reconsideración de la orden requiriéndole que
autorizara a Trane a obtener documentos del Departamento de Hacienda, y
solicitó además, que el tribunal emitiera una orden protectora para evitar un
descubrimiento de prueba irrelevante y opresivo por parte de Trane.
El
tribunal de instancia no atendió la reconsideración, por lo que el 24 de
febrero de 2000 el Sr. Alfonso presentó una moción en auxilio de jurisdicción y
solicitud de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en
adelante Tribunal de Circuito). El foro
apelativo dictó una resolución el 31 de mayo de 2000, en la cual revocó la
orden del tribunal de instancia que ordenaba al Sr. Alfonso descubrir lo
solicitado o autorizar a Trane a obtener la información directamente de
Hacienda. Concluyó el Tribunal de
Circuito que el requerimiento de Trane era excesivo e irrelevante a tenor con
la Regla 23 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y estaba en contra de
las limitaciones al descubrimiento de prueba que establece la Ley 2.
Declarada
sin lugar la moción de reconsideración presentada por Trane, ésta recurrió ante
nos mediante certiorari de 6 de noviembre de 2000. Alegó esencialmente que el Tribunal de Circuito erró al calificar
el descubrimiento solicitado como opresivo por ser la información requerida una
solicitud excesiva. El 14 de diciembre
de 2000 expedimos el recurso. Ambas
partes han presentado sus alegatos y con el beneficio de sus argumentos
resolvemos.
II
Impera en nuestro sistema judicial un
esquema de descubrimiento de prueba extrajudicial que fomenta una mayor
flexibilidad y cooperación entre las partes.[7] El
descubrimiento de prueba es “la médula del esfuerzo de destruir de una vez y
para siempre la deportiva teoría de la justicia”. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 743
(1986) (citas omitidas). Un sistema
liberal de descubrimiento de prueba antes del juicio facilita la tramitación de
los pleitos y evita inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando
las partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos que en
realidad son objeto del litigio. Sierra
v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959).
La
Regla 23 de Procedimiento Civil regula el descubrimiento prueba en la
litigación civil. Sólo hay dos
limitaciones fundamentales al descubrimiento: (1) no puede descubrirse materia
privilegiada, según los privilegios que se reconocen en las Reglas de Evidencia,
y (2) la materia a descubrirse tiene que ser pertinente al asunto en
controversia.[8] Como
regla general, el concepto de pertinencia para propósitos del descubrimiento de
prueba, aunque impreciso, debe ser interpretado en términos amplios. General Electric v. Concessionaries,
Inc., 118 D.P.R. 32, 40 (1986). Así, para que una materia pueda ser objeto
de descubrimiento, basta con que exista una posibilidad razonable de relación
con el asunto en controversia. Rodríguez
v. Scotiabank de P.R., 113 D.P.R. 210, 212 (1982).
No
obstante esto, hemos establecido que el descubrimiento de prueba no es
ilimitado. General Electric, supra. El tribunal puede limitar el alcance y los
mecanismos de descubrimiento de prueba a utilizarse, siempre que con ello se
adelante la solución de controversias de forma rápida, justa y económica. Las reglas establecen el mecanismo de la
orden protectora, con el propósito de proteger a la parte o persona con
relación a la cual se utiliza el descubrimiento de “hostigamiento, perturbación
u opresión, así como cualquier gasto o molestia indebida”.[9]
En
el contexto del descubrimiento de prueba en relación con información económica,
hemos resuelto que, como regla general, no procede este tipo de descubrimiento
contra los demandados en casos de daños y perjuicios, y tampoco cuando la razón
del descubrimiento es revelar la capacidad económica de un deudor para
satisfacer la sentencia que en su día pueda recaer contra éste. Por último, cuando la condición económica de
la parte no es un elemento de la reclamación, tampoco procede ese tipo de
descubrimiento. General Electric
v Concessionaries, supra, págs. 40-42.
En cuanto a la información económica
contenida en la planilla de contribución sobre ingresos, hemos determinado que,
aunque ésta no constituye materia privilegiada, tampoco está sujeta a
descubrimiento indiscriminado, sino que sólo debe hacerse disponible la
información pertinente. Rodríguez
v. Scotiabank de P.R., supra, pág. 216. El promovente de la requisición de planillas de contribución
sobre ingresos tiene el peso de demostrar la pertinencia y necesidad de tal
descubrimiento.[10]
En el contexto específico de las
reclamaciones laborales instadas bajo la Ley 2, el descubrimiento de prueba
permitido está limitado por disposición específica de la Ley, que a estos
efectos dispone lo siguiente:
...[E]n relación con los medios de descubrimientos de prueba anteriores al juicio autorizados por las Reglas de Procedimiento Civil, la parte querellada no podrá usarlos para obtener información que debe figurar en las constancias, nóminas, jornales, y demás récords que los patronos vienen obligados a conservar...; y que ninguna de las partes podrá someter más de un interrogatorio o deposición ni podrá tomar una deposición a la otra parte después que le haya sometido un interrogatorio, ni someterle un interrogatorio después que le haya tomado una deposición, excepto que medien circunstancias excepcionales que a juicio del tribunal justifiquen la concesión de otro interrogatorio u otra deposición. No se permitirá la toma de deposición a los testigos sin la autorización del tribunal, previa determinación de la necesidad de utilizar dicho procedimiento. 32 L.P.R.A. § 3120.
Así pues, el descubrimiento de prueba en pleitos instados bajo la Ley 2
está estrictamente limitado, ya que “el legislador pretendió asegurar que
mediante ningún mecanismo pudiera desvirtuarse el carácter sumario y de rápida
resolución que impregna todo el procedimiento provisto en la Ley”. Dávila v. Antilles Shipping, Inc.,
Op. de 12 de febrero de 1999, 99 JTS 10, 538.
De acuerdo a estos principios hemos
resuelto que debe limitarse el descubrimiento por parte del patrono
cuando éste tenga en sus propios récords toda la información requerida de los
obreros, o podían adquirirla fácilmente mediante una investigación adecuada de
un pequeño número de empleados. Sierra
v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 563.
No obstante, estas limitaciones al
descubrimiento de prueba no son aplicables automáticamente a todos los casos
bajo la Ley 2. Por ejemplo, hemos
resuelto que “[c]uando existe una controversia bona fide sobre si los
demandados han sido o no empleados de la demandada [patrono], y ésta, por creer
que no lo han sido, no lleva constancias, nóminas, listas de jornales y demás
récords que los patronos vienen obligados a conservar... no puede aplicarse la
disposición de la Ley que prohíbe a los patronos solicitar información,
mediante interrogatorio, que ellos deben llevar y tener en su poder”. Dorado Beach Corp. v. Tribunal
Superior, 92 D.P.R. 610, 618 (1965).
A la
luz de estos principios procedemos a analizar el caso de marras.
III
La controversia que desembocó en este
recurso es sencilla: el recurrido, Sr. Alfonso, reclama de su patrono, Trane
Export, una compensación en salarios dejados de percibir que sobrepasa los dos
(2) millones de dólares. Para llegar a
este cálculo el Sr. Alfonso reclamó tener un ingreso anual que resulta ser
mucho mayor al informado al Departamento de Hacienda en sus planillas de
contribución sobre ingresos. Esta
discrepancia se sostiene aún después del Sr. Alfonso someter e inclusive,
producir en evidencia para los efectos de este litigio, copia del documento
donde constaban los ingresos que el recurrido acordó con Hacienda. Es por esta razón que Trane solicitó
descubrir los demás documentos relacionados con la investigación llevada a cabo
por Hacienda. El Tribunal de Circuito
consideró que dicho descubrimiento era excesivo de acuerdo a la Regla 23.2 de
Procedimiento Civil, y por haberse instado el caso bajo la Ley 2, el
descubrimiento estaba aún más limitado.
Erró el foro apelativo al así resolver.
Una mera lectura del trámite procesal
habido en este caso nos convence de que no estamos ante un procedimiento
sumario bajo la Ley 2. Tanto las partes
como el propio tribunal han tratado este litigio como un procedimiento
ordinario. La querella se presentó en diciembre de 1996, o sea,
hace aproximadamente cinco (5) años. La
naturaleza de la reclamación y las circunstancias del empleo hicieron necesario
un extenso descubrimiento de prueba el cual aún no ha concluido. No cabe duda que la naturaleza de la querella
y el transcurso de un periodo de tiempo tan extenso sin que ni siquiera se haya
terminado el descubrimiento de prueba y celebrado una vista en su fondo hace
absurda la conclusión de que estamos ante un procedimiento sumario al cual le
aplican las limitaciones que establece la Ley 2 al descubrimiento de prueba.
Además, desde los comienzos del caso,
tanto las partes como el tribunal han tramitado este litigio de acuerdo al
procedimiento civil ordinario. Trane
contestó la querella más de dos (2) meses después de haberse presentado ésta
ante el tribunal. Aunque no surge del
expediente la fecha en que la querella fue notificada a Trane, el hecho de que
hayan transcurrido más de sesenta (60) días desde que se presentó la querella
hasta la comparecencia de Trane, sin que conste en el expediente solicitud
alguna de prórroga de parte de Trane, o petición de anotación de rebeldía por
parte del Sr. Alfonso, abonan a la conclusión de que, desde un principio, las
partes no mostraron un interés genuino en que su caso se tramitase bajo el
procedimiento de la Ley 2.
Por último, la petición de
certiorari del Sr. Alfonso ante el Tribunal de Circuito fue presentada el 24
de febrero de 2000. Para esa fecha
ya estaba en vigor, desde el 12 de febrero de 1999, la norma establecida
por este Tribunal en Dávila v. Antilles Shipping, Inc., supra,
de que las decisiones interlocutorias de los tribunales de instancia en casos
que se ventilan bajo la Ley 2 no son revisables mediante certiorari excepto
cuando éstas sean dictadas sin jurisdicción o cuando los fines de la justicia
lo requieran. Así, de haberse
considerado este caso un procedimiento sumario, la determinación del tribunal
de instancia de que procedía el descubrimiento de prueba solicitado por Trane
no era revisable ante el Tribunal de Circuito, salvo una determinación
específica de dicho tribunal de que los fines de la justicia así lo
requerían. El Tribunal de Circuito ni
siquiera consideró esta norma al acoger el recurso presentado por el Sr.
Alfonso, y Trane tampoco alegó que la misma era aplicable al caso de
marras. Por todas estas razones,
consideramos que las limitaciones al descubrimiento de prueba por parte del
patrono que establece la Ley 2 no son de aplicación a este caso, ya que para
todos los efectos, y por su naturaleza, nos enfrentamos a un procedimiento
ordinario.
Pasemos ahora a evaluar el descubrimiento
solicitado por Trane, de acuerdo a las Reglas de Procedimiento Civil
aplicables.
IV
El Tribunal de Circuito consideró que la
información solicitada por Trane constituía un descubrimiento de prueba
opresivo y excesivo de acuerdo a la
Regla 23.2 de Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa. No tiene razón.
Consideramos que el descubrimiento
solicitado por Trane está justificado.
Los trámites habidos en este caso demuestran que existe una controversia
genuina con relación a cuánto ascendían realmente los ingresos del recurrido, o
sea, cuál era su ingreso anual. Esta
determinación es medular al caso, ya que en base a esta cantidad es que se
podrá determinar a cuánto realmente debe ascender la compensación económica, si
alguna, que el Sr. Alfonso tenga derecho a recibir en concepto de salarios
dejados de percibir.
Ante las alegaciones inconsistentes
del recurrido, estimamos que Trane necesita tener acceso a toda la
documentación que sobre este particular consta en los récords de Hacienda, sin
que tal descubrimiento de prueba pueda considerarse excesivo. La transcripción del testimonio del Sr.
Alfonso en la vista en apelación ante Hacienda puede arrojar luz en este caso
sobre lo que el mismo Sr. Alfonso consideraba parte de sus ingresos, además de
ofrecer fundamentos en los cuales Hacienda basó su determinación final de
deficiencia en las planillas del recurrido.
En cuanto a la producción de las planillas para los años 1980 a 1987,
aunque éste no es el periodo para el cual se sometieron planillas enmendadas,
consideramos que es pertinente dicha información, dado a que lo declarado por
el Sr. Alfonso como ingreso durante esos años ayudará a esclarecer, no
solamente el ingreso anterior promedio del recurrido, sino también el
complicado sistema que se utilizaba para determinar la compensación del
recurrido.
El descubrimiento solicitado tampoco
resulta opresivo para el Sr. Alfonso, ni su producción constituye una carga
onerosa para éste. Se trata de
documentos que ya obran en un expediente administrativo, los cuales con una
simple autorización estarán disponibles para que la peticionaria pueda
examinarlos. En cuanto a la invasión a
la intimidad que alega el Sr. Alfonso, consideramos que este planteamiento no
tiene fundamento en los hechos, ya que nuestro ordenamiento provee alternativas
para salvaguardar información confidencial que surja de dichos documentos,
tales como la producción o examen en cámara o sobre lacrado y sujeto a manejo
confidencial del expediente de Hacienda sobre la investigación, la vista en
apelación y documentos relacionados.
Por último
en
este caso no están presentes ninguna de las circunstancias en las cuales no
procede que se descubra información económica.
Al contrario, los hechos del caso revelan que el Sr. Alfonso, debido a
las inconsistencias en sus alegaciones en el foro judicial y el administrativo,
ha puesto en controversia precisamente cuáles son sus ingresos y la naturaleza
de éstos, a los fines de recibir compensación por parte de su patrono. Esto es particularmente pertinente al caso
ya que durante la investigación de la cual el Sr. Alfonso fue objeto por parte
de Hacienda, éste al parecer argumentó que ciertas partidas reportadas en sus
planillas consistían en pérdidas y no ingresos. Así, se justifica que Trane tenga acceso a la información que
obra en el expediente de esa investigación para determinar precisamente qué
partidas de las reclamadas ahora por el Sr. Alfonso a Trane fueron
efectivamente consideradas como ingreso por el Departamento de Hacienda.[11]
En conclusión, erró el Tribunal de
Circuito al revocar al tribunal de instancia, y no permitir el descubrimiento de
prueba solicitado por Trane. La
información requerida es pertinente, y no atenta contra el derecho a la
intimidad del recurrido, ni resulta en una carga demasiado onerosa para éste. En un caso de la naturaleza del de autos,
donde el sistema de compensación es uno complejo y donde aparentemente parte de
la información necesaria para su cómputo está bajo el control del querellante,
aquí recurrido, no permitir el descubrimiento solicitado podría inducir al
tribunal a error al hacer el cómputo de la compensación a otorgar al Sr.
Alfonso por salarios dejados de percibir.
La incongruencia entre la cantidad reportada a Hacienda y la reclamada
hay que resolverla para evitar una injusticia contra el patrono.
Aclaramos, no obstante, que nuestra
conclusión no pretende coartar en forma alguna el derecho que pueda tener el
Sr. Alfonso a ser compensado bajo las leyes laborales que dispone nuestro
ordenamiento en protección del obrero.
Lo único que perseguimos es que en todo litigio haya la más franca y
abierta cooperación entre las partes, de forma tal que se traigan ante el
tribunal todos los hechos necesarios para que éste pueda resolver la
controversia según proceda en derecho y así alcanzar los fines de la justicia
de manera equitativa y balanceada para todos los involucrados.
Por
los fundamentos que anteceden, procede revocar la sentencia dictada por el
Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Devolvemos el caso para que continúen los procedimientos de forma
compatible con lo aquí resuelto.
Miriam
Naveira de Rodón
Juez Asociada
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 20 de
septiembre de 2001
Por
los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, se revoca el dictamen del
Tribunal de Circuito de Apelaciones y se devuelve el caso para que continúen
los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.
Lo
pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal
Supremo. El Juez Asociado señor Fuster
Berlingeri disiente sin opinión escrita.
Los Jueces Asociados señores Rebollo López y Rivera Pérez no
intervinieron.
Isabel
Llompart Zeno
Secretaria
del Tribunal Supremo