Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P.R. del año 2001
2001
DTS 171 RODRIGUEZ V. RIVERA Y OTROS 2001TSPR171
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO
RICO
Juan G. Rodríguez y otros
Querellantes-Recurridos
v.
Héctor R. Rivera y otros
Querellados-Peticionarios
Certiorari
2001 TSPR
171
155 DPR
____
Número del
Caso: CC-1998-976
Fecha:
12/diciembre/2001
Tribunal de
Circuito de Apelaciones:Circuito Regional I
Juez
Ponente: Hon.
Angel González Román
Abogada de
la Parte Peticionaria: Lcda.
Claribel Ortiz Rodríguez
Abogado de
la Parte Recurrida: Lcdo.
Javier Rodríguez Velázquez
Materia: Reclamación de Salarios, Ley Núm. 2 de 1961, Forma Sumaria, Procede
Anotación de Rebeldía
ADVERTENCIA
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SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a
12 de diciembre de 2001.
Nos
corresponde determinar si erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
resolver que procedía separar varias causas de acción instadas en una querella laboral
para que unas fueran consideradas de forma sumaria al amparo de la Ley Núm. 2
de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. secs. 3118 et seq., [en adelante, Ley
Núm. 2], y otras de forma ordinaria. Asimismo, debemos resolver si incidió
dicho foro apelativo al determinar que procedía anotar la rebeldía a los
querellados en relación a la causa de acción que ordenó fuese tramitada de
forma sumaria.
Resolvemos
que procede tramitar todas las causas de acción instadas en la querella laboral
de forma ordinaria y que, conforme a los hechos del presente caso, procede
dejar sin efecto la anotación de rebeldía efectuada contra los querellados.
I
En
1998, Juan G. Rodríguez, Ramón Pimentel y Samuel Carrión, empleados gerenciales
de la Autoridad Metropolitana de Autobuses [en adelante, A.M.A.], presentaron
una querella contra ésta y contra Héctor R. Rivera, Fernando Pérez, Santos M.
Delgado y Alfredo Lugo, oficiales de la A.M.A. Los querellantes reclamaron el
pago de salarios a los que alegaron tener derecho y reclamaron indemnización
por daños ocasionados por actos que, a su juicio, eran constitutivos de
discrimen político. Todos los oficiales querellados fueron demandados tanto en
su carácter personal como en su carácter oficial. Además, fueron demandadas sus
respectivas sociedades legales de gananciales. Finalmente, los querellantes
solicitaron tramitar el proceso al amparo del cauce sumario que provee la Ley
Núm. 2.
Luego de
emplazados, los querellados A.M.A., Héctor R. Rivera, Santos M. Delgado y
Alfredo Lugo, comparecieron oportunamente al tribunal de instancia y
solicitaron una prórroga para contestar la querella. Según surge del documento
que presentaron con ese propósito en el tribunal de instancia, su comparecencia
a dicho foro fue realizada en su carácter oficial.[1] Además,
informaron al tribunal que habían solicitado representación legal al Secretario
de Justicia, según lo contempla el Art. 12 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de
1955, (conocida como la "Ley de Reclamaciones y Demandas contra el
Estado"), según fue incorporado por la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de
1975, 32 L.P.R.A. sec. 3085, [en adelante Ley Núm. 9], para propósitos del
trámite judicial que se seguiría contra ellos en su carácter personal. El
foro de instancia concedió la prórroga.
Eventualmente,
los querellados --A.M.A., Rivera, Delgado y Lugo--, contestaron la reclamación
en su carácter oficial dentro del término de prórroga concedido por el foro de
instancia. En esa ocasión, solicitaron que la reclamación fuese tramitada de
forma ordinaria, toda vez que, a su
juicio, comprendía controversias de naturaleza compleja que sólo podrían ser
adjudicadas cabalmente en un juicio ordinario.
Varios
días después de formulada esta solicitud, los empleados querellantes
solicitaron al foro de instancia que declarara y anotara la rebeldía a los
querellados. Como fundamento para ello, adujeron que la prórroga fue concedida
contra los querellados en su carácter oficial y no en su carácter
personal y que por ello, debieron responder la querella en su carácter
personal dentro del término original que establece la Ley Núm. 2.[2] En la alternativa, indicaron,
además, que procedía anotarles la rebeldía en su carácter personal bajo los
términos ordinarios.
Luego
de varios trámites procesales, el tribunal de instancia denegó la solicitud de
anotación de rebeldía. Decidió tramitar la querella por la vía ordinaria y
concedió a los querellados un término adicional de 10 días para que contestaran
la demanda en su carácter personal. Al respecto, el foro de instancia expresó
lo siguiente:
[...] la complejidad del caso amerita un amplio
descubrimiento de prueba, máxime cuando existen alegaciones de discrimen por
razones políticas alegadamente [sic] reflejadas en aumento de sueldo para
algunos empleados militantes de cierto partido y denegados para los militantes
del otro, así como las restantes prácticas discriminatorias alegadas en la
demanda.
3. Denegamos la solicitud de anotación de
rebeldía de los funcionarios en su carácter personal. Ante nuestro deber de
armonizar los intereses de las partes y los diferentes estatutos en vigor,
resulta imposible exigirle al Secretario de Justicia que realice una
investigación responsable en el término provisto en la Ley [Núm.] 2 [...].
Apéndice de la Petición de certiorari, en las págs. 120-121.
No
conformes con esta decisión, los querellantes acudieron al Tribunal de Circuito
de Apelaciones, el cual revocó al tribunal de instancia. En síntesis, el foro
apelativo resolvió que la reclamación salarial debía ser tramitada de forma sumaria
y la reclamación por alegado discrimen político debía ser considerada en un
proceso ordinario. Finalmente, dejó sin efecto la prórroga para contestar la
querella que concedió el foro de instancia y ordenó la anotación de rebeldía
contra los querellados en su carácter personal en relación a las reclamaciones
salariales. En este sentido, el foro apelativo separó las reclamaciones para
que fuesen tramitadas en dos procesos distintos, uno sumario y otro ordinario,
y anotó la rebeldía de los querellados con relación al proceso que resolvió,
debía ser resuelto de forma sumaria.
Una
moción de reconsideración fue declarada No Ha Lugar. De esta determinación, los
querellados A.M.A., Héctor R. Rivera, Santos M. Delgado y Alfredo Lugo
acudieron ante esta Curia mediante recurso de certiorari en el que solicitaron
que revocáramos al Tribunal de Circuito de Apelaciones y reinstaláramos la
decisión del tribunal de instancia.
Luego
de evaluar sus planteamientos, emitimos una resolución en la que instruimos a
los querellantes a que en un término no mayor de veinte días mostraran causa
por la cual no debíamos revocar la sentencia emitida por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones "con excepción de la modificación hecha en dicha
sentencia respecto a la causa de acción por discrimen".
Con
la comparecencia de los querellados mediante el vehículo procesal de mostración
de causa, resolvemos según lo intimado.
II
De
entrada, es preciso aclarar que no nos encontramos ante una situación procesal
cobijada por la norma de autolimitación judicial que establecimos en Dávila
v. Antilles Shipping, Inc., res. 12 de febrero de 1999, 99 T.S.P.R. 12,
147 D.P.R.___ (1999), en términos de que las decisiones interlocutorias del
Tribunal de Primera Instancia emitidas en procesos tramitados al amparo de la
Ley Núm. 2, no son revisables, excepto cuando sean emitidas sin jurisdicción o
cuando los fines de la justicia requieran la intervención del foro apelativo.
Id.; Ruiz Rivas v. Colegio San Agustín, res. 5 de octubre de
2000; 2000 TSPR 147; 152 D.P.R___ (2000).
En primer lugar, la norma allí
establecida tuvo efecto prospectivo en relación a todos los recursos
presentados en el Tribunal de Circuito de Apelaciones o ante este Tribunal, a
partir del 12 de febrero de 1999. El caso de autos fue presentado ante esta
Curia el 3 de diciembre de 1998, y en el Tribunal de Circuito de Apelaciones en
una fecha anterior a ésta, lo que excluye la aplicación de dicha norma. Ruiz
Rivas v. Colegio San Agustín, supra.
En segundo lugar, aunque el
presente caso haya sido tramitado inicialmente de forma sumaria, la decisión
objeto de revisión consiste precisamente en continuar el trámite judicial de
forma ordinaria. En este sentido, con dicha decisión cesó la aplicación de las
disposiciones procesales de la Ley Núm. 2 y, en consecuencia, la norma de
autolimitación judicial establecida en Dávila v. Antilles Shipping,
Inc., supra, se tornó, a su vez, inaplicable. Nótese que esta norma tiene
como finalidad evitar que el trámite que establece la Ley Núm. 2 pierda su
esencia sumaria. Resulta lógico, por lo tanto, que ante una decisión
interlocutoria de los foros de instancia de encauzar una reclamación de índole
laboral de forma ordinaria, la parte querellante tenga a su disposición los
mecanismos de revisión que, en los casos apropiados, permitirían revertir el
trámite judicial al proceso sumario.
Aclarado lo anterior,
examinemos las controversias que tenemos ante nuestra consideración.
III
La correcta adjudicación de
las controversias que plantea este caso, requiere que repasemos las normas
establecidas por este Tribunal con relación al proceso sumario que establece la
Ley Núm. 2, particularmente en el contexto de reclamaciones laborales complejas
o que involucran varias causas de acción.
En Rivera Rivera v. Insular
Wire Products, Corp., 140 D.P.R.912 (1996), nos expresamos en torno a la
aplicabilidad y alcance del proceso sumario que establece la Ley Núm. 2 en el
contexto de reclamaciones de índole laboral en las cuales existen causas de
acción cuya resolución resulta compleja. Allí, en específico, reconocimos
discreción a los tribunales de instancia para determinar si una querella
presentada por un obrero debía ser tramitada por la vía ordinaria, aún cuando
el obrero reclamante considerara conveniente tramitarla de forma sumaria.
Destacamos que, para hacer esta determinación, los tribunales debían hacer “un
justo balance entre los intereses del patrono y los del obrero querellante, a
la luz de las circunstancias específicas de las reclamaciones en la querella.” Rivera
Rivera v. Insular Wire Products, Corp., supra.
Al disponer de las
controversias que presentaba el caso, resolvimos que:
[e]l tribunal de instancia podrá, a la luz de
los hechos que se le presenten y el desarrollo procesal del caso, dentro de su
discreción, entre otras cosas, continuar ventilando la querella en su totalidad
mediante el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2; o, separar la causa de
acción bajo la Ley Núm. 80 y ventilarla prioritariamente mediante el
procedimiento sumario, posponiendo la consideración de las otras dos (2) causas
de acción, bajo la Ley Núm. 100 y la Ley Núm. 45, y la determinación de si
éstas se deben tramitar por la vía ordinaria o por el procedimiento sumario; o,
establecer cualquier otro manejo del caso que sea consistente con lo aquí
resuelto y propicie el cumplimiento de los propósitos de la legislación laboral
y la norma cardinal procesal judicial de dispensar justicia de forma rápida y
económica. Rivera Rivera v. Insular Wire, supra.
Tiempo después, en Marín
Kuilán v. Teddy Díaz Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R. 499 (1997),
al interpretar la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 29 L.P.R.A. secs.
194 et seq., en el contexto del procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2,
reafirmamos lo resuelto en Rivera Rivera v. Insular Wire Products,
Corp., supra. Ratificando nuestras expresiones en Rivera Rivera,
destacamos que "el procedimiento sumario establecido por la Ley Núm. 2, supra,
no es ni puede ser una carta en blanco para la concesión de remedios a obreros
que no han justificado adecuadamente, mediante alegaciones o prueba, hechos que
avalen su derecho a lo reclamado". Id.
Finalmente, instruimos al foro
de instancia a que determinara si, conforme a lo resuelto en Rivera Rivera
v. Insular Wire, supra, ciertas reclamaciones formuladas por la
allí querellante al amparo de la Ley Núm. 115, debían ser dilucidadas bajo el
proceso sumario que establece la Ley Núm. 2, o si debían ser resueltas bajo el
proceso ordinario.
Por último, recientemente en Berríos
Heredia v. González, res. 15 de junio de 2000; 2000 T.S.P.R. 87; 151
D.P.R.___ (2000), tuvimos la oportunidad de considerar si una reclamación por
concepto de angustias mentales podía ser tramitada de forma sumaria. En esa
ocasión reconocimos las dificultades procesales que pudiera originar la
bifurcación de las reclamaciones laborales en un proceso sumario y otro
ordinario. Siendo conscientes de ello, resolvimos que cuando una reclamación
laboral instada bajo el proceso sumario que establece la Ley Núm. 2, planteara
varias causas de acción, una o algunas de las cuales, según el criterio del
juzgador, planteara controversias cuya resolución resultara particularmente
compleja, todas las causas de acción incluidas en la querella debían ser
tramitadas en un juicio ordinario. En esa ocasión nos expresamos en los
siguientes términos:
en aquellos procedimientos
judiciales instados bajo leyes de índole laboral que, por su naturaleza
particularmente compleja, como por ejemplo, cuando se reclama compensación por
angustias mentales, y que, a la luz de los criterios enumerados previamente, su
correcta adjudicación requiera que alguna de las reclamaciones sea adjudicada
de forma ordinaria, todas las reclamaciones incluidas con ella pueden ser
sustraídas del proceso sumario y ser resueltas de forma ordinaria. No obstante,
cuando el tribunal opte por este curso de acción, deberá simultáneamente tomar
las medidas correspondientes para que la acción o acciones incoadas se incluyan
en un calendario especial para que sean atendidas con carácter prioritario.
Así evitamos que la conversión del proceso perjudique el interés del obrero de
que se haga una adjudicación rápida de su reclamación.
Conforme a la discusión
precedente, examinemos los hechos del caso.
IV
A la luz de la orden de mostrar causa que emitimos
en el caso de autos, nuestra jurisdicción apelativa la ejercemos con el
único propósito de examinar si las causas de acción relacionadas con las
reclamaciones salariales formuladas por lo querellantes deben ser tramitadas de
forma sumaria, según lo resuelto por el foro apelativo. En este sentido,
resolvimos no intervenir con lo resuelto por el Tribunal de Circuito de
Apelaciones en torno a que la reclamación por alegado discrimen político debía
ser encauzada de forma ordinaria.
Al
declinar intervenir con lo resuelto sobre este aspecto por el foro apelativo,
lo hicimos conscientes de que tal
proceder era consecuente con nuestros pronunciamientos en torno a la
deseabilidad de tramitar de forma ordinaria aquellas reclamaciones de índole
laboral que presentan controversias particularmente complejas, para las cuales
el trámite sumario que establece la Ley Núm. 2 pudiera originar perjuicio para
alguna de las partes, y más aún, para la consecución de los fines de la
justicia. Rivera v. Insular Wire, supra. A la luz de las
alegaciones de la querella que origina el presente caso, la tramitación de la
reclamación por alegado discrimen político de forma ordinaria representaba el
mejor curso de acción. Por lo tanto, al emitir la orden de mostrar causa
coincidimos con el criterio del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de
Circuito de Apelaciones al respecto.
A tenor con lo anterior, nuestra
jurisdicción apelativa la ejercemos exclusivamente para revisar la sentencia
emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en aquella parte que
resolvió que las reclamaciones salariales fueran tramitadas de forma sumaria y
que resolvió dejar sin efecto la prórroga concedida a los querellados para
contestar la querella en su carácter personal, y por ende, anotarles la
rebeldía.
Una vez aclarado el alcance de nuestra intervención en el caso de
autos, resulta forzoso concluir que lo resuelto recientemente por este Tribunal
en el caso Berríos Heredia v. González, supra, dispone de
la controversia respecto a si procede tramitar las reclamaciones salariales de
forma sumaria y de forma independiente a la reclamación por discrimen político.
Como expresamos antes, en Berríos Heredia resolvimos que cuando
alguna reclamación contenida en una querella de índole laboral que contiene
múltiples causas de acción deba ser tramitada de forma ordinaria a la luz de
los parámetros allí establecidos, las demás reclamaciones formuladas en dicha
querella debían ser sustraídas del trámite sumario, de forma tal que todas sean
adjudicadas en un proceso ordinario.
En el presente caso, conforme a la norma expuesta, la determinación de
los tribunales de instancia y apelativo, sostenida por nosotros en ocasión de
nuestra orden de mostrar causa, en torno a que la reclamación por discrimen
político debía ser tramitada de forma ordinaria, tiene como efecto que las
reclamaciones salariales del caso de autos también sean sustraídas del proceso
sumario y adjudicadas en un juicio ordinario. En consecuencia, procede revocar
la sentencia del foro apelativo en aquella parte que resolvió lo contrario.
Resta, sin embargo, examinar la corrección de la sentencia del
Tribunal de Circuito de Apelaciones en torno a si procedía anotar la rebeldía
contra los funcionarios querellados en su carácter personal.
V
A
La querella de autos fue instada contra
la A.M.A., y sus oficiales Héctor R. Rivera, Santos M. Delgado y Alfredo Lugo,
quienes fueron demandados tanto en su carácter personal como oficial. Tanto la
A.M.A. como los coquerellados Rivera, Delgado y Lugo solicitaron oportunamente
una prórroga para contestar la querella.
El tribunal de instancia concedió la
prórroga y eventualmente los coquerellados A.M.A., Rivera, Delgado y Lugo
contestaron la querella. Su comparecencia con ese propósito fue hecha en su carácter
oficial. En esa ocasión, además, los querellados informaron al foro de
instancia que estaban realizando las gestiones para solicitar la representación
del Secretario de Justicia para propósitos de la reclamación formulada contra
ellos en su carácter personal, conforme lo establecido en la Ley Núm. 9, y
solicitaron que el proceso fuese tramitado de forma ordinaria. Apéndice de la
Petición de Certiorari, en la pág. 100.
Posterior a ello, los querellantes
solicitaron se anotara la rebeldía a los coquerellados bajo el fundamento de
que no habían contestado la querella en su carácter personal dentro del
término que establecía la Ley Núm. 2. Sostuvieron que la prórroga concedida por
el tribunal de instancia lo fue exclusivamente para la comparecencia de los querellados en su carácter oficial y no
en su carácter personal. Apéndice de la Petición de Certiorari, en la pág. 108.
Días más tarde, el Secretario de Justicia concede a los querellados la
representación legal solicitada.
B
En los procesos ordinarios, la figura de
la rebeldía está regulada en la Regla 45 de las de Procedimiento Civil. 32
L.P.R.A. R. 45, Ap. III. Ha sido definida como "la posición procesal en
que se coloca la parte que ha dejado de cumplir un deber procesal o de
ejercitar su derecho de defenderse". Rafael Hernández Colón, Práctica
jurídica de Puerto Rico 215 (1999).
En
el contexto específico de querellas de índole laboral tramitadas sumariamente,
la sección 4 de la Ley Núm. 2 dispone:
Si el querellado no radicara su contestación
a la querella en la forma y el término dispuesto en la sec. 3120 de este
título, el juez dictará sentencia contra el querellado, a instancias del
querellante, concediendo el remedio solicitado.
Como
puede apreciarse, la propia Ley Núm. 2 dispone el efecto que tendrá el
incumplimiento con los términos para contestar una querella. En específico,
"exige que el tribunal conceda el remedio solicitado por la parte
querellante, a menos que dentro de dicho término la parte querellada presente
una solicitud de prórroga juramentada en la que exponga los hechos que la
justifican". Ruiz Rivas v. Colegio San Agustín, supra; Valentín
v. Housing, res. el 9 de octubre de 1998, 98 TSPR 129; 146 D.P.R___
(1998); véase, Mercado Cintrón v. Zeta Communications, Inc., res.
el 7 de abril de 1994, 135 D.P.R. 737 (1994).
Nuestro examen de los hechos
del caso nos convence de que la anotación de rebeldía contra los querellados en
el caso de autos es improcedente.
El hecho de que todas las
causas de acción incluidas en la querella laboral deban ser tramitadas de forma
ordinaria, como acabamos de resolver, implica que los términos aplicables al
proceso judicial de autos son los establecidos en las Reglas de Procedimiento
Civil. Los términos más cortos que establece la Ley Núm. 2, en los cuales el
foro apelativo basó su decisión, resultan, en consecuencia, inaplicables para
hacer una determinación en torno a si se les debe anotar la rebeldía a los
querellados, al menos en las etapas posteriores a la conversión del proceso al
trámite ordinario. Dicho lo anterior, resolvemos que no existe razón por lo
cual deba ser anotada la rebeldía a los querellados, ni bajo una evaluación
procesal a la luz de los términos de naturaleza ordinaria, ni bajo los términos
de carácter sumario.
En primer lugar, hubo una
oportuna comparecencia inicial de los querellados para solicitar una prórroga
para contestar la querella. Esta solicitud fue hecha conforme a los términos de
la Ley Núm. 2. La prórroga fue concedida y eventualmente, los querellados
contestaron la querella en su carácter oficial dentro del término de la
prórroga. Su comparencia en su carácter oficial, pues, no fue tardía o a
destiempo. El propio querellante lo reconoce, toda vez que solicita la
anotación de rebeldía exclusivamente para propósitos de la comparecencia
personal. Nada expresa con relación a la comparecencia de los querellados en su
carácter oficial.[3]
En segundo lugar, no podemos
soslayar el hecho de que en su comparecencia oficial los querellados
notificaron al foro de instancia que habían solicitado la representación legal
del Secretario de Justicia para propósitos de la reclamación instada contra
ellos en su carácter personal y específicamente advirtieron al tribunal que completar dicho trámite "requiere
un término en exceso de lo dispuesto en la Ley Núm. 2 [...]". Apéndice de
la Petición de Certiorari, en la pág. 91.
Como se sabe, la obtención de
la representación legal del Secretario de Justicia requiere cumplir con las
disposiciones estatutarias y reglamentarias aplicables. Véase, García v.
E.L.A., res 13 de octubre de 1998, 98 T.S.P.R. 131, 146 D.P.R.___
(1998). El tiempo requerido para ello pudiera muy bien exceder los términos
existentes para contestar una querella, tanto bajo las Reglas de Procedimiento
Civil como al amparo de la Ley Núm. 2. De hecho, conforme a la Ley Núm. 9,
supra, el Secretario de Justicia tiene hasta treinta (30) días para notificar
una decisión respecto a una solicitud de representación legal por parte de una
persona demandada. 32 L.P.R.A. sec. 3087. Ante ello, la aplicación estricta de
los términos ordinarios o los sumarios de la Ley Núm. 2, para propósitos de la
anotación de rebeldía de un funcionario público que ha decidido acogerse a los
beneficios que provee la Ley Núm. 9, luego de que ha comparecido al tribunal
oportunamente en su carácter oficial, no puede ser refrendada por este
Tribunal. La posibilidad que el ordenamiento jurídico reconoce a un funcionario
público de obtener representación legal del Secretario de Justicia y de que el
Estado satisfaga la indemnización que en su día una parte demandada deba pagar
no puede ser menoscabada por una interpretación rígida de los trámites
procesales ordinarios o los sumarios de la Ley Núm. 2. Corresponde a los
tribunales atemperar los intereses involucrados en ambos estatutos de forma tal
que se salvaguarden los derechos de las partes.
A la luz de todo lo anterior,
se expide el auto solicitado y se dicta Sentencia dejando sin efecto la
anotación de rebeldía ordenada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en el
caso Juan G. Rodríguez y otros
v. Héctor R. Rivera y otros, Civil Núm. KLCE9800852.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira
de Rodón emitió Opinión Disidente. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri
disiente sin opinión escrita.
Isabel
Llompart Zeno
Secretaria
del Tribunal Supremo
Opinión disidente emitida por
la Juez Asociada señora NAVEIRA DE RODÓN
San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre
de 2001
El recurso de epígrafe
plantea la delicada cuestión sobre si, una vez un tribunal determina que una
acción laboral en daños y perjuicios por discrimen político planteada dentro de
un pleito de reclamación de salarios debe ser tramitada por la vía ordinaria,
es compulsorio que las demás reclamaciones de índole propiamente laboral
incluidas en la acción también se ventilen por la vía ordinaria, o si éstas
pueden tramitarse por el procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de
17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. § 3118 et seq (en adelante Ley 2).
Por entender que los tribunales tienen
discreción para separar la acción laboral de daños y perjuicios de la
reclamación laboral propiamente, de manera que la primera se ventile por la vía
ordinaria y la segunda se tramite sumariamente al amparo de la Ley 2, y
entender además que la mayoría de este Tribunal ha aplicado e interpretado
incorrectamente el alcance de nuestros pronunciamientos en Berríos v. González
et al, res. el 15 de junio de 2000, 151 D.P.R. (2000), 2000 T.S.P.R. 87, 2000 JTS 102, disentimos.
I
Este caso comenzó con una querella
radicada por los señores Juan G. Rodríguez, Ramón Pimentel y Samuel Carrión (en
adelante querellantes o recurridos), todos ellos empleados gerenciales de la
Autoridad Metropolitana de Autobuses (en adelante AMA), contra la AMA, y los
señores Héctor R. Rivera,[4] Santos M. Delgado[5], Alfredo Lugo[6] y Fernando Pérez[7] (en adelante querellados o
peticionarios). Éstos fueron demandados
en su carácter oficial y en su carácter personal.
La querella se presentó el 22 de abril de
1998 al amparo del procedimiento sumario establecido en la Ley 2. Los querellantes alegaron no haber recibido
aumento de sueldo durante los siete (7) años anteriores a la presentación de la
querella, en violación a la Ley de Retribución Uniforme, Ley Núm. 89 de 12 de
julio de 1979, 3 L.P.R.A. § 760(a) et seq, (en adelante Ley 89 o Ley de
Retribución Uniforme), y que no habían recibido paga por trabajo realizado
durante el periodo de tomar alimentos, en violación a la Ley sobre la Jornada
de Trabajo en Puerto Rico, Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada,
29 L.P.R.A. § 271 et seq (en adelante Ley 379).
Los querellantes también adujeron que no
se les había aumentado el sueldo ni se les había ascendido de puesto en la AMA
debido a que su afiliación política era distinta a la de los querellados,
mientras que otros empleados gerenciales, identificados con la afiliación
política de la autoridad nominadora, sí habían recibido ascensos y aumentos de
sueldo durante ese periodo. Alegaron
que estas acciones constituyeron discrimen por ideas políticas, en violación a
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Ley
Anti-Discrimen, Ley Núm 100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. § 146 et
seq, y les causaron a los querellantes daños, sufrimientos y angustias
mentales por la cantidad de $100,000.
Todos los querellados, con excepción del
Sr. Fernando Pérez, solicitaron bajo juramento al tribunal, el 28 de abril de
1998, una prórroga de 30 días para contestar la querella. En la solicitud hicieron constar que estaban
compareciendo en su carácter oficial, y que, en cuanto a la reclamación en su
carácter personal, habían solicitado la representación legal del Secretario de
Justicia, de acuerdo con la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, 32 L.P.R.A.
§ 3085 et seq (en adelante Ley 9).
La prórroga les fue concedida el 5 de mayo de 1998.
Por su parte, el Sr. Fernando Pérez
compareció, por derecho propio, el 8 de mayo de 1998, mediante escrito titulado
“Comparecencia especial y solicitud de prórroga”. En dicho escrito solicitó bajo juramento una prórroga de 20 días
para contestar la querella. Señaló
además que había solicitado representación del Secretario de Justicia al amparo
de la Ley 9 y que, a la fecha de su comparecencia ante el tribunal, no había
recibido contestación del Departamento de Justicia. El 13 de mayo de 1998, el tribunal le concedió la prórroga
solicitada, advirtiéndole que antes de vencerse la misma, debía informar al
tribunal y si fuese necesario, solicitar otra prórroga bajo juramento.
Así las cosas, el 2 de junio de 1998 la
AMA y los demás querellados, con excepción del Sr. Fernando Pérez, contestaron
la querella. En su contestación negaron
la mayor parte de las alegaciones de los querellantes, incluyendo los daños
alegados. Señalaron además que la Ley 2
no era de aplicación al caso, y que por tratarse de una reclamación compleja,
ésta debía tramitarse bajo las normas del procedimiento civil ordinario, y no
bajo el trámite sumario establecido en la Ley 2. En consecuencia, solicitaron al tribunal que declarase no ha
lugar la querella y ordenase la tramitación del caso por la vía ordinaria.
Por su parte, el 8 de junio de 1998, los
querellantes solicitaron que se anotara la rebeldía contra el Sr. Fernando
Pérez, por éste haber solicitado prórroga fuera del término de 10 días que
establece la Ley 2 para contestar la querella o solicitar una prórroga, y por
no haber comparecido ante el tribunal dentro de la prórroga de 20 días que el
Tribunal le concedió. Los querellantes
también solicitaron que se anotara la rebeldía a los demás querellados en su
carácter personal, por éstos no haber contestado la querella en dicho carácter
dentro del término de 10 días establecido en la Ley 2.
Luego de varios trámites procesales, el 2
de julio de 1998, el tribunal de instancia emitió una resolución en la cual
declaró con lugar la solicitud de los querellados de tramitar el caso por la
vía ordinaria, debido a que “la complejidad del caso amerita un amplio
descubrimiento de prueba, máxime cuando existen alegaciones de discrimen por
razones políticas”.[8] Además, el tribunal se negó a anotar la rebeldía a los
querellados en su carácter personal, y les concedió a éstos un término
adicional de 10 días para contestar la demanda.[9]
De esta determinación, los querellantes
presentaron recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones
(en adelante Tribunal de Circuito).
Dicho foro determinó que la reclamación laboral en daños por discrimen
político debía ser tramitada por la vía ordinaria. No obstante, con respecto a las reclamaciones de salarios bajos
las Leyes 89 y 379, concluyó que éstas debían tramitarse mediante el
procedimiento sumario de la Ley 2. Por
último, determinó que procedía anotar la rebeldía a todos los querellados en su
carácter personal.
Los querellados radicaron moción de
reconsideración, la cual fue denegada.
Inconformes, la AMA y los señores Héctor R. Rivera, Santos M. Delgado y
Alfredo Lugo recurrieron ante nos mediante recurso de certiorari.[10] Alegaron, en síntesis, que el Tribunal de Circuito erró al
determinar que la reclamación laboral debía tramitarse bajo la Ley 2, y al
ordenar la anotación de rebeldía a los querellados en su carácter personal.
El 12 de febrero de 1999, dictamos una
orden dirigida a los querellantes-recurridos, para que mostraran causa por la
cual no debía revocarse la sentencia recurrida con excepción de la
determinación hecha en dicha sentencia respecto a que la causa de acción por
discrimen se tramitara por la vía ordinaria.
Oportunamente éstos comparecieron, y estando en posición de resolver, el
Tribunal procedió a así hacerlo. La
mayoría determinó que todas las reclamaciones de la querella debían tramitarse
por la vía ordinaria, incluyendo aquéllas que son de carácter exclusivamente
laboral por concepto de salarios dejados de percibir. Consideramos que este curso de acción está en contra de las
disposiciones de la Ley 2 y su jurisprudencia interpretativa, por lo cual
disentimos.
II
La
Ley 2 establece un procedimiento de carácter sumario para los casos en que “un
obrero o empleado tuviere que reclamar de su patrono cualquier derecho o
beneficio, o cualquier suma por concepto de compensación por trabajo o labor
realizados para dicho patrono, o por compensación en caso de que dicho obrero o
empleado hubiere sido despedido de su empleo sin justa causa...”. 32 L.P.R.A. § 3118. Esta ley “provee un mecanismo procesal sumario mediante el cual se
persigue lograr la rápida consideración y adjudicación de querellas presentadas
por empleados u obreros contra sus patronos.”
Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912, 921
(1996); Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., res. el 21 de junio de
1999, 148 D.P.R. (1999), 99 T.S.P.R. 97, 99 JTS 99, 1197.
Al resolver controversias en
relación con la Ley 2, siempre hemos tomado en consideración los objetivos del
procedimiento sumario en ella dispuesto.
Hemos indicado que “la naturaleza de este tipo de reclamación exige
celeridad en su trámite para así alcanzar los propósitos legislativos de
proteger el empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero
así despedido recursos económicos entre un empleo y otro.” Rodríguez v. Syntex P.R., Inc.,
supra, 1197. Reiteradamente
hemos expresado que "[l]a esencia y médula del trámite fijado para casos
sobre reclamaciones de salarios consagrado en la Ley Núm. 2 constituye el
procesamiento sumario y su rápida disposición.
Desprovisto de esta característica, resulta un procedimiento ordinario
más...". Díaz v. Hotel
Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 316 (1975); Mercado Cintrón v. Zeta Com.,
Inc., 135 D.P.R. 737, 742 (1994); Srio. del Trabajo v. J.C.
Penney Co., Inc., 119 D.P.R. 660, 665 (1987); Rodríguez v. Syntex
P.R., Inc., supra, 1197.
Como vemos, este Tribunal ha sido
enfático respecto a la importancia de fortalecer el carácter sumario de las
reclamaciones laborales al amparo de la Ley 2, de manera que el obrero o empleado
pueda tramitar con celeridad su reclamación de salarios y ver así vindicados
sus derechos. Es por esta razón que, de
acuerdo con la ley, hemos sido estrictos al exigir el cumplimiento específico
con los términos expeditos establecidos en ésta. Así, resolvimos en Díaz v. Hotel Miramar Corp., supra,
que los tribunales no tienen jurisdicción para considerar una solicitud de
prórroga radicada tardíamente, y que no es necesario el requisito de
notificación previa para dictar sentencia en rebeldía cuando una parte no ha
contestado la querella dentro de los términos establecidos en la Ley 2. También hemos validado la exigencia de que
el patrono presente todas las defensas afirmativas que tenga en una sola
alegación responsiva, para así evitar “que el patrono dilate innecesaria y
viciosamente los procedimientos”. Srio.
del Trabajo v. JCPeneny Co., Inc., supra, pág. 670. Además determinamos que las decisiones
interlocutorias de los tribunales de instancia en casos que se ventilan bajo la
Ley 2 no son revisables excepto cuando éstas sean dictadas sin jurisdicción o
cuando los fines de la justicia lo requieran.
Dávila v. Antilles Shipping, Inc., res. el 12 de febrero
de 1999, 147 D.P.R. (1999), 99 T.S.P.R. 12, 99 JTS 10.[11]
Sin embargo, el patrono no está desprovisto
de remedios bajo la Ley 2. Una vez más
reiteramos que el procedimiento sumario, "no es, ni puede ser, una carta
en blanco para la concesión de remedios a obreros que no han justificado
adecuadamente, mediante alegaciones o prueba, hechos que avalen su derecho a lo
reclamado". Díaz v. Hotel
Miramar Corp., supra, pág, 324; Rivera v. Insular Wire
Corp., supra, pág. 928. Lo
verdaderamente fundamental en estos casos es salvaguardar, en la medida de lo
posible, el carácter sumario del procedimiento de reclamación laboral, sin
perder de vista que el trámite sumario fue diseñado para favorecer más al
obrero que al patrono, en razón de la inequidad económica entre éstos, pero sin
privar al patrono de su derecho a defenderse adecuadamente. Véase Rivera v. Insular Wire Corp.,supra,
págs. 922-923.
Por otra parte, también hemos
resuelto que existen ciertas reclamaciones laborales que, por su naturaleza
compleja, deben tramitarse por la vía ordinaria. En Hernández v. Espinosa, res. el 3 de abril de 1998,
145 D.P.R. (1998), 98 T.S.P.R. 40, 98 JTS 41, nota 23,
resolvimos que el tribunal “al confrontarse con una demanda en la que se han
incluido varias reclamaciones al amparo de distintas leyes laborales, [puede]
separarlas, y resolver algunas por el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra,
como por ejemplo, la reclamación bajo la Ley Núm. 80, mientras continúa con las
otras, que pueden ser más complicadas, por la vía ordinaria”. En este sentido, expresamos que:
[L]os tribunales, al confrontarse con querellas o demandas
con causas de acción y partes múltiples, tienen amplia discreción sobre el
manejo del caso con el propósito de lograr la resolución de éste de la forma
más justa, rápida y económica posible.
Pueden separar causas de acción o controversias, consolidar trámites, determinar
a la luz de las circunstancias de cada caso, si se trata de controversias
sencillas que cualifican para verse por un trámite sumario especial o si se
trata de casos complicados o complejos que deben proceder por la vía ordinaria
y hasta de ser objeto de un manejo especial.
Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág.
929; Piñero v. A.A.A., res. el 23 de octubre de 1998, 146 D.P.R. (1998), 98 T.S.P.R. 141, 98 JTS 140, a la pág. 215.
Como vemos, en el ejercicio
de su discreción, el tribunal tiene facultad para separar reclamaciones hechas
bajo varias leyes laborales, de acuerdo a su complejidad, de manera que unas se
tramiten mediante la vía ordinaria y otras, bajo el procedimiento sumario.
Ahora
bien, en Berríos v. González et al, supra, por primera vez
tuvimos la oportunidad de examinar si procedía o no excluir del trámite sumario
una reclamación de daños y perjuicios por angustias mentales que formaba parte
de un pleito de reclamación de salarios instado bajo la Ley 2. Allí resolvimos que, como de ordinario, una
reclamación por angustias mentales requiere un amplio descubrimiento prueba,
tanto para establecer los méritos de la reclamación como para poder defenderse
adecuadamente de ésta, los tribunales tenían discreción para decidir si dicha
reclamación se tramitaba bajo la Ley 2 o si por el contrario, debía verse por
la vía ordinaria.
En
ese caso expresamos que “una determinación de que una querella laboral que
contiene una reclamación por concepto de angustias mentales no puede ser
adjudicada por la vía sumaria, de ordinario, hace necesario que las
demás reclamaciones formuladas en la querella también sean sustraídas del
procedimiento sumario....” Berríos
v. González et al, supra, pág 1301 Este lenguaje parece indicar que una vez se hace la determinación
de que la reclamación en daños por angustias mentales se tramitará por la vía
ordinaria, las reclamaciones laborales también deben ser sustraídas del trámite
sumario.
No
obstante, nuestra conclusión específica en ese caso fue que:
[E]n aquellos procedimientos
judiciales instados bajo leyes de índole laboral que, por su naturaleza
particularmente compleja, como por ejemplo, cuando se reclama compensación por
angustias mentales, y que... su correcta adjudicación requiera que alguna de
las reclamaciones sea adjudicada de forma ordinaria, todas las reclamaciones
incluidas con ella pueden ser sustraídas del proceso sumario y
ser resueltas de forma ordinaria. Berríos
v. González et al, supra, pág 1301.
Nuestros pronunciamientos en Berríos
no tienen el alcance que la mayoría pretende darles. A la luz de este caso, el tribunal tiene discreción
para separar la causa de acción por angustias mentales de la reclamación
salarial, y tramitarla por la vía ordinaria.
Esto no significa que sea obligatorio que al separar la acción
laboral en daños para tramitarla por la vía ordinaria, automáticamente la
reclamación laboral propiamente tenga que verse bajo las normas del
procedimiento civil ordinario. El
tribunal puede separar la causa de acción laboral en daños de la
reclamación laboral propiamente, sin que venga obligado a remover la
reclamación laboral propiamente de un procedimiento a otro.
El
efecto práctico de la interpretación de la mayoría, a los efectos de que Berríos
hace obligatorio que la reclamación laboral se tramite por la vía ordinaria una
vez se determina que la acción en daños y perjuicios incluida en la reclamación
debe verse mediante el trámite ordinario, será que cuando el obrero tenga una
reclamación laboral bona fide, y además, una causa de acción en daños por
angustias mentales, la reclamación laboral no podrá tramitarse bajo el
procedimiento sumario, a pesar de las graves necesidades económicas que pueda
tener el obrero, ya que, como regla general, las acciones en daños son
complejas, requieren un amplio descubrimiento de prueba y por ende, tardan
más. Este resultado no es compatible
con el propósito de la Ley 2 y la interpretación que este Tribunal consistentemente
ha hecho de la misma.
Nada impide que los tribunales, en
el ejercicio de su discreción, tramiten las reclamaciones de laborales
propiamente bajo la Ley 2, y la acción laboral en daños bajo las reglas del
procedimiento civil ordinario. No podemos
perder de vista que la reclamación laboral propiamente no deja de serlo
porque la querella incluya una acción en daños y perjuicios que surja bajo
alguna ley laboral. Si bien es
cierto que, como muy bien indicamos en Berríos, tramitar una reclamación
por la vía ordinaria y otra por la vía sumaria podría implicar una duplicación
de procedimientos, y además ser desventajoso para el patrono por éste tener que
comparecer y defenderse en dos procedimientos distintos, no es menos cierto que
estas desventajas son considerablemente menores en relación con las
implicaciones que tiene para el obrero la interpretación que hace la mayoría en
este caso.
Para todos los efectos, si
el obrero tiene contra su patrono una reclamación laboral propiamente, como por
ejemplo, una en concepto de salarios dejados de percibir, y además una
reclamación en daños y perjuicios por angustias mentales que surja bajo una ley
laboral, y decide presentar ambas acciones, esto implicaría una renuncia tácita
del obrero a que su reclamación laboral propiamente se tramite bajo la Ley
2. En definitiva, si el obrero interesa
acogerse al procedimiento sumario, tendrá que optar por no presentar su acción
laboral en daños y perjuicios, ante la posibilidad de ver postergado el pago de
los salarios o beneficios a los que pueda tener derecho en virtud del trámite
ordinario por el cual se encausará la acción en daños.
La interpretación que hace la
mayoría del alcance de Berríos limita sustancialmente los derechos del
obrero, sobretodo tomando en consideración que, por lo general, los hechos en
los cuales se fundamentan las acciones en reclamación de salarios son de fácil
comprobación por parte del patrono, razón por la cual no se justifica que
dichas reclamaciones se tramiten por la vía ordinaria. Véase Sierra v. Tribunal Superior,
81 D.P.R. 554 (1959).[12]
Promover la economía procesal es encomiable y necesario, pero en aras de
ésta no debemos lesionar los derechos legítimos de las partes en el
litigio. Esto es especialmente importante
en casos bajo la Ley 2, cuyo trámite sumario persigue proveer al obrero “unos
medios económicos para la subsistencia de éste y su familia en la etapa de
transición entre empleos.” Rivera
v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 923.
Particularmente
en casos como el de autos, no tiene justificación de clase alguna el que se
tramite la reclamación laboral propiamente por la vía ordinaria. Aquí, los hechos en que se fundamenta la
acción de discrimen son independientes de las reclamaciones de índole laboral
propiamente hechas por los empleados querellantes. En este caso, si se prueba que los empleados querellantes
efectivamente trabajaron durante el periodo de tomar alimentos, y que cumplían
con los requisitos para aumentos de sueldo de acuerdo al principio de
retribución uniforme, éstos tendrán derecho a recibir las sumas adeudadas,
independientemente de que se pruebe o no que existió el discrimen por ideas
políticas que ellos alegan les causó sufrimientos y angustias compensables.[13]
Además,
nada impide que en estos casos, luego de una determinación inicial de separar
las causas de acción, unas bajo la Ley 2 y otras por la vía ordinaria, el
tribunal se convenza durante el trámite, y de acuerdo a las alegaciones de las
partes, que los mejores intereses de la justicia justifican que la totalidad de
la acción se lleve por la vía ordinaria o por la vía sumaria, y emita una orden
a estos efectos. Lo que no debe ocurrir
es que el tribunal haga una determinación automática de que la reclamación
laboral propiamente deberá tramitarse por la vía ordinaria porque una acción
laboral en daños y perjuicios al amparo de otras leyes laborales sea parte de
dicha reclamación.
El procedimiento que sigan
los tribunales al tramitar este tipo de acciones debe ser flexible, tomando en
consideración tanto los propósitos de la legislación laboral como la necesidad
de que ambas partes tengan un juicio justo con la debida protección a sus
intereses. Para determinar si una
reclamación laboral que incluya un acción de daños y perjuicios debe o no
tramitarse por la vía ordinaria, los tribunales deberán considerar si de las
alegaciones surge que la acción laboral en daños es una de naturaleza compleja;
si las reclamaciones (de índole laboral propiamente y la de daños) se basan en
hechos o prueba distintos; o si los hechos en que se basa cada reclamación,
aunque relacionados, no necesariamente dependen unos de otros para la correcta
adjudicación de las respectivas controversias.
Los tribunales pueden tomar en
consideración éstos y otros factores, dependiendo de las circunstancias
particulares de cada caso, y siempre teniendo en cuenta los mejores intereses
de la justicia, con especial énfasis en el interés público de proteger al
obrero y de que se cumpla con la norma procesal de que los trámites judiciales
deben realizarse de forma justa, rápida y económica.[14]
De acuerdo a la exposición que
antecede, consideramos que la decisión del Tribunal de Circuito, ordenando la
tramitación de la reclamación de salarios mediante el trámite sumario contemplado
en la Ley 2, y la acción laboral en daños por discrimen político mediante la
vía ordinaria, es jurídica y procesalmente correcta. Las causas de acción en este caso deben separarse tal y como
concluyó el foro recurrido.
La conclusión de que la reclamación laboral propiamente debe tramitarse mediante el procedimiento sumario hace necesario atender varias controversias subyacentes en el caso, es decir, las alegaciones de que a los empleados querellantes no les aplica la Ley 2, ni la Ley 379, y si, tal como alegan los peticionarios, la Ley de Retribución Uniforme no le es de aplicación a la AMA. Estas determinaciones son decisivas en el caso, toda vez que si el procedimiento de la Ley 2 no es oponible a los querellados, o las reclamaciones de índole laboral propiamente no proceden, no hay razón por la cual ordenar el trámite sumario. Además, es principio rector de nuestro ordenamiento que “los tribunales concederán lo que proceda en derecho, no lo que se les solicita”. Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R. 499, 513 (1997).
III
Disponibilidad
de los beneficios de la Ley 2 para los empleados querellantes
A.
Los querellados alegaron que los
empleados querellantes no podían acogerse al procedimiento sumario establecido en
la Ley 2, por ser éstos “ejecutivos y/o administradores”. No les asiste la razón.
La sección 2 de la Ley 2 define los
términos “obrero” y “empleado” de la manera siguiente:
La palabra “obrero”
comprenderá todo trabajador manual, de cualquier sexo y a aquellas personas
naturales que estuvieren empleados en servicios u ocupaciones domésticas, y la
palabra “empleado”, que se usa en su acepción más amplia, comprenderá, entre
otros, a toda clase de artesano, empleado o dependiente de comercio o industria. 32 L.P.R.A. § 3119.
Este Tribunal interpretó la
disposición citada de en Piñero v. A.A.A., supra, a la
pág. 215 disponiendo que:
[Dado] que el alcance de la Ley Núm.
2 ha sido extendido estatutariamente para abarcar diversas reclamaciones de
índole obrero patronal, no tan solo reclamaciones de salarios; que la
definición de empleado provista en la misma no excluye expresamente de sus
disposiciones a los administradores, ejecutivos ni a los profesionales y que
dispone, además, que dicho término se utilizará en su acepción más amplia,
concluimos que éste incluye a los ejecutivos.
Abona a nuestra conclusión el hecho de que la Ley Núm. 2, supra, es una
de carácter reparador y, por lo tanto, debe interpretarse liberalmente. (Énfasis en el original).
Como vemos, hemos interpretado el término
“empleado” de manera abarcadora para determinar precisamente cuáles empleados
están cubiertos bajo la Ley 2. Así,
debemos concluir que, en este caso, los querellantes sí pueden acogerse al
procedimiento sumario establecido en la Ley 2, aunque se determinase que, como
gerenciales de la AMA, se pueden clasificar como “ejecutivos”,
“administradores” o “profesionales”, ya que dicha clasificación no es
incompatible de con los beneficios que ofrece la referida ley.
B.
Por otra parte, los querellados Héctor R.
Rivera, Santos M. Delgado, Alfredo Lugo y Fernando Pérez alegaron en la
contestación a la querella que no eran patrono de los querellantes, por lo cual
no les era de aplicación el procedimiento sumario de la Ley 2. Este planteamiento hay que examinarlo
cuidadosamente a la luz de las reclamaciones específicas de los empleados
querellantes.
La Ley 2 ofrece un
procedimiento expedito para que los empleados reclamen derechos y beneficios de
su patrono, o cualquier compensación por trabajo realizado para
el patrono. 32 L.P.R.A. § 3118.
Al
examinar las disposiciones de esta ley encontramos que, aunque la misma define
los conceptos “obrero” y “empleado”, no define el término “patrono”.
Sin embargo, la falta de
dicha definición no es una deficiencia en la Ley, sino más bien una precaución
debido a la naturaleza y propósitos de ésta.
La Ley 2 es un estatuto “estrictamente de procedimiento... para
delimitar su ámbito de aplicación hay que recurrir a las leyes especiales que
establecen el derecho sustantivo de los empleados...” Piñero v. A.A.A., supra, pág. 214. Por
consiguiente, una vez el empleado se acoge a los beneficios de la Ley 2, el
factor decisivo para determinar si dicho procedimiento es oponible a un
querellado en particular es la naturaleza del derecho sustantivo reclamado
mediante el trámite sumario, o sea, la disposición legal en controversia. Así pues, y en lo que aquí nos ocupa,
bajo la Ley 2 “patrono” será aquella persona que está autorizada o llamada en
ley para conceder el remedio de índole laboral que el empleado querellante está
solicitando a través del procedimiento sumario.
Al examinar la Ley 379 y la
Ley de Retribución Uniforme vemos que éstas conceden remedios que conciernen
estrictamente salarios alegadamente dejados de percibir por los empleados
reclamantes. Por tanto, en cuanto a
estas reclamaciones es la AMA, como autoridad nominadora, la única querellada
con autoridad para conceder los derechos reclamados por los empleados. Los querellantes no pueden reclamar dichos
beneficios de los demás querellados personalmente, porque éstos simplemente no
tienen autoridad en ley para concederlos.
En consecuencia debemos concluir que en lo que respecta a estas
reclamaciones, los querellados Héctor R. Rivera, Santos M. Delgado, Alfredo
Lugo y Fernando Pérez no son patrono, y por tanto, tampoco están sujetos al
trámite bajo la Ley 2.
Ahora bien, la situación es
distinta cuando se trata de estatutos laborales que prohíben el discrimen en el
empleo. En Rosario v. Dist.
Kikuet, Inc., res. el 29 de junio de 2000, 151 D.P.R.______(2000), 2000
TSPR 107, 2000 JTS 118, este Tribunal resolvió expresamente que la definición
de “patrono” en las leyes que prohíben el discrimen en el empleo[15] incluye, no solamente a la
autoridad nominadora propiamente dicha, sino también a los supervisores,
oficiales, administradores y agentes del patrono que hayan incurrido
específicamente en la conducta discriminatoria prohibida por estas leyes. Por consiguiente, en los casos en que la
causa de acción por discrimen se tramite bajo el procedimiento sumario de la
Ley 2, todos los querellados que se puedan clasificar bajo la amplia definición
de patrono aplicable a estos estatutos estarán sujetos al trámite sumario.
En el caso de marras, existe una reclamación
por discrimen político bajo la Ley 100.
El remedio sustantivo que provee esta ley está disponible contra
cualquier querellado que se pueda clasificar dentro del concepto “patrono”
aplicable a las leyes laborales anti discrimen. Dada la aparente naturaleza de las funciones de los aquí
querellados en la AMA, todos ellos son patrono bajo la Ley 100, y por
consiguiente, de haberse ventilado la causa de acción por discrimen bajo el
procedimiento de la Ley 2, todos los querellados hubiesen estado sujetos a
cumplir con los términos y condiciones del trámite sumario.
Atendidos estos extremos, es necesario
determinar si las leyes bajo las cuales los querellantes han reclamado
derechos, o sea, la Ley 379 y la Ley de Retribución Uniforme, son de aplicación
a este caso.
IV
Derechos de los empleados querellantes bajo la Ley 379
A.
Según se desprende de las
alegaciones de la querella, los querellantes se desempeñaban como “empleados gerenciales
de carrera” en la AMA, y reclamaron el pago por trabajo realizado durante
el periodo de tomar alimentos, que según éstos, la AMA no les pagó, en
violación al Art. 14 de la Ley 379, supra, 29 L.P.R.A. § 283. También alegan que se les redujo el periodo
de tomar alimentos a sólo media hora.
Por su parte, los querellados alegaron que los empleados querellantes no
pueden reclamar derechos bajo la Ley 379, por ser éstos “ejecutivos y/o
administradores”.
El
Art. 19 de la Ley 379 indica que a los efectos de esta ley, el concepto
empleado “incluye a todo empleado, obrero, jornalero, artesano, trabajador,
oficinista, dependiente de comercio, y a toda persona empleada mediante
salario, sueldo, jornal, u otra forma de compensación en cualquier ocupación,
establecimiento, negocio o industria...”.
29 L.P.R.A § 288(1). Dicha sección establece además que
no se considerará empleado a “ejecutivos, administradores ni profesionales,
según éstos sean definidos por la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico”.
El Reglamento Núm. 13 de la Junta de
Salario Mínimo, en sus Artículos III, IV y V, define lo que es un “ejecutivo”,
“administrador” y “profesional” respectivamente, pero no dispone
específicamente si un gerencial de una agencia se clasifica bajo alguna de
estas categorías. Tampoco surge del
expediente de este caso qué funciones específicas realizaban los empleados
querellantes al momento de presentar la querella, de manera que se pueda hacer
una determinación sobre si sus funciones corresponden a las de un empleado u obrero
cubierto por la Ley 379, o si por el contrario, sus funciones como gerenciales
se acercan más a las funciones de un “ejecutivo”, “administrador” o
“profesional”, categorías exentas de la aplicación de la Ley 379.
Sin embargo, la experiencia
ordinaria nos hace pensar que un gerencial de una corporación pública no es un
obrero común y corriente de ésta. Por
lo general, los gerenciales tienen funciones que suelen estar relacionadas con
la administración central de la corporación, de más envergadura que las de un
empleado regular. Esta realidad, nos
hace, cuanto menos, albergar dudas sobre si estos empleados gerenciales pueden
efectivamente reclamar derechos bajo las disposiciones de la Ley 379.
B
No obstante, el Art. 16 sec. 16.2
del Reglamento de Personal de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, (en
adelante Reglamento de la AMA)[16] indica que todo empleado
tendrá una (1) hora para tomar alimentos durante su jornada regular diaria, y
cualquier empleado que, por una situación de emergencia, preste servicios
durante dicho periodo, será compensado “acorde con la reglamentación
establecida para la compensación de trabajo extraordinario”. Dicho reglamento también establece que “se
podrá reducir a media (1/2) hora el período de tomar alimentos en los casos apropiados”.
Estas disposiciones del Reglamento
de la AMA son análogas a las disposiciones de la Ley 379 bajo las cuales los
querellantes-recurridos reclamaron derechos en este caso. Así, aun cuando los empleados querellantes
pudieran no estar cubiertos por la Ley 379, el Reglamento de la AMA sí dispone
para el disfrute del periodo de tomar alimentos y el pago de tiempo extra si el
empleado trabaja durante dicho periodo.
Este derecho surge del reglamento sin que parezca haber distinción
alguna entre la clasificación o categorías de empleados.
Aplicación de la Ley 89 a los empleados de la AMA
A.
Por
otra parte, los empleados querellantes alegaron que se les violaron sus
derechos bajo la Ley de Retribución Uniforme, supra, al no concedérseles
los aumentos de sueldo correspondientes a su puesto y escala salarial, en
comparación con otros empleados gerenciales de la AMA que sí recibieron
aumentos de sueldo durante los siete (7) años anteriores a la presentación de
la querella. Los peticionarios, por su
parte, sostienen que la Ley de Retribución Uniforme no aplica a la AMA.
La
Ley de Retribución Uniforme dispone que ésta: “proveerá a los empleados del
servicio público cubiertos por el Sistema de Personal..., un tratamiento
equitativo y justo en la fijación de sus sueldos y demás formas de
retribución.” 3 L.P.R.A. §
760a. (Énfasis nuestro). El sistema de personal al cual se refiere la disposición citada
es el sistema creado mediante la Ley de Personal de Servicio Público.[17]
O sea, que la Ley de Retribución Uniforme aplica a aquellos empleados
que están cubiertos específicamente bajo las disposiciones de la Ley de
Personal de Servicio Público.
Al examinar esta última Ley encontramos que están excluidos de su aplicación “los empleados de agencias o instrumentalidades del Gobierno que funcionen como empresas o negocios privados.” 3 L.P.R.A. § 1338(3). La AMA funciona como una empresa o negocio privado, según lo establece la propia Ley de la Autoridad Metropolitana de Autobuses[18] (en adelante Ley de la AMA). Dicha ley también dispone expresamente que: “[a] los efectos de la Ley de Personal los funcionarios y empleados de la Autoridad estarán comprendidos en el Servicio Exento.” 23 L.P.R.A. § 607.
Así pues, los empleados de la AMA no
están cubiertos bajo la Ley de Personal de Servicio Público, y por lo tanto
tampoco les es de aplicación la Ley de Retribución Uniforme, ya que ésta ley,
por sus propios términos, aplica solamente a los empleados cubiertos por la Ley
de Personal de Servicio Público.
B.
No
obstante, el Art. 8 del Reglamento de Personal de la AMA, secs. 8.1 a 8.8,
dispone para la creación de un plan de retribución similar al contemplado en la
Ley de Retribución Uniforme para el personal de servicio público. Las disposiciones del reglamento en cuanto a
dicho plan de retribución no hacen distinción entre categorías de empleados,
por lo que los querellantes pueden reclamar bajo dicho plan derechos
comparables con los que establece la Ley de Retribución Uniforme para el
personal del servicio público.[19]
Debemos
aclarar que aunque los derechos de los empleados querellantes parezcan surgir
del Reglamento de la AMA en lugar de surgir de la Ley 379 y la Ley de
Retribución Uniforme, esto no obsta para que éstos puedan acogerse al
procedimiento de la Ley 2.
En
Piñero v. A.A.A., supra, págs. 214-215, establecimos lo
siguiente:
El alcance de la Ley Núm. 2 se ha
extendido mediante diferentes disposiciones estatutarias y enmiendas. Como resultado, el procedimiento
sumario establecido en la misma es aplicable no tan solo a reclamaciones de
salarios sino a reclamaciones de cualesquiera derechos o beneficios laborales y de cualesquiera compensaciones
en caso de que un obrero o empleado hubiese sido despedido de su empleo sin
justa causa. La Ley Núm. 2 está
disponible, además, cuando el legislador lo haya reglamentado mediante leyes
especiales. Entre las acciones que
pueden ventilarse al amparo del procedimiento sumario por disposición de una
ley especial se encuentran: (i) las reclamaciones por despido injustificado
basadas en la Ley Núm. 80; (ii) las acciones que surgen al amparo del Art. 5a
de la Ley de Compensaciones por Accidentes de Trabajo; (iii) las reclamaciones
instadas al amparo de la Ley Antidiscrimen, Ley Núm. 100; (iv) las acciones que
surgen en virtud de la Ley para la protección de madres obreras...
Lo anterior es demostrativo de
que el ámbito de aplicación de la Ley Núm. 2 se ha extendido para abarcar
diversas reclamaciones que emanan de la relación obrero patronal. (Énfasis suplido, citas omitidas).
Nuestros pronunciamientos en Piñero
demuestran que el procedimiento establecido en la Ley 2 se puede utilizar para
reclamar una amplia gama de derechos o beneficios de índole laboral. Forzoso es concluir que la Ley 2 es
aplicable a reclamaciones laborales que surjan al amparo del reglamento de una
corporación o agencia pública o privada.
Lo decisivo para invocar los beneficios de la Ley 2 es que se trate de
una reclamación de índole laboral sobre cualesquiera derechos garantizados al
empleado al amparo de una ley o reglamento.
V
Por último, procede que
atendamos la determinación del Tribunal de Circuito de anotar la rebeldía a los
querellados en su carácter personal. En
cuanto a este extremo, coincidimos con la mayoría en que no procede dicha
anotación de rebeldía.
La Ley 2 establece un término de diez
(10) o quince (15) días para que el patrono conteste la querella presentada por
el empleado. 32 L.P.R.A. §
3120. Si la parte querellada no comparece
dentro de este término, el tribunal podrá dictar sentencia en rebeldía,
concediendo el remedio solicitado por la parte querellante. 32 L.P.R.A. § 3121.
El
término para contestar la querella no podrá extenderse a menos que el
querellado solicite una prórroga dentro del plazo original para contestar la
querella. Díaz v. Hotel
Miramar Corp., supra.
Al analizar estas normas hemos
determinado que alegaciones concluyentes y determinaciones de derecho, al igual
que hechos alegados incorrectamente, no son suficientes para sostener una
determinación de responsabilidad del patrono.
Para poder dictar sentencia en rebeldía bajo la Ley 2 es necesario que
de las alegaciones surjan hechos suficientes para justificar la concesión del
remedio. Véase Hernández v. Espinosa,
supra, y los casos allí citados.
Por otra parte, los términos y
condiciones aplicables para anotar la rebeldía en el procedimiento civil
ordinario son los establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil.[20] La Regla 10.1 indica que “un demandado deberá notificar su contestación
dentro de veinte (20) días de habérsele entregado copia del emplazamiento y la
demanda.” Este plazo puede ser
prorrogado. Procede una anotación de
rebeldía cuando el demandado no cumple con el requisito... de comparecer a
contestar la demanda y/o defenderse en otra forma según lo dispuesto en estas
reglas.[21]
Al aplicar estas disposiciones a la AMA y
a los demás querellados, encontramos que todos ellos comparecieron ante el
tribunal, solicitando prórroga para contestar las alegaciones, seis (6) días
después de radicada la querella, o sea dentro del término para comparecer al
tribunal que establecen tanto las Reglas de Procedimiento Civil como la Ley
2. Posteriormente, y dentro del término
de la prórroga que el tribunal les concedió, los querellados contestaron la
querella. Así, no puede considerarse
que éstos incurrieron en rebeldía.
Cabe señalar además que aun cuando los
querellados comparecieron inicialmente ante el tribunal en su “carácter
oficial”, esto no obsta para estimar como oportuna y bien hecha su
comparecencia en cuanto a las reclamaciones personales. La mera alegación de un querellado (o
demandado) en el sentido de que está compareciendo en su carácter oficial no
significa que esa comparecencia no es válida en cuanto a cualesquiera de las
otras reclamaciones hechas en su contra en la demanda.
El carácter oficial y el carácter
personal de una comparecencia ante el tribunal sólo se refiere al remedio a
concederse, y propiamente, a la capacidad o autoridad del demandado para
otorgarlo. Si al contestar una demanda
o querella, la parte expresa que está compareciendo en su carácter oficial,
pero hace alegaciones y opone defensas que pueden ser aplicables tanto a la
reclamación oficial como la personal, dicha comparecencia debe estimarse bien
hecha en cuanto a todas las reclamaciones hechas en la querella o demanda
contra dicha parte. Después de todo, es
norma ampliamente reconocida que no es el título o nombre del escrito o
reclamación lo que determina su naturaleza, sino su contenido. Ramos González v. Félix Medina,
121 D.P.R. 312 (1988); Magriz v. Empresas Nativas, 143 D.P.R. 63
(1997).
En este caso, los querellados, desde la
primera vez que comparecieron al tribunal, aunque indicaron que lo hacían en su
carácter oficial, hicieron alegaciones y levantaron defensas aplicables a las
reclamaciones personales. Es por eso
que la comparecencia de los querellados debe considerarse válida en cuanto a
todas las reclamaciones hechas en la querella.
Como ya indicáramos, los querellados comparecieron dentro de los
términos que establecen tanto las Reglas de Procedimiento Civil como la Ley
2. En estas circunstancias, es forzoso
concluir que ninguno de los aquí peticionarios incurrió en rebeldía. [22]
VI
En
conclusión, disentimos de la Opinión Mayoritaria en aquella parte que ordena
que las reclamaciones laborales bajo la Ley 89 y la Ley 379 se tramiten por la
vía ordinaria. En su lugar,
confirmaríamos la sentencia del Tribunal de Circuito que ordenó la separación
de la acción de daños y perjuicios de la acción en reclamación de salarios, de
manera que la primera se tramite por la vía ordinaria y la segunda se ventile
mediante el procedimiento sumario de la Ley 2.
Entendemos que dicha solución es la más justa y más acorde con las
disposiciones de la Ley 2 y su jurisprudencia interpretativa.
Por
otra parte, coincidimos con la mayoría en que no procede la anotación de
rebeldía a los querellados, por lo que revocaríamos la sentencia del tribunal
recurrido en cuanto a este extremo. Así
modificada, devolveríamos el caso al tribunal de instancia para que continúen
los procedimientos de forma compatible con lo aquí expuesto.
Miriam Naveira de Rodón
Juez Asociada
Notas
al calce