Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2003
2003 DTS 011 CARO
ORTIZ V. CARDONA RIVERA 2003TSPR011
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO
RICO
Liana Caro Ortiz
Recurrida
v.
Alfredo
Cardona Rivera
Peticionario
Certiorari
2003
TSPR 11
158 DPR
____
Número
del Caso: CC-2000-1036
Fecha:
11 de febrero de 2003
Tribunal
de Circuito de Apelaciones:Circuito Regional II
Juez
Ponente: Hon.
Gilberto Gierbolini
Abogado
de la Parte Peticionaria: Lcdo.
Samuel Almodóvar Toro
Abogado
de la Parte Recurrida: Lcda.
Concepción González Cordero
Materia: Divorcio, Moción de Reconsideración - Regla
47.1 de Procedimiento Civil, Término prescriptivo, Informe de Pensión
Alimentaria.
ADVERTENCIA
Este documento constituye un
documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones
del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora NAVEIRA DE
RODÓN
San
Juan, Puerto Rico a 11 de febrero de 2003
I
El
31 de agosto de 1998, la demandante recurrida, Sra. Liana Caro Ortiz (en
adelante, señora Caro Ortiz), presentó ante el Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de Bayamón, una solicitud de aumento de la pensión alimentaria de
su hija menor de edad habida con el demandado peticionario, Alfredo Cardona
Rivera (en adelante, señor Cardona Rivera).
Luego de una serie de trámites procesales, el 7 de marzo de 2000, el
foro de instancia dictó y notificó una escueta sentencia,[1]
mediante la cual, aunque no adoptó de forma explícita el Informe del Oficial
Examinador, sí acogió sus recomendaciones.
A pesar de que el Informe obra en el expediente del tribunal y sirvió de
base para la determinación tomada por éste, el mismo no se le notificó a las
partes.[2] Cabe señalar, sin embargo, que de la
argumentación que el propio peticionario, señor Cardona Rivera, hace en la
moción de reconsideración que presentara ante el foro de instancia el 21 de
marzo, se desprende que tuvo acceso a dicho Informe.
Unos días después de que
el señor Cardona Rivera, presentara la moción de reconsideración, la Secretaría
del tribunal se la devolvió arguyendo que había que adherirle cuarenta dólares
($40.00) en sellos de rentas internas.[3] La representación legal de éste se comunicó
con la Secretaría y los convenció de que se habían equivocado. De la Secretaría le informaron entonces que
tenía que presentar de nuevo la misma moción con fecha de radicación anterior. Así lo hizo.
Como ya había
transcurrido gran parte del término jurisdiccional para presentar la apelación
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante, Tribunal de
Circuito), tres (3) días antes de que éste venciera, el 4 de abril, Cardona
Rivera decidió radicarla.[4] Su representación legal presentó
personalmente copia del recurso ante la Sala Superior de Bayamón del tribunal
de instancia, y envió por correo certificado con acuse de recibo copia al
abogado de la parte contraria.
Ese mismo día, el foro
de instancia le concedió diez (10) días a la parte demandante recurrida, señora
Caro Ortiz, para replicar a la moción de reconsideración. De esta forma, tanto el Tribunal de Primera
Instancia como el Tribunal de Circuito, entendieron considerada dicha
moción. Dos (2) días más tarde, el 6 de
abril, se archivó en autos copia de la notificación de esta resolución.
El
7 de mayo el tribunal de instancia denegó la reconsideración. Esta determinación se notificó el 22 de
mayo. Así las cosas, el 8 de noviembre,
el Tribunal de Circuito desestimó el recurso de apelación por prematuro y por
no haberse perfeccionado dentro del término jurisdiccional, al no incluirse en
el apéndice copia del Informe del Oficial Examinador, a tenor con lo dispuesto
en la Regla 34E(1)(e) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de
1 de mayo de 1996, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A.
Esta resolución fue notificada el 14 de noviembre.
El 13 de diciembre, el
señor Cardona Rivera presentó ante nos una petición de certiorari. Alegó en síntesis que el Tribunal de
Circuito se había equivocado al determinar que la apelación era prematura y que
no se había perfeccionado dentro del
término jurisdiccional de treinta (30) días que establece la ley y, por ende,
desestimarla. El 26 de enero de 2001
decidimos revisar y expedimos el recurso.
Antes
de proceder a analizar el planteamiento de prematuridad, resulta indispensable
esbozar las normas generales aplicables a las mociones de reconsideración.
II
A. LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN - REGLA 47.1
de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.
La cuestión planteada
requiere que comencemos por analizar la parte de la Regla 47.1 que dispone que
el tribunal de instancia deberá considerar[5]
la moción de reconsideración dentro del término de diez (10) días de haberse
presentado la misma. Si el tribunal
toma alguna determinación, el término jurisdiccional para apelar o presentar
recurso de certiorari quedará interrumpido.
De otra parte, si el tribunal deja de tomar acción en relación con dicha
moción dentro de los diez (10) días de ésta haber sido presentada, la Regla
47.1 establece que se entenderá que la moción fue rechazada de plano, y por
ende, el término para recurrir en alzada no quedó interrumpido.
En El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791, 801 (1965) resolvimos “que una vez presentada en tiempo la moción de reconsideración, y resuelta por el Tribunal declarándola sin lugar de plano, bien por acción afirmativa o bien por inacción dentro de los [diez (10)] días de su presentación, el Tribunal no queda privado de su facultad para reconsiderar esa actuación suya si considera que en realidad la moción de reconsideración plantea una cuestión sustancial y meritoria y que en bien de la justicia debe señalar una vista para oír a las partes, siempre que no haya sido privado de jurisdicción por razón de haberse interpuesto contra la sentencia un recurso de apelación o de [certiorari] o no haya expirado el término para interponer dichos recursos.”[6] (Énfasis suplido.) Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601 (1997); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Cap. VIII, págs. 769 –770, Pub. JTS, 2000.
El término de diez (10) días que establece la Regla 47.1 persigue el
propósito de estimular la pronta adjudicación de los pleitos, a la misma vez
que le da certeza a los procedimientos y promueve la economía procesal, al
advertirle a la parte perdidosa que el término para apelar o presentar recurso
de certiorari no ha sido interrumpido. El
Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra. Véase, además, Regla 1 de Procedimiento
Civil. Sobre este particular en Castro
v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., res. el 22 de septiembre de 1999,
149 D.P.R. (1999), 99 TSPR 143, 99 JTS 147, a la pág.
72, expresamos que:
La Regla 47 evidencia la intención
de lograr un adecuado balance entre, por un lado, 1) proveer la oportunidad
para que un tribunal sentenciador pueda realizar la significativa tarea de
corregir cualquier error que haya cometido al dictar la sentencia o resolución
y por otro, 2) evitar que el medio procesal de la reconsideración se convierta
en una vía para dilatar injustificadamente la ejecución de un dictamen
judicial. Véase, además, Lagares
Pérez v. E.L.A., supra.
Ahora bien, no podemos
leer e interpretar la Regla 47.1 de forma aislada. En la situación procesal que hoy nos ocupa, debemos considerarla
conjuntamente con las Reglas 46, 65.3 y 67 sobre notificación. Reiteradamente hemos resuelto que “[l]os
remedios postsentencia son provistos por el ordenamiento procesal civil
mediante estatutos... por ello forman parte del debido proceso de ley.” Falcón Padilla v. Maldonado Quirós,
138 D.P.R. 983, 989-990 (1995) (Citas omitidas.) En consecuencia, la falta de una notificación adecuada y a tiempo
de cualquier resolución, orden o sentencia, podría afectar el derecho de
una parte a cuestionar la resolución, orden o sentencia dictada,
enervando así las garantías del debido proceso de ley. Falcón Padilla v. Maldonado Quirós,
supra.
Por
su parte, la Regla 65.3(a) dispone que “[i]nmediatamente después de archivarse
en autos copia de una [resolución], orden o sentencia, el secretario
notificará de tal archivo a todas las partes que hubiesen comparecido en el
pleito en la forma preceptuada en la Regla 67.
El depósito de la notificación en el correo será aviso suficiente a
todos los fines para los cuales se requiera por estas reglas una notificación
del archivo de la [resolución], orden o sentencia.” La Regla 46 a su vez establece que, si la
fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la resolución u
orden es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el
término para cumplir con dicha resolución u orden se calculará a partir
de la fecha del depósito en el correo.
La importancia de la notificación de una resolución u orden para
que ésta surta efecto no debe ser menospreciada. Para que lo determinado por el tribunal en una resolución u
orden surta efecto, el debido proceso de ley requiere, como mínimo, que se
le notifique a las partes de dicha resolución u orden. Sólo así pueden las partes advenir en
conocimiento de lo que el tribunal ha resuelto y ordenado y pueden
oportunamente solicitar los remedios que entienden procedentes. De otro modo, las partes podrían verse
afectadas de forma adversa por algo que desconocen.
La correcta y oportuna notificación de las [resoluciones],
órdenes y sentencias es requisito sine qua non de un ordenado
sistema judicial. Su omisión puede
conllevar graves consecuencias, además de crear demoras e impedimentos en el
proceso judicial.... Resulta
indispensable y crucial que se notifique adecuadamente de una determinación
sujeta a revisión judicial a todas las partes cobijadas por tal derecho. Falcón Padilla v Maldonado Quirós,
supra, pág. 993; J.A. Cuevas Segarra, supra, Cap. X, Regla 65.3, págs.
1138-1139.
De todo lo antes
expuesto se puede colegir con meridiana claridad, que hasta que no se notifica
adecuadamente a las partes una resolución, orden o sentencia, ésta no
surte efectos y los distintos términos que de ella dimanan no comienzan a
decursar. Adjudicarle efectos
procesales a una determinación judicial no notificada trastocaría el andamiaje
procesal y socavaría los cimientos del debido proceso de ley. Difícilmente se
le puede exigir a una parte que actúe con diligencia y de acuerdo con el estado
procesal del caso, si ésta lo desconoce por no habérsele notificado el
mismo. Hasta que no se notifique
adecuadamente a las partes una resolución u orden, ésta no surtirá
efecto.
Resumiendo: la
notificación es parte integral de la actuación judicial, por lo tanto, para que
una resolución u orden surta efecto, ésta tiene que ser, no solamente emitida
por un tribunal con jurisdicción, sino también notificada a las partes, ya que
es a partir de la notificación que comienzan a decursar los términos
establecidos en la misma y la determinación afectará el estado procesal del
caso.
B. APLICACION DE LAS NORMAS
PROCESALES A LOS HECHOS
Inconforme
con la determinación del tribunal de instancia y entendiendo que éste se había
equivocado, el demandado peticionario, señor Cardona Rivera, optó por presentar
una moción de reconsideración para así brindarle la oportunidad a dicho foro de
corregir lo que estimaba era un error.
Esto lo hizo dentro del término jurisdiccional de quince (15) días
establecido en la Regla 47.1. Así
comenzó su azaroso peregrinaje a través de la madeja procesal que últimamente
parece haber adquirido vida propia en nuestro sistema judicial.
A
pesar de haber presentado su moción a tenor con lo dispuesto en las Reglas de
Procedimiento Civil, la Secretaría del tribunal de instancia se la
devolvió. Aparentemente por equivocación
creyeron que era necesario que se adhirieran a dicha moción cuarenta dólares
($40.00) en sellos de rentas internas.
Diligentemente la representación legal del señor Cardona Rivera se
comunicó con la Secretaría del tribunal y logró aclarar el asunto. Le instruyeron que volviera a presentar la
moción que le había sido devuelta, la misma que aparecía sellada con la fecha
anterior. Así lo hizo.
El
4 de abril de 2000, faltando sólo tres (3) días para finalizar el término
jurisdiccional de treinta (30) días para presentar un recurso de apelación y
ante la aparente inacción del foro de instancia y posibilidad de perder su
derecho a la revisión en alzada, el demandado peticionario, señor Cardona
Rivera, decidió apelar al Tribunal de Circuito. Para asegurase que su recurso quedase perfeccionado en tiempo,
personalmente radicó una copia en el tribunal de instancia y envió otra por
correo certificado con acuse de recibo a la otra parte. Ese mismo día, 4 de abril de 2000, mientras
realizaba estas gestiones, el foro de instancia decidió considerar la moción
de reconsideración, solicitándole a la parte contraria que se expresara
sobre la misma. De esto, sin embargo,
el peticionario no se enteró, pues la moción no fue notificada por correo hasta
el 6 de abril de 2000, un (1) día antes de vencer el término jurisdiccional
para recurrir en alzada.
El
Tribunal de Circuito resolvió erróneamente que bastaba con que el foro de
instancia hubiese emitido una resolución considerando la moción de
reconsideración para que el término para apelar se interrumpiese, esto
independientemente de cuando la misma fuese notificada. El estado de incertidumbre que esto crea
milita en contra del propósito de la propia Regla 47.1 de proveerle a la parte
perdidosa la certeza sobre cuando el término para recurrir en apelación ha
quedado interrumpido y promover de esta forma la economía procesal al evitar
que la parte perdidosa, ante la incertidumbre de si se ha interrumpido el
término o no, presente un escrito de apelación que luego podría tornarse en
prematuro por la notificación, posterior o simultánea, de la resolución
considerando la moción de reconsideración.
La
postura adoptada por el Tribunal de Circuito tiende a crear situaciones
insostenibles, totalmente contrarias a los propósitos de las normas procesales
de promover la solución justa, rápida y económica de los conflictos y
controversias. Más aún, propicia el
retorno de nuestro derecho procesal al juego de astucias y tretas que fue tan
criticado y condenado en el pasado.
Esta posición fomenta la presentación de recursos apelativos que
resultarán prematuros una vez se notifique la resolución del tribunal considerando
la moción de reconsideración. Ni
las partes, ni los foros apelativos sabrán cuándo sucederá esto, pues el
tribunal de instancia no tiene término para llevar a cabo la notificación. Por lo tanto, en las Secretarías de
instancia donde hay más atrasos o donde se procesan la mayor cantidad de los
casos, habrá mayor incertidumbre.
De
otra parte, se podría dar la situación de que la notificación de la resolución
considerando la moción de reconsideración, se haga después que el foro
apelativo haya resuelto el caso revocando la determinación de instancia. No debemos permitir la posibilidad de que
esta indeseable situación suceda.
Además, fomentar la presentación de recursos por miedo de que se pueda
perder el derecho a la revisión en alzada, milita en contra de la economía
procesal pues sobre un mismo asunto se va a ocupar el personal de dos (2)
Secretarías, la de instancia y la del Tribunal de Circuito, y el tiempo de por
lo menos cuatro (4) jueces, uno (1) de instancia y tres (3) del foro
apelativo. Todo esto sin contar con el
tiempo que habrán de invertir los abogados y su personal, todo ello en
gestiones totalmente innecesarias e inútiles.
No podemos ser partícipes en fomentar este tipo de consecuencias
procesales tan contrarias al debido proceso de ley y la función de la Rama
Judicial.
En
el caso ante nuestra consideración se está penalizando al demandado peticionario,
el señor Cardona Rivera, por su diligencia.
La determinación del Tribunal de Circuito resulta contraria al principio
cardinal del derecho procesal de que la justicia ha de dispensarse por los
tribunales de forma justa, rápida y económica.
Entendemos que para que la consideración de una moción de
reconsideración tenga el efecto de interrumpir el término jurisdiccional para
recurrir en alzada es necesario, no solamente que el tribunal la considere
antes de que transcurra el término para recurrir en alzada o que una de las
partes haya presentado un recurso en el foro apelativo, sino que es necesario
que esta determinación se notifique también antes de que hayan ocurrido estos
eventos procesales.
Por
las razones que anteceden entendemos que el recurso de apelación presentado por
el demandado peticionario, señor Cardona Rivera, ante el Tribunal de Circuito
no fue presentado prematuramente.
Pasemos
ahora a examinar el segundo planteamiento: la alegación de que el recurso no se
perfeccionó dentro de término jurisdiccional de treinta (30) días establecido
por ley, ya que en el apéndice no se incluyó el Informe del Oficial Examinador
de Pensiones Alimentarias.
III
A. EL INFORME DEL OFICIAL EXAMINADOR
DE PENSIONES ALIMENTARIAS
A
tenor con lo dispuesto en el Art. 18 (5) de la Ley Orgánica de Sustento de
Menores, Ley Núm. 16 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 L.P.R.A.
sec. 517, sobre la tramitación del procedimiento administrativo expedito, “[e]l
informe de un Examinador incluirá determinaciones de hechos, conclusiones de
derecho y recomendaciones sobre la pensión alimenticia.” El foro de instancia, por su parte, “podrá
hacer suyas las determinaciones, conclusiones y recomendaciones del Examinador
o hacer sus propias determinaciones de hecho o conclusiones de derecho con
o sin vista previa y emitir la orden, resolución o sentencia que
corresponda la cual será notificada al alimentante y alimentista o al
Secretario de la Familia, según sea el caso.” (Énfasis suplido.)
Al
amparo de estas disposiciones la mayor parte de las distintas Regiones
Judiciales en la Isla han interpretado que una vez el tribunal considera el
Informe del Examinador de Pensiones Alimentarias y emite su resolución,
orden o sentencia, ya fuere fijando la pensión, modificándola o denegando
lo solicitado, junto con la determinación del tribunal se le notifica a las
partes el Informe para que éstas, de así desearlo, puedan recurrir al tribunal
apelativo en revisión de dicha determinación.
El Informe entonces se une y se hace formar parte del expediente del
caso en el tribunal.
Este procedimiento, sin embargo, no se sigue
en la Región Judicial de Bayamón.[7] En dicha Región, aunque el Informe forma
parte del expediente del caso en el tribunal, y las partes aparentemente tienen
acceso al mismo, el Informe en sí no se les notifica. Sólo se les dará una copia si el juez así lo autoriza.[8]
En
el caso de autos, tanto en la petición de certiorari como en su alegato, el
peticionario, señor Cardona Rivera, nos informa que a pesar de que el foro de
instancia fijó la pensión alimentaria tomando en consideración el Informe del
Oficial Examinador, como éste no se hizo formar parte de la “Resolución”
emitida por el tribunal, no se le notificó a las partes copia del mismo.
Sobre
este particular la parte demandante recurrida, señora Caro Ortiz, se limita a
indicar que es dentro del contexto del presente recurso de certiorari donde por
primera vez el demandado peticionario argumenta sobre la falta de
notificación del Informe. Claro está, ésta es también la primera vez
que surge la necesidad de que el señor Cardona Rivera haga este planteamiento.
Entendemos
que la práctica seguida en la Región Judicial de Bayamón de no notificar los
Informes del Oficial Examinador de Pensiones Alimentarias a menos que éste se
haga formar parte de la resolución, orden o sentencia que dicte el tribunal,
debe descontinuarse. Como regla
general, las partes tienen derecho a que se les notifique todo documento que el
tribunal toma en consideración para llegar a su determinación. Sólo así podrán éstas efectivamente ejercer
su derecho a una adecuada revisión de esa determinación por los foros
apelativos. También, como regla
general, no se le debe exigir a una parte que, como requisito jurisdiccional
para el perfeccionamiento de un recurso, incluya en el apéndice un documento
que no tiene por no habérsele notificado.
Resumiendo:
como requisito mínimo del debido proceso de ley y como regla general, a una
parte hay que notificarle de todo documento que el tribunal tome en
consideración para resolver el caso o incidente de que se trate. Sólo así podrán ejercer efectivamente su
derecho estatutario a una revisión en los foros apelativos.
IV
Por
todo lo antes expuesto, resolvemos que el Tribunal de Circuito se equivocó al
concluir que la apelación presentada ante su consideración por el peticionario,
señor Cardona Rivera, fue prematura y, por lo tanto, procedía su desestimación. Tampoco es correcta, bajo las circunstancias
específicas de este caso, su determinación de que en el apéndice del recurso
había que incluir una copia del Informe del Oficial Examinador de Pensiones
Alimentarias para que éste quedara adecuadamente perfeccionado. En consecuencia, se revoca el dictamen y se
devuelve el caso para que continúen los procedimientos de forma compatible con
lo aquí resuelto.
Miriam
Naveira de Rodón
Juez
Asociada
SENTENCIA
San
Juan, Puerto Rico a 11 de febrero de 2003
Por
los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, se revoca el dictamen
emitido por el Tribunal de Circuito de Apelaciones y se devuelve el caso para
que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor Rivera Pérez disiente con Opinión escrita. El Juez Asociado señor Corrada del Río
disiente sin Opinión escrita.
Patricia
Otón Olivieri
Secretaria
del Tribunal Supremo
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