Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2003
2003 DTS 018 SZENDREY V. HOSPICARE 2003TSPR018
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ladislaus M. Szendrey y su Esposa
Maricarmen Ramos de Szendrey, etc.
Demandantes-Peticionarios
v.
Hospicare,
Inc. y otros
Demandados-Recurridos
Certiorari
2003
TSPR 18
158 DPR
____
Número del Caso: CC-2000-845
Fecha: 14 de febrero de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito
Regional I
Panel integrado por su
Presidente, el Juez Urgell Cuebas y los Jueces Cordero y González Rivera
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Lino J. Saldaña
Lcdo.
Raúl Tirado Rodríguez
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. José G. Barea Fernández
Lcdo.
Ángel López Hidalgo
Materia: Cumplimiento Específico de Contrato, Regla 12.1 de
Procedimiento Civil, Demanda contra tercero.
ADVERTENCIA
Este documento constituye un
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correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones
del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
Opinión del Tribunal emitida por
el Juez Presidente señor Andréu García
San Juan, Puerto Rico, a 14 de
febrero de 2003
El 23 de abril de
1993, Hospicare, Inc., en carácter de vendedor y el Sr. Ladislaus Szendrey y su
esposa, en carácter de compradores, otorgaron un contrato de promesa bilateral
de compraventa sobre las oficinas Núms. 802 y 804 del edificio Condominio
Metropolitan Professional Park, ubicado en Río Piedras. Para ese entonces, Hospicare, Inc., era la
propietaria de todas las oficinas localizadas en cinco de los diez pisos del
Condominio Metropolitan Professional Park. Por otro lado, Inversiones y
Desarrollos del Caribe, Inc. (INDECA) era la dueña de las oficinas restantes en
los otros cinco pisos del edificio. Al
poco tiempo, Hospicare e INDECA alquilaron todas las oficinas del condominio al
Departamento de Corrección y otras entidades relacionadas.
El
23 de marzo de 1994, el Sr. Ladislaus Szendrey, su esposa y la sociedad legal
de gananciales compuesta por ambos presentaron ante el Tribunal de Primera
Instancia una demanda contra Hospicare, Inc.; INDECA; Enrique Irizarry
Sorrentini, su esposa y la sociedad de gananciales compuesta por ambos;
Baldomero Collazo Salazar, su esposa y la sociedad legal de gananciales
compuesta por ambos; y Metropolitan Office Park, Inc. Como primera causa de acción, alegaron incumplimiento del
contrato de compraventa de las oficinas Núms. 802 y 804. Solicitaron que se otorgase la escritura de
compraventa correspondiente. Como
segunda causa de acción, plantearon que los demandados estaban infringiendo las
disposiciones de la escritura matriz en cuanto al uso permitido de los locales
del condominio y de ciertos elementos comunes.
Solicitaron el cumplimiento específico de las restricciones incluidas en
la escritura matriz y el resarcimiento de los daños sufridos como resultado de
tales violaciones.
La
demanda fue enmendada en varias ocasiones con la autorización del tribunal.[1] En la tercera demanda enmendada se ampliaron las alegaciones
respecto a los daños por los cuales se reclamaba para incluir a todas las
partes demandadas, extendiéndose a éstas de ese modo la reclamación de una
indemnización por quinientos mil dólares ($500,000).
El
20 de enero de 2000, los demandantes y Hospicare, Inc. presentaron en el
tribunal un convenio de transacción, titulado “Estipulación de Transacción y
Relevo”, en la que se informa que Hospicare, Inc., otorgó la escritura de
compraventa a favor de los demandantes, según solicitado en la primera causa de
acción, y que habían llegado a un acuerdo sobre los daños que eran
responsabilidad de la codemandada. Específicamente
la parte demandante se reservó el derecho a proseguir con sus reclamaciones en
contra de los demás codemandados. El 21
de enero de 2000, el foro de instancia dictó sentencia parcial aceptando la
estipulación de las partes y decretando el desistimiento con perjuicio de las
reclamaciones de la parte peticionaria contra Hospicare.
Oportunamente,
INDECA solicitó la reconsideración de dicha sentencia parcial. Alegó que de sostenerse la transacción,
procedía la desestimación de las reclamaciones en su contra. En la alternativa,
solicitó que se le permitiese traer como terceros demandados a Hospicare y a
los actuales titulares de las unidades del condominio que antes pertenecían a
Hospicare, Sr. Luis Fernando Castillo y Sra. Gladys Cruz Chinea. El Tribunal de Primera Instancia sostuvo su
sentencia parcial, denegó la solicitud de desestimación contra INDECA y no
permitió la demanda contra terceros.[2]
Inconformes, INDECA recurrió junto a los
otros codemandados, al Tribunal de Circuito de Apelaciones. Este sostuvo la denegatoria del tribunal de
instancia de desestimar la demanda
contra INDECA por entender que de la demanda se desprende una
reclamación separada e independiente de la que fue transigida con Hospicare,
Inc., a saber, una solicitud de injunction ordenando a los demandados a
observar el destino y el uso de los apartamentos y las áreas comunes del
edificio, según dispuestas en la escritura del régimen de propiedad horizontal. No obstante, concluyó dicho foro intermedio
que a pesar de afectar a todos los codemandados la reclamación por daños, la
intención de la parte demandante fue relevar de responsabilidad a Hospicare,
Inc., solamente. Por ello, determinó
que procedía la demanda contra tercero presentada por INDECA, ya que
alegadamente todos son cocausantes de los daños por los cuales se reclama y la
determinación de la proporción de la responsabilidad atribuible a cada
cocausante requiere la presencia todos.
Estimó que de otro modo se vulneraría el principio de economía procesal
ya que una vez impuestos los daños, INDECA se vería obligada a presentar una
acción de nivelación separada y posterior al presente litigio.
Resuelto
lo anterior, la parte demandante acude ante nos señalando como errores del foro
apelativo el “resolver que INDECA puede traer al pleito como tercero demandado
a Hospicare, ya que Szendrey [la parte demandante] relevó a éste de toda
responsabilidad y en consecuencia le toca a Szendrey satisfacer o absorber
cualquier reclamación que INDECA pueda tener en el pleito de daños como deudor
solidario por razón de su derecho a nivelación.”[3]
II.
La
Regla 12.1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.12.1, dispone
que “...un demandado podrá en cualquier momento después de comenzado el pleito,
como demandante contra tercero, notificar un emplazamiento y demanda a una
persona que no sea parte en el pleito y (1) puede serle responsable al
demandado por toda o parte de la reclamación del demandante, o (2) que sea o
pueda serle responsable exclusivamente al demandante.” El propósito de esta regla es establecer un
mecanismo para facilitar la resolución pronta y económica de pleitos múltiples
que puedan surgir de unos mismos hechos.
Camaleglo Corp. v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20
(1986); A.A.A. v. Builders Ins. Co., 115 D.P.R. 57 (1984). Esta
acción no crea, extiende o limita derechos sustantivos, sino que acelera su
dilucidación. Por ello, la reclamación
contra tercero sólo procede cuando su responsabilidad sea contingente al
resultado de la acción principal o cuando el tercero le sea “secundaria o
directamente responsable al demandante.” Gen. Accident Insurance Co. v.
Ramos, res. el 14 de junio de 1999, 99 TSPR 91; Camaleglo Corp. v.
Dorado Wings, Inc, supra.
En
Puerto Rico, el derecho de nivelación entre cocausantes de un daño ha sido
reconocido a partir de García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138
(1951). La consabida norma que aplica
cuando un daño es causado por dos o más personas, establece que todos los
cocausantes responden al demandante por los daños sufridos por él. Sin embargo, entre estos cocausantes existe
un derecho de contribución o nivelación, procedente del artículo 1098 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. §3109, que permite al deudor solidario que haya pagado más de lo que le
corresponde, reclamar a los demás codeudores las porciones
correspondientes. Security
Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 191 (1973). Así, hemos determinado que los cocausantes
responden solidariamente al perjudicado, pero el efecto oneroso se distribuye
en proporción a sus respectivos grados de negligencias en la relación interna
entre ellos. Id., en la pág. 208.
Véase además, Monserrate Arroyo v. Hospital de la Concepción, 130
D.P.R. 596 (1992).
El
propósito fundamental del derecho de nivelación en Puerto Rico ha sido el de
evitar el enriquecimiento injusto. Véase, P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas
Co., Inc., res. el 2 de noviembre de 1999, 99 TSPR 168. Según expresamos en Ramos v. Caparra
Dairy, 116 D.P.R. 60, 64 (1985), se evitan “situaciones de enriquecimiento
injusto, reconduciendo subjetivamente la carga prestacional hacia quienes, en
último término, corresponda. [...] El derecho a la nivelación se basa
principalmente en la equidad, toda vez que resulta completamente injusto que
siendo dos o más personas las causantes de un daño, se permita que el
demandante por razón de parentesco, amistad, colusión, o por cualquier motivo,
releve a éstas de responsabilidad y dirija la acción exclusivamente contra
otros.” García v. Gobierno de
la Capital, supra. Véase además, Monserrate
Arroyo v. Hospital de la Concepción, supra.
Aunque
el derecho de nivelación de un codeudor no surge hasta que éste haya efectuado
un pago mayor a la proporción que le corresponde, el codeudor sujeto al pago
puede incoar una reclamación contingente contra el otro codeudor. Security Ins. Co. v. Tribunal Superior,
supra, en la pág. 198, García v. Gobierno de la Capital, supra,
146. Esto es, el cocausante de un daño
puede presentar, conforme la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, una
demanda contra tercero en el pleito donde se le requiere responder por tal daño
en una cantidad mayor a la porción que representa su grado de contribución a la
ocurrencia del daño.
El
relevo o descargo de responsabilidad hecho por un demandante a favor de un
codemandado y codeudor solidario, no releva de responsabilidad a los demás
causantes comunes del daño, cuando la intención de las partes en el acuerdo de
desistimiento así lo reconoce. P.R.
Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., res. el 2 de noviembre de 1999, 99
TSPR 168; Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403 (1969). En Merle, supra, los codemandados
alegaron que siendo la responsabilidad entre ellos solidaria y habiéndose
relevado de responsabilidad a uno de los demandados, tal relevo beneficiaba a
todos los codemandados; procediendo así la desestimación a favor de todos los
codemandados. Allí consideramos como
factor determinante la intención de las partes en el relevo del causante común
de un daño, conforme a las disposiciones del artículo 1233 de nuestro Código
Civil, 31 L.P.R.A. §3471, el cual dispone que si los términos de un contrato son claros y no
dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal
de sus cláusulas. Determinamos que los
cocausantes de un daño no quedaban relevados de responsabilidad en el caso en
que esa no sea la intención de las partes en el convenio de transacción. Merle, supra, en la pág. 412.
En
Merle, supra, sin embargo, no nos expresamos respecto a la cuestión
planteada en este caso; esto es, si es necesario acumular como tercero
demandado al cocausante del cual se desiste a los efectos de la
nivelación. Señalamos allí que le
correspondía al foro de primera instancia determinar el alcance del convenio de
transacción con respecto al cocausante que permaneció en el pleito, porque
aparentaba haberse pactado en el convenio que la demandante asumía la
responsabilidad del codeudor contra quien desitió ante el codeudor que
permanecía en el pleito. Id., en
la pág. 413.
Al igual que en Merle, supra, es necesario en el presente caso analizar el alcance del relevo pactado en el convenio de transacción para poder determinar la procedencia de la demanda contra tercero solicitada por INDECA. Si el codemandado que permanece en el pleito sólo se encuentra sujeto a responder a la parte demandante por la porción representativa de su grado de contribución a la causa del daño, es innecesaria e improcedente una demanda contra tercero, por no cumplir con el requisito de responderle el tercero al demandado por toda o parte de la reclamación. R. 12.1(2) de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Véase en general, Gen. Accident Insurance Co. v. Ramos, supra. La procedencia de la demanda contra tercero depende, por lo tanto, de un análisis práctico de los hechos en el cual es necesario caracterizar la responsabilidad del o de los demandados restantes, esto es, aquel o aquellos que no han formado parte del convenio transaccional. Dicho de otro modo, habrá que determinar si les corresponderá a éstos responder o no al demandante por la responsabilidad del cocausante que fue liberado por éste como resultado de la transacción. Véase en general, A.A.A. v. Builders Ins. Co., supra.
III.
En el presente caso, el Tribunal de
Primera Instancia desestimó todas las reclamaciones contra Hospicare, Inc. el
21 de enero de 2000, al aprobar la Estipulación de Transacción y Relevo del 20
de enero de 2000, suscrita entre ambas, la parte demandante y la codemandada.
En lo relativo al alcance del relevo
de Hospicare, Inc., el número 1(e) de la mencionada estipulación expresa que
los demandantes “relevan a Hospicare, Inc. ... de toda y cualquiera
responsabilidad, económica o de cualquier naturaleza, por cualquier causa de
acción que tengan o hayan tenido entre sí, como consecuencia de todos los
hechos a que se contrae esta demanda, las hayan ejercido o no, incluyendo el
procedimiento de quiebra llevado a cabo por Hospicare, Inc.” En el mismo inciso, la parte demandante
relevó de responsabilidad a los nuevos adquirentes de las unidades propiedad de
Hospicare, Inc., el Sr. Castillo Barahona y a su esposa, Sra. Cruz Chinea, por
“los daños o causas de acción que pudieran tener contra éstos por razón de
actos de Hospicare, Inc. ... cometidos hasta el día 31 de marzo de 1999, fecha
en que los señores Catillo Barahona-Cruz Chinea adquirieron la titularidad de
los inmuebles.” En el número 1(f) se aclara
que “los demandantes expresamente se reservan íntegramente todos y cada uno de
sus derechos de proseguir su demanda y causas de acción, incluyendo tanto las
que se refieran al resarcimiento de daños, como las que se refieran al
cumplimiento del régimen de propiedad horizontal, contra todos y cada uno de
los codemandados en el pleito que no queden relevados por esta
transacción”.
Podemos observar, por lo tanto, la
voluntad inequívoca de la parte demandante de relevar a Hospicare, Inc., de toda
responsabilidad procedente de los hechos del presente caso relativos al
incumplimiento del contrato, a los daños y perjuicios reclamados y al
cumplimiento con el régimen de propiedad horizontal.[4] Esta voluntad, sin embargo, no afecta la
causa de acción contra los demás codemandados en virtud de la acción de daños y
del injunction permanente solicitado, ya que así se convino expresamente.
Constituye el lenguaje central que
dispone de esta controversia, el relevo
expreso de la codemandada (Hospicare, Inc.) de “toda o cualquier sentencia en
su contra que surja o pueda surgir a favor de otras personas, codemandadas o no
en la demanda, como consecuencia de reclamaciones de coparte, de demandas
contra tercero o acciones de nivelación o contribución ya instadas o que en el
futuro se insten, contra ellas para resarcirse de condenas impuestales [sic] a
favor de las demandantes”. Vemos pues,
que la intención de las partes fue relevar a Hospicare, Inc., de los hechos
relativos a la segunda causa de acción que exponía a Hospicare, Inc., a
responder por los daños ocasionados como titular de algunos apartamentos y como
cocausante solidario, junto con los otros titulares de derechos sobre los
apartamentos del edificio en cuestión.
En otras palabras, aun cuando
mediante la sentencia final que dicte en su día el Tribunal de Instancia
concluya que los codemandados que permanecen en el pleito contribuyeron
conjuntamente y solidariamente con Hospicare a los daños causados a la parte
demandante, estos no tendrán que repetir contra Hospicare, Inc., por el grado
de la contribución de ésta a la ocurrencia de tales daños, ya que en su
sentencia, el Tribunal tendrá que determinar el monto líquido total de los
daños ocasionados a la parte demandante por todos los cocausantes de los
mismos y deducirá de dicho monto total aquella porción monetaria equivalente al
grado de responsabilidad de Hospicare.
Igualmente, a los fines de la nivelación entre los codemandados que
permanezcan en el pleito[5],
el tribunal tendrá que determinar el grado de contribución de cada uno de éstos
a los daños sufridos por la parte demandante, aún cuando permanecen obligados
solidariamente frente a ésta por la totalidad de los daños restantes, esto es,
los que resulten luego de descontada la suma correspondiente al grado de
contribución de Hospicare.
Por todo lo cual, la demanda contra
tercero no procede en este caso ya que no cumple con el propósito de la Regla
12.1 de Procedimiento Civil, supra, que requiere que el tercero le pueda ser
responsable al demandado por toda o parte de la reclamación del demandante o le
pueda ser responsable exclusivamente al demandante.
IV.
Por
los fundamentos antes expuestos procede revocar la sentencia del Tribunal de
Circuito de Apelaciones a los fines de establecer la improcedencia de la
demanda contra tercero, según resuelto por el Tribunal de Primera
Instancia.
José
A. Andréu García
Juez Presidente
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 14 de
febrero de 2003
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se
revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones a los
fines de establecer la improcedencia de la demanda contra tercero, según
resuelto por el Tribunal de Primera Instancia.
Lo
pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal
Supremo. El Juez Asociado señor Rivera
Pérez está inhibido.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo
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