Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2003
2003 DTS 125 IN RE: ROSADO NIEVES 2003TSPR125
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: Ángel M. Rosado Nieves
Querella
2003 TSPR 125
159 DPR ____
Número del Caso: CP-2000-14
Fecha: 30 de junio de 2003
Oficina del Procurador General: Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Vanessa Lugo Flores
Subprocuradora
General
Abogado de la Parte Querellada: Lcdo. Héctor A. Sostre Narváez
Materia: Conducta
Profesional
(La suspensión será
efectiva una vez advenga final y firme la Sentencia, conforme la Regla 45 del
Reglamento del Tribunal Supremo sobre reconsideración).
ADVERTENCIA
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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación
y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
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PER
CURIAM
San Juan, Puerto
Rico, a 30 de junio de 2003.
En el
presente recurso nos corresponde dilucidar si el Lic. Ángel M. Rosado Nieves
incurrió en conducta violatoria de los Cánones 12 y 23 de los de Ética
Profesional, en su representación legal de la señora Quiñones en procedimientos
relacionados con la ejecución de una sentencia de liquidación de una sociedad
ganancial y otros procedimientos posteriores.
I
El
25 de octubre de 1999 el Juez Rafael Vissepó Vázquez,
del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, mediante resolución, ordenó que
se elevara el expediente del caso de Guillermina Quiñones Rosario v. Cruz
Betancourt Ruiz para que este Tribunal examinara el comportamiento del Lic.
Ángel M. Rosado Nieves (en adelante licenciado Rosado Nieves) a la luz de los
postulados éticos que rigen la profesión legal. A esos efectos, este Tribunal
ordenó al Procurador General la investigación correspondiente.
Oportunamente,
el Procurador General rindió su Informe. En el mismo, sostuvo que el licenciado
Rosado Nieves incurrió en violación al Canon 12 de los de Ética Profesional al
desplegar una conducta la cual fue causante de dilaciones innecesarias durante
la impugnación de subasta en el caso Guillermina Quiñones Rosario v. Cruz
Betancourt Ruiz. En dicho caso, el licenciado Rosado Nieves no cumplió con
varios señalamientos del tribunal ni con órdenes emitidas por el mismo. Por
otro lado, el Procurador señaló que el licenciado Rosado Nieves incurrió en
violación del Canon 23 al haber adquirido un interés y participación personal
en el dinero obtenido por su cliente en la venta de una propiedad de ésta.
Examinado
el Informe del Procurador General se le instruyó que presentase los cargos
correspondientes. Una vez el licenciado Rosado Nieves contestó la querella
presentada, nombramos un Comisionado Especial para que recibiera y aquilatara
la prueba. Luego del examen de rigor, éste nos ha sometido su Informe del cual
se desprende el siguiente trasfondo fáctico y legal.
En 1989 se dictó sentencia en el
caso de Guillermina Quiñones Rosario v. Cruz Betancourt Ruiz poniendo
fin a un pleito de liquidación de la sociedad de gananciales compuesta por
Guillermina Quiñones Rosario y Cruz Betancourt Ruiz (en adelante, la señora
Quiñones y el señor Betancourt). En dicha sentencia se dispuso lo referente a
la adjudicación y liquidación de los bienes de la referida sociedad ganancial.
Luego de darle su respectivo valor a los bienes pertenecientes a la sociedad
ganancial y de acreditar los créditos correspondientes a cada uno de los ex
cónyuges, el tribunal de instancia determinó que la parte correspondiente al
señor Betancourt era la mitad del valor total de los bienes[1],
el cual ascendió a setenta y cinco mil setecientos setenta y cinco dólares
($75,775.00), menos un crédito a favor de la señora Quiñones por doce mil
ochocientos cuarenta y siete dólares con cincuenta centavos ($12,847.50).[2]
En síntesis, el señor Betancourt tendría derecho a obtener la cantidad de
veinticinco mil cuarenta dólares ($25,040.00) de la venta de la propiedad,
mientras que la señora Quiñones tendría derecho a obtener la cantidad de
cincuenta mil setecientos treinta y cinco dólares ($50,735.00).
El licenciado Rosado Nieves fue contratado
por la señora Quiñones el 13 de mayo de 1993 para que la representara en los
procedimientos de ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera
Instancia en la cual se liquidó la sociedad de gananciales Betancourt-Quiñones.
Éste se desempeñó como abogado de la señora Quiñones hasta el 23 de septiembre
de 1996.[3]
En
1993, la señora Quiñones solicitó la ejecución de la referida sentencia. A esos
efectos, el tribunal expidió un mandamiento al Alguacil Ángel L. Hernández
Benítez (en adelante el alguacil) para que se efectuara la venta en pública
subasta del único inmueble de la extinta sociedad ganancial. Luego de la
celebración del correspondiente procedimiento de subasta, la misma fue
declarada desierta[4]
razón por la cual se le adjudicó el bien a la señora Quiñones por la suma de
cincuenta mil setecientos treinta y cinco dólares ($50,735.00).[5]
En vista de ello, el 13 de octubre de 1993 se otorgó la correspondiente
escritura de Adjudicación Judicial la cual fue autorizada por el licenciado
Rosado Nieves. En la misma, comparecieron el alguacil y la señora Quiñones
traspasándole el primero a esta última el dominio absoluto de la propiedad.
En 1995, dicha propiedad fue objeto de una
compraventa en la cual la señora Quiñones traspasó el dominio de la referida
finca a un tercero. Dicha escritura fue
también autorizada por el licenciado Rosado Nieves.
Esta
transacción fue financiada por Doral Mortgage (en
adelante Doral). A estos efectos, Doral emitió diversos cheques entre los
cuales se encuentra uno por veintiséis mil dólares ($26,000.00) a favor del
licenciado Rosado Nieves. Esto ocurrió en presencia de la señora Quiñones y con
su aquiescencia.
Así
las cosas, en octubre de 1995, el señor Betancourt solicitó del Tribunal de
Primera Instancia que se declarara nula la subasta o, en la alternativa, que se
le ordenara a su ex esposa consignar en
el tribunal la cantidad de doce mil quinientos veinte dólares ($12,520.00) a su
favor, cantidad a la que tenía derecho en virtud de su participación en la
extinta sociedad de gananciales, propietaria de la referida finca, según
dispuesto por la sentencia emitida, en 1989, por el Tribunal de Primera
Instancia.[6]
A estos efectos el Tribunal de
Primera Instancia señaló una vista el 8 de diciembre de 1995. A esta vista el
licenciado Rosado Nieves no compareció. Sin embargo, se desprende del
expediente que éste no fue citado para la misma. Por esta razón, el tribunal la
reseñaló para el 27 de febrero de 1996.
De
la minuta de la vista del 8 de diciembre se desprende que el licenciado que fue
notificado de la vista señalada para el 27 de febrero del 1996 fue el
antecesor del querellado quien había
renunciado en 1993 y a quien el licenciado Rosado Nieves sustituyó en
mayo de ese mismo año. A esta vista el licenciado Rosado Nieves, como es de
esperarse, tampoco compareció. En vista de su incomparecencia, el tribunal
expidió una orden de mostrar causa por la cual no debieran ser encontrados
incursos en desacato por sus incomparecencias del 27 de febrero de 1996, el
licenciado Rosado Nieves, la anterior representación legal de la señora
Quiñones y la propia señora Quiñones. El tribunal señaló vista para el 28 de marzo
de 1996.
El 28 de marzo de 1996 compareció el
licenciado Rosado Nieves y le indicó al tribunal que no había podido localizar
a la señora Quiñones. Informó además que la propiedad cuya subasta es impugnada
fue vendida a una tercera persona. Ese día se señaló vista para el 27 de junio
de 1996 y se expidió, en contra de la señora Quiñones, una orden de mostrar
causa por la cual no debiese ser encontrada incursa en desacato civil. Se le
ordenó además el pago de doce mil quinientos veinte dólares ($12,520.00) en o
antes de la vista señalada para el 27 de junio. A dicha vista el licenciado
Rosado Nieves compareció. En ésta el tribunal ratificó la orden expedida en
cuanto a la señora Quiñones para el pago de los $12,520 más intereses.
Luego
de varios incidentes procesales ante el Tribunal de Primera Instancia, el 13 de
marzo de 1997, se ordenó a la señora Quiñones el pago de la referida suma en un
término de cinco días bajo apercibimiento de desacato y la posibilidad de
ordenar su arresto por su incumplimiento.[7]
No se desprende de la minuta que se haya notificado al licenciado Rosado Nieves. Dicha orden se
volvió a notificar el 6 de mayo de 1998 esta vez con acuse de recibo.
El 5 de mayo de 1998 se celebró una
vista sobre el estado procesal del caso a la cual ni el licenciado Rosado
Nieves ni su clienta comparecieron. Según el Informe del Comisionado Especial,
el querellado no fue citado. Debemos aclarar que ya para esta fecha el
querellado no ostentaba la representación de la señora Quiñones, que como
mencionáramos anteriormente, culminó el 23 de septiembre de 1996 cuando el
tribunal le aceptó la renuncia a la representación, esto notificado el 30 de
septiembre de ese mismo año. No obstante, el tribunal procedió a citar al
querellado para el 11 de junio de 1998 bajo apercibimiento de desacato. Dicha
orden fue diligenciada el 21 de mayo de 1998.
Aunque
el licenciado Rosado Nieves ya no ostentaba la representación de la señora
Quiñones, al día siguiente de la notificación de la orden antes mencionada,
éste presentó una moción informativa señalando que para la fecha que había sido
citado éste se iba a encontrar fuera de Puerto Rico y señaló varias fechas
hábiles. Dicha moción fue radicada el 22
de mayo a las 8:53 AM según evidencia el sello del tribunal. Debido a que no
recibió comunicación alguna del tribunal, el día de la vista envió a su
secretaria para que informara al tribunal que éste se encontraba fuera de
Puerto Rico. Recalcamos que para esta fecha hacía año y medio que el licenciado
Rosado Nieves no ostentaba la representación legal de la señora Quiñones.
En vista de la incomparecencia del
licenciado Rosado Nieves el Tribunal de
Primera Instancia ordenó su arresto el 12 de junio de 1998. Dicha orden fue
diligenciada, se trajo al querellado ante el tribunal pero éste sufrió una
caída en el propio tribunal y fue excusado para que fuese llevado al hospital.
Sin embargo, el licenciado Rosado Nieves en vez de acudir al hospital se fue a
su casa. Debido a que el tribunal sólo autorizó la ida al hospital, consideró
que el que éste se hubiese ido a su casa constituyó un incumplimiento de las
órdenes del tribunal. Por esta razón, el tribunal lo declaró incurso en
desacato civil ordenó su encarcelamiento inmediato fijándole una fianza de diez
mil dólares y señaló una vista para el 29 de junio “a los fines de considerar
la conveniencia de la continuación de su reclusión”.
El 22 de junio se llamó el caso fuera de
calendario y comparecieron el querellado y el fiscal de distrito. Allí se explicó lo sucedido el 15 de junio,
en cuanto a su caída y que la razón para irse a su casa en vez de al hospital
fue la tardanza de la ambulancia y la persistencia de su dolor. El tribunal
dejó sin efecto la orden de arresto del 15 de junio. Sobre la vista señalada
para el 29 de junio de 1998 no tenemos minuta.
En vista de lo anterior, el 24 de junio de
1998, el licenciado Rosado Nieves radicó una querella en contra del Hon. Rafael L. Vissepó Vázquez[8]
por actuaciones indebidas. La Oficina de
Administración de Tribunales no encontró que el Juez hubiese incurrido en
conducta impropia que justificase la elevación de la investigación para la
consideración del Tribunal Supremo.
El licenciado Rosado Nieves fue
citado para una vista el 9 de diciembre de 1998 a la que éste, a pesar de que
ya no fungía como la representación legal de la señora Quiñones, compareció y
entregó unos documentos que le habían sido requeridos. Ese día se le dio un
término de treinta días para que presentara un memorando con las defensas que
estimase pertinente. En dicha vista, el querellado le recordó al tribunal que
no ostentaba la representación de la señora Quiñones desde 1996, que no tenía
ningún tipo de comunicación con su ex cliente y no conocía de su paradero.
No
obstante, el 28 de enero de 1999 mediante una moción informativa, el licenciado
Rosado Nieves le informó al Tribunal que la señora Quiñones estaba de acuerdo
en pagar la cantidad adeudada a su ex esposo ($12,520.00).[9]
El 25 de octubre de 1999 el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución
en la que le ordenó a la señora Quiñones satisfacer la cantidad de doce mil
quinientos dólares ($12,520.00) más los intereses devengados desde octubre de
1993 hasta que la totalidad del dinero fuera consignado.[10]
II
En
síntesis la controversia que nos ocupa se circunscribe a determinar si el
querellado, con su conducta, incurrió en violación de los Cánones de Ética
Profesional. En primer lugar, se le imputan violaciones al Canon 12 debido a
las dilaciones en los procedimientos producidos por sus repetidas
incomparecencias a los señalamientos del tribunal. En segundo término, debemos
determinar si incurrió en conducta violatoria del Canon 23 al adquirir interés
en el dinero obtenido como producto de la venta de una propiedad de su clienta.
Por último, debemos determinar si la participación del querellado en el
otorgamiento de las escrituras referentes al bien de su clienta atentan contra
los postulados éticos que rigen nuestra profesión.
A
Los abogados son una parte esencial del
proceso de impartir justicia y como tal tienen la ineludible encomienda de
desempeñar su labor con la mayor diligencia, responsabilidad e integridad. In
re Ortiz Velásquez, 145 D.P.R. 308 (1998); In
re Córdova González, 135 D.P.R. 260 (1994). El
Canon 12 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. AP.
IX, C.12, le impone la obligación a la profesión togada de ser entes diligentes
y responsables en la tramitación de los casos evitando así dilaciones
innecesarias que entorpezcan la resolución de los mismos. Así pues, se le
impone el deber a todo abogado a ser puntual en su asistencia y conciso y
diligente en la presentación de sus causas. Ello implica que tienen la
responsabilidad de desplegar todas las diligencias necesarias para evitar
indebidas dilaciones en su tramitación y solución de los casos. Canon 12 de los
de Ética Profesional, supra. Por tanto, la
incomparecencia injustificada a las vistas señaladas por el tribunal,
ocasionando la suspensión de las mismas, dilatando así la tramitación de las
causas, es violatorio del Canon 12.
B
Por otro lado, el Canon 23 de los de
Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap.
IX C.23, prohíbe, en primer lugar, que el abogado adquiera interés o
participación en el litigio que le haya sido encomendado. El mismo también
dispone que la relación entre un abogado y su cliente es
de naturaleza fiduciaria por lo que ésta tiene que estar fundada en la honradez
absoluta. Resalta además que cuando el letrado advenga en posesión de bienes o
dinero del cliente debe dar pronta cuenta de este hecho a su cliente y nunca
debe mezclar dichos bienes con los suyos propios.
Como
mencionáramos, el Canon 23, supra, prohíbe que
el abogado adquiera interés o participación en el asunto en litigio que le fue
encomendado. No obstante, el carácter litigioso del bien tiene que coincidir en
tiempo con la intervención del abogado en el litigio en relación con dicho
bien. Una vez concluido el litigio, el Canon 23 no es impedimento para que, en
pago de los honorarios, se le otorgue una participación en el bien del cliente.
In re Castro Mesa, 131 D.P.R. 1037 (1992).
Además,
en virtud de lo dispuesto por el Canon 23, supra,
los abogados deben velar porque la relación entre el abogado y el cliente sea
transparente. La naturaleza fiduciaria de la relación entre el abogado y el
cliente exige que exista una confianza absoluta entre ambos. Esta transparencia
es de vital importancia en los asuntos de carácter económico.
Por
último, el Canon 23 claramente prohíbe la retención y disposición inapropiada
de cualquier suma de dinero pertenecientes a los clientes. In re Gorbea Martínez, res. el 1ro
de diciembre de 1999, 99 T.S.P.R. 190; In re
Fernández Paoli, 141 D.P.R.
10 (1996). La retención de fondos pertenecientes a sus clientes por parte de un
abogado amerita sanción aunque los hubiere devuelto o no hubiese tenido la
intención de apropiárselos. Por esto, reiteradamente hemos expresado que
retener, en forma no autorizada, sumas de dinero pertenecientes al
cliente o disponer de ellas impropiamente, constituye conducta gravemente impermisible de un abogado. In re Marrero
Figarella, 146 D.P.R.
541 (1998); In re Vázquez O’Neill, 121 D.P.R.
623 (1988).
Hemos expresado que aún en
circunstancias en que un cliente acuerde pagar honorarios tan pronto reciba
dinero en su caso, no se justifica que el abogado, sin consentimiento del
cliente, endose los cheques y se apropie de los mismos. In re Pereira
Estévez, 147 D.P.R. 147 (1998); In re
Fernández Paoli, supra;
In re Báez Torres, 108 D.P.R. 358 (1979). En
fin, el letrado no puede, aunque se le adeuden honorarios, cobrar los mismos
por su cuenta. In re Morales Soto, 134 D.P.R.
1012 (1994).
En síntesis, la transparencia de las
relaciones entre abogado cliente y la naturaleza fiduciaria de dicha relación
basada en honestidad absoluta es piedra angular para nuestro sistema jurídico.
Por esta razón, reiteradamente hemos establecido que los abogados no deben
cobrar indebidamente los honorarios de abogado, retener sin autorización
dinero de sus clientes, ni disponer de éstos impropiamente.
C
La Ley Notarial de Puerto Rico, Ley
Núm. 75 de 2 de julio de 1987, 4 L.P.R.A. sec. 2001 et seq., le impone al
notario una función dual. Por un lado, sirve como agente instrumental del
documento notarial, por el otro, es un profesional del Derecho con el deber de
asesorar y aconsejar legalmente a los otorgantes. In re Colón Ramery, 133 D.P.R. 555 (1993).
El abogado notario
representa la fe pública. Es el testigo por excelencia que da forma al convenio
entre las partes. Como parte de su función tiene el deber de asesorar y advertir sobre los aspectos legales del
instrumento que ante él se otorgan y que éste autoriza. El abogado notario
tiene que ser imparcial incluso cuando éste haya representado a uno de los
otorgantes anteriormente. Éste tiene la obligación de asesorar por igual a
ambos otorgantes.
El notario no es un simple
observador de un negocio que ante él se otorga. Su función no se limita a
cerciorarse de la identidad de las partes y de la autenticidad de sus fincas.
El notario ostenta una función pública que “trasciende la de un autómata legalizador de firmas y penetra al campo de legalidad de la
transacción que ante él se concreta.” In re Colón Ramery,
supra.
La labor notarial debe ser ejercida
con sumo esmero, cuidado y celo profesional, cumpliendo estrictamente con la
Ley Notarial y los Cánones de Ética Profesional. In re Pizarro Colón,
res. el 25 de mayo de 2000, 2000 T.S.P.R.
106; In re Vera Vélez, res. el 5 de abril de
1999, 99 T.S.P.R. 46.
La buena observancia de las
responsabilidades de la profesión, tanto de abogado como en su función
notarial, imponen al notario el deber de realizar las
averiguaciones mínimas pertinentes requeridas por las normas más elementales de
la profesión. El notario tiene además el deber de hacer las advertencias,
aclaraciones y explicaciones necesarias en el otorgamiento de determinado
negocio, asegurándose pues de que las partes presten un consentimiento
informado. In re Pizarro Colón, supra; In
re Jiménez Brackel, res. 11 de mayo de 1999, 99 T.S.P.R. 73.
A la luz de esta normativa, pasemos
a discutir la situación que tenemos ante nos.
III
A
El Procurador sostuvo que el licenciado
Rosado Nieves violó el Canon 12 de los de Ética Profesional al desplegar una
conducta la cual fue causante de dilaciones innecesarias durante la impugnación
de subasta en el caso Guillermina Quiñones Rosario v. Cruz Betancourt Ruiz.
En dicho caso, sostuvo el Procurador, el licenciado Rosado Nieves no cumplió
con varios señalamientos del tribunal ni con órdenes emitidas por el mismo. Sin
embargo, del Informe del Comisionado se desprende que a las únicas vistas a
las que el querellado no compareció fueron aquéllas de las que no fue
notificado. Cabe señalar que mientras fue notificado acudió a todas,
incluso cuando ya no era abogado de la señora Quiñones. Veamos.
La
primera vista para el caso de impugnación de subasta fue señalada para el 8 de
diciembre de 1995. Aunque a esta vista el licenciado Rosado Nieves no
compareció, no se desprende del expediente que el querellado hubiese sido
citado para la misma. No podemos, por tanto, responsabilizar al querellado por
esta ausencia.
El
Tribunal señaló la vista para el 27 de febrero de 1996. Al estudiar la minuta de la vista del 8 de
diciembre en la cual se señaló esta segunda vista, concluimos que de la misma
no se desprende que el licenciado Rosado Nieves fuese notificado. De hecho, se
desprende de dicha minuta que quien fue
notificado de la vista fue el abogado que había ostentado la representación de
la señora Quiñones antes que el licenciado Rosado Nieves asumiera la misma.
Como mencionáramos, el letrado que fue notificado había renunciado en 1993,
y ese mismo año fue sustituido por el licenciado Rosado Nieves. A la vista del
27 de febrero el querellado, como era de esperarse, tampoco compareció. El
tribunal señaló vista para el 28 de marzo de 1996.[11]
El
23 de septiembre de 1996 la renuncia a la representación legal de la
señora Quiñones, presentada por el licenciado Rosado Nieves, fue aceptada por
el tribunal.
El 5 de mayo de 1998 se celebró una
vista sobre el estado procesal del caso a la cual ni el licenciado Rosado
Nieves ni su clienta comparecieron. Según se desprende del Informe del
Comisionado Especial, el licenciado Rosado Nieves no fue citado para la
misma. Además ya para esa fecha éste no ostentaba la representación legal
de la señora Quiñones. No obstante, el tribunal procedió a citarlo para el 11
de junio de 1998 bajo apercibimiento de desacato.
Un
día después del diligenciamiento de esta citación, el licenciado Rosado
Nieves presentó una moción informando que para esa fecha se encontraría fuera
de Puerto Rico y ofreció ocho fechas hábiles para señalamiento las
cuales implicaban sólo 4 días de demora. No olvidemos que para esta fecha el
licenciado Rosado Nieves no ostentaba la representación legal de la
señora Quiñones. Debido a que no recibió comunicación alguna del tribunal, el
día de la vista compareció su secretaria para informar al tribunal que éste se
encontraba fuera de Puerto Rico. Considerando que éste ya no era abogado de la
señora Quiñones, que envió con tiempo una moción en la que propuso ocho fechas
hábiles para el traslado, el Comisionado concluyó, conclusión que acogemos, que
el licenciado Rosado Nieves fue diligente al enviar a su secretaria a excusarlo
el día de la vista.
Por último, el querellado, a pesar de que
ya no fungía como la representación legal de la señora Quiñones, compareció
respondiendo a una orden dada por el Tribunal a una vista el 9 de diciembre de
1998. Llevó consigo ciertos documentos que le habían sido requeridos. Ese día
se le dio un término para que presentara un memorando con las defensas que
estimase pertinente. El licenciado Rosado Nieves le recordó al tribunal que no
ostentaba la representación de la señora Quiñones desde 1996, y que no tenía
ningún tipo de comunicación con su ex cliente. El licenciado Rosado Nieves no
cumplió con someter el memorando de derecho. Siendo esta actuación la única
orden emitida por el tribunal con la que no cumplió el querellado a pesar de
tener conocimiento de la misma. Sin embargo, al analizar este incumplimiento
tomamos en consideración que el licenciado Rosado Nieves había sido relevado de
la representación legal de la señora Quiñones por el tribunal de instancia
en septiembre de 1996, que así reiteradamente lo informó al tribunal y que
no obstante cumplió con señalamientos y entregas de documentos solicitados, que
eventualmente consiguió a la señora Quiñones que se había mudado fuera de
Puerto Rico y que logró que ésta pagara lo debido al señor Betancourt.
A tenor con lo antes expuesto, entendemos
que en cuanto al primer cargo, el licenciado Rosado Nieves no puede ser
responsabilizado por su incomparecencia al tribunal a vistas para las cuales no
había sido citado. Además, el licenciado Rosado Nieves fue diligente en su
actuación en el tribunal, incluso cuando ya no era abogado de la señora
Quiñones. Consiguió a su antigua clienta y logró un acuerdo entre las partes en
el cual ésta se comprometió a pagar la deuda reclamada por el señor Betancourt.
El letrado sólo dejó de cumplir con la orden de someter el memorando de derecho
sin solicitar que se le excusara de dicha diligencia. Por considerar que para
ese momento éste ya no era abogado de la señora Quiñones y que así lo hizo constar
al tribunal, y que entregó al tribunal todo documento que le fuere solicitado,
entendemos que no procede sancionarlo por dicho cargo.
B
Por
otro lado, el Procurador General sostuvo que el licenciado Rosado Nieves
incurrió en violación del Canon 23 al haber adquirido un interés y
participación personal en el dinero obtenido por su cliente en la venta de una
propiedad de ésta. Por dicha transacción, en la cual el licenciado Rosado
Nieves fungió como notario, éste recibió un cheque por la cantidad de veintiséis
mil dólares ($26,000.00) de parte de Doral, entidad que ofreció el
financiamiento del negocio. De la cantidad recibida por el licenciado Rosado
Nieves, once mil dólares ($11,000.00) correspondían al pago de una deuda
personal que tenía la señora Quiñones con éste. El resto del dinero
correspondió al pago de gastos y sus honorarios por distintas gestiones
realizadas en beneficio de la señora Quiñones.[12]
De la prueba presentada ante el
Comisionado surge que la señora Quiñones nunca se querelló de la conducta
relacionada con el trabajo legal del licenciado Rosado Nieves ni con la
retención de los $26,000.00, al contrario estuvo conforme. Dicha
retención fue hecha en su presencia y con su anuencia.
El Canon 23 prohíbe la adquisición
de interés o participación en el asunto en litigio. A estos efectos hemos
establecido que el carácter litigioso del bien tiene que coincidir en tiempo
con la intervención del abogado en el litigio en relación con dicho bien. Como
mencionáramos, nada impide que una vez concluido el litigio, en pago de los
honorarios, se le otorgue una participación en el bien del cliente. In re
Castro Mesa, supra.
En
el caso de autos, el licenciado Rosado Nieves fue contratado para ejecutar una
sentencia de un pleito de liquidación de una sociedad de gananciales. El bien
objeto de liquidación fue vendido en pública subasta donde se le adjudicó a su
clienta. Eventualmente, la clienta vendió el inmueble a un tercero y es de esta
venta que el querellado recibió $ 26,000.00. Debemos señalar que dicho inmueble
ya no era objeto de litigio alguno por lo que es perfectamente válido que con
la venta del mismo se paguen los honorarios del abogado o cualquier otra deuda
que se tuviere con éste.
El
Canon 23 también obliga al letrado a dar pronta cuenta del dinero o bienes del
cliente recibidos por el abogado y proscribe que éste mezcle dichos bienes con
los suyos propios. A estos efectos, hemos dicho que es conducta contraria a los
cánones el que un abogado, aunque se le adeuden honorarios, cobre los mismos
por su cuenta. In re Morales Soto, supra.
Sin embargo, la conducta que se quiere evitar es que el abogado cobre indebidamente
los honorarios de abogado que se le adeuden, sin el conocimiento y la
autorización de sus clientes, al momento de recibir dinero o bienes
pertenecientes a sus clientes.
En
el caso de autos, la transacción en la cual se le hizo un cheque por veintiséis
mil dólares ($26,000.00) a favor del licenciado Rosado Nieves se hizo con pleno
conocimiento y aprobación de la clienta. Nótese que Doral financió la
compraventa entregando tres cheques diferentes entre los que se encontraba el
hecho a favor del querellado. Dicha entrega se hizo frente a la señora Quiñones
en el otorgamiento de la escritura de compraventa de la propiedad con el
tercero. Además, la señora Quiñones
reconoció la deuda personal que tenía con el licenciado Rosado Nieves por la
venta del auto y por honorarios debidos.
A tenor con lo expuesto
anteriormente concluimos que el licenciado Rosado Nieves no incurrió en
conducta contraria al Canon 23 de Ética Profesional al recibir un cheque
producto de la compraventa de un inmueble perteneciente a la señora Quiñones en
concepto de pago por deuda previa y honorarios devengados debido a que dicho
pago fue con el consentimiento de la clienta.
Además dicho bien no constituía un bien litigioso al momento en que se
realizó la venta del inmueble pues el mismo había sido adjudicado por venta
judicial a la señora Quiñones.
Por su parte, el negocio del
automóvil fue uno aparte del caso de liquidación de la sociedad de gananciales
y de las propiedades envueltas en la misma. Ese negocio nada tenía que ver con
el inmueble objeto de la venta judicial, que luego fue vendido a un tercero y,
por consiguiente, no tenía relación con las escrituras otorgadas por el
querellado. En fin, la venta del auto tampoco es una violación del Canon 23
debido a que el mismo nunca fue parte de litigio alguno.[13]
C
En
adición al señalamiento de la posible violación al deber de imparcialidad que
debe guardar todo notario al autorizar un negocio jurídico, el Comisionado nos llama la atención en cuanto a una
violación incurrida por el licenciado Rosado Nieves tanto al autorizar la
escritura de adjudicación judicial como en la autorización de la escritura de
compraventa del inmueble con el tercero. Expone que según la sentencia emitida
en la liquidación de la sociedad de gananciales surgía que ambos ex cónyuges
tenían derechos propietarios sobre el bien. Por consiguiente, señala el
Comisionado, si alguno de los propietarios tramitaba la venta en pública
subasta tenía que honrarle su participación al otro propietario o hacer constar
dicha participación en las escrituras autorizadas.[14]
Por su parte, el licenciado Rosado Nieves alegó que no podía hacer constar la
suma reclamada por el señor Betancourt porque la misma no surgía de la
sentencia. Esto, debido a que la suma que se desprende de la sentencia está
basada en la valoración del bien en setenta y cinco mil setecientos setenta y
cinco dólares ($75,775.00) mientras que la suma reclamada está basada en el
valor en que se adjudicó finalmente el bien.
Estos
señalamientos nos obligan a examinar el
desempeño como notario del licenciado Rosado Nieves en los procedimientos
relacionados a la autorización de las escrituras relacionadas a la venta
judicial del inmueble y su subsiguiente compraventa. En primer lugar, debemos
analizar si su interés en el producto de la compraventa que éste autorizó tuvo
el efecto de violentar el deber de
imparcialidad que debe ejercer todo notario en el ejercicio de su
función. Por otro lado, debemos estudiar el cuidado ejercido por el licenciado
Rosado Nieves en la autorización de tanto la escritura de venta judicial como
en la de compraventa.
Hemos
afirmado que el notario se destaca como un “funcionario imparcial, que recibe,
expone y legitima la voluntad de los que ante él comparecen sin tomar bando,
sin inclinarse a un lado u otro”. In re Cancio Sifre, 106 D.P.R. 386, 396
(1977). Su obligación de orientar y advertir ha de desplegarse para todos por
igual, con imparcialidad. Incluso, hemos precisado que no basta ser imparcial,
también hay que aparentarlo. Véase, In re Sepúlveda Girón, res. el 24 de octubre de 2001, 2001 T.S.P.R.
153; In re Colón Muñoz, 131 D.P.R. 102 (1992);
In re Cancio Sifre, supra.
El
licenciado Rosado Nieves, al fungir como notario en la escritura de compraventa
otorgada por la señora Quiñones y un tercero, debía guardar la imparcialidad
requerida en el ejercicio del notariado. En el caso de autos, parte del dinero
obtenido en la compraventa beneficiaría al querellado ya que con el producto de
la misma se le pagarían tanto los honorarios devengados por éste en sus
funciones como abogado de la cliente en el procedimiento de ejecución de la
sentencia, como los costos del otorgamiento de ambas escrituras y una deuda
anterior que tenía la cliente con éste.
En el caso de autos, nos es forzoso concluir que al autorizar la
escritura de compraventa el querellado tenía un interés particular sobre el
negocio jurídico que autorizaba. Dicho interés particular pudo haber afectado
el carácter de imparcialidad que debe observar todo notario y su deber de
orientar por igual y con el mismo esmero y rectitud a las partes envueltas en
el negocio ya que ninguna de ellas es su “cliente” para estos fines.
Por
lo antes expuesto, concluimos que el licenciado Rosado Nieves actuó en
contravención con nuestros pronunciamientos en cuanto a la imparcialidad que
debe guardar todo notario.
Por otro lado, debemos analizar el
cuidado ejercido por el licenciado Rosado Nieves al autorizar la escritura de
venta judicial y posteriormente la de compraventa. Llama la atención que en ninguna de las dos
escrituras se señaló que el señor Betancourt tenía una participación en dicha
propiedad. El licenciado Rosado Nieves no sólo tuvo ante sí la sentencia de 1989
sino que estuvo encargado de solicitar la ejecución de dicha sentencia por lo
que necesariamente debió tener conocimiento de la participación del señor
Betancourt en el inmueble. Sin embargo, no se desprende que haya hecho
advertencia alguna al alguacil cuando éste último adjudicó el inmueble a la
señora Quiñones por el valor de su acreencia sin tan siquiera mencionar la
acreencia del señor Betancourt. El licenciado Rosado Nieves debió haber hecho
constar lo expresado en la sentencia en cuanto a la participación del señor
Betancourt en ambas escrituras. Era su deber también advertir a las partes
otorgantes en los distintos negocios acerca de la participación del señor
Betancourt en el inmueble.
La falta de cuidado del licenciado Rosado
Nieves siendo éste el abogado de la señora Quiñones en la ejecución de la
sentencia, teniendo conocimiento de que el bien objeto de venta judicial era un
bien ganancial donde tanto su cliente como el ex esposo de ésta tenían
participación es inexcusable. La misma va en clara contravención con el deber
de cuidado exigido a todo notario.
Por todo lo antes expuesto,
concluimos que en cuanto a este último aspecto el licenciado Rosado Nieves no
desplegó la diligencia y cuidado exigido por la práctica de la profesión. Él
dejó de cumplir con las obligaciones más básicas de diligencia y cuidado que se
le exigen a los letrados al no asegurarse que tanto los documentos que dieron
lugar a la venta en pública subasta como en los trámites posteriores
conducentes a la compraventa del inmueble se salvaguardara el derecho del señor
Betancourt a que se reconociera su interés en la propiedad. Además, incurrió en
violación al deber de cuidado al dejar de advertir a los otorgantes y no
consignar en las escrituras lo relativo al interés del señor Betancourt en la
propiedad objeto de compraventa.
Por
los fundamentos anteriores se dictará sentencia mediante la cual se suspenderá
al Lic. Ángel M. Rosado Nieves del ejercicio de la notaría por el término de
nueve (9) meses y hasta que otra cosa disponga este Tribunal. Se ordena a la
Oficina del Alguacil que incaute su obra notarial para el trámite de rigor
correspondiente por la Directora de Inspección de Notarías.
Se
dictará la Sentencia correspondiente.
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2003.
Por
los fundamentos antes expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte integral
de la presente, se dicta Sentencia y se suspende al Lic. Ángel M. Rosado Nieves
del ejercicio de la notaría por el término de nueve (9) meses, contados desde
la notificación de la presente.
Se
ordena a la Oficina del Alguacil que incaute la obra notarial del licenciado
para que sea remitida y examinada y oportunamente objeto de un Informe por
parte de la Oficina de Inspección de Notarías.
Así
lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal
Supremo. El Juez Presidente señor Andréu
García no intervino.
Patricia
Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo
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