Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2003
2003 DTS 134 MARTINEZ VAZQUEZ V.
RODRIGUEZ LAUREANO 2003TSPR134
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Zahira Linette
Martínez Vázquez
Recurrida
v.
Nelson Rodríguez Laureano
Peticionario
Certiorari
2003 TSPR 134
159 DPR ____
Número del Caso: CC-2003-172
Fecha: 13 de agosto de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito
Regional VI
Juez Ponente: Hon. Carlos Soler Aquino
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcda. María S. González Rodríguez
Lcdo.
Jorge A. Rotger Reyes
Abogada de la Parte Recurrida: Lcda. Wilma
I. Cadilla Vázquez
Materia: Certiorari, Ley de Sustento de Menores, Pensión Alimentaria Provisional, Procede descontarse de su ingreso bruto la aportación que éste hace
al plan de retiro provisto por su patrono privado.
ADVERTENCIA
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OPINIÓN
DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 13 de agosto de 2003
El 20 de diciembre de 2002, la señora Zahira Linette Martínez Vázquez,
aquí recurrida, presentó demanda de divorcio contra su esposo, el señor Nelson
Rodríguez Laureano, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Caguas. En esa misma fecha la señora Martínez presentó una solicitud urgente de
alimentos, solicitando del tribunal que impusiera al demandado la obligación de
proveer --a ésta y al hijo de cuatro años habido en el matrimonio de ambos--
una pensión alimentaria provisional mientras se
dilucidaba la pensión final correspondiente.
La vista ante el examinador de pensiones alimentarias se celebró el 8 de enero de 2003. En la misma
se suscitó una controversia en cuanto a la forma correcta de calcular el
ingreso neto del demandado, específicamente en cuanto a si debía descontarse
de su ingreso bruto la aportación que éste hace al plan de retiro provisto por
su patrono, la empresa Popular Auto Inc. El
demandado sostuvo, ante el oficial examinador, que esta deducción era mandatoria por ley pues era una de las
enumeradas en el Artículo 2(17) de la Ley de Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de
diciembre de 1986, 8 L.P.R.A. sec.
501 et. seq.
El
oficial examinador se negó a acoger dicho planteamiento señalando que tal
deducción sólo era aplicable a empleados públicos y no a empleados de empresas privadas.
El examinador resolvió que la deducción por concepto de planes de retiro sólo
puede ser considerada en los casos en que dicha pensión sea obligatoria por
ley. Adujo el referido funcionario que, a diferencia de lo que ocurre con la
mayoría de los empleados públicos, para los que laboran en empresas privadas el
plan de retiro es uno voluntario; es decir, no existe ley alguna que obligue a
estos empleados a acogerse a un plan de retiro. Basado en ello, dispuso que
este descuento no podía considerarse como una “deducción mandatoria”
a los fines de computar el ingreso neto del alimentante, quien laboraba para
una empresa privada.
Finalmente, y sin considerar el descuento
del plan de retiro del peticionario, el examinador emitió su informe
recomendando que se fijara una pensión alimentaria
provisional de cuatrocientos sesenta y nueve dólares ($469.00) mensuales,
retroactivo a la fecha de presentación de la solicitud de pensión.[1] Además, dispuso que el
padre alimentante debía sufragar el 70% del pago de la matrícula escolar del
menor. A raíz del informe, el tribunal de instancia emitió una resolución, el
14 de enero de 2003, mediante la cual fijó una pensión alimentaria
provisional por la suma recomendada por el oficial examinador.
Por entender que la cuantía de la pensión
provisional impuesta había sido determinada incorrectamente, el 22 de enero de
2003 el señor Rodríguez Laureano presentó ante el foro de instancia un escrito
titulado “Moción Solicitando se Ajuste la Pensión Alimentaria
Provisional Impuesta en Consideración a una Deducción Mandatoria
No Considerada”, solicitando la modificación de la misma. Alegó, en síntesis,
que la deducción por concepto de planes de retiro era mandatoria
a tenor con lo dispuesto en la Ley Especial de Sustento de Menores, ante,
específicamente en su Artículo 2(17), 8 L.P.R.A. sec. 501(17). Adoptando las determinaciones y
recomendaciones del examinador, el 5 de febrero de 2003, el Tribunal de Primera
Instancia emitió resolución declarando “No Ha Lugar” la referida moción.
Así las cosas, el 7 de marzo de 2003, el
demandado acudió, mediante el correspondiente recurso y moción en auxilio de
jurisdicción, ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Solicitó del
tribunal apelativo intermedio que emitiera una orden paralizando los
procedimientos ante el tribunal de instancia, hasta tanto emitiera algún
dictamen con respecto a la procedencia o no de la deducción por concepto de
planes de retiro. El foro apelativo intermedio denegó tanto la referida moción
en auxilio de su jurisdicción como la expedición del auto solicitado.
Inconforme con tal proceder, el 10 de
marzo de 2003, el señor Rodríguez Laureano acudió ante este Tribunal, vía
recurso de certiorari y moción en auxilio de
nuestra jurisdicción. En el recurso que radicara el peticionario le imputa al foro apelativo
haber errado al denegar el recurso de certiorari
solicitado, sosteniendo así la determinación del foro de instancia de no
considerar como deducción la aportación al plan de retiro del peticionario al
momento de establecer el ingreso neto de éste.
Mediante Resolución emitida ese mismo
día, ordenamos la paralización de los procedimientos ante el tribunal de
instancia hasta que otra cosa dispusiéramos.[2] Además, concedimos a la
parte demandante-recurrida, Zahira Linette Martínez Vázquez, el término de quince (15) días
para mostrar causa por la cual este Tribunal no debía expedir el recurso de certiorari radicado y dictar Sentencia revocatoria
de la resolución emitida en el presente caso por el Tribunal de Primera
Instancia. Contando con la comparecencia de ambas partes, y estando en posición
de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.
I
En innumerables ocasiones hemos señalado
que los casos de alimentos, en específico los relativos a menores de edad,
están revestidos del más alto interés público.[3] Dicho interés es uno de
categoría suprema que se fundamenta, entre otros, en los principios de
solidaridad humana y en los derechos fundamentales del ser humano. Raúl Serrano
Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y
Legislación Comparada, San Juan, Ed. Programa de
Educación Jurídica Continua Universidad Interamericana, 2002, Vol. II, pág. 1413. A esos efectos, hemos señalado que, respecto a
los menores de edad, el derecho de éstos a recibir alimentos es parte esencial
del principio natural de conservación que constituye piedra angular del derecho
constitucional a la vida. Chévere v. Levis, res. el 15 de
marzo de 2000, 2000 T.S.P.R. 42.
Esta obligación surge de la relación
paterno-filial que se origina en el momento en que la paternidad o maternidad
quedan establecidos legalmente.[4] Ibid. Es un deber que “existe por un derecho natural a
percibir alimentos que simplemente ha sido formalizado por el legislador
convirtiéndola en derecho positivo y vigente y, por otro lado, creando en el
ánimo del obligado el deber de proporcionarlos independientemente de su
voluntad de cumplir.” Pedro F. Silva-Ruiz, Alimentos para menores de edad en
Puerto Rico: las guías mandatorias basadas en
criterios numéricos, para la determinación y modificación de pensiones
alimenticias, 52 Rev. Col. Abog., abril-junio 1991, en la pág.
112. Podemos afirmar que la obligación de alimentar no sólo es un deber moral,
sino, que, además, se trata de un deber jurídico que, en nuestra jurisdicción,
ha sido consagrado en varios de los artículos de nuestro Código Civil.[5]
Tratándose de un derecho de tan alto interés público, el
Estado, como parte de su política pública, ha legislado ampliamente para velar
por su cumplimiento. En tal virtud fue que se aprobó la Ley Núm. 5 de 30 de
diciembre de 1986, 8 L.P.R.A. sec.
501 et. seq., conocida como la Ley Orgánica de la
Administración para el Sustento de Menores.[6]
Esta pieza legislativa tuvo el efecto de reformular la política pública del
Estado al crear un procedimiento judicial expedito[7]
que brinda protección al mejor interés y bienestar del menor mediante trámites
rápidos y eficientes de fijación, modificación y cobro de pensiones alimentarias.[8]
Ruth Ortega-Vélez, Compendio de Derecho de Familia, San Juan, Ed. Publicaciones JTS, 2000, T. II, Pág. 567. A pesar de
que a través de los años esta Ley ha sufrido varias enmiendas, en todo momento
se ha conservado la política pública de proveer para que “los padres o las
personas legalmente obligadas asuman la responsabilidad que tienen para con sus
hijos.”[9]
En lo que respecta a la cuantía de la pensión que el
alimentante deberá pagar al alimentista, debe señalarse que el Artículo 146 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
565, dispone que la misma deberá ser proporcional a los recursos del que los da
y a las necesidades del que los recibe, y se reducirá o aumentará en proporción
a los recursos del primero y las necesidades del segundo. A tales efectos, se
ha señalado que tal determinación debe ser realizada en consideración a dos
criterios principales; a saber: (i) los recursos y medios de fortuna del
alimentante, de forma tal que se pueda determinar su capacidad económica para
cumplir su obligación alimentaria y (ii) las necesidades del alimentista, es decir, cuánto
necesita éste para cubrir sus necesidades de sustento, habitación, vestido,
asistencia médica y educación, conforme su posición social. Sarah
Torres Peralta, La nueva Ley Especial de Sustento de Menores y el derecho a
pensión alimenticia, 49 Rev. Jur.
Col. Abo., julio-dic. 1988, en la pág. 91; Artículo 142 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 565.
Este criterio de proporcionalidad que adopta nuestro
Código también lo observamos en la Ley Especial de Sustento de Menores, ante, y
en las guías preparadas por el Departamento de Servicios Sociales para
determinar y modificar las pensiones alimentarias,
Reglamento Núm. 4070 de 8 de diciembre de 1989.[10]
Es decir, a tenor con lo que disponen estas Guías, al determinar la cuantía de
la pensión no sólo se evalúa la situación económica del alimentante, sino que,
además, se analizan las necesidades particulares del alimentista.
Refiriéndonos específicamente al asunto de la capacidad
económica del alimentante, precisa que evaluemos lo dispuesto en la Ley de
Sustento de Menores, ante, en cuanto a los criterios que deben ser utilizados
para determinar el montante de los recursos del alimentante. Nos referimos a
los conceptos “ingreso” e “ingreso neto”, los cuales son definidos en la
Ley y utilizados en las Guías Mandatorias a los fines
de establecer la capacidad económica del alimentante. El primero de éstos –-el
concepto “ingreso”-- ha sido definido en el Artículo 2(16) de la Ley, 8 L.P.R.A. sec. 501 (16), como:
[C]ualquier ganancia, beneficio, rendimiento
o fruto derivado de sueldos, jornales o compensación por servicios personales,
incluyendo la retribución recibida por servicios prestados como funcionario o
empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Gobierno de los Estados
Unidos de América, según lo permitan las leyes y reglamentos federales
aplicables, de cualquier estado de la Unión de los Estados Unidos de América, o
de cualquier subdivisión política de los mismos, o de cualquier agencia o
instrumentalidad de cualesquiera de las mencionadas entidades en cualquiera que
sea la forma en que se pagaren; o de profesiones, oficios, industrias,
negocios, comercio o ventas; o de operaciones en propiedad, bien sea mueble o
inmueble, que surjan de la posesión o uso del interés en tal propiedad; también
los derivados de intereses, rentas, dividendos, beneficios de sociedad, valores
o la operación de cualquier negocio explotado con fines del lucro o utilidad; y
ganancias, beneficios, rendimientos, fondos, emolumentos o compensación
derivados de cualquier procedencia, incluyendo compensaciones como contratista
independiente, compensaciones por desempleo, compensaciones por incapacidad,
beneficios de retiro y pensiones o cualquier otro pago que reciba un
alimentante de cualquier persona natural o jurídica.[11]
Por su parte, y esta vez en el Inciso 17 de su Artículo
2, ante, la Ley define lo que se considerará como “ingreso neto”, para
propósitos de la fijación de una pensión alimentaria,
como:
Aquellos ingresos
disponibles al alimentante, luego de las deducciones por concepto de
contribuciones sobre ingresos, seguro social y otras requeridas mandatoriamente por ley. Se tomarán en
consideración, además, a los efectos de la determinación del ingreso neto, las
deducciones por concepto de planes de retiro, asociaciones, uniones y
federaciones voluntarias, así como los descuentos o pagos por concepto de
primas de pólizas de seguros de vida, contra accidentes o de servicios de salud
cuando el alimentista sea beneficiario de éstos. La determinación final
se hará según toda la prueba disponible, incluyendo estimados, estudios y
proyecciones de ingresos, gastos, estilo de vida y cualquier otra prueba
pertinente. (énfasis suplido).
A tono con lo anterior, en la Sección 5 de las Guías Mandatorias se establece que “[s]e considera[rá] ingreso neto disponible, aquella parte del ingreso
bruto[,] que luego de descontársele las deducciones mandatorias
y otras deducciones aceptadas, queda disponible para hacer frente al pago
de las pensiones alimenticias.” (énfasis suplido). El término “deducciones mandatorias” es definido en la Sección 2 de las Guías como
“aquellas deducciones del salario bruto de una persona que por ley se requieren
en el desempeño de su trabajo.”
De particular pertinencia y relevancia al caso ante
nuestra consideración es el
Informe Conjunto emitido por las Comisiones de lo Jurídico, de Hacienda y del
Gobierno Estatal al Senado de Puerto Rico sobre el sustitutivo del P. del S.
413, eventualmente convertido en la Ley Núm. 106 de 12 de julio de 1985
(predecesora de la Ley Especial de Sustento de Menores y donde, por primera
vez, se incluyeron las definiciones de “ingreso” e “ingreso neto” que
actualmente figuran en la ley vigente). En este informe se dispuso, entre otras
cosas, que:
aquellas deducciones del
salario o de los ingresos a que voluntariamente se acoge una persona,
tales como las cuotas de asociaciones, pólizas de seguro de vida, contra
accidentes o de servicios de salud, al igual que las correspondientes a un
plan de retiro de pensiones; sólo se tomarán en consideración para
determinar el ingreso neto cuando el menor con derecho a recibir alimentos en
alguna medida sea beneficiario de las mismas. (énfasis suplido).
De las disposiciones anteriormente transcritas se
desprende el proceso evaluativo que debe ser realizado a los fines de
establecer la capacidad económica del alimentante. En primer lugar, deberá
determinarse lo que ha sido llamado en las Guías Mandatorias
como el “ingreso bruto” lo cual conlleva el análisis de todas las posibles
fuentes de ingreso con las que cuenta el alimentante. Una vez realizado este
análisis, entonces, deberá determinase el ingreso neto, que es el punto de
partida para la fijación de la pensión alimentaria.[12]
Para calcular este “ingreso neto” deberán considerarse
las deducciones que han sido enumeradas en el Artículo 2(17) de la Ley, ante.
Según lo expuesto en este Artículo estas deducciones son: contribuciones sobre ingreso, seguro
social y otras requeridas mandatoriamente por ley.
Además se mencionan los descuentos o pagos por concepto de planes de retiro,
asociaciones, uniones, federaciones voluntarias, primas o pólizas de seguros de
vida, contra accidentes, o de servicios de salud. Es importante señalar que estos
últimos, descritos como “voluntarios” en el Informe Conjunto previamente
citado, sólo podrán ser descontados del ingreso bruto en aquellos casos en que
el alimentante logre demostrar que el menor con derecho a recibir alimentos, en
alguna medida, se beneficia de los mismos. Naturalmente, este asunto deberá ser
objeto de prueba.
Dentro del marco doctrinal previamente esbozado es que
debemos evaluar si en el presente caso procede deducir de los ingresos del
alimentante, a los fines de establecer el monto de su ingreso neto, las sumas
aportadas por éste a un plan de retiro, aun cuando no exista ningún mandato de
ley que exija la participación del empleado en dicho plan. Veamos.
II
Tal y como señaláramos previamente, en el caso de autos
el foro de instancia se negó a considerar, a los efectos de determinar el
ingreso neto del demandante, la deducción del plan de retiro que éste tiene en
su empleo, por entender que las mismas no eran de las “requeridas mandatoriamente por ley”, pues, según explicó, no existe ninguna
ley que le exija a los empleados de empresas privadas que aporten a un plan de
retiro. Según dispuso, “un empleado de empresa privada escoge voluntariamente
su retiro [lo cual indica que] no es mandatorio por
ley que para retener su puesto tenga que obligatoriamente aportar al plan de
retiro.”
Ya hemos expresado que la Ley Especial de Sustento de Menores, ante, dispone que para determinar el ingreso neto del alimentante deben tomarse en consideración las deducciones enumeradas en el Artículo 2(17) del estatuto.[13] A pesar de que en el referido Artículo encontramos, expresamente enumerada, la deducción por concepto de pensiones de retiro, en el día de hoy nos corresponde determinar si para considerar la misma, a los efectos de establecer el ingreso neto del padre o madre alimentante, es necesario que ésta sea “requerida mandatoriamente por ley” o si, por el contrario, puede ser considerada, aun cuando se trate de un plan de retiro al que el alimentante haya ingresado voluntariamente. Para ello precisa que analicemos detenidamente lo dispuesto en el referido artículo, teniendo presente el principio jurídico plasmado en el Artículo 14 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14, a los efectos de que “cuando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.” Veamos.
De entrada debemos señalar que en la segunda oración de
la disposición bajo análisis el legislador expresó claramente que “[s]e tomarán en consideración, además,
a los efectos de la determinación del ingreso neto, las deducciones por
concepto de planes de retiro, asociaciones, uniones y federaciones
voluntarias, así como los descuentos o pagos por concepto de primas de pólizas
de seguros de vida, contra accidentes o de servicios de salud cuando el
alimentista sea beneficiario de éstos.” (énfasis suplido).
Como vemos, del propio texto de la
disposición transcrita surge la única interpretación plausible en el presente
caso: las deducciones que aquí se detallan serán consideradas, “además”,
de las mencionadas en la oración que le precede. Se trata, pues, de un listado
taxativo, adicional e independiente al que se incluyó en la primera parte
del Artículo 2(17), donde no se menciona el requisito del mandato
legal al que hace alusión el foro de instancia.
Del propio texto de la Ley surge que el
legislador optó por detallar otras deducciones –-adicionales a las
“requeridas mandatoriamente por ley”-- que no
necesariamente deberán estar contenidas en disposición legal alguna para que
puedan ser tomadas en consideración al momento de calcular el ingreso neto del
padre o madre alimentante; ello, claro está, siempre que el menor se beneficie de las mismas. Dicho de otro modo,
las deducciones que se mencionan en el segundo párrafo de este Artículo 2(17)
deben ser consideradas a los efectos de establecer el ingreso neto del padre o
madre alimentante independientemente de que sean o no requeridas por ley
en el desempeño de su empleo. Adviértase que a esta misma conclusión nos lleva
el análisis del historial legislativo de la Ley.
La única condición que se impone, a los
efectos de considerar las deducciones allí dispuestas, es que el alimentista se
beneficie de las mismas, lo cual, como señaláramos, deberá ser objeto de
prueba. Siendo así, es evidente que no podemos, en nuestra función
interpretativa, añadir condiciones o restricciones que no fueron contempladas
por el legislador al momento de promulgar la legislación bajo análisis. Hemos
expresado en innumerables ocasiones que cuando la letra de una ley no tiene
ambigüedades y su lenguaje es claro y sencillo, como en efecto ocurre en el
caso de autos, los tribunales no están autorizados a adicionarle
limitaciones o restricciones que no aparezcan en su texto. Comité Pro
Permanencia de la Barriada Morales v. Hon.
William Miranda Marín, res. el 16 de octubre de 2002, 2002 T.S.P.R. 138; Román v. Superintendente de la
Policía, 93 D.P.R. 685, 688 (1966); Meléndez
v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656, 660-61
(1964). El alcance de un estatuto no podrá ser restringido interpretándolo como
que provee algo que el legislador no intentó proveer. Ello equivaldría a
invadir las funciones de la Asamblea Legislativa. Juarbe
Martínez v. Registrador, res. el 20 de marzo de 2002, 2002 T.S.P.R. 32; Caguas Bus Line
v. Sierra, 73 D.P.R. 743, 750 (1952).
Lo antes expuesto es suficiente para
concluir que, en el caso específico de lo dispuesto en la segunda oración del
Artículo 2(17), el legislador se refería a aquellas deducciones a las cuales el
alimentante se hubiese acogido voluntariamente y no a aquellas
que fueran requeridas por mandato de ley.[14] Contrario a lo resuelto
por el Tribunal de Primera Instancia en el caso de marras, vemos que en ninguna parte del
estatuto, ni siquiera en su historial legislativo, se menciona el hecho de que
la deducción por concepto de plan de retiro que se incluye en este artículo
está limitada exclusivamente a aquellos alimentantes que ostentan empleos
públicos.[15]
Otro fundamento que abona a nuestra conclusión surge de
lo dispuesto en la Sección 5 de las Guías Mandatorias,
ante, a los efectos de que se considerará como “ingreso neto” aquella parte del
ingreso bruto que queda disponible “luego de descontársele las deducciones mandatorias y otras deducciones aceptadas.” Como
vemos, también en las Guías se ha hecho una distinción clara y expresa
entre las “deducciones mandatorias” y las “otras
deducciones aceptadas”. Ello fortalece nuestra conclusión a los efectos de que
las deducciones enumeradas en la segunda oración del artículo bajo análisis
pueden ser descontadas al momento de calcular el ingreso neto del alimentante irrespectivamente de que exista o no una ley que las
imponga.
A la luz de los
pronunciamientos previamente esbozados, resolvemos que para considerar la
deducción por concepto de plan de retiro, a los efectos de calcular el ingreso
neto de un padre o madre alimentante, no
será necesario que dicho plan haya sido impuesto mandatoriamente
por una ley como requisito para obtener o mantener un empleo.[16]
La única condición para tal deducción será que el menor con derecho a
recibir alimentos, en alguna medida, se beneficie o pueda beneficiarse de la
misma.
Una correcta interpretación y aplicación
de nuestro ordenamiento jurídico no puede llevarnos a otra conclusión.
Resolver lo contrario necesariamente conllevaría establecer una distinción
entre “empleado público” y “empleado privado” que el legislador
definitivamente no contempló al momento de promulgar la legislación bajo
estudio. Ya hemos señalado que las pensiones de retiro constituyen seguros
de dignidad para que las personas que hayan dedicado al trabajo productivo sus
años fecundos no tengan que encontrarse en la etapa final de su vida en el
desamparo o convertido en carga de parientes o del Estado. Carrero
Quiles v. Santiago Feliciano, 133 D.P.R. 727, (1993); Rosa Resto v. Rodríguez Solis, 111 D.P.R. 89, 92
(1981).
Naturalmente, esto es así no sólo para
los empleados públicos, sino también para aquellos que laboran en la empresa
privada. Como bien expresa la Profesora Sarah Torres
Peralta, no cabe duda que tal deducción está plenamente justificada, pues los
planes de retiro, sean del Estado o sean de la empresa privada, son de especial
importancia en esta época. Sarah Torres Peralta, La
Ley Especial de Sustento de Menores y el Derecho de Alimentos en Puerto Rico,
San Juan, Publicaciones S.T.P., Inc.,
1997, pág. 2.10. A tales efectos señala la Profesora
Torres Peralta que “[d]ebe recordarse que es política
pública el promover los mismos y conservar los derechos del beneficiario de
dicho plan sin poner en peligro su participación en el mismo.” Ibid.
No hay duda que resulta incomprensible, y
hasta repugnante, la actitud de regateo que respecto al pago de las pensiones alimentarias de sus hijos asumen muchos padres. Ex parte
Valencia, 116 D.P.R. 909, 912-13 (1986). En tal
virtud hemos resuelto que “allí donde se demuestre que la falta de pago de las
referidas pensiones es producto del capricho y la arbitrariedad, los tribunales
deben ser fuertes y rigurosos en lograr que dichos padres cumplan con su
deber.” Ibid. Sin embargo, también hemos
expresado que “el hecho de que la experiencia nos demuestre que en la mayoría
de los casos las negativas de pagar estas pensiones desafortunadamente son
hijas de la arbitrariedad, no puede llevar a los tribunales al establecimiento
de reglas inflexibles y férreas a ser aplicadas en todos los casos por igual.”
Ciertamente, “el automatismo y absolutismo no tienen cabida en los
procedimientos judiciales de nuestro
ordenamiento jurídico. El propósito
primordial que anima todos los esfuerzos de los funcionarios envueltos en esta
delicada misión --la de hacer justicia-- así no lo permite.” Ibid.
Luego de haber examinado y estudiado
exhaustivamente el expediente del presente caso, estamos totalmente convencidos
de que el caso de autos no versa sobre un padre que arbitraria y
maliciosamente ingresó a un plan de retiro con el propósito de disminuir sus
ingresos y, por consiguiente, afectar la cuantía de la pensión alimentaria de su hijo.[17] Todo lo contrario, en el
caso de marras el señor Nelson Rodríguez Laureano ingresó al plan de retiro que
ofrecía su patrono casi un año antes de contraer matrimonio. De los autos surge
que cuando Rodríguez estaba soltero aportaba el diez porciento
(10%) de su salario al plan de retiro y tenía como beneficiarios a su padre y
madre. Sin embargo, al contraer matrimonio éste cambió los beneficiarios de
dicho plan para que ya no fueran sus padres sino su esposa y su hijo.
Además, y a consecuencia de las nuevas responsabilidades económicas incurridas
a raíz de su nuevo matrimonio, Rodríguez Laureano decidió disminuir la
aportación que hacía al plan de retiro de un 10% al 8% que en la actualidad
aporta.
De lo antes expuesto surge claramente que
el interés del señor Rodríguez Laureano en obtener un seguro para su retiro
surgió mucho tiempo antes de contraer nupcias, cuando ni siquiera tenía hijos
que mantener. Sin embargo, una vez convertido en padre, éste incluyó a su
hijo y a su esposa como beneficiarios de dicho plan, lo cual evidencia que,
a pesar de preocuparse por su retiro, éste nunca olvidó sus funciones como
padre.[18]
Como vemos, en el caso de autos, se
cumple con el único requisito que impone el Artículo 2(17) de la Ley Especial
de Sustento de Menores, ante, para que pueda descontarse del ingreso bruto del
alimentante las aportaciones que éste hace a un plan de retiro: que el
alimentista figure como beneficiario de dicho plan. Siendo así resulta forzoso
concluir que erró el foro de instancia al negarse a considerar tal deducción al
momento de calcular el ingreso neto del señor Rodríguez Laureano.
III
En mérito de lo antes expuesto, se expide
el auto de certiorari radicado por el
peticionario y se revoca la resolución emitida por el Tribunal de Primera
Instancia, devolviéndose el caso a dicho foro judicial para procedimientos
ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO
REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado