[1] presentaron una demanda ante el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (en
adelante, “TPI”), en contra de Syntex (F.P.) Inc. y Syntex Puerto Rico, Inc. (en adelante, “Syntex” o
“recurrida”) por alegadas violaciones a la antigua Ley de Salario Mínimo de
Puerto Rico, Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, 29 L.P.R.A.
§ 245 et seq.[2]
Solicitaron las sumas que alegadamente se les adeudan por concepto de
trabajos realizados durante el período estatutario para tomar alimentos;
aquéllas por los trabajos realizados durante el séptimo día de descanso; las
correspondientes a vacaciones no concedidas o no disfrutadas consecutivamente
y/o fraccionadas indebidamente; aquéllas sumas no pagadas como bono de navidad,
créditos al plan de pensión; y las sumas a parearse bajo los planes de ahorro.[3]
El 31 de octubre de 1996, Syntex contestó la
demanda alegando como defensas afirmativas, inter
alia, que los demandantes fueron compensados por
los servicios prestados conforme a la ley y la reglamentación aplicable; que
bajo ningún concepto, les adeudan sumas de dinero; que los peticionarios
obtuvieron la autorización del Secretario del Trabajo para reducir y/u obviar
los períodos de alimentación correspondientes, sin que mediara dolo o
intimidación de parte de la recurrida; y que el presente pleito no procede que
sea certificado como un pleito de clase. Plantearon, además, las defensas de
prescripción, incuria, cosa juzgada, y compensación.[4]
El 25 de noviembre de 1996, el TPI emitió una Orden para que Syntex preservara los expedientes de nómina y jornales
correspondientes a las reclamaciones de los peticionarios. A tenor con la orden de preservación de
evidencia, se recopilaron los expedientes de nóminas, incluyendo los registros
de entrada y salida para todos los demandantes, durante el período comprendido
desde 1986 hasta el año de presentación de la demanda, o sea, 1996. Dichos documentos fueron trasladados de la
planta de Syntex a las oficinas del Bufete Schuster, Usera, Aguiló & Santiago, donde estarían disponibles para
inspección, tan pronto dicho foro así lo ordenara.
Así las cosas, el 8 de julio de 1998, los peticionarios enmendaron la
demanda para incluir 60 nuevos empleados que, alegadamente, contaban con
reclamaciones de igual naturaleza.[7]
El 13 de octubre de 1998, los peticionarios cursaron a Syntex un “Primer Requerimiento de Admisiones y de
Producción de Documentos e Interrogatorios”,[8] al cual la compañía recurrida se opuso
argumentando que el TPI había paralizado todo lo relacionado al descubrimiento
de prueba hasta tanto dicho foro determinara si se iba a certificar el pleito
como uno de clase. Arguyeron que, al no
conocerse si el pleito se iba a certificar como uno de clase, no estaban en
posición de conocer a cuáles personas se les estaría conduciendo el
descubrimiento de prueba.[9]
Posteriormente, el 7 de diciembre de 1998, los peticionarios presentaron
ante el TPI una segunda demanda enmendada para incluir 5 nuevos reclamantes, y,
a su vez, desistieron de tramitar el pleito como uno de clase.[10] Prosiguieron el pleito con arreglo a lo
dispuesto en el Artículo 13 de la “Ley de Horas y Días de Trabajo”, Ley Núm.
379 de 15 de mayo de 1948, 29 L.P.R.A. § 282, y la
“Ley de Salario Mínimo”, Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, 29 L.P.R.A. § 246(d).
El 10 de enero de 1999, los peticionarios solicitaron al TPI que ordenara
a la recurrida contestar el primer requerimiento de admisiones e
interrogatorios de 13 de octubre de 1998, pues a su entender era académica la paralización
ordenada anteriormente por dicho foro, debido a que el pleito ya no se
tramitaría como uno de clase, sino como una reclamación representativa al
amparo del Art. 13 de la Ley Núm. 379, supra.[11] Lo
solicitado fue declarado con lugar por el TPI mediante Orden de 16 de febrero
de 1999.
El 6 de abril de 1999, el TPI celebró una vista sobre el estado de los
procedimientos. En ésta, el tribunal
concedió 90 días a los peticionarios para añadir a la demanda a todo aquél
empleado que deseara formar parte del pleito.[12]
Asimismo, ordenó a Syntex a contestar las
demandas enmendadas, los interrogatorios y requerimientos de admisiones
sometidos por los peticionarios.[13] El 9 de julio de 1999, Syntex
contestó el primer interrogatorio y requerimiento de admisiones.[14]
Mientras tanto, los peticionarios comenzaron la inspección de documentos
según lo ordenado por el TPI. Para
principios del mes de abril de 2000, Syntex solicitó
a los peticionarios que le notificaran la fecha cierta para la cual terminarían
la referida inspección. Los demandantes
no anunciaron fecha alguna. En vista de
ello, mediante carta fechada de 13 de abril de 2000, la recurrida les notificó
que a partir de las 5 p.m. del 14 de abril de 2000, daría por concluido el
acceso a los expedientes de nómina de los empleados.
Posteriormente, y luego de haber paralizado el descubrimiento
unilateralmente, Syntex solicitó al TPI que celebrara
una vista con el propósito de dilucidar las razones por las cuales la
inspección se había extendido, y para que estableciera un término para su
conclusión.[15] La
parte peticionaria se opuso a dicha solicitud.[16] Celebrada la vista el 29 de junio de 2000,
las partes estipularon que en un término de 90 días los peticionarios
terminarían con el proceso de inspección de los documentos.
Así las cosas, el 1 de septiembre de 2000, los peticionarios presentaron
una “Moción Solicitando Orden de Producción”.[17]
Solicitaron la producción de las hojas de asistencia diaria, los
expedientes de nómina, las tarjetas acumulativas de vacaciones, y de licencia
por enfermedad, para un período posterior a la presentación de la demanda
original de aquellos empleados que continuaron trabajando con el patrono
después de la presentación de la misma.[18] En adición, solicitaron reproducir los
documentos que habían estado examinando durante los pasados meses.[19]
Syntex se opuso a dicha solicitud mediante una moción presentada el 7 de
septiembre de 2000. Argumentó que la Ley
Núm. 96, supra, en su sección 32, al amparo de la cual reclamaron los
peticionarios, limitaba a 10 años el período por el cual se podían retrotraer
las reclamaciones de salarios, no proveyendo para reclamar por un período
posterior a la presentación de la demanda.
En consecuencia, sostuvo la recurrida que cualquier descubrimiento
relacionado con períodos posteriores a la presentación de la demanda original
sería impertinente. Señalaron, además,
que de interesar la parte peticionaria recobrar salarios correspondientes al
período posterior a la presentación de la demanda, lo que procedía era la
presentación de una nueva reclamación que cubriese dicho término.[20]
Mediante Orden de 8 de septiembre de 2000, el TPI ordenó, en primer
lugar, la producción de todos los documentos solicitados, incluyendo los que se
extendían a un período posterior a la fecha de presentación de la demanda
original respecto de aquellos empleados que continuaron trabajando con el
patrono, y, en segundo lugar, ordenó poner a la disposición de los demandantes,
para su reproducción, la totalidad de los documentos que ya habían sido objeto
de inspección por los peticionarios.
Inconforme, Syntex acudió ante el Tribunal de
Circuito de Apelaciones (en adelante, “TCA”) señalando que incidió el foro de
instancia al extender el alcance del descubrimiento solicitado por los
peticionarios, y al ordenar la reproducción de los documentos correspondientes
a 75 reclamantes por un período de 13 años.
Al mismo tiempo, Syntex solicitó la
paralización del descubrimiento de prueba hasta tanto el TCA entendiera los
planteamientos ante su consideración, lo cual se declaró con lugar.
Mediante Sentencia de 20
de junio de 2002, el TCA revocó la Orden dictada por el TPI. Al así hacerlo, distinguió entre dos
categorías de empleados: (1)los 10 empleados que continuaron trabajando para Syntex después de la
fecha de presentación de la demanda original; y (2)los empleados que habían
cesado en su empleo al momento en que se instó la reclamación contra el
patrono.
En relación con la
reclamación de los empleados que cesaron en su empleo antes de la presentación
de la demanda, el foro apelativo concluyó que conforme a la sección 32 de la
Ley Núm. 96, supra, ésta deberá retrotraerse a los 10 años anteriores
desde el momento en que cesaron en sus labores.
En cuanto a la reclamación de los empleados que aún trabajaban para el
patrono al momento de presentarse la demanda original, expresó que su
reclamación se limitaría únicamente a los 10 años anteriores a la presentación
de la reclamación judicial, lo que ocurrió en el presente caso el 27 de agosto
de 1996. Resolvió que no procedía el
descubrimiento de manera prospectiva.
Al respecto, expresó el
TCA que:
“Esta ley se creó para garantizar unos derechos de los
trabajadores, no para estrangular los del patrono. El legislador estableció
en aquélla Ley 96, un período de diez (10) años para una reclamación de un trabajador,
no reclamaciones al infinito. Hoy la
reclamación se limita a solo tres años.
Lo que pretenden los empleados es insostenible. Pretenden el supuesto de que la reclamación
de un empleado que llevaba diez años trabajando con Syntex,
para el año 1996, y se encuentra hoy aún trabajando con la firma, se extienda
retroactivamente hasta el año 1986, y siga vigente hasta el año 2002, dieciséis
años. Ello es impermisible.
El empleado que se encuentre en ese supuesto, no está
impedido de presentar, hoy, una nueva reclamación en un pleito independiente,
para reclamar tres (3) años para atrás como lo permite hoy la Ley Núm. 180,
supra.”
Luego de determinar la
retroactividad y alcance del descubrimiento de prueba, el TCA concluyó que las
reclamaciones de algunos de los empleados estaban prescritas, por lo que
procedía la desestimación en contra de éstos.
Así también, el foro
apelativo determinó que el foro de instancia erró al permitir de forma genérica
el descubrimiento de prueba sin que se establecieran los parámetros de ese
proceso como procedía en derecho, en una situación en dónde había un claro
abuso del derecho por parte de los peticionarios.
Inconformes con el curso
decisorio seguido por el TCA, el 13 de septiembre de 2002, los peticionarios acudieron
vía certiorari ante este Tribunal, formulando los siguientes
señalamientos de error:
“(1)Erró el TCA al determinar que las
reclamaciones salariales de 10 codemandantes
iniciales que continuaron trabajando con el patrono peticionario luego de radicarse
la demanda el 27 de agosto de 1996 se limitan a la fecha en que demandaron a Syntex y al sostener que estos 10 demandantes no tienen
derecho a descubrir evidencia en posesión del patrono más allá de dicha fecha,
resolviendo que las reclamaciones salariales de dichos demandantes por el
periodo posterior a la radicación de la demanda deben tramitarse en un pleito
posterior independiente, lo cual se solicita se reconsidere.
(2)Erró el TCA al
determinar en apelación que la reclamación de algunos de los demandantes-recurridos
están prescritas excediendo su jurisdicción apelativa más allá de los errores
planteados en el recurso, siendo por demás dicha determinación de prescripción
una contraria a derecho, pues la interposición de la demanda inicial interrumpió
la prescripción para todos los potenciales demandantes que se acumularon al
caso posteriormente mediante enmiendas a la demanda, según la norma sentada en
Rivera Castillo v. Municipio de San Juan, 130 D.P.R.
683 (1992) analizada con la norma sentada en Caguas Lumber
Yard v. Tribunal Superior, 96 D.P.R.
848(1969), lo cual se solicita se reconsidere.
(3)Erró el TCA al
intervenir en la sana discreción del TPI en el ejercicio de su facultad
discrecional de regular los procedimientos pautando el descubrimiento de prueba
en el caso al revocar la Resolución recurrida del 8 de septiembre de 2000, por
la cual se ordenó al patrono demandado-peticionario producir las tarjetas de
asistencia, nóminas, expedientes de personal, y otros documentos de los
trabajadores recurridos con el exclusivo fin de ser reproducidos por los mismos
a su costo, y al sustituir su criterio por el del TPI pautándose en apelación
el descubrimiento de prueba en el caso en lo que a juicio de los trabajadores
recurridos es una intervención impermisible del TCA
más allá de su facultad revisora como Tribunal Apelativo, pues extendió su
jurisdicción más allá de los errores planteados asumiendo el rol del TPI, lo
cual se solicita se reconsidere.
(4)Erró el TCA al no
reconocer la procedencia en ley de la resolución recurrida bajo la Regla 31.1
de Procedimiento Civil que autoriza y permite la producción de documentos para
ser fotocopiados independientemente de que hayan sido previamente producidos e
inspeccionados por la parte que interesa copia de los mismos, particularmente
cuando la parte que produce los documentos tiene el deber de presentarlos en
evidencia el día del juicio y de hechos los ha anunciado en evidencia en el
caso, lo cual se solicita se reconsidere.”
Mediante Resolución de
25 de octubre de 2002, expedimos el auto solicitado. Contando con el beneficio de la comparecencia
de ambas partes estamos en posición de resolver.
II
Atendemos, en primer lugar, el planteamiento de si es procedente el
descubrimiento de prueba relacionado con el período posterior a la fecha de
presentación de la demanda original, respecto de aquellos 10 empleados que
continuaron trabajando para Syntex más allá del 21 de
agosto de 1996, fecha en que se presentó la demanda original.
Las reclamaciones formuladas en el caso que nos ocupa, incluyendo las
añadidas por las demandas enmendadas, se presentaron ante el TPI antes del 27
de julio de 1999,[21] por lo que son de aplicación al caso de
autos los términos y disposiciones de la anterior Ley de Salario Mínimo.
Como se sabe, las reclamaciones de salarios están revestidas del más alto
interés público debido a la importancia que el pago de éstos acarrea para la
subsistencia de los obreros y sus dependientes.
Con el objetivo de garantizarles un ingreso mínimo adecuado, y tomando en
consideración las pésimas condiciones socio-económicas en que vivía la clase
trabajadora a mediados del siglo pasado, nuestra Asamblea Legislativa aprobó la
“Ley de Salario Mínimo”, supra, atemperando así las disposiciones de la
Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo(Federal Labor Standards Act) a la ley
local.[22] Véase
David M. Helfeld, La Política Laboral
Constitucional del 1952: Sus Principios Esenciales y los Factores que la
influenciaron, 72 Rev.Jur.U.P.R. 143, 150(2003).
Al respecto, la Sección 32 de la Ley de Salario Mínimo disponía que:
(a)Por el transcurso de tres (3) años
prescribirá la acción en reclamación de salarios que pueda tener un empleado
contra su patrono al amparo de (la Ley de Salario Mínimo) de los decretos mandatorios ya aprobados o que se aprueben de acuerdo con
sus disposiciones, de las órdenes promulgadas por la Junta o al amparo de
cualquier contrato o ley. Para la
prescripción de esta acción se contará desde que el empleado cesó en su empleo
con el patrono. El término de prescripción antes indicado se interrumpirá y
comenzará a transcurrir de nuevo por la reclamación de la deuda de salario al
patrono, judicial o extra-judicialmente, por el obrero, su representante o
funcionario del departamento con facultad para ello y por cualquier acto de
reconocimiento de la deuda por el patrono.
(b)Cuando el empleado estuviere trabajando
con el patrono, la reclamación solamente incluirá los salarios a que
tuviere derecho el empleado, por cualquier concepto, durante los últimos diez
(10)años anteriores a la fecha en que estableciere la acción judicial.
(c)En el caso de que el empleado hubiere
cesado en su empleo con el patrono, la reclamación solamente incluirá
los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de su cesantía.
Como se puede observar,
bajo la Ley de Salario Mínimo, a todo empleado que recibiera una compensación
inferior a la establecida por ley se le confería el derecho a cobrar el importe
correspondiente mediante una acción civil.
Dicha ley, a su vez, confería al Secretario del Trabajo y Recursos
Humanos la facultad de iniciar la acción correspondiente, bien por iniciativa
propia o a petición de los empleados interesados.
Así también, los incisos (b) y (c) del referido estatuto distinguían
entre aquellos empleados que continuaban prestando sus servicios para el
patrono al momento de instarse la reclamación, de aquellos que habían cesado en
sus empleos con éste.
Con relación a estos últimos, el inciso (a) establecía que la acción para
reclamar salarios prescribiría a los tres años desde el momento en que cesaran
en el empleo, pero éstos sólo podían reclamar el importe correspondiente
a los 10 años anteriores a la fecha de cese en el empleo.
En cuanto a los que aún continuaban trabajando para el patrono, éstos
solo podían reclamar los salarios correspondientes a los 10 años anteriores desde
la fecha en que instaran la reclamación judicial. Véase A. Acevedo Colom, Legislación
Protectora del Trabajo Comentada, Ramallo Bros., San Juan, 1era ed., 1988,
a las pág. 60-62.
En el caso que nos
ocupa, la controversia se centra en la interpretación del inciso (b) de la Ley
de Salario Mínimo, supra, en cuanto a si un empleado que continúa
trabajando para el patrono durante la pendencia del litigio en reclamación de
salarios puede reclamar las retribuciones devengadas y no pagadas, por el
período posterior a la fecha de presentación de la demanda, o, en cambio, si
dicha reclamación debe limitarse únicamente al importe correspondiente a los 10
años anteriores desde el momento en que se instó la demanda.[23]
En otras palabras, nos corresponde identificar cuál es el alcance de la frase
“solamente incluirá” en dicho inciso; precisar si fue la intención legislativa
referirse solamente al período previo a la interposición de la reclamación
judicial o si se puede reclamar también por el período posterior.
De una simple lectura
del citado precepto, vemos que no se hace referencia de clase alguna en cuanto
a lo que sucede con las reclamaciones de salarios (causas de acción) que surjan
durante la pendencia del litigio. Surge
claramente del lenguaje de dicho estatuto las limitaciones existentes a la
retroactividad de las reclamaciones, pero nada contiene respecto a las que se
originen posteriormente. Es decir, nos
encontramos ante una situación en la que existe un vacío legislativo, por lo
que nos corresponde auscultar la verdadera intención o fin social que tuvo
nuestra Asamblea Legislativa al momento de adoptar el estatuto en cuestión.
En reiteradas ocasiones, hemos expresado que al acometer nuestra función
de interpretación de las leyes debemos siempre considerar cuáles fueron los
propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarlas. Nuestras
determinaciones deberán atribuirle un sentido que asegure el resultado que
originalmente se quiso obtener, en forma tal que la interpretación
se ajuste al fundamento racional o fin esencial de la ley y a la política
pública que la inspira. Vázquez v. ARPE, 128 D.P.R. 513, 523 (1991); Chase Manhattan Bank v. Mun. de San Juan, 126 D.P.R. 759, 766 (1990); Morales v. Adm. Sistemas de
Retiro, 123 D.P.R. 589 (1989). Es
nuestra obligación fundamental en estos casos imprimirle efectividad a la
intención legislativa, propiciando de esta forma la realización del propósito
que persigue la ley.[24] Díaz Marín v. Municipio de San Juan,
117 D.P.R. 334 (1986).
Así también, hemos expresado que en la interpretación de un estatuto debe
evitarse una aplicación literal del mismo que resulte en consecuencias
absurdas, siempre que se pueda dar a la ley una interpretación razonable
consistente con el propósito legislativo.
Díaz Marín v. Municipio de San Juan, supra, a la pág. 334; Pardavco, Inc. v. Scrio de Hacienda,
104 D.P.R. 65 (1975); Esso
Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772 (1968); Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719 (1961).
De una lectura del Informe rendido por la Comisión Conjunta de la
Asamblea Legislativa que recomendó la aprobación de la Ley de Salario Mínimo,
vemos que la política pública que inspiró la aprobación la sección 32 de la
referida ley era, de una parte, establecer un balance entre la protección de
los intereses y derechos de los trabajadores para que se les compensaran en su
totalidad las labores rendidas, y, de otra parte, fijar un límite a las
acciones y al período de tiempo que pueda cubrir en una reclamación de ésta
índole. Véase 8, Diario de
Sesiones, 7 de mayo de 1956, a la pág 1072. Con ello, se pretendió limitar las
reclamaciones salariales de los obreros, quienes hasta esa fecha podían
reclamar retroactivamente salarios devengados por períodos indefinidos de
tiempo.
Al respecto, dicho Informe expresó que:
“La Sección 32(c), que
tiene reacción [sic] directa con el inciso(a), dispone que en caso de
que el empleado hubiese cesado en su empleo al tiempo de presentar su
reclamación, éste podrá incluir solamente los últimos cinco años[léase 10
años] anteriores a la fecha de la cesantía.
Esta disposición significa que cualquier reclamación de salarios instada
por un ex-empleado contra su antiguo patrono podrá referirse a un período no
mayor de los cinco años anteriores a la fecha en que el querellante cesó en sus
servicios.
El inciso(c) varía fundamentalmente la
ley actualmente en vigor, al amparo de la cual se pueden presentar acciones
por un período ilimitado que puede incluir el total de años de servicio del
trabajador querellante para el patrono querellado, irrespectivamente
de que haya trabajado 25 ó 30 años para el mismo patrono. (citas omitidas)
Las dificultades
inherentes a situaciones como ésta- tales como obtener evidencia necesaria,
conseguir los récords relativos a los diferentes períodos, así como los
testigos materiales, etcétera-han dejado demostrado que se hace necesario
incluir en la ley una fórmula más práctica que sin afectar fundamentalmente los
intereses y los derechos de los trabajadores, proteja en forma adecuada el
interés público.”(énfasis suplido)
De esta forma, con la aprobación del citado estatuto se le brindaron
mayores garantías de debido proceso de ley al patrono, protegiéndolo de
reclamaciones al infinito, y se incentivó que los trabajadores reclamaran
activamente sus derechos. En esencia,
las limitaciones de tiempo a las que se hace referencia en el segmento transcrito surgieron con el fin de proteger al patrono
contra reclamos a destiempo por parte del obrero. En el pasado, las reclamaciones que los
obreros hacían por servicios prestados por más de 20 o 30 años situaban al
patrono en una posición desventajosa, pues en muchas de las ocasiones no
contaba con los expedientes de dichos empleados, o por el transcurso del tiempo
no podía localizar los testigos materiales para una adecuada defensa de su
caso, colocándolos en una posición de total incertidumbre.
La situación es distinta cuando un empleado reclama sus derechos por un
período posterior a la presentación de la demanda. Si bien le aplicará la limitación de 10 años
para reclamar retroactivamente por las prestaciones debidas, no deberá
impedírsele de que puede reclamar por aquéllas causas de acción surgidas una
vez presentada la demanda. Desde la
fecha de presentación de la demanda en su contra, ya el patrono conoce en qué
consiste la reclamación del obrero, por lo que estaría en una mejor posición de
recopilar la evidencia necesaria y con mayor facilidad podría localizar los
testigos, no teniendo los mismos problemas de debido proceso de ley que tendría
un patrono al cual demandan por una reclamación de más de 20 años. No se trata ya de causas de acción o
reclamaciones que surgieron hace muchos años, sino aquellas que ocurren ya el
patrono conociendo que tiene un pleito instado en su contra. De interpretarse de otro modo, no
incentivaríamos al patrono a que atienda e investigue cualquier situación en la
que alegadamente se violenten los derechos de un trabajador, y por ende, tome
las medidas correctivas necesarias para mejorar la situación del trabajador.
Por otro lado, ni en el Informe de la Comisión Conjunta, ni en las
discusiones de ambos proyectos ante la Cámara y el Senado, se debatió si las
reclamaciones de dichos empleados podían extenderse por períodos posteriores a
la presentación de la demanda. En
cambio, nada en el lenguaje del estatuto sugiere que no se pueda reclamar por
el período posterior a la presentación de ésta.
Es un principio reiterado en nuestro ordenamiento jurídico que las leyes
y reglamentos laborales, deben ser interpretados liberalmente o de la manera
más favorable al obrero.
Almodóvar v. Margo Farms del Caribe, Inc., 148 D.P.R. 103
(1999); Dorante v. Wrangler,
145 D.P.R. 408 (1998); Torres v. Starkist, 134 D.P.R. 1024
(1994); Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866 (1993).
Concluímos, por tanto, que la intención legislativa fue
la de establecer un límite de retroactividad a las reclamaciones, pero no
impedir que el trabajador que continuara trabajando pudiese reclamar más allá
de la fecha en que presentó la demanda.
Es menester aclarar que ni el legislador ni nadie tienen forma de
anticipar si los patronos que son demandados en casos de reclamaciones
salariales continuarán o no en violación de los derechos de los trabajadores una
vez interpuestas reclamaciones judiciales en su contra. Ello es incierto y especulativo. De igual manera, no puede exigirse a los
trabajadores que anticipen en una demanda las sumas adicionales que les
adeudarán por concepto de horas extras, si ni tan siquiera saben si el patrono
va a continuar violando las leyes laborales.[25]
Por ende, no permitir la enmienda a la reclamación de salarios por el
período posterior a la presentación de la demanda original atentaría contra el
principio de celeridad y economía procesal que permea
nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, el tribunal de instancia
podrá establecer, una vez completado el descubrimiento de prueba por las
partes, la fecha límite hasta la cual se podrá reclamar en el caso, ello sin
perjuicio de que de continuar subsiguientemente el patrono violando las leyes
salariales aplicables, los reclamantes puedan presentar otro pleito.
Examinada la primera controversia en el caso de marras, vemos que 10 de
los empleados que figuran en el “Anejo A” de la demanda original continuaron
prestando sus servicios para Syntex. Son estos Marco A. Arroyo Román, María De
Jesús Laboy, John Félix
Ortiz, Carmen W. Lebrón, Edward López Peña, Felicita
Méndez Rivera, Juan A. Molina, Teresa Peña Flores, Luis Orlando Rodríguez
Roque, y Luis A. Rodríguez Velázquez.[26]
Por lo tanto, éstos podrán descubrir aquella prueba relacionada a los 10
años anteriores a la interposición de la demanda, o sea hasta el 21 de agosto
de 1986, y aquella prueba relacionada a todas las causas de acción surgidas
durante el período posterior a la presentación de la demanda original, o sea,
por el período posterior al 21 de agosto de 1996. Para ello, deberán enmendar la demanda
original acumulando las reclamaciones o causas de acción surgidas entre la
fecha de la demanda original y la fecha en que culmine el descubrimiento de
prueba.
En cuanto a las reclamaciones (causas de acción) surgidas luego del 27 de
julio de 1999, fecha en que entró en vigor la “Ley de Salario Mínimo,
Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”, supra, para
aquellos 10 empleados que continuaron trabajando para Syntex,
le serán de aplicación los nuevos términos prescriptivos
dispuestos en dicha ley.[27]
III
Atendemos, en segundo
lugar, el planteamiento de los peticionarios en cuanto a que ninguna de las
reclamaciones de los trabajadores estaban prescritas. Aducen los peticionarios que la interposición
de la demanda original al amparo del Art. 13 de la Ley Núm. 379, supra,
tuvo el efecto de interrumpir el período prescriptivo
en beneficio de los potenciales trabajadores miembros de “la clase” tal como
sucede cuando se tratan de certificar pleitos de clase, bajo la Regla 20 de
Procedimiento Civil. [28]
La controversia
resultante entre ambas disposiciones de ley se circunscribe a determinar si una
reclamación al amparo del Art. 13 de la Ley Núm. 379, supra, puede
tratarse como si se tratara de un pleito de clase, bajo la Regla 20 de
Procedimiento Civil.[29] Veamos.
El Art. 13 de la Ley de Horas y
Días de Trabajo, supra, dispone en lo pertinente, que:
“La reclamación
judicial podrá establecerla uno o varios empleados por y a nombre suyo o de
ellos y de otros empleados que estén en circunstancias similares;
Disponiéndose, que después de iniciada judicialmente la reclamación, ésta podrá
ser transigible entre las partes, con la intervención
del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos o cualesquiera de los abogados
del Departamento, designado por dicho Secretario y la aprobación del Tribunal.”
De
la lectura del citado precepto, podemos colegir que uno o varios empleados
podrán iniciar una reclamación judicial por salarios devengados no pagados, así
como por horas extras trabajadas, por sí o en representación de varios
empleados que se encuentren en circunstancias similares. Véase además, 29 USCA §216(b).[30]
De igual manera, el Secretario del Trabajo o a quien éste asigne podrá
representar a los empleados en cualquier reclamación de esta naturaleza.
En
una ocasión anterior, tuvimos la oportunidad de interpretar el alcance de dicha
disposición al compararla con la antigua Regla 20 de Procedimiento Civil.[31] Véase Caguas Lumber
Yard v. Tribunal Superior, 96 D.P.R.
848 (1969). En dicha oportunidad,
aclaramos que ambos estatutos proveen para dos procedimientos con iguales
propósitos, pero distintos en sus requisitos y en sus efectos. Uno que proviene de las Reglas de
Procedimiento Civil, supra, con ciertos requisitos para incluir en una
acción a reclamantes que, por su cantidad y otras circunstancias, es más
práctico certificarlos como clase y para quienes la sentencia que pudiere
recaer afectará a todos por igual, salvo que soliciten su exclusión (“opt-out”).
En éste, hay un solo proceso, en el que la pretensión es única, pero
tiene que ser formulada por varias personas conjuntamente, lo que conduce a una
pluralidad de partes, pero sin que ello altere la existencia de un único
proceso, una única reclamación y una única solución.
El
otro, un procedimiento que surge de una ley especial, con el propósito
específico de reclamar a un patrono cantidades no pagadas, que aunque provee
para la inclusión (“opt-in”) de varios reclamantes, los
efectos de la sentencia afectarán sólo a aquéllos que sean expresamente
incluidos en el pleito. Caguas L.
Y., Inc. v. Tribunal Superior, supra, a la pág. 852; Véase además, Groshek v. Babcock & Wilcox Tubular Products Div., 425
F. Supp. 232 (1977). [32] En consecuencia, el efecto que produce esta
acumulación es la unión de varios procesos para efectos de tramitarlos en uno
sólo, de tal manera que en un mismo procedimiento y en una única sentencia,
aunque con pronunciamientos independientes para cada actor, se resuelven las
acciones de todos los trabajadores demandantes.
Una de las ventajas que podemos destacar del Art. 13
la Ley Núm. 379, supra, es que se consagra terminantemente el derecho de
uno o más empleados a instar la acción judicial a nombre suyo o de ellos y de
otros empleados que estén en circunstancias similares, independientemente
del factor numérico necesario para constituir la clase, a diferencia de la
exigencia contenida en la Regla 20 de Procedimiento Civil. Caguas L. Y., Inc,
supra, a la pág. 854. Simplemente se hace una invitación al
empleado para formar parte de un pleito; no está obligado a formar parte del
mismo, ni estará afectado por la decisión que recaiga en su día.
Asimismo, la Ley Núm. 379, supra,
dispone que para desistir o transigir la acción se requiere de la aprobación
del tribunal, y la intervención del Secretario del Trabajo, requisito que no
está contenido en la Regla de Procedimiento Civil. Ello es indispensable para la protección de
los intereses de los obreros. Dicha
regla tampoco exige la adecuada representación de todos los empleados que estén
en circunstancias similares a la de los empleados comparecientes.
Así pues, debemos concluir que la “acción de clase” dispuesta en la Ley
de Horas y Trabajo, supra, no es una “verdadera acción de clase”, según
la definen las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, sino una acción
representativa, de acumulación permisible de partes, con distintos requisitos y
distintos efectos. A tono con lo
anterior, los empleados que pretendan ser incluidos en “la clase” pueden
acumularse como parte en el pleito ya instado contra el patrono o pueden llevar
una reclamación independiente. Como
mencionáramos anteriormente, su derecho a reclamar no quedará perjudicado por
la decisión que recaiga en su día en el caso.
Caguas L. Y., Inc. v. Tribunal Superior,
supra, a las págs. 855-56.
Asimismo, los términos prescriptivos
establecidos para presentar la acción en reclamación de salarios, no se
interrumpen con la presentación de una acción representativa al amparo del Art. 13 de la Ley Núm. 379, supra;
o sea, los términos prescriptivos para
aquellos trabajadores que optaron por no incluirse a la demanda continúan
transcurriendo.[33]
No
es de aplicación al caso de autos la norma establecida por este Tribunal en Rivera
Castillo v. Municipio de San Juan, 130 D.P.R. 683
(1992). Los hechos del mencionado caso
son claramente distinguibles del que ocupa nuestra atención el día de hoy. La controversia objeto de la reclamación en Rivera
Castillo, supra, era una susceptible de ser tramitada como un pleito
de clase. Sin embargo, el TPI, en su
amplia discreción, determinó no certificar como tal.[34]
Por
el contrario, el presente caso al ser una reclamación al amparo de la
legislación laboral no puede ser tramitada como un pleito de clase, sino más
bien como una acción representativa o de acumulación permisible. El permitir otro análisis vulneraría los
derechos creados por la legislación laboral, a favor tanto de los obreros como
del patrono. Adviértase que cada
trabajador tiene su récord de trabajo, el cual es distinto del de los
demás. Cada obrero trabajó un número
distinto de horas, así como devengó y recibió unos salarios y beneficios
distintos. Por tanto, la presentación de
una demanda, por un trabajador, no brindaría una notificación adecuada sobre el
historial de trabajo o las posibles reclamaciones que puedan tener otros
empleados contra el mismo patrono.
Por lo tanto, a la luz del trasfondo doctrinal previamente señalado,
actuó correctamente el TCA al determinar que las reclamaciones de algunos
empleados estaban prescritas.
En cuanto a la demanda original, los señores Diego Serrano Maldonado y Perry
Torres González ofrecen como su fecha de cese en el empleo octubre de 1994 y
junio de 1994, respectivamente. Éstos
presentaron sus reclamaciones antes del 21 de agosto de 1996, por lo que no
estaban prescritas. Sin embargo, tres de
los empleados, Andrés Carrasco Colón, Teresa Flores Medina, y Olga M. Rodríguez
Rosado, no ofrecen la fecha en la que cesaron en sus empleos con Syntex. Es desde esa
fecha que depende que sus reclamaciones estén o no prescritas, por lo cual el
tribunal de instancia deberá determinar la fecha correspondiente luego de
escuchar a las partes.
En cuanto a los 60 empleados de la primera demanda enmendada, 53 de estos reclamantes ofrecen su fecha de
cese en el empleo el año 1997, por lo que al presentarse sus reclamaciones el 8
de julio de 1998, éstas estaban a tiempo, no prescritas.
No obstante, las reclamaciones del señor Carlos Camuas
Osorio, quien cesó en su empleo en 1994; José Luis Castro Cruz quien cesó en
1994; Cruz Díaz Sánchez quien cesó en 1993; Diego Serrano Maldonado en 1994 y
Gustavo O. Delgado Flores quien cesó en 1992 están prescritas. Estos trabajadores tenían 3 años para
presentar su reclamación y no lo hicieron.[35] De
igual manera, como mencionáramos previamente, sus reclamaciones presentadas
fuera de término tampoco se retrotraen a la fecha de la presentación de la
demanda original, pues ésta no tuvo el efecto de interrumpir los términos prescriptivos, ya que ellos no formaron parte de la
reclamación original.
Por último, en cuanto a esta primera demanda enmendada se refiere,
debemos señalar que los señores Nelson Castro Rodríguez y Mario Santiago Montañez ofrecen el año de 1995 como fecha de cese en su empleo. Las reclamaciones en sus respectivos casos
dependerán de si el mes y día en que cesaron, fue después del 8 de julio de
1995, lo que significaría que sus reclamaciones podrían estar prescritas.
Resta por considerar, los reclamantes de la segunda demanda
enmendada. Cuatro de los reclamantes,
Víctor Beltrán Acosta, Ángel Chariez, María A. Rivera
Santiago y Eduardo Rodríguez Rodríguez, ofrecen como
fecha de cese en el empleo el año de 1996, y sólo uno, Lillian
Alfonso Perdomo, ofrece el año de 1997, por lo que sus reclamaciones fueron
presentadas dentro del término de 3 años establecido en ley.
IV
Por estar íntimamente
relacionados, procedemos a discutir conjuntamente el tercer y cuarto
señalamiento de error.
Nuestras Reglas de Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,
proveen para que el alcance del descubrimiento de prueba sea uno amplio y
liberal, de manera que se logren soluciones justas, rápidas y económicas a las
controversias existentes entre las partes. [36] Lluch
v. España Service Station,
117 D.P.R. 729, 744 (1986). Con tales objetivos en mente, se ha diseñado
un esquema de descubrimiento de prueba extrajudicial, el cual fomenta una mayor
cooperación y flexibilidad entre las partes.
Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 728 (1994).
Un amplio y adecuado descubrimiento de prueba antes del juicio facilita
la tramitación de los pleitos y evita inconvenientes, sorpresas e injusticias
que surgen cuando las partes ignoran, hasta el día de la vista, las cuestiones
y los hechos que en realidad son objeto del litigio. Medina v. M.S.
& D. Química P.R., Inc.,
135 D.P.R.716.
Por otra parte, los tribunales
tomarán un rol más activo en el manejo de todo lo relacionado con el
descubrimiento de prueba en aquellos casos que envuelvan cuestiones complejas o
en aquellos que impliquen cuestiones de interés público. Regla 37.1 de Procedimiento Civil, supra; Véase además, Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716 (1994); Vellón v. Squibb
Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838, 849-50 (1986).
Así también, corresponde a los
foros judiciales velar porque el descubrimiento de prueba no sea perturbador,
hostil, opresivo o cause gastos o molestias indebidas. Es por ello que las Reglas de Procedimiento
Civil proveen para que los tribunales expidan órdenes protectoras en los casos
que procedan, con el propósito de proteger a la parte o persona con relación a
la cual se utiliza el descubrimiento, de hostigamiento u opresión, así como de
cualquier gasto o molestia indebida. 32 L.P.R.A. Ap. III R. 23.2. Los tribunales intervendrán en el proceso de
descubrimiento de prueba, bien sea para emitir órdenes protectoras o guías,
tomando en consideración los siguientes factores: (1)la multiplicidad de partes;
(2)el monto de las cuantías reclamadas; (3)el extenso y complicado
descubrimiento de prueba; (4)la complejidad de las controversias planteadas; y
(5) los recursos de las partes, entre otros.
Véase e.g. Medina Morales v. Merck, Sharp & Dohme Química de Puerto Rico, 135 D.P.R.
716 (1994); Amaro González v. First Federal Savings Bank, 132 D.P.R. 1042 (1993); Ortiz Rivera v.ELA,
125 D.P.R. 65 (1989); Véase además, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Civil, Tomo
I, Publicaciones JTS, 2000, a la págs. 492-95.
De determinar que procede
intervenir, los tribunales podrán establecer, entre otras cosas, unos controles
tales como reuniones frecuentes con los abogados de las partes, delimitar las
controversias, supervisar el descubrimiento
de prueba y cambiar el
orden de la prueba en la vista, de ser necesario. Íd a
la pág. 495.
Por otro lado, en cuanto
a los derechos de las partes durante el descubrimiento de prueba, la Regla 31.1
de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.III R.31.1, dispone que:
“Además de tener derecho a que se produzca
cualquier documento o cosa para ser inspeccionado con relación a un examen bajo
la Regla 27, o interrogatorios bajo la Regla 30, una parte podrá notificar a
otra, sujeto a lo dispuesto en la Regla 23.2 una solicitud para que: (1)produzca
y permita inspeccionar, copiar o fotografiar, por o a nombre de la parte
promovente, determinados documentos, papeles, libros, cuentas, cartas,
fotografías, objetos o cosas tangibles, de naturaleza no privilegiada, que
constituyan o contengan evidencia relacionada con cualquiera de las materias
que estén dentro del alcance del examen permitido por la Regla 23.1 y que
estuvieren en o bajo su posesión, custodia o dominio...”
La citada regla cobra vital importancia en los casos de reclamaciones
salariales. El descubrimiento de prueba
en el ámbito laboral permite que quien pretenda demandar solicite con carácter
previo al proceso, el examen de cualquier documento, cuando su conocimiento
resulte imprescindible para fundamentar su demanda; siendo el caso más claro el
de los empleados que traten de descubrir las cantidades dinerarias que les
adeuden.
A éstos les corresponde establecer mediante preponderancia de la prueba,
no solo que realizaron las labores por concepto de la cual instan las
reclamaciones, sino que también deberán acreditar el número de horas regulares
y extras por las que realizaron los trabajos.
Sierra v. Eastern Sugar
Associates, 71 D.P.R.
888 (1950); Scrio. Del Trabajo v. Vélez,
86 D.P.R. 585 (1962).
El patrono, por su parte, podrá presentar las nóminas que conserve en su
poder para controvertir lo alegado por los trabajadores. Las copias de las nóminas constituirán
evidencia prima facie sobre su contenido. Pueblo v. Echevarría
Rodríguez, 128 D.P.R. 299 (1991). Por tal razón, para refutar lo alegado por el
patrono, y fundamentar adecuadamente sus contenciones, el trabajador deberá
tener derecho a fotocopiar las nóminas y aquéllos documentos que sean pertinentes.
Finalmente,
se hace imperativo recordar la doctrina establecida en nuestra jurisdicción de
que los tribunales apelativos, de ordinario, no intervendremos con las
determinaciones que hagan los juzgadores de hechos, salvo que medie prejuicio,
pasión, parcialidad o error manifiesto. Rivera
Durán v. Banco Popular, res. el 2 de octubre de 2000, __D.P.R.__(2000),
2000 J.T.S. 156, a la pág.
175; Quiñónes López v. Manzano Pozas,
141 D.P.R. 139 (1996); Pueblo v. Bonilla Romero,
120 DPR 92(1987). Esto es fundamental
por cuanto son ellos quienes están al tanto de todos los trámites y diligencias
solicitadas por las partes.
En el caso de autos, el TPI
ordenó a la recurrida poner a disposición de los peticionarios para su
reproducción todos los documentos de nómina, tarjetas de asistencia, y récords
de personal.[37]
Sin embargo, el TCA revocó al foro de instancia al determinar que no
procedía la reproducción de los mismos en cuanto a los demandantes originales,
por entender que tuvieron una cantidad considerable de tiempo para ello. Al respecto, el foro apelativo concluyó que:
“(a)El descubrimiento de prueba consistente de
examinar y fotocopiar los expedientes de los 15 demandantes que figuran en la
demanda original, que tuvieron 2 años de oportunidad para descubrir prueba,
está concluido para los efectos de este pleito.”[38]
Erró el TCA al así hacerlo. El TCA equivocadamente concluyó que los
peticionarios habían tenido más de dos años para descubrir dicha prueba. Del expediente del caso de autos, surge que
el descubrimiento se vio interrumpido en varias ocasiones por un espacio mayor
a dos años.[39]
En razón de ello, no encontramos que hubiese abuso de discreción o
arbitrariedad en la Orden del TPI de 8 de septiembre de 2000. El foro de
instancia se encontraba en mejor posición para dirimir este asunto, y para
conceder períodos de tiempo adicionales que como hemos visto eran necesarios
dada la gran cantidad de veces que se detuvo el descubrimiento de prueba.
Por tanto, concluimos que los
peticionarios podrán reproducir a su propio costo las hojas de asistencia, las
nóminas, tarjetas acumulativas de vacaciones y licencia por enfermedad,
solicitudes y/o acuerdos para reducir el período de tomar alimentos, y
cualquier documento pertinente por el período comprendido entre el 21 de agosto
de 1986 y el 21 de agosto de 1996.
Por otra parte, concluimos que
actuó correctamente el TCA al emitir unas guías que regularan el procedimiento
de descubrimiento de prueba que por años se ha tratado de conducir sin éxito
alguno. Se trata de un caso complejo,
donde existe una gran cantidad de partes y reclamaciones, lo que amerita la
intervención del tribunal para la más pronta solución del mismo. Así pues, son razonables las guías dirigidas
a limitar a un período de 60 días para dar por concluido el descubrimiento de
prueba respecto a los peticionarios de las demandas enmendadas de 8 de julio de
1998 y de 7 de diciembre de 1998. Al
respecto el TCA expresó que:
“...(b)Se concederá un plazo no mayor de sesenta
(60) días a los abogados de los (60) demandantes incluidos en la enmienda a la
demanda de 8 de julio de 1998, y los cinco (5) incluidos (sic) la enmienda del
7 de diciembre de 1998, para examinar y/o fotocopiar, bajo las condiciones que
aquí establecemos, los sesenta y cinco (65) expedientes de personal de estos
empleados.
(c)En ese plazo de sesenta (60) días, ambas
partes se pueden someter mutuamente mecanismos de descubrimiento de prueba,
respecto a todos los reclamantes incluyendo los quince originales, siempre que
su culminación, o sea la sumisión de las contestaciones en los casos de los
interrogatorios, no excedan de treinta preguntas, ni del plazo de 60 días para
ser contestados.”[40]
No obstante, añadimos lo ya expresado
anteriormente en esta Opinión, en cuanto a que deberá concederse acceso, dentro
del término de 60 días, a los 10 peticionarios de la demanda original, los
cuales continuaron prestando sus servicios para el patrono, para inspeccionar y
reproducir los documentos pertinentes correspondientes
al periodo posterior al 21 de agosto de 1996.
Por los fundamentos antes
expuestos, revocamos parcialmente la Sentencia del Tribunal de Circuito de
Apelaciones, en cuanto resolvemos que los 10 peticionarios que continuaron
prestando sus servicios para el patrono podrán reproducir los documentos
correspondientes al período comprendido entre 1986 a 1996, y podrán reclamar y
descubrir prueba relacionada a las sumas adeudadas por el período posterior a
la presentación de la demanda original.
Se confirma en cuanto a los demás extremos. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia para que continúe los procedimientos conforme a lo aquí dispuesto.
Se dictará sentencia de
conformidad.
BALTASAR
CORRADA DEL RÍO
Juez Asociado
