La Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, establece una estructura de pago de derechos por las operaciones de los alguaciles y los secretarios de los tribunales de Puerto Rico. Los derechos, pagados mediante sellos de rentas internas, se establecen como un arancel sobre varias acciones civiles que se realizan en los Tribunales, tales como radicación de demandas, apelaciones, alegaciones, recursos extraordinarios, diligenciamiento de emplazamientos, embargos y otras gestiones realizadas en secretaría o por los alguaciles. Además, dispone que en el caso del pago del arancel de suspensión de una vista, se dirigirá ese recaudo para la contratación de servicios legales al público indigente.

La última revisión general de los aranceles dispuestos en la referida Ley Núm. 17 se llevó a cabo hace dieciséis años, en 1982. Aparte de enmiendas a uno u otro renglón particular, esta Ley ha tendido a permanecer inalterada por períodos prolongados de tiempo. En varios casos, los aranceles que fija la ley vigente han dejado de guardar proporción con los costos reales del sistema judicial y con el nivel económico del pueblo puertorriqueño. Además, el texto de la ley tal y como está vigente refleja la estructura del sistema judicial en 1952. La Ley necesita actualizarse y atemperarse a la actual Ley de la Judicatura de 1994, muy particularmente en cuanto a asuntos tales como la existencia de un Tribunal de Circuito de Apelaciones y el establecimiento de un solo Tribunal de Primera Instancia.

Un estudio de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) reflejó un estimado de recaudo por concepto de aranceles de menos de cuatro millones de dólares, cantidad que dista, por mucho, de empezar a cubrir siquiera una fracción razonable del costo generado por los trámites a los que se aplican. Esta diferencia se agrava además por la cantidad irrisoria de muchos de estos aranceles, especialmente de aquellos que por arcaísmo de la Ley reciben un descuento por presentarse ante Jueces Municipales o ante los restantes Jueces de Distrito del Tribunal de Primera Instancia, cuando en realidad el tribunal es uno y el costo es igual y no hay razón para el descuento. Ese costo irrisorio tiende a fomentar la radicación excesiva de recursos, mociones, solicitudes y demandas, muchas veces frívolas o de intención dilatoria, aumentando por tanto la carga de los Tribunales y los gastos a incurrirse. Por otra parte, la Ley dispone que el Tribunal puede, por excepción, eximir del pago del arancel de suspensión, lo cual reduce aún más los fondos disponibles para la contratación de servicios legales, máxime cuando dicha exención se convierte en algunas salas en regla más que excepción.

La Administración de los Tribunales necesita mayores recursos para continuar la implantación de la Reforma Judicial. Los aranceles actuales, según los estudios realizados, podrían hasta triplicarse y aún así representarían un costo módico y razonable, que no privaría al pueblo que necesita Justicia de su acceso a los tribunales. La Asamblea Legislativa entiende que aunque no es necesario un aumento tan radical, es hora ya de considerar un aumento a estos aranceles y una actualización de las disposiciones de la Ley Núm. 17, antes citada, en términos generales.

ARANCEL DE LOS DERECHOS QUE DEBERAN PAGARSE A SECRETARIOS

J. Por cada sentencia final en juicio por

desahucio por falta de pago 4.00

K. Por cada petición en recursos extraordinarios,

con excepción del recurso de hábeas corpus, el cual

será concedido libre de costas 12.00

L. Por cada oposición de una parte cualquiera en

recursos extraordinarios, con excepción del recurso

de hábeas corpus, el cual será concedido

libre de costas 8.00

M. Por cada escrito de apelación en recursos

extraordinarios, con excepción del recurso de hábeas

corpus, el cual será concedido libre de costas 8.00

N. Por cada certificación bajo sello 1.00

O. Por expedir copia de cualquier documento

obrante en autos, inclusive su certificación

cuando ésta sea requerida, por cada folio .50

P. Por cada moción o solicitud de suspensión,

escrita o verbal, de la vista en sus méritos

de casos contenciosos en el Tribunal de Primera Instancia $40.00

Q. Por cada escrito de solicitud original o

renovación de licencia de portación de armas

de fuego en el Tribunal

de Primera Instancia 200.00

R. Por cada moción o solicitud de suspensión,

escrita o verbal, de la vista en cualquier otro

procedimiento, asunto o trámite judicial en el Tribunal

de Primera Instancia 20.00

S. Por cada demanda en reposesión de bienes

muebles, en el Tribunal de Primera Instancia 40.00

T. Por cada escrito para el cual no se dispone arancel

en los apartados anteriores 1.00

A. Por cada diligencia de un emplazamiento $4.00

Si el diligenciamiento fuere negativo y

hubiere más de un demandado a quien no se

ha podido emplazar, por cada demandado adicional 1.00

o ejecución de una orden del embargo, o

ejecución de una orden de arresto, u orden

para la entrega de una propiedad mueble 12.00

Si la misma notificación se hiciere a más

de una persona; por cada persona adicional 1.00

C. Por cumplimentar un mandamiento de

posesión o restitución de una propiedad

y desahuciando al que la ocupe 12.00

F. Por redactar y otorgar una escritura cuyas

atribuciones corresponden al alguacil,

inclusive la certificación o reconocimiento,

cuyo pago deberá hacer el donatario antes

de la entrega $12.00

G. Por ejecutar una certificación de venta

exclusive de anotación y registro de la misma 4.00

H. Por gastos de viaje, los cuales deberán

ser computados en todos los casos desde

que se sale del edificio del tribunal, para

notificar cualquier citación y denuncia, o

cualquier otra providencia por la cual se

empiece una acción o procedimiento, notificación,

decisión, orden, citación de testigos, citación

de jurados (venire) y embargo de bienes

para ejecutar embargos, para fijar anuncios

de venta, para vender propiedad embargada,

o para ejecutar una orden para la entrega

de bienes muebles o mandamiento para poner

en posesión o restituir una propiedad y para

poner una investigación o celebrar un juicio

respecto al derecho de propiedad, por cada

milla que real y necesariamente haya

viajado al ir solamente 1.00

mas si dos a más documentos fueren notificados en la

misma acción o procedimiento, o estuviesen en poder

del alguacil para su notificación al mismo tiempo y en

la misma dirección, se cobrará solamente un millaje

(por el número de millas que se haya viajado) (one

mileage); y la notificación de testigos o citación

del jurado dos o más testigos, individuos o

personas que deban ser notificados residan o se hallen

en la misma dirección, se cargarán gastos de

viaje sobre la base la base de la mayor distancia;

y en ningún caso se cobrarán ni se concederán

compensaciones como gastos de viaje por distancias

intermedias entre la oficina y la mayor recorrida.

I. Por diligenciar una orden de lanzamiento en un

juicio por desahucio $ 8.00"

"Sección 3. Otros derechos, prohibidos.

Los funcionarios del Tribunal no podrán cobrar otros derechos en cualquier causa civil que los establecidos por esta Ley."

"Sección 4.-Penalidades

Todo funcionario del Tribunal que cobre o perciba otros derechos que no sean los fijados por esta Ley en cualquier causa civil, o que faltare al cumplimiento de los deberes que esta Ley le imponen, será procesado por delito menos grave."

"Sección 6.-Personas que no pueden pagar derechos; documentos exentos de derechos.

Cualquier persona de Puerto Rico que desee entablar una acción civil o recurso y no pudiere pagar los derechos requeridos por esta Ley podrá presentar al secretario una declaración jurada exponiendo su imposibilidad de pagar dichos derechos, juntamente con una copia de la demanda que se propone deducir, y el secretario someterá dicha declaración jurada y la referida demanda o recurso al juez del tribunal; y si dicho juez juzgare suficiente en derecho la demanda permitirá que se anote dicha demanda, por lo cual el demandante tendrá derecho a todos los servicios de todos los funcionarios del tribunal y a todos los mandamientos y providencias del mismo, como si los derechos hubiesen sido satisfechos. Y cualquier persona contra quien se entable una acción, si no pudiese satisfacer los derechos requeridos por esta Ley, podrá presentar una declaración jurada, juntamente con una copia de su contestación a la demanda o de cualquiera otra alegación en el asunto, al secretario del tribunal, quien la someterá inmediatamente al juez de dicho tribunal, y si en la opinión del juez, el demandado presentase una alegación meritoria tendrá en adelante derecho a los servicios de todos los funcionarios del tribunal y a todos los mandamientos y providencias de dicho tribunal, lo mismo que si hubiese satisfecho los derechos. Mas, en todo caso, el juez podrá requerir cualquier información adicional que creyere necesaria cuando una persona solicita que se le releve del pago de costas. Los recursos a nivel apelativo o discrecionales que se presenten en el Tribunal de Circuito de Apelaciones o en el Tribunal Supremo disfrutarán de la referida exención de conformidad al trámite dispuesto. Los expedientes para la aprobación del reconocimiento de hijos, las autorizaciones judiciales en beneficio de menores o incapacitados cuando de la solicitud resultare que el valor de sus bienes no excede de mil (1,000) dólares y las solicitudes para declaración de herederos cuando resultare de la petición que el valor de los bienes hereditarios no excede de mil (1,000) dólares se tramitarán libres del pago de los derechos señalados por esta Ley u otras leyes para los secretarios, alguaciles y taquígrafos del Tribunal. "

Por la presente se autoriza el pago de los derechos dispuestos por concepto de los sellos para la Rama Judicial mediante comprobante de Rentas Internas hasta que estén disponibles los sellos en todas las Colecturías del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

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