Para instrumentar el derecho amparado por la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América, a peticionar al Congreso mediante la celebración de un plebiscito el alcance de la soberanía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico y la condición política de los ciudadanos que residen en la Isla, a tenor con el Artículo IX del Tratado de París de 1898, mediante el mandato electoral que surja de las opciones de petición al Congreso sometidas a los electores y presentadas según lo dispuesto en las doctrinas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Resolución 1541(XV) de la Organización de las Naciones Unidas, y de las interpretaciones vigentes en las Ramas Ejecutiva y Legislativa del Gobierno Federal respecto a la condición territorial de Puerto Rico; establecer las prohibiciones respecto a la publicación de anuncios; definir ciertos delitos en relación a este plebiscito; asignar fondos; y derogar la Ley Núm. 22 de 4 de julio de 1993, conocida como "Plebiscito sobre el Status Político de Puerto Rico de 1993".

Uno de los derechos más preciados que garantiza la Constitución de los Estados Unidos es el derecho de peticionar al Congreso para la reparación de los agravios. Este derecho, cuyo origen se remonta a la Carta Magna del año 1215, es parte esencial de los derechos congregados en torno a la libertad de pensamiento y expresión protegidos por la Primera Enmienda de nuestra ley fundamental suprema:

En esencia, se trata del derecho a peticionar para la reparación de agravios al Cuerpo representativo del Pueblo y por tanto, constituye sublime evidencia de que en nuestro sistema de gobierno el poder emana directamente del individuo. Este derecho, que durante el Siglo XIX fue utilizado por el movimiento abolicionista en los Estados Unidos con efectos dramáticos, es parte esencial de una "protección bajo la cual los puntos de vista del individuo son inviolables. Esta es la filosofía de Jefferson, que 'las opiniones del hombre no son objeto del gobierno civil ni de su jurisdicción' ". Traducción nuestra. Schneider v. Smith, 390 U.S. 17, 25 (1968).

Este precedente constituye ahora fuente de inspiración para un reclamo de igual envergadura.

Es el sentir de la mayoría de los puertorriqueños y de esta Asamblea Legislativa, que la condición colonial de Puerto Rico constituye un agravio que debe ser reparado. La falta de consenso entre los propios puertorriqueños sobre la naturaleza de esa condición inhibió una clara expresión dirigida al Congreso de Estados Unidos. A partir de 1993 la situación cambió y como consecuencia, el Gobierno de Estados Unidos comenzó un proceso real de descolonización que hasta el momento tiene como resultado tentativo la aprobación del H.R. 856 por la Cámara de Representantes del Centésimoquinto Congreso. Ese proceso continúa en curso en el Senado federal y el Presidente William J. Clinton ha manifestado su interés y deseo de que se lleve a una feliz y ágil conclusión.

No obstante, el momento no aconseja quedarse en espera con los brazos cruzados. Por el contrario, el momento exige más compromiso, más voluntad y más acción. Esta medida pretende instrumentar el procedimiento mediante el cual el Pueblo de Puerto Rico expresará su voluntad sobre el alcance de la soberanía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico y su condición política. Por tanto, esta medida se adopta en un franco espíritu de colaboración y en armonía con los esfuerzos de aquellos amigos de la democracia que en toda la Nación se han hermanado en nuestra causa descolonizadora.

España cedió el territorio de Puerto Rico a los Estados Unidos bajo el Tratado de París, firmado en París el 10 de diciembre de 1898, que estableció palmariamente en su Artículo IX que en lo sucesivo, "los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso". La inclusión de esta disposición constituyó un reconocimiento de los poderes plenarios del Congreso para "disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos", a tenor con el Artículo 4, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos.

Cuando se formalizó el cambio de soberanía en Puerto Rico mediante el Tratado de París, se estipuló en el Artículo IX que la condición política de los habitantes de Puerto Rico y de los demás territorios cedidos a los Estados Unidos sería determinada por el Congreso. De ese modo, se dejó claro que en lo sucesivo, el Congreso ejercería sobre Puerto Rico sus poderes plenarios, conforme al Artículo 4, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos.

En el ejercicio de ese poder plenario y soberano, el Congreso aprobó dos cartas orgánicas para Puerto Rico, que establecieron progresivamente un grado cada vez mayor de gobierno propio en los asuntos internos del territorio. También se le otorgó a los puertorriqueños la ciudadanía de los Estados Unidos en 1917. Finalmente, en 1948, se legisló para que los puertorriqueños eligieran su propio gobernador.

Sin embargo, esos actos - aunque beneficiosos para el desarrollo de Puerto Rico y sus habitantes - no satisfacían plenamente las aspiraciones del pueblo puertorriqueño. La Isla continuaba siendo un territorio no incorporado en los Estados Unidos. Es decir, Puerto Rico, aunque para efectos del derecho internacional es parte de los Estados Unidos, para efectos del derecho doméstico no está incluído como parte del término "Estados Unidos" en la Constitución Federal. Así, con excepción de las garantías civiles fundamentales, las disposiciones de la Constitución Federal no aplican directamente a Puerto Rico. Balzac v. Puerto Rico, 258 U.S.C. 298 (1922).

La autonomía del Pueblo de Puerto Rico en cuanto a sus asuntos internos era todavía inferior a la de un Estado de la Unión. Además, a pesar de su condición como ciudadanos americanos, los puertorriqueños no gozaban entonces - y tampoco ahora - de los mismos derechos que sus conciudadanos en los Estados de la Unión.

Ante la contínua insatisfacción con la condición política de Puerto Rico, en 1950 el Congreso aprobó legislación para que el Pueblo de Puerto Rico organizara un gobierno basado en una constitución adoptada por él mismo, pero requiriendo el consentimiento del Presidente y del Congreso de los Estados Unidos (Ley Núm. 600 de 3 de julio de 1950). La legislación fue establecida con la condición de que el Pueblo de Puerto Rico estuviera de acuerdo. Ello, sin embargo, no constituyó la renuncia de los Estados Unidos a su soberanía sobre Puerto Rico por virtud del Tratado de París.

Una vez los puertorriqueños aprobaron en referéndum el mecanismo antes descrito se convocó una Convención Constituyente que redactó una Constitución. Esta fue ratificada por el Pueblo de Puerto Rico en referéndum y aprobada - con enmiendas - por el Congreso de los Estados Unidos. La Constitución del órgano político que se denominó Estado Libre Asociado de Puerto Rico ("Commonwealth", en inglés) entró en vigor el 25 de julio de 1952 y rige hasta el presente.

No obstante, quedó claro en el debate sobre la Ley 600 y la posterior aprobación congresional de la Constitución, que dicho proceso no alteró la condición política de Puerto Rico como territorio no incorporado.

Sin duda, la delegación de autoridad plena o soberana al gobierno de Puerto Rico sobre sus asuntos internos, creó, como expresó el Tribunal Supremo Federal, un arreglo de naturaleza "única" ("unique"), por tratarse del primer territorio gobernado bajo una ley orgánica o constitución redactada y aprobada por los habitantes del territorio. El Estado Libre Asociado posee una autonomía sobre sus asuntos internos similar a la de un Estado, Puerto Rico v. Branstad, 483 U.S. 219 (1987); Rodríguez v. Popular Democratic Party, 457 U.S. 1 (1982), etc., pero sin que los puertorriqueños tengan plena y equitativa representación en el Congreso ni puedan votar por el Presidente y Vice-Presidente. Más importante aún, la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico bajo el Artículo 4, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución Federal, permanece inalterada. Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980). A base de su autoridad plenaria y soberana, el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico y sus residentes en formas que le serían impermisibles si se tratara de un Estado de la Unión.

Una vez entró en vigor la Constitución del Estado Libre Asociado, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos acudió a la Organización de Naciones Unidas para que en reconocimiento del consentimiento dado por el Pueblo de Puerto Rico y al nivel del gobierno propio interno alcanzado por éste, se eximiera al gobierno de Estados Unidos de rendir informes sobre su obligación de llevar al territorio hacia un mayor grado de gobierno propio. Basado en la representación hecha por el Poder Ejecutivo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aceptó eximir de ese requisito al gobierno de Estados Unidos, al aprobar la Resolución Núm. 748. Ese es el alcance de dicha resolución, pues como es lógico, la Organización de las Naciones Unidas no puede alterar el status territorial de Puerto Rico, por tratarse esta de un asunto definido por el derecho doméstico de Estados Unidos.

Años después de aprobada la Resolución 748, la Organización de las Naciones Unidas aprobó unos parámetros específicos para definir el momento en que una colonia ha alcanzado un grado aceptable de gobierno propio. Se aceptaron entonces como opciones válidas descolonizadoras (1) la independencia plena, (2) la integración plena, conocida como estadidad en el derecho constitucional estadounidense, y (3) la libre asociación definida como un pacto entre países independientes y soberanos. Resolución 1741.

Si algo quedó claro con la aprobación de la Constitución local de Puerto Rico de 1952, es que dicho proceso no cerraba las puertas a un futuro cambio en la condición política de la Isla. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2361, 2364 (Palabras del delegado Luis Muñoz Marín), 2556 (Informe de la Comisión de Preámbulo, Ordenanzas y Procedimientos de Enmiendas a la Constitución, sobre Preámbulo).

Cónsono con lo anterior, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Resolución Conjunta Núm. 1 de 3 de diciembre de 1962, para solicitar al Congreso que estableciera un procedimiento para disponer el ulterior status político de Puerto Rico. En respuesta, el Congreso aprobó la Ley Pública 88-271, que creó una Comisión del Status Político. Esta propuso que se efectuara un plebiscito, que se llevó a cabo el 23 de julio de 1967. En esa consulta, el Pueblo favoreció la fórmula de Estado Libre Asociado con un 60.4% de los votos emitidos. La estadidad obtuvo 39.0% y la independencia 0.6%.

Aquella consulta no produjo cambio ni desarrollo alguno en la condición política de Puerto Rico. Por eso el 14 de noviembre de 1993, se efectuó otro plebiscito. Como resultado, y por primera vez desde que se estableció la relación actual en 1952, el Estado Libre Asociado no contó con el aval de la mayoría de los votos emitidos. Dicha forma prevaleció con una pluralidad del 48.6% de los votos. La estadidad obtuvo 46.3% y la independencia 4.4%.

Ante ese resultado, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Resolución Concurrente Núm. 24 de 30 de noviembre de 1993, mediante la cual se le solicitó al Congreso que respondiera a los resultados del plebiscito de 1993, en particular si era viable la definición de Estado Libre Asociado que se sometió a consulta en el plebiscito de 1993. Esta fue preparada por el Partido Popular Democrático, defensor de dicha fórmula en aquel plebiscito.

Como respuesta, dicha definición fue llevada a la Comisión Cameral con jurisdicción, la Comisión de Recursos de la Cámara de Representantes Federal. La Comisión la consideró y la derrotó por votación abrumadora de 32 por 10, y en su lugar, esa Comisión, y luego la Cámara de Representantes en pleno, aprobaron el H.R. 856. Dicho proyecto viabilizaría el proceso para un plebiscito de status entre opciones definidas por el Congreso a efectuarse en 1998.

De ese proceso surgen los parámetros que demarcan esta legislación.

El plebiscito constituye un reclamo o petición del Pueblo de Puerto Rico al Congreso de los Estados Unidos para que actúe y responda al reclamo de los votantes, lo que es obligación del Congreso, asumida en el Tratado de París y bajo los postulados aplicables del derecho internacional y las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Por esa razón, contrario a los plebiscitos anteriores y toda vez que el Congreso respondió en la negativa a la fórmula definida unilateralmente por sus defensores en el plebiscito de 1993, no podemos retroceder y repetir el mismo proceso. Ahora tenemos una noción de qué es viable y lo que no lo es, a base de las votaciones y la discusión en los comités congresionales con jurisdicción y en pleno de la Cámara Federal. Rechazada la definición que prevaleció por pluralidad en 1993, corresponde a los puertorriqueños hacer un nuevo reclamo, esta vez a base de lo que ahora se sabe que es viable, tanto bajo el derecho constitucional e internacional, como a base de la voluntad existente en el Congreso y la Casa Blanca.

A base de lo anterior, la Asamblea Legislativa aprueba este proceso plebiscitario para viabilizar que el Pueblo de Puerto Rico peticione al Congreso que se implante la condición política que resulte favorecida en la votación que aquí se provee. No se trata de someter deseos o aspiraciones irreales a los votantes, de viabilizar una competencia entre partidos políticos, y mucho menos de que se vote exclusivamente sobre lo que éstos desean. Lo que persigue este proceso es que a cien años del cambio de soberanía y de la obligación asumida por el Congreso en el Tratado de Paris de determinar la condición política de los habitantes de Puerto Rico, se viabilice el que los puertorriqueños realicen un reclamo o petición al Congreso bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, para que éste ejerza su facultad y actúe de conformidad con la voluntad expresada por el Pueblo de Puerto Rico en el ejercicio democrático del derecho a la autodeterminación.

La Asamblea Legislativa, como representante legítimo y constitucional del Pueblo de Puerto Rico tiene la facultad y responsabilidad de viabilizar un proceso electoral que atienda la centenaria controversia e insatisfacción en torno al alcance de la soberanía del Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico.

Se ejerce esa responsabilidad mediante opciones ausentes del discurso y la controversia partidista, pero fundamentadas dentro de parámetros realistas y viables que emanan exclusivamente del Derecho Constitucional Federal, de la Resolución 1541 (XV) de la Organización de las Naciones Unidas en su carácter supletorio; y de las interpretaciones vigentes en las Ramas Ejecutiva y Legislativa del Gobierno Federal sobre la condición territorial de Puerto Rico. Se excluye de esa manera cualquier desviación que pueda ocasionar el partidismo local y cualquier otro criterio discordante. Así también se autolimita esta Asamblea Legislativa en su amplia discreción al configurar las opciones de peticiones al Congreso federal.

- Esta Ley no se adopta para definir concluyentemente fórmula alguna de status político, porque ello no le corresponde unilateralmente a Puerto Rico. Mucho menos es su propósito incluir un listado de deseos o aspiraciones por parte de cada partido o sector ideológico.

- Esta Ley tampoco pretende definir el nivel de poder que nuestro Pueblo ejerce mediante una soberanía limitada a su gobierno local. Ese no es el problema el status político de Puerto Rico. Esta Ley tampoco promueve un ejercicio electoral con meras consecuencias locales.

- Tampoco pretende esta Ley contaminar la certeza y la viabilidad legal de las peticiones al Congreso, incluyendo elementos accesorios a los consignados en cada petición. Hacer eso sería viciar los fundamentos constitucionales y legales especificados que sostienen la validez y viabilidad de cada petición. Los elementos accesorios, los que caerían en el ámbito de lo "deseable" por cada sector ideológico participante en este proceso, podrán ser objeto de negociación una vez se obtenga el mandato electoral del Pueblo. Por lo tanto, las aspiraciones o deseos que posea cada sector ideológico, no se excluyen de este proceso, sino que se colocan en la etapa de negociación después que se manifieste el mandato electoral. De esa manera, se garantiza la flexibilidad de cada sector ideológico para ejercer su mandato una vez obtenido, dentro de un tiempo razonable, sin contaminar así el proceso de petición electoral con deseos contrarios a derecho o de viabilidad improbable.

- Esta Ley se adopta exclusivamente para definir la soberanía que los Estados Unidos ha de ejercer sobre Puerto Rico, si alguna, y la condición política de los habitantes de Puerto Rico con relación a los Estados Unidos.

Se instrumenta a través de este plebiscito el derecho fundamental de los ciudadanos de peticionar al Gobierno Federal para la reparación de agravios, reconocido por la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. De igual forma, se instrumenta dentro de la jurisdicción federal dispuesta en el Artículo IX del Tratado de París de 1898, que reconoce claramente que la facultad primaria para determinar la condición política de los habitantes de Puerto Rico es del Congreso de los Estados Unidos.

En el plebiscito de 1993 se demostró que la insatisfacción de la mayoría de la población con relación al problema del status político, no se resuelve con un mandato electoral basado en conveniencias partidistas y mucho menos en metas, deseos y aspiraciones de viabilidad improbable; incluídas en definiciones de fórmulas de status político que resulten contrarias a los fundamentos del Derecho Constitucional de los Estados Unidos, el Derecho Internacional aplicado de manera supletoria y las interpretaciones vigentes del Gobierno Federal.

Mientras más concisas, realistas y viables sean las premisas contenidas en el mandato, más probabilidades tendrá de ser negociado y realizado en el Congreso por el ganador de la consulta. Este es el primer plebiscito en el que los puertorriqueños tienen en la papeleta la oportunidad de votar específicamente por opciones de peticiones realistas y viables. En armonía con lo anterior, se dispone un proceso alterno al que dispondría una ley federal en el que se descartan las etiquetas que provocan confusión como resultado del debate partidista y el intento acostumbrado de cada sector de pretender definir la etiqueta de los otros. Se aplica así la máxima muy sabia de que "el nombre no hace la cosa". Nuestro Pueblo vota mejor teniendo ante sí alternativas de contenido claro y realista.

La ausencia de etiquetas evita también al máximo posible la manipulación de conceptos y nombres que pueden ser utilizados de distintas maneras e igualmente interpretados por el Congreso de manera muy discrecional.

Si el alcance de la soberanía que los Estados Unidos ejerce sobre Puerto Rico o la condición política de los puertorriqueños, se resolviera con la acción unilateral de los puertorriqueños, entonces este problema centenario se pudo haber resuelto hace mucho tiempo. Si así fuere, solamente habría sido suficiente consignar una lista de deseos y aspiraciones propuestas por cada sector partidista o ideológico. Pero todos sabemos que la realidad legal es muy distinta. Se requiere inevitablemente de las dos partes: el Pueblo de Puerto Rico y el Pueblo de los Estados Unidos representado por su Congreso. Definitivamente, cualquier proceso plebiscitario planteado por la Asamblea Legislativa tiene que reconocer la realidad legal antes descrita.

El proceso dispuesto en esta Ley es uno entre peticionarios y peticionados. El contenido de la petición no debe malograr de salida su viabilidad con aquella parte a la que se dirige. La petición tiene que tener fundamentos legales o constitucionales, incluyendo la presencia de precedentes prácticos que cuando menos establezcan la obligación moral del peticionado.

Esta es la razonabilidad de este proceso.

Las opciones de petición a ser utilizadas en este Plebiscito de acuerdo con el inciso (b) anterior serán cónsonas con la Constitución federal, los pronunciamientos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el status político de Puerto Rico y el poder del Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, conforme al Artículo 4, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos de América, así como la Resolución 1541 (XV) de la Organización de las Naciones Unidas respecto a las opciones de soberanía separada.

La papeleta se diseñará de acuerdo a una de las siguientes alternativas:

En la parte superior de cada columna aparecerá el número asignado por sorteo a cada una de las peticiones, respectivamente. Las opciones de peticiones serán ubicadas dentro de la columna que corresponda en orden lógico al número obtenido en el sorteo. Además, se proveerá una columna adicional, al final de las cuarto (4) columnas anteriores, en la que aparecerá la frase "Ninguna de las anteriores".

Inmediatamente debajo del número asignado por sorteo a cada opción de petición o de la frase "Ninguna de las anteriores", en cada una de las cinco (5) columnas, habrá un espacio para la marca del elector, utilizando exclusivamente su puño y letra, excepto en aquellos casos especiales en que la Ley Electoral permite que una segunda persona asista al elector al momento de ejercer su voto.

Esta última columna adicional en la papeleta, identificada como "Ninguna de las anteriores", se incluye con el propósito de proveer el medio para que cada votante pueda ejercer su derecho a la libre expresión. En virtud de lo anterior, ningún partido político o agrupación, organización o entidad podrá asumir la representación oficial de una opción que identifique con la votación bajo dicha columna a los efectos de acogerse a las disposiciones de esta Ley relacionadas con la representación electoral, la asignación de fondos o cualquier otra responsabilidad o facultad conferida por la presente Ley.

Inmediatamente debajo del espacio para la marca del elector en cada una de las primeras cuatro (4) columnas aparecerá el texto, en oscurecido, de cada una de las opciones de petición consignadas a continuación en el orden a ser determinado por el sorteo antes descrito:

(a) "El ingreso de Puerto Rico a la Unión de los Estados Unidos de América como un estado soberano, en completa igualdad de derechos, responsabilidades y beneficios con los demás estados. Reteniendo, además, la soberanía de Puerto Rico en aquellos asuntos no delegados por la Constitución de los Estados Unidos al Gobierno Federal. El derecho al voto presidencial y la representación igual en el Senado y proporcional en la Cámara de Representantes, sin menoscabo de la representación de los demás estados. Manteniendo también la presente Constitución de Puerto Rico y las mismas leyes estatales; y con ciudadanía americana permanente garantizada por la Constitución de los Estados Unidos de América. Las disposiciones de la ley federal sobre el uso del idioma inglés en las agencias y tribunales del gobierno federal en los cincuenta estados de la Unión aplicarán igualmente en el Estado de Puerto Rico, como ocurre en la actualidad."

(b) "La aplicación sobre Puerto Rico de la soberanía del Congreso, que por virtud de la Ley Federal 600 de 1950 delega a la Isla la conducción de un gobierno limitado a asuntos de estricto orden local bajo una Constitución propia. Dicho gobierno local estará sujeto a la autoridad del Congreso, la Costitución, las leyes y a tratados de los Estados Unidos. Por virtud del Tratado de París y la Claúsula Territorial de la Constitución federal, el Congreso puede tratar a Puerto Rico en forma distinta a los estados, mientras haya una base racional. La ciudadanía americana de los puertorriqueños será estatutaria. El inglés continuará siendo el idioma oficial de las agencias y tribunales federales que operen en Puerto Rico.

(c) "Un Tratado que reconozca la soberanía de Puerto Rico para desarrollar su relación con los Estados Unidos, mediante un pacto bilateral de asociación no colonial, no territorial. Estados Unidos renunciará a todos sus poderes sobre Puerto Rico, entrando al Tratado en el mismo acto. Puerto Rico retendrá todos los poderes que no se deleguen expresamente a los Estados Unidos. Los ciudadanos actuales de los Estados Unidos en Puerto Rico retendrán la ciudadanía americana, si así lo desean, y podrán transmitirla a sus descendientes conforme a las leyes de los Estados Unidos, o lo que se disponga en el Tratado. Debe entenderse que sólo por nacer en Puerto Rico nadie tendrá derecho a ser ciudadano americano. Puerto Rico dispondrá sobre la ciudadanía Puertorriqueña. El Tratado a negociarse dispondrá sobre asuntos de mercado, defensa, el uso del dólar, asistencia económica y la protección de derechos personales adquiridos. El Tratado también reconocerá la capacidad soberana de Puerto Rico para concertar convenios y otros tratados internacionales."

(d) "El reconocimiento de que Puerto Rico es una república soberana con autoridad plena sobre su territorio y en sus relaciones internacionales con una Constitución que será la Ley Suprema que provea para un sistema de gobierno republicano y la protección de los derechos humanos. Los residentes de Puerto Rico deberán lealtad a, y tendrán la ciudadanía y nacionalidad de la república de Puerto Rico. El haber nacido en Puerto Rico o tener parientes con la ciudadanía americana estatutaria por nacimiento en el anterior territorio, dejarán de ser fundamento para la ciudadanía americana; excepto que las personas que tenían la ciudadanía americana tendrán el derecho estatutario de mantener esa ciudadanía de por vida, por derecho o decisión, según provisto por las leyes del Congreso federal. Los beneficios de los individuos en Puerto Rico, adquiridos por servicios o por contribuciones hechas a los Estados Unidos, serán honrados por los Estados Unidos. Puerto Rico y los Estados Unidos desarrollarán tratados de cooperación, incluyendo asistencia económica y programática por un período razonable, libre comercio y tránsito y el status de las fuerzas militares.

La columna adicional identificada por la frase "Ninguna de las anteriores" a que se refieren los incisos (1) y (2) de este Artículo, se incluye con el propósito de proveer el medio para que cada votante pueda ejercer su derecho a la libre expresión. En virtud de lo anterior, ningún partido político o agrupación, organización o entidad podrá asumir la representación oficial de una opción que identifique con la votación bajo dicha columna a los efectos de acogerse a las disposiciones de esta Ley relacionadas con la representación electoral, la asignación de fondos o cualquier otra responsabilidad o facultad conferida por la presente ley.

Las Comisiones Locales realizarán las funciones propias de sus responsabilidades, ajustándose ello a las características especiales de este Plebiscito. La licencia que el Artículo 1.021 de la Ley Electoral de Puerto Rico otorga a los Comisionados Locales de Elecciones que sean empleados públicos regirá por un término de setenta y cinco (75) días. Para fines de este Plebiscito, se autoriza el pago de dietas, según dispuesto en el Artículo 1.029 de la Ley Electoral, hasta un máximo de cuatro (4) reuniones mensuales. Se autoriza, además, el pago de dietas, hasta un máximo de cuatro (4) reuniones mensuales y de acuerdo al Artículo 1.029 de la Ley Electoral, a los representantes de las agrupaciones, organizaciones y entidades certificadas a tenor con el Artículo 10 de esta Ley que se desempeñen como Comisionados Locales de Elecciones.

Igualmente, la Comisión reproducirá dichos textos en carteles grandes, en tamaño aproximado de 22" x 28", que deberán ser desplegados en sitios públicos, tablones de edictos de oficinas de gobierno, juntas de inscripción y colegios electorales.

(1)Si a la fecha de su certificación por la Comisión Estatal de Elecciones, dicha agrupación, organización o entidad tenía personalidad jurídica al momento de aprobarse esta Ley y tenía un público y reconocido historial de defensa de la opción de que se trate.

(2)Que dicha agrupación, organización o entidad interese participar activamente en el Plebiscito propuesto, en apoyo de la opción de su preferencia y que, al efecto, su organismo directivo central ha tomado el acuerdo correspondiente.

(3)Que el organismo directivo central de dicha agrupación, organización o entidad que representará a la opción de status o petición de su preferencia ante los organismos del gobierno para todos los efectos de este Plebiscito, notificará por escrito a la Comisión Estatal de Elecciones los nombres y direcciones de los miembros que constituyan el comité directivo de dicha agrupación, los cuales deberán aparecer en la certificación que expida la Comisión Estatal de Elecciones. Para quedar certificada, la agrupación deberá radicar en la Comisión Estatal de Elecciones un número de peticiones de endoso debidamente suscritas y juramentadas según lo dispuesto en el Artículo 4.011 de la Ley Electoral de Puerto Rico, según enmendada, equivalentes a no menos del tres por ciento (3%) de los electores que votaron en el Plebiscito de 1993 por la opción de status que menos votos obtuvo en dicha consulta. Tales peticiones sólo podrán ser suscritas por electores que tengan derecho a votar. La Comisión Estatal de Elecciones adoptará las normas que regirán lo relativo al formulario especial y los procedimientos que deberán observarse para implantar esta disposición mediante resolución no más tarde de cinco (5) días siguientes a la fecha de aprobación de esta Ley. Una vez aprobado este Reglamento, la Comisión Estatal de Elecciones hará disponibles inmediatamente los formularios de peticiones de endoso a los grupos elegibles. Estas peticiones serán juramentadas por los funcionarios autorizados por ley a tomar juramentos y por aquellos a los que la Comisión autorice para ello.

Asimismo, cualquier agrupación de ciudadanos que sea certificada para representar una de las opciones de status o petición, tendrá derecho a nombrar un representante, con voz y voto ante la Comisión Estatal de Elecciones. Igualmente, podrán nombrar representantes con voz y voto ante las Comisiones Locales y las Juntas de Unidad y colegios electorales.

Si un partido político debidamente inscrito se abstuviera o dejare de participar en el plebiscito dispuesto por esta Ley en defensa de una de las opciones, su Comisionado Electoral no tendrá derecho al voto en las determinaciones que requiera hacer la Comisión con relación a dicho plebiscito. Esta disposición también aplicará al representante de cualquier organización que después de ser certificada por la Comisión dejare de participar en el plebiscito. De igual forma se limitará la participación del partido u organización que se abstenga o se retire, según sea el caso, el cual no podrá tener participación en las comisiones locales ni derecho a representación en las Juntas de Unidad o colegios electorales.

Será obligación del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, departamentos, negociados, oficinas, dependencias, instrumentalidades, corporaciones públicas o subsidiarias de ésta, ceder gratuitamente para su uso a la Comisión Estatal de Elecciones, durante un término razonable y siempre que con ello no se entorpezcan indebidamente las actividades públicas que las mismas realizan, aquel equipo de oficina y demás equipos mecánicos, electrónicos, de transportación, personal u otros recursos de que dispongan, que resulten necesarios para desempeñar adecuadamente los deberes que por la presente Ley se le imponen.

Artículo 19.-

(a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 7.003 de la Ley Num. 4 del 20 de diciembre de 1977, según enmendada, mejor conocida como la "Ley Electoral de Puerto Rico", todo establecimiento comercial podrá optar por abrir sus puertas al público desde las tres de la tarde (3:00p.m.) en adelante del 13 de diciembre de 1998. Esta disposición no aplicará a la operación de un hipódromo.

(b) La prohibición contenida en el Artículo 8.024 de la Ley Electoral, según enmendada, sobre la apertura u operación de establecimientos comerciales que expendan bebidas alcohólicas aplicará el 13 de diciembre de 1998 en el período comprendido entre las dos de la madrugada (2:00 a.m.) y las tres de la tarde (3:00 p.m.) de ese día. Esta prohibición no aplicará en ningún momento en los establecimientos comerciales que operen en los hoteles, paradores, condohoteles y barcos cruceros, que constituyan parte de las facilidades que éstos ofrecen a sus huéspedes o visitantes, cuando el expendio de bebidas alcohólicas se haga para el consumo en el mismo lugar.

Todo establecimiento comercial hallado en violación de la prohibición contenida en el inciso (b) de este Artículo, será sancionado con multa de cinco mil dólares ($5,000) por cada infracción o la cancelación de su licencia o permiso para expendio de bebidas alcohólicas o ambas penas a discreción del tribunal.

En toda comunicación difundida, ya sea oral o escrita, según lo dispuesto en este artículo, deberá siempre identificarse el nombre de la persona, personas o grupo independiente que auspicia y sufraga la misma y el nombre del tesorero o su agente autorizado, de tratarse de una organización o comité político.

De aprobarse una ley federal para habilitar un proceso plebiscitario sobre el status político de Puerto Rico, con posterioridad a la erogación de fondos estatales para dicho propósito, de ser igual la asignación de fondos federales a lo asignado a la Comisión para la celebración del plebiscito aquí dispuesto, se le reembolsará al gobierno estatal una cantidad equivalente a la totalidad de los fondos utilizados y se continuará girando los gastos contra el balance de fondos federales asignados. De ser la asignación de fondos federales una cantidad menor a los fondos asignados mediante esta Ley, éstos serán reducidos en la misma proporción asignada mediante la ley federal.

Además, se asigna a la Comisión Estatal de Elecciones dos millones trescientos mil (2,300,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para los gastos de la campaña de información y orientación dispuesta en el Artículo 9 de esta Ley. Se autoriza al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a dar dirección y pronta ejecución a la campaña de educación y orientación de acuerdo a lo dispuesto en el inciso (h) del Artículo 1.011 de la Ley Electoral de Puerto Rico.

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