Ley
Núm. 002 del año 2003
(P. del S. 1897), 2003, ley 02
Para enmendar el artículo 2 de la Ley
Núm. 85 de 1990: Junta Asesora de Familia
Ley Núm. 02 de 1 de enero de 2003
Para enmendar el primer párrafo del Artículo 2 de la
Ley Núm. 85 de 12 de septiembre de 1990, según enmendada, a fin de autorizar a
los integrantes de la Junta Asesora para la Protección y Fortalecimiento de la
Familia a delegar, en un representante, su participación ante la Junta.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La familia es la unidad social básica más importante y antigua que se ha establecido a través de la historia. Por tal razón e importancia, varias agencias gubernamentales prestan una diversidad de servicios con el objetivo primordial de conservar y preservar la unidad familiar. El Departamento de la Familia en particular, dado sus deberes y funciones establecidas por ley, tiene una gran responsabilidad y un especial interés en fomentar, mediante sus diversos programas y servicios, la protección el fortalecimiento, y el desarrollo de la familia puertorriqueña.
Para poder lograr estos
propósitos de gran interés para el desarrollo social de nuestras familias, se estableció
la Junta Asesora para la Protección y Fortalecimiento de la Familia. Esta Junta
Asesora está adscrita al Departamento de la Familia y su objetivo primordial es
eliminar la duplicidad de funciones y servicios, enfatizando su función como
vehículo de expresión de la política pública sobre la familia, asesorando y
coordinando todos los esfuerzos de los diferentes organismos gubernamentales
con el propósito de lograr la protección, el fortalecimiento y el desarrollo
adecuado de la familia puertorriqueña, lo que la reviste en un claro interés
público.
La Junta Asesora está integrada
por unos funcionarios públicos de alta reputación y excelente reconocimiento
público con gran experiencia en el desarrollo de la unidad familiar, educativa
y social. Estos funcionarios son: El Secretario del Departamento de la Familia,
el Secretario del Departamento de Educación, el Secretario del Departamento de
Salud, el Secretario del Departamento de la Vivienda, el Director del Centro de
Investigaciones Sociales, el Director de la Escuela Graduada de Trabajo Social
de la Universidad de Puerto Rico y cinco miembros adicionales designados por el
Gobernador.
No obstante, es de conocimiento
general, que estos funcionarios públicos ocupan unas posiciones que, de por sí
solo, requieren de mucha atención y tiempo. Por lo tanto, se ven limitados a
dedicarles el tiempo requerido a la Junta Asesora para la Protección y
Fortalecimiento de la Familia, lo que conlleva a que, en muchas ocasiones, se
haga necesario suspender o retrasar las reuniones de sus integrantes.