Ley Núm. 09 del año 2007
(P. de la C. 3040), 2007, ley 9
Para enmendar el Art. 2 de la Ley Núm. 194 de 2000: Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente
Ley Num. 9 de 12 de Febrero de 2007
Para enmendar el inciso (j) del Artículo 2 de la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada, mejor conocida como la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, a los fines aclarar y atemperar la definición de “Paciente” a tenor con el estado de Derecho vigente.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En aras de contribuir visiblemente a la formación de un público mejor informado, más consciente, responsable y más saludable lo cual promovería una utilización más eficiente de los recursos disponibles, se aprobó la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, mejor conocida como la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”.
En adición a la continua búsqueda de soluciones a los cambios que trajo la implantación de Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, mejor conocida como la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” y la Ley Núm.194, supra, se aprobó la Ley Núm. 11 de 11 de abril de 2001, según enmendada, “Para crear la Oficina y el cargo del Procurador del Paciente Beneficiario de la Reforma de Salud”.
El Artículo 3 de la Ley Núm. 11, supra, establece la responsabilidad del Procurador del Paciente de garantizar a los pacientes el cumplimiento de los derechos consignados en la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente” y de coordinar, atender y solucionar los problemas, necesidades y reclamos de dichos pacientes, usuarios y consumidores de servicios de salud médico-hospitalarios en Puerto Rico.
Sin embargo, cuando se creó la Oficina del Procurador del Paciente, no se enmendó el Artículo 2 de la Ley Núm. 194, supra, ya que su inciso (j) limita la definición del término “Paciente”, a “todo suscriptor bajo un Plan de Cuidado de Salud”. Esta definición de entrada resulta incompleta y errónea ya que la posesión de un plan de salud no es lo que lo define como paciente. La misma no resulta del todo una definición propia de lo que es un paciente conforme el estado de Derecho actual. Un paciente no es solamente un suscriptor bajo un plan de cuidado de salud; sino también es aquella persona que está o estará sujeta a recibir tratamiento para una condición física o mental. Paciente es aquella persona “que con el único fin de obtener tratamiento médico, o un diagnóstico preliminar a dicho tratamiento, consulta a un médico o se somete a examen por éste”. Compárese con la Regla 26 de Evidencia, según Ortiz García v. Meléndez, 2005 T.S.P.R. 19.
De hecho, entendemos que la enmienda a considerar es incluir la definición aquí propuesta, como parte de la definición ya contenida en la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”. Además, una interpretación del estatuto permitiría concluir que aquéllos que no tienen un plan de salud no gozarán de los derechos que crea la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, estableciendo de entrada un discrimen por razón de sus recursos económicos para obtener un plan de salud. A esto hay que añadir que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Art. II sec. 2 dispone que no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de origen o condición social, entre otras. Al disponer que no podrá discriminarse por razón de origen o condición social, se ha interpretado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que ello se refiere a discrímenes o clasificaciones a base de la posición o situación económica y social que ocupa la persona en la sociedad. El valor constitucional que la inspira es que no haya gradación, favoritismo o prejuicio contra una persona por su posición socioeconómica. Pérez Vega v. Procuradora Especial de Relaciones de Familia, 148 D.P.R. 201 (1999), véase además la opinión concurrente de Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295 (1983). Es decir, si se discrimina contra una persona que se mantiene social y económicamente aislada, manteniéndosele así en una situación de inferioridad jurídica por razón de dicha condición social, se estaría incurriendo en un discrimen presumiblemente inconstitucional.
Tal discrimen es precisamente contradictorio con los objetivos generales de acceso y trato igual del esquema legal vigente en relación a los derechos del paciente. Podría alegarse lo indebido del discrimen ya que si no se tiene un plan de salud no se tiene acceso a la representación y asistencia que puede ofrecerle la Oficina de la Procuradora del Paciente frente a la conducta lesiva a sus derechos por parte de entidades públicas como privadas.
Esta Asamblea Legislativa entiende que esta es una mejor definición legal para la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: