Artículo 1. -Título Abreviado.
Esta
Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley de Alianzas Público Privadas”.
Artículo 2. – Definiciones.
Las siguientes palabras o términos tendrán los
significados que se indican a continuación, excepto donde el contexto
claramente indique otra cosa, y las palabras usadas en singular incluirán el
plural y viceversa:
(a)
Agencia Federal:
Cualquiera de los departamentos de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Estados
Unidos de América, o cualquier departamento, corporación, agencia o
instrumentalidad creada o que pueda crearse, designarse o establecerse por
Estados Unidos de América.
(b)
Alianza Público Privada o Alianza: Cualquier
acuerdo entre una Entidad Gubernamental y una o más Personas, sujeto a la
política pública establecida en esta Ley, cuyos términos están provistos
en un Contrato de Alianza, para la delegación de las operaciones, Funciones,
Servicios o responsabilidades de cualquier Entidad Gubernamental, así como
para el diseño, desarrollo, financiamiento,
mantenimiento u operación de una o más Instalaciones, o cualquier combinación
de las anteriores.
(c)
Autoridad: La Autoridad para las Alianzas Público Privadas
de Puerto Rico, creada por esta Ley.
(d)
BGF o Banco: El Banco Gubernamental de Fomento para
Puerto Rico.
(e)
Comité de Alianzas: Comité designado por la Autoridad para evaluar y seleccionar las
personas cualificadas y los proponentes de una Alianza y establecer y negociar
los términos y condiciones que considere apropiados para el Contrato de Alianza
correspondiente.
(f) Conflicto
de intereses: Significa aquella situación en la que el interés personal o
económico del servidor público o de personas relacionadas con éste, está o
puede razonablemente estar en pugna con el interés público.
(g) Contrato
de Alianza: El contrato otorgado entre el Proponente seleccionado y la
Entidad Gubernamental Participante para establecer una Alianza, el cual puede
incluir, pero no se limitará a, la delegación de una Función, la administración
o prestación de uno o más Servicios, o el diseño, construcción, financiamiento,
mantenimiento u operación de una o más Instalaciones, que sean o estén
estrechamente relacionados con los Proyectos Prioritarios según establecidos en
el Artículo 3 de esta Ley. Un Contrato de Alianza puede ser, sin que se
entienda como una limitación, cualquier modalidad de los siguientes tipos de
contratos: “diseño/ construcción (design/ build)”, “diseño/ construcción/
operación (design/ build/ operate)”, “diseño/ construcción/ financiamiento/
operación (design/ build/ finance/ operate)”, “diseño/ construcción/
transferencia/ operación (design/ build/ transfer/ operate)”, “diseño/
construcción/ operación/ transferencia (design/ build/ operate/ transfer)”,
contrato de llave en mano (“turnkey”), contrato de arrendamiento a largo plazo,
contrato de derecho de superficie, contrato de concesión administrativa,
contrato de empresa común (“joint venture”), contrato de administración y
operación a largo plazo, y cualquier otro tipo de contrato que separe o combine
las fases de diseño, construcción, financiamiento, operación o mantenimiento
de los proyectos prioritarios, según establecidos en el Artículo 3 de
esta Ley. Las obligaciones que generen estos contratos serán vinculantes
siempre que no sean contrarias a la ley, la moral, ni al orden público.
(h) Contratante: La Persona que otorga un
Contrato de Alianza con una Entidad Gubernamental Participante o su sucesor.
(i) Entidad
Gubernamental: Cualquier departamento, agencia,
junta, comisión, cuerpo, negociado, oficina, Entidad Municipal, corporación
pública o instrumentalidad de la Rama Ejecutiva del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, así como de la Rama Judicial y de la Rama
Legislativa, actualmente existente o que en el futuro se creare.
(j) Entidad
Gubernamental Participante: La Entidad Gubernamental con inherencia directa
sobre el(los) tipo(s) de Función(es), Servicio(s) o Instalación(es) que se
someterá(n) a un Contrato de Alianza y la cual es o será parte de un Contrato
de Alianza.
(k)
Entidad Municipal: Cualquier municipio del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, corporación municipal o consorcio
municipal.
(l) Función(es):
Cualquier responsabilidad u operación actual o futura de una Entidad
Gubernamental, expresamente delegada a ella, ya sea mediante su ley orgánica o
leyes especiales pertinentes, que esté estrechamente relacionada a los Proyectos
Prioritarios, según establecidos en el Artículo 3 de esta Ley.
(m) Instalación(es):
Cualquier propiedad, obra capital o facilidad de uso público, ya sea mueble o
inmueble, existente en la actualidad o a ser desarrollada en el futuro, incluyendo,
sin que se entienda como una limitación, los sistemas de acueductos y
alcantarillados, incluyendo todas las plantas, represas y sistemas para
almacenar, suplir, tratar y distribuir agua, sistemas de tratamiento,
recolección y eliminación de aguas pluviales y de albañal, mejoras que sean
financiadas bajo las disposiciones de la Ley Federal de Agua Limpia y de la Ley
Federal de Agua Potable o cualquier otra legislación o reglamento federal
similar o relacionado, sistemas de recogido, transportación, manejo y
eliminación de desperdicios sólidos no peligrosos y peligrosos, sistemas de
recuperación de recursos, sistemas de producción, transmisión o distribución de
energía eléctrica, autopistas, carreteras, paseos peatonales, estacionamientos,
aeropuertos, centros de
convenciones, puentes, puertos marítimos o aéreos, túneles, sistemas de
transportación, incluyendo los de transportación colectiva, sistemas de
comunicación, incluyendo teléfonos, sistemas de informática y tecnología,
instalaciones industriales, vivienda pública, instituciones correccionales y
toda clase de instalaciones de infraestructura turística, de salud y de
agroindustria u otros bienes similares.
(n) Interés
Público: Toda actuación gubernamental dirigida a proteger y
beneficiar a la ciudadanía en general, mediante la cual se proveen bienes y
servicios esenciales para el bienestar de la población.
(o) Junta:
La Junta de Directores o Directoras de la Autoridad.
(p)
Persona: Cualquier persona natural o jurídica organizada bajo las
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de Estados Unidos de América,
de cualquiera de sus estados o territorios, o de cualquier país extranjero,
cualquier agencia federal o cualquier combinación de las anteriores. El
término incluirá cualquier departamento, agencia, entidad municipal,
instrumentalidad gubernamental, cualquier individuo, firma, sociedad, compañía
por acciones, asociación, corporación pública o privada, cooperativa o entidad
sin fines de lucro que esté debidamente constituida y autorizada bajo las leyes
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de Estados Unidos de América, o
cualquiera de sus estados o territorios.
(q) Propiedad:
Cualquier propiedad, sea inmueble o mueble, tangible o intangible actualmente
existente o que exista en el futuro.
(r) Proponente:
Cualquier persona, o sus entidades afiliadas o relacionadas, que haya
presentado una propuesta para entrar en una Alianza con una Entidad
Gubernamental.
(s) Proyectos
Prioritarios: Iniciativa elaborada por el Gobierno, revestida de
preeminencia, que tiene como fin la realización y ejecución de una obra de alto
interés público.
(t) Servicio(s):
Cualquier servicio prestado o a ser prestado por una Entidad Gubernamental
destinados a velar los intereses o satisfacer las necesidades de la ciudadanía,
ya sea bajo las disposiciones de su ley orgánica u otras leyes especiales, que
sean o estén estrechamente relacionados con los Proyectos Prioritarios, según
establecidos en el Artículo 3 de esta Ley.
(u) Unidad
familiar: Incluye al cónyuge del funcionario o empleado público, a los
hijos dependientes de éste, o aquellas personas que comparten con el servidor
público su residencia legal, o cuyos asuntos financieros están bajo el control
de jure o de facto del funcionario o empleado público.
Artículo 3. –
Política Pública.
Se
declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico favorecer y promover
el establecimiento de Alianzas Público Privadas para la creación de Proyectos
Prioritarios y, entre otras cosas, fomentar el desarrollo y
mantenimiento de instalaciones de infraestructura, compartir entre el Estado y
el Contratante el riesgo que representa el desarrollo, operación o
mantenimiento de dichos Proyectos, mejorar los servicios prestados y las
funciones del Gobierno, fomentar la creación de empleos, promover el desarrollo
socioeconómico y la competitividad del País.
Conforme
con la política pública antes mencionada, la Junta y los Comités que aquí se
crean considerarán como únicas Funciones, Instalaciones o Servicios, existentes
o nuevos, objeto de convertirse en Contratos de Alianza, los siguientes
proyectos:
(1) El desarrollo, construcción u operación de sistemas de relleno
sanitarios, incluyendo actividades de recuperación de metano, así como
instalaciones para el manejo y disposición de desperdicios sólidos no
peligrosos y peligrosos, tales como: plantas de reciclaje, de composta y de
conversión de desperdicios a energía;
(2) La
construcción, operación o mantenimiento de embalses y represas, incluyendo toda
infraestructura necesaria para su producción, tratamiento funcionamiento y
distribución de agua y de la infraestructura para la producción de energía
hidroeléctrica; y de plantas de tratamiento de aguas usadas y potables;
(3) La
construcción, operación o mantenimiento de plantas para la producción de
energía existentes o nuevas que utilicen combustibles alternos al petróleo o
que utilicen fuentes renovables, tales como la energía eólica, solar y océano
termal, entre otras, al igual que la transmisión de energía de cualquier tipo;
(4) La
construcción, operación o mantenimiento de sistemas de transportación de
cualquier tipo, red vial o infraestructura relacionada, incluyendo marítimo y
aérea;
(5) La
construcción, operación o mantenimiento de instalaciones educativas, de salud,
seguridad, corrección y rehabilitación. En el caso de operación de
instalaciones educativas, se podrá establecer una Alianza Público Privada, si
dicho Contrato es exclusivamente con una Cooperativa de Trabajadores, una
Corporación Especial Propiedad de Trabajadores o una Entidad sin fines de lucro;
(6) La construcción, operación o mantenimiento de proyectos de
vivienda de interés social;
(7) La construcción, operación o mantenimiento de instalaciones
deportivas, recreativas, turísticas y de esparcimiento cultural;
(8) La construcción, operación o mantenimiento de redes de comunicación
alámbrica o inalámbricas para infraestructura de comunicación de cualquier
tipo;
(9) El diseño, construcción, operación o mantenimiento de sistemas
de alta tecnología, de informática y mecanización;
(10) La construcción, operación o mantenimiento de cualquier
otro tipo de actividad o instalación o servicio que de tiempo
en tiempo sea identificada como proyecto prioritario mediante legislación.
Artículo 4. – Autoridad para entrar en una Alianza.
Se autoriza a toda
Entidad Gubernamental a establecer, conforme a la política pública establecida
en esta Ley, Alianzas y otorgar Contratos de Alianza con relación a cualquier
Función, Servicio o Instalación de la cual es responsable bajo las
disposiciones de su ley orgánica o leyes especiales aplicables, conforme a las
disposiciones de esta Ley. Se autoriza también a cualquier Entidad Municipal,
a la Rama Legislativa y a la Rama Judicial a participar de forma voluntaria
como Entidad Gubernamental en una Alianza Público Privada bajo los
términos y condiciones dispuestos en esta Ley. Toda Entidad Municipal, la Rama Legislativa o la Rama Judicial que opte por
participar de forma voluntaria en una Alianza al amparo de las disposiciones de
esta Ley le será de aplicación lo dispuesto en la misma.
Con el fin de lograr la estructura más conveniente, y a los
únicos fines de establecer un Contrato de Alianza, toda Entidad Gubernamental
que sea una corporación pública podrá establecer corporaciones subsidiarias o
afiliadas, mediante resolución de su Junta de Directores o Directoras o mediante las disposiciones de
la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como
la “Ley General de Corporaciones de 1995”.
Artículo 5. – Creación de la
Autoridad.
(a)
Creación. Se crea la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, una
corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adscrita al Banco.
(b) Junta de Directores o Directoras. Los deberes y poderes de la
Autoridad serán ejercidos por una Junta de Directores o Directoras que
establecerá la política pública de la Autoridad para cumplir con los objetivos de esta Ley.
La
Junta estará compuesta por cinco (5) integrantes, a
saber, el Presidente o Presidenta del Banco, el Secretario o Secretaria del
Departamento de Hacienda, el Presidente o Presidenta de la Junta de
Planificación y dos (2) personas en representación del interés público. Para
seleccionar a los representantes del interés público, cada Presidente o
Presidenta de los Cuerpos Legislativos someterá una terna al Gobernador o
Gobernadora. El Gobernador o Gobernadora, dentro de su plena discreción,
evaluará la recomendación hecha por éstos y escogerá una (1) persona de cada
terna. Si el Gobernador o Gobernadora rechazare las personas recomendadas para
representar el interés público, los Presidentes o Presidentas de los Cuerpos
Legislativos procederán a recomendar otra terna. No obstante, hasta que se
hayan seleccionado todos los miembros que componen la Junta, ésta no se
entenderá constituida ni podrá tomar acuerdos. Ninguno de los integrantes de
la Junta podrán ser funcionarios o funcionarias públicos ni electos. Los representantes del interés público podrán ser removidos de la
Junta por el Gobernador o Gobernadora. En el caso de una vacante creada en la
Junta por un representante del interés público, ésta será cubierta utilizando
el mismo proceso de nombramiento establecido en este Artículo. Los representantes del interés público ejercerán su cargo por el
término de cuatro (4) años. El
Presidente o Presidenta del Banco, el Secretario o Secretaria del Departamento
de Hacienda y el Presidente o Presidenta de la Junta de Planificación ejercerán
su cargo por el término que dure su nombramiento.
El
Presidente o Presidenta de la Junta será el Presidente o Presidenta del Banco.
La Junta seleccionará de entre sus miembros un vicepresidente o vicepresidenta,
quien sustituirá al Presidente o Presidenta en su ausencia. De igual
forma, seleccionará a un secretario o secretaria.
Los miembros de
la Junta que representan al interés público recibirán un estipendio nominal por
cada día que asistan a las reuniones de la Junta. El estipendio concedido por
concepto de dieta será establecido mediante el Reglamento que a esos efectos
adopte la Junta. Los representantes del interés público tendrán derecho a que
se le reembolsen los gastos de viajes necesariamente incurridos para el
desempeño de sus funciones oficiales, de acuerdo a los reglamentos aplicables.
Los
miembros de la Junta de Directores no podrán estar afiliados a, ni tener
interés económico, directo o indirecto, con algún Contratante. Esta prohibición
se extenderá a todo miembro de la Junta de la Autoridad por un periodo de cinco
(5) años luego del cese de sus funciones.
Ninguna
persona que tenga o que algún miembro de su unidad familiar tenga, algún
interés personal o económico, directo o indirecto, con algún Proponente o
Contratante o en alguna entidad que tenga el control o esté bajo el control de
alguna empresa que sea Proponente o Contratante podrá participar en ninguna
etapa conducente a la adjudicación del Contrato de Alianza. En caso de surgir
tales conflictos, el miembro de la Junta de la Autoridad afectado deberá dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el Artículo 3.6
de la Ley de Ética Gubernamental, titulado "Deber de Informar Situaciones
de Posibles Acciones Antiéticas o de Conflictos de Intereses". Si la
Oficina de Ética Gubernamental concluyera que el mecanismo de inhibición está
disponible para la situación consultada, el miembro afectado será sustituido
mientras existe tal conflicto. En el caso del
Presidente o Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, será sustituido por
el vicepresidente o vicepresidenta del Banco para el área del financiamiento.
En el caso del Secretario o Secretaria del Departamento de Hacienda y del Presidente
o Presidenta de la Junta de Planificación, por su Subsecretario o
Subsecretaria, Vicepresidente o Vicepresidenta, respectivamente. En el caso de
los representantes del interés público se seguirá el procedimiento establecido
en esta Ley. Además, el Gobernador o Gobernadora
designará de cada terna dos (2) representantes del interés público alternos,
quienes actuarán exclusivamente en ausencia, incapacidad o renuncia de los
representantes del interés público en propiedad.
Los directores o
directoras, oficiales y empleadas o empleados de la Autoridad estarán sujetos a
las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985,
según enmendada, “Ley de Ética Gubernamental”. Los miembros de la Junta de
Directores o Directoras y de los Comités de Alianza rendirán informes
financieros conforme a lo dispuesto en dicha Ley.
(c)
Quórum. Cuatro de los miembros de la
Junta constituirán quórum para todos los fines y para los acuerdos que se
tomen. Toda decisión o acuerdo se tomará por mayoría
extraordinaria, entiéndase con el voto mínimo de cuatro (4) de los cinco (5)
miembros de la Junta. No obstante, toda decisión o acuerdo mayoritario tendrá
que contar con el voto de ambos representantes del interés público. Cualquier acción necesaria o permitida en cualquier reunión de la
Junta o cualquier comité de la Junta, será autorizada sin que medie una
reunión, siempre y cuando todos los miembros de la Junta o comité de la Junta,
según sea el caso, den su consentimiento por escrito a dicha acción. En tal
caso, el documento escrito permanecerá en las actas de la Junta o comité
de la Junta, según sea el caso. Los miembros de la Junta o de cualquier
comité de la Junta podrán participar en cualquier reunión de la Junta o de
cualquier comité de ésta, respectivamente, mediante conferencia telefónica, u
otro medio de comunicación, a través del cual todas las personas participantes
en la reunión puedan comunicarse simultáneamente. La participación de cualquier
miembro de la Junta o cualquier comité de ésta en la forma antes descrita,
constituirá asistencia a dicha reunión. Cada miembro que no pueda asistir a una
reunión citada por el Presidente de la Junta para la consideración de una
transacción, estará obligado a emitir su voto por los mecanismos alternos
establecidos por la Junta, en el periodo o tiempo provisto por el Presidente.
Artículo 6. –
Facultades y Poderes de la Autoridad.
(a) Poderes
Generales. Se le confiere a la Autoridad,
y ésta tendrá y podrá ejercer, todos los derechos y poderes que sean necesarios
o convenientes para llevar a cabo sus propósitos, incluyendo, pero sin
limitarse a los siguientes:
(i)
Tener sucesión perpetua como corporación;
(ii)Adoptar, alterar y usar un sello corporativo del cual se tomará
conocimiento judicial;
(iii)
Formular, adoptar, enmendar y derogar reglamentos para
la administración de sus asuntos corporativos y aquellas normas, reglas y
reglamentos que fueren necesarios o pertinentes para ejercitar y desempeñar sus
funciones, poderes y deberes;
(iv)
Tener completo dominio sobre todas sus propiedades;
(v)
Determinar el carácter y la necesidad de todos sus
gastos, y el modo cómo deberán incurrirse, autorizarse y pagarse, así como
reembolsarse, tomando en consideración cualquier disposición de ley que regule
los gastos de fondos públicos y adoptará reglas para el uso y desembolso
de sus fondos y estará sujeta a la intervención de la Oficina del Contralor de
Puerto Rico;
(vi)
Cobrar por los servicios que prestará como parte de los
procesos para establecer las Alianzas, incluyendo cargos a prospectivos
Proponentes por su participación en cualquier proceso de cualificación,
adjudicación o ambos;
(vii)
Demandar y ser demandada bajo su propio nombre,
querellarse y defenderse en todos los tribunales de justicia y cuerpos
administrativos y participar en procedimientos de arbitraje comercial;
(viii)
Negociar y otorgar, con cualquier persona,
incluyendo cualquier agencia gubernamental, federal o estatal, todo tipo de
contrato, incluyendo sin que se entienda una limitación, contratos de concesión
administrativa y cualquier tipo de Contrato de Alianza conforme a las
disposiciones de esta Ley, y
todos aquellos instrumentos y acuerdos necesarios o convenientes para ejercer
los poderes y funciones conferidos a la Autoridad por esta Ley, así como acuerdos con el Banco y otras
Entidades Gubernamentales sobre los gastos de la Autoridad, los cargos por
servicios prestados y los reembolsos pertinentes que entre éstos deban
realizarse en relación a los procesos para establecer las Alianzas. Asimismo,
la Autoridad podrá tomar dinero a préstamo del Banco para cubrir sus gastos
operacionales y cumplir con los propósitos de esta Ley. A esos fines, se
autoriza al Banco a conceder una línea de crédito rotativa de hasta un máximo
de veinte millones de dólares ($20,000,000), cuya fuente de repago será los
fondos recibidos por los servicios prestados y los cargos impuestos por la
Autoridad;
(ix)
Otorgar contratos de servicios profesionales,
peritaje o consultoría para asistir a la Autoridad en el cumplimiento con sus
responsabilidades, incluyendo pero sin limitarse a, la evaluación de materiales
para calificar prospectivos Proponentes, evaluación de las Propuestas, y
revisiones de Contratos de Alianza;
(x)
Adquirir propiedad mediante cualquier forma
legal, incluyendo, sin limitación, por convenio de compra, manda, legado o
donación, y poseer, conservar, usar y explotar cualquier propiedad que
considere necesaria o conveniente para realizar los propósitos de la Autoridad;
(xi)
Ceder en usufructo, arrendar, gravar y disponer de
cualquier otro modo, excepto mediante venta, permuta o cesión, cualquier
propiedad de la Autoridad cuando lo estime propio, necesario, incidental o
conveniente en relación a sus actividades;
(xii)
Nombrar, trasladar y destituir aquellos funcionarios o
funcionarias, agentes, empleados y empleadas, incluyendo empleadas o empleados
ejecutivos, y conferirles aquellas facultades, imponerles aquellos deberes y
fijarles, cambiarles y pagarles aquella compensación que la Autoridad
determine; disponiéndose que la Autoridad deberá intentar reclutar
personal proveniente mayormente de Entidades Gubernamentales del Banco, de la
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, ya sea en destaque o
traslado permanente;
(xiii)
Obtener seguros contra pérdidas en las cantidades y con
los aseguradores debidamente licenciados que considere deseable, cuyo seguro
podría incluir, sin que se entienda como una limitación, seguro contra
responsabilidad civil de directores o directoras, oficiales, agentes y
empleados o empleadas;
(xiv) La
Junta tendrá derecho a examinar la información y documentos presentados durante
el proceso de confección del estudio de deseabilidad y conveniencia y durante
el proceso de cualificación de Proponentes y de solicitud y evaluación de
propuestas. A su vez, la Junta podrá requerir información
adicional sobre las personas que soliciten ser cualificadas, los Proponentes,
solicitudes y propuestas, siempre y cuando la información requerida no
goce de algún privilegio otorgado por las Leyes del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico;
(xv)
Ejercer otros poderes corporativos, no incompatibles con los aquí expresados
que por las leyes de Puerto Rico, se confieren a las corporaciones, y ejercer
todos esos poderes, dentro y fuera de Puerto Rico;
(xvi)
Realizar todos los actos o medidas necesarias o convenientes para llevar
a cabo los poderes que se le confieren por esta Ley o por cualquier otra ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico,
o del Congreso de los Estados Unidos.
(b)
Poderes Específicos. Se designa a la Autoridad como
la única Entidad Gubernamental autorizada y responsable de implantar la
política pública sobre Alianzas establecidas mediante esta Ley y de determinar las Funciones, Servicios
o Instalaciones para las cuales se establecerán tales Alianzas. Reconociendo
la limitación de recursos de inversión, la Autoridad establecerá prioridades en
el desarrollo de proyectos de manera que los Contratos de Alianza respondan a
las necesidades de infraestructura o servicios de prioridad para el Estado,
según la política pública establecida en esta Ley, y no necesariamente al
amparo del criterio de rentabilidad de la inversión. Una vez la Autoridad
determine establecer una Alianza, la Entidad Gubernamental Participante y el
Banco estarán obligados a proveer la ayuda técnica, pericial, financiera
y de recursos humanos que la Autoridad pueda necesitar y estas entidades estén
en posición de proveer para asegurar el éxito del establecimiento de dicha
Alianza. Además de los poderes generales conferidos por el inciso (a) de este
Artículo 6, la Autoridad queda
facultada a:
(i)
Evaluar y seleccionar las Entidades Gubernamentales, las Funciones, los
Servicios y las Instalaciones, para una Alianza, realizar el análisis, los
estudios de viabilidad del proyecto, de deseabilidad y conveniencia que sean
necesarios para determinar si es recomendable llevar a cabo el proyecto y
establecer dicha Alianza.
(ii) Crear
y aprobar un reglamento o reglamentos para regular los procesos conducentes al
establecimiento de las Alianzas, el cual debe incluir los criterios que se
usarán y los procesos que se seguirán para (A) identificar las Funciones,
Servicios o Instalaciones para las cuales se establecerá una Alianza,
(B) invitar candidatos o candidatas a que participen en los procesos de
establecer Alianzas, publicando un anuncio al comienzo de estos procesos en un
periódico de circulación general y en la Internet, (C) evaluar las
propuestas, los Proponentes y seleccionar la mejor propuesta y el mejor
Proponente, (D) negociar los Contratos de Alianza, (E) hacer disponible a
los Proponentes que lo soliciten, luego de que se haga una determinación por la
Autoridad sujeta a revisión judicial bajo el Artículo 20 de esta Ley, acceso a
los expedientes oficiales de la Autoridad relacionados a dicha determinación
durante el periodo en que los Proponentes pueden solicitar revisión judicial de
la decisión de la Autoridad, y (F) supervisar, junto con las Entidades
Gubernamentales Participantes, las Alianzas, luego de aprobados y firmados los
Contratos de Alianza. El reglamento o los reglamentos será(n) sometidos para
comentarios del público general. La Autoridad notificará el lugar y hora o la
página cibernética en que estará disponible el borrador del reglamento,
mediante notificación publicada durante tres (3) días en dos (2) periódicos de
circulación general. El público tendrá diez (10) días desde el último día de
la publicación para someter sus comentarios por escrito a la Autoridad. Luego
de recibidos los comentarios, y habiendo tenido el beneficio de evaluarlos y
determinar aquello que entienda pertinente incorporar o revisar del borrador del
reglamento, según los comentarios recibidos, el reglamento final será aprobado
por la Junta de Directores o Directoras de la Autoridad y entrará en vigor inmediatamente, tras dicha
aprobación o en la fecha que determine la Junta. El reglamento final deberá
ser presentado en el Departamento de Estado y la Biblioteca Legislativa dentro
de los treinta (30) días siguientes a su aprobación.
(iii) Evaluar
los términos y condiciones de cada Contrato de Alianza y hacer recomendaciones
a la Junta de Directores o Directoras de la Entidad Gubernamental Participante, o en caso de que la
Entidad Gubernamental Participante no tenga una Junta de Directores o Directoras, al jefe o jefa de la entidad o
al Secretario o Secretaria del Departamento al cual está adscrita dicha Entidad
Gubernamental Participante, sobre los mismos.
(iv) Contratar
con cualquier Persona, incluyendo expertos, peritos, asesores y consultores,
para preparar estudios de deseabilidad y conveniencia y proveer cualquier otro tipo de bienes o servicios
necesarios para asesorar a la Autoridad sobre todos los aspectos o elementos de
cada Alianza.
(v) Entrar
en contratos directos con terceros, por sí o a nombre de Entidades
Gubernamentales Participantes relacionados a servicios de transición o
interinos, incluyendo, pero sin limitarse a, servicios provistos al finalizar
el término del Contrato de Alianza, cuyos servicios temporeros, interinos o de
transición podrán incluir, sin limitarse a, (A) proveer los Servicios o
Funciones interinas o de transición hasta el momento en que un Contrato de
Alianza sea otorgado, (B) tomar las operaciones tras algún incumplimiento
del Contratante, o (C) proveer servicios relacionados a la remediación de
asuntos ambientales o para decomisar o remover las
instalaciones. Sin limitar lo anterior, la Autoridad o la Entidad
Gubernamental Participante también tendrán el derecho de dejar sin efecto el
contrato, de retomar del Contratante y realizar directamente, o
contratar a un tercero interina o temporeramente para desarrollar, operar,
mantener y administrar una Instalación o proveer un Servicio o realizar una
Función si la Autoridad determina en su razonable discreción que la continuada
realización por el Contratante de dichas tareas presenta un riesgo a la salud,
seguridad pública o al medioambiente.
(c) Titularidad y Posesión: La Autoridad no tendrá
facultad para transferir la titularidad de bienes públicos a personas o
entidades privadas. Cualquier instalación desarrollada por un Contratante cuya
titularidad o posesión permanezca en su poder durante el periodo del
Contrato de Alianza, será transferida a la Entidad Gubernamental no más tarde
del final del término de dicho contrato o a su resolución o rescisión.
(d) Consulta
de Ubicación, permisos y endosos. Una Alianza establecida mediante las
disposiciones de esta Ley deberá cumplir con todos los requisitos aplicables de
consultas de ubicación, permisos y endosos, según establecidos en las leyes del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para asegurar la
expedita y pronta atención de estos requisitos, para cada Alianza, el
Gobernador o la Gobernadora o la persona que éste o ésta delegue, establecerá
un comité interagencial compuesto por todas las Entidades Gubernamentales con
jurisdicción para evaluar consultas de ubicación, emitir permisos y endosos
relacionados a la Alianza. Este Comité cesará sus funciones una vez se hayan
atendido todas las consultas de ubicación, permisos y endosos necesarios para
llevar a cabo el Contrato de Alianza.
Serán los
Proponentes Seleccionados los responsables de gestionar y obtener la consulta
de ubicación, los permisos y endosos necesarios para
llevar a cabo una Alianza. A su vez, los Proponentes Seleccionados asumirán
cualquier riesgo en caso de no obtener la consulta de
ubicación autorizada, así como los permisos o endosos
requeridos.
Artículo 7. – Inventario de Proyectos; Deseabilidad y
Conveniencia de una Alianza.
(a) Inventario
de Proyectos. Se ordena a toda Entidad
Gubernamental, que someta a la Autoridad en un término no mayor de treinta (30)
días contados desde el comienzo de todo año natural y noventa (90) días desde
la aprobación de esta Ley, toda propuesta de proyecto de Alianza con relación a
cualquier Función, Servicio o Instalación de la cual es responsable bajo las
disposiciones de su ley habilitadora o leyes especiales aplicables. De ser
posible, la Junta publicará estas propuestas de proyectos de Alianza en su
portal de la Internet y en un periódico de circulación general. La lista de
propuestas de proyectos de Alianza sometidas por la Entidad Gubernamental
formará parte de un inventario de propuestas de proyectos de Alianza que podrá
ser utilizado por la Autoridad para la preparación de estudios de deseabilidad
y conveniencia. La Autoridad estará obligada a realizar estudios de
deseabilidad y conveniencia a fin de comenzar procesos para el establecimiento
de Alianzas sobre alguna o todas las propuestas recibidas mediante este
mecanismo. La Autoridad podrá realizar estudios de deseabilidad y conveniencia
sobre otras Funciones, Servicios o Instalaciones no sometidos como parte del
proceso de inventario aquí dispuesto, cuyo estudio deberá ser considerado por
la Entidad Gubernamental correspondiente. La Autoridad podrá comenzar procesos
para el establecimiento de una Alianza objeto de dicho estudio, una vez la
Entidad Gubernamental incluya dicha Alianza en su inventario de propuestas.
(b) Estudio
de Deseabilidad y Conveniencia. Antes de comenzar los procesos
para entrar en una Alianza, la Autoridad, con la asistencia del Banco,
realizará un estudio de deseabilidad y conveniencia para determinar si es
recomendable establecer dicha Alianza. El alcance del estudio dependerá del
tipo de proyecto, Función, Servicio o Instalación que se contemple para
participar de una Alianza. La Autoridad considerará, y en la medida en que sea
aplicable, incluirá, como parte de cada estudio de deseabilidad y conveniencia
los siguientes puntos:
(i)
Definición de las características esenciales de la Función, Instalación o el
Servicio;
(ii)
Historial, proyecciones o ambos, sobre la demanda de uso, la incidencia
económica y social de la Función, Instalación o el Servicio en su área de
influencia, y la rentabilidad de la Alianza;
(iii) En
el caso de un proyecto nuevo, su viabilidad técnica y funcional y valoración de
los datos e informes existentes que hagan referencia a la planificación
territorial o urbanística;
(iv) Viabilidad
social, incluyendo un análisis que contenga el costo/beneficio al Estado y el
impacto social del proyecto propuesto;
(v) Justificación de la modalidad de Alianza que se anticipa usar, para
la realización de proyectos prioritarios, según establecidos en el Artículo 3
de la presente Ley, indicando los beneficios principales de la modalidad
elegida;
(vi) Riesgos operativos y tecnológicos en la prestación del Servicio o la
Función o la construcción y utilización de la Instalación;
(vii) Costo de la inversión a realizar y viabilidad económica y financiera
del proyecto u operación;
(viii) Evaluación del costo/beneficio y conveniencia de utilizar
financiamiento público o privado para prestar el Servicio, llevar a cabo la
Función o desarrollar o construir la Instalación con la justificación, de la
procedencia de esta inversión o financiamiento, tomando en cuenta la posible
pérdida de elegibilidad para recibir fondos federales para el proyecto;
(ix) Preparación preliminar de algún análisis o identificación de los
efectos ambientales del proyecto u operación que deberán considerar los
Proponentes al analizar su riesgo en presentar sus propuestas y participar de
una Alianza. Este estudio no equivale a una declaración de impacto ambiental
ni se requiere en esta etapa la preparación de algún documento en
particular requerido bajo la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico,
Ley Núm. 416 de 22 de septiembre de 2004, según enmendada. No obstante,
si la Autoridad así lo estima pertinente, podrá realizar aquellos estudios
adicionales que estime convenientes y factibles para completar,
en esta etapa inicial de estudio, la deseabilidad de establecer una Alianza; y
(x)
Un análisis comparativo del costo/beneficio que
representa dejar que la Entidad Gubernamental asuma la responsabilidad de
realizar o continuar la operación o llevar a cabo la construcción, reparación o
mejora en comparación con canalizar la operación, construcción, reparación o
mejora a través de una Alianza, incluyendo el efecto en las finanzas públicas.
(xi) Viabilidad de que empresas de capital local, entidades sin fines de
lucro y cooperativas puedan participar en los procesos de formación de la
Alianza Público Privada que se desarrolle para la construcción, operación o
mantenimiento de la Instalación o Servicio objeto de la Alianza. Dicho estudio
deberá identificar áreas con mayor potencial para las entidades locales,
medidas que deben tomar las agencias del Gobierno, la función que deben
desempeñar las organizaciones del sector no gubernamental en fomentar la
competitividad de las entidades que agrupan, y todo aquello que sin menoscabo
de las leyes y normas que regulen y garanticen el libre mercado, propicie esta
participación.
(c) Publicación. Los estudios de deseabilidad y
conveniencia de una posible Alianza se deberán publicar en la
página de la Internet de la Autoridad y en un periódico de circulación general,
con anterioridad a comenzar el proceso de solicitud de propuestas.
Artículo 8. – Comité de Alianzas.
(a) Creación
de Alianzas. La Autoridad creará un Comité
de Alianzas para cada Alianza que haya determinado es apropiada. El Comité
estará integrado por (i) el Presidente o Presidenta del Banco o su delegado o
delegada, (ii) el funcionario o funcionaria de la Entidad Gubernamental
Participante con inherencia directa en el proyecto o su delegado o delegada, (iii)
un (1) integrante de la Junta de Directores o Directoras de la Entidad
Gubernamental Participante o en el caso de Entidades Gubernamentales sin Junta
de Directores o Directoras, el Secretario o Secretaria del Departamento al cual
está adscrita dicha Entidad Gubernamental Participante o su delegado o delegada
o algún funcionario o funcionaria de ésta con conocimiento especializado en el
tipo de proyecto de la Alianza seleccionado por la Junta de la Autoridad, y (iv)
dos (2) funcionarios o funcionarias de cualquier Entidad Gubernamental escogido
por la Junta de Directores o Directoras de la Autoridad por sus conocimientos y
experiencias en el tipo de proyecto objeto de la Alianza contemplada. La totalidad de los miembros del Comité de Alianzas constituirán
quórum para todos los fines y las decisiones del Comité se tomarán por mayoría
extraordinaria de sus miembros. Los miembros del Comité de Alianzas no podrán
estar afiliados a, ni tener interés económico, directo o indirecto, con
algún Proponente o Contratante. Los miembros de la Junta de Directores no podrán
estar afiliados a, ni tener interés económico, directo o indirecto, con algún
Contratante. Esta prohibición se extenderá a todo
miembro de la Junta de la Autoridad por un periodo de cinco (5) años, luego del
cese de sus funciones. Esta prohibición se extenderá a todos los
empleados y empleadas de la Autoridad, y les aplicará a los miembros del Comité
de Alianza por un periodo de dos (2) años. Si dentro del término antes
establecido algún miembro de la Junta de la Autoridad, que haya renunciado a
dicho cargo, interesa obtener una dispensa para la restricción aquí
establecida, tendrá que solicitarla ante los miembros incumbentes de la Junta de
la Autoridad, quienes la evaluarán y sólo podrán concederla por unanimidad;
previa evaluación y recomendación en la afirmativa de la Oficina de Ética
Gubernamental de Puerto Rico. En caso de
surgir algún conflicto de interés, el miembro del Comité de Alianza afectado
deberá dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el Artículo 3.6 de la Ley de
Ética Gubernamental, titulado "Deber de Informar Situaciones de Posibles
Acciones Antiéticas o de Conflictos de Intereses". Si la Oficina de Ética
Gubernamental concluyera que el mecanismo de inhibición está disponible para la
situación consultada, el miembro afectado será sustituido mientras existe tal
conflicto por un miembro de la Junta de Directores o Directoras de la Autoridad
o de la Entidad Gubernamental Participante o por otro funcionario o funcionaria
del Banco o de la Entidad Gubernamental Participante, según sea designado por
la Junta de Directores o Directoras de la Autoridad.
(b) Funciones
del Comité de Alianzas. El Comité de Alianzas tendrá las siguientes
funciones:
(i) Aprobar
los documentos que requiera el proceso de cualificación, solicitud de
propuestas, evaluación y selección para la Alianza;
(ii) Evaluar
los contratantes potenciales y pre-cualificar los que sean aptos para
participar como Proponentes;
(iii) Evaluar
las propuestas sometidas y seleccionar la mejor o las mejores, en cada caso de
conformidad con los procedimientos que dispone esta Ley;
(iv) Llevar
a cabo o supervisar la negociación de los términos y condiciones del Contrato
de Alianza;
(v) Contratar
a nombre de la Autoridad o solicitar que el Banco contrate asesores, peritos o
consultores con los conocimientos necesarios para asistir al Comité de Alianza
y la Autoridad en el descargo adecuado de sus funciones;
(vi) Mantener
un libro de actas;
(vii) Preparar
un informe sobre todo el proceso conducente al establecimiento de la Alianza,
incluyendo copia de los estudios contemplados en el Artículo 7(b) de esta Ley,
una descripción de los objetivos gubernamentales y de bienestar social de la
Alianza, detalles del proceso de pre-cualificación de Proponentes adecuados, de
solicitud de propuestas, de la selección de la propuesta y del Proponente
seleccionado, las razones por las cuales se escogió a un Proponente particular
y un resumen de los aspectos más importantes del Contrato de Alianza. Este
informe se le presentará, para aprobación, a la Junta de
Directores o Directoras de la Entidad Gubernamental Participante. En el
caso de que la Entidad Gubernamental Participante no tenga una Junta de Directores
o Directoras, dicho informe se presentará al jefe
o jefa de la entidad, o al Secretario o Secretaria del
Departamento al cual está adscrita dicha Entidad Gubernamental Participante, a
la Junta de Directores o Directoras de la Autoridad y al Gobernador o
Gobernadora o el funcionario ejecutivo o la funcionaria ejecutiva en quien éste
o ésta delegue. Además se presentará este informe ante la Secretaría de
ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa, según se dispone en esta Ley. De igual manera, dicho informe se
publicará en la Internet;
(viii) Velar
por el cumplimiento adecuado con los reglamentos y procedimientos establecidos
para la negociación y adjudicación de los Contratos de Alianza; y
(ix) En
aquellos casos que se entienda conveniente, el Comité de Alianzas podrá
establecer uno o varios sub-comités técnicos de evaluación para proveer
asesoría y ayuda técnica o especializada al Comité de Alianzas.
Artículo 9. –
Procedimiento de Selección de un Proponente y Adjudicación de una Alianza.
(a) Requisitos
y Condiciones Aplicables a los que Aspiren ser Considerados como Proponentes. Cualquier Proponente que
aspire a ser contratado para una Alianza tendrá que cumplir con los
siguientes requisitos y condiciones, además de aquellos requisitos que se
dispongan en la solicitud de cualificación o en la solicitud de propuestas que
se diseñe para dicha Alianza, que nunca podrán menoscabar la justa
competencia y el interés público, a saber:
(i) Al
momento de otorgar el Contrato de Alianza, será una persona autorizada para
realizar negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
(ii) Dispondrá
de un capital corporativo o social o garantías u otros recursos financieros que
a juicio de la Autoridad y el Comité de Alianzas sea necesario para el buen
funcionamiento de la Alianza;
(iii) Gozará
de buena reputación y tendrá la capacidad gerencial,
organizacional y técnica, así como experiencia para desarrollar y
administrar la Alianza; y
(iv) Certificará
que, ni él, ni ella, y en el caso de una persona jurídica, sus directores o
directoras u oficiales, y en caso de una corporación privada, los
accionistas con control directo o sustancial sobre la política corporativa, y
en caso de una sociedad, sus socios, y, en el caso de personas naturales o
jurídicas, cualquier otra persona natural o jurídica que sea el álter ego o conducto
económico pasivo de la misma, han sido convictos, por actos de corrupción,
incluyendo por cualquiera de los delitos enumerados en la Ley Núm. 458 de 29 de
diciembre de 2000, según enmendada, ya sea en Puerto Rico, en cualquier
jurisdicción de los Estados Unidos de América o en cualquier país extranjero. Asimismo,
certificará que está en cumplimiento y continuará cumpliendo en todo momento
con leyes que prohíban la corrupción o regulen los delitos contra funciones o
fondos públicos que apliquen al Proponente, sean estatutos estatales o
federales, incluyendo la Foreign Corrupt Practices Act.
(b) Procedimiento
de Selección y Adjudicación.
(i) Para
seleccionar Proponentes para entrar en una Alianza, la Autoridad tendrá que
utilizar, en primera instancia, un proceso de solicitud
de propuestas basado en las cualificaciones, mejor valor de las propuestas o
ambos, y así se hará constar en la solicitud de propuestas. Una vez la
Autoridad complete el proceso de cualificación de los Proponentes, pasará al de
evaluación y selección de propuestas.
(ii) Sin
que se entienda como una limitación a lo dispuesto en el inciso (b)(i) anterior,
la Autoridad podrá negociar Contratos de Alianza sin la utilización de
procedimientos de solicitud de propuestas en los siguientes casos: (A) cuando llevar a cabo cualquier otro procedimiento de selección
permitido por esta Ley sea
oneroso, irrazonable o impráctico; (B) cuando el proyecto a ejecutarse
bajo un Contrato de Alianza no exceda un año de duración o el valor inicial
estimado de inversión no exceda $5,000,000; (C) cuando exista una sola
fuente capaz de proveer el servicio requerido, tales como servicios que
requieran el uso de propiedad intelectual, secretos de negocio u otras
licencias o derechos cuya titularidad o posesión esté en ciertas personas
exclusivamente; y (D) cuando una invitación a cualquier procedimiento de pre-cualificación
o solicitud de propuestas, hecha según lo dispuesto en el Artículo 6
(b)(i), haya sido emitida y no haya habido participación o respuesta, o las
propuestas presentadas no hayan cumplido sustancialmente con los requisitos de
evaluación dispuestos en la solicitud de propuestas, y si a juicio de la
Autoridad emitir una nueva solicitud de cualificación y de propuestas
resultaría en un retraso tal que haría poco probable poder seleccionar un
Proponente y firmar un Contrato de Alianza dentro del tiempo requerido. En los
casos mencionados en los incisos (A), (B), (C) y (D) de esta Sección, previo al
otorgamiento del Contrato de Alianza, se tendrá que notificar a la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la Asamblea
Legislativa, creada mediante esta Ley, para su
correspondiente acción.
(iii) Los
detalles del proceso de invitación, cualificación, evaluación, negociación y
selección de Proponentes y de adjudicación del Contrato de Alianza se
establecerán en el reglamento que se apruebe a esos efectos o en los términos
de la solicitud de propuestas. Estos métodos y procesos deben
estar dirigidos a garantizar la participación del mayor número de Proponentes
posibles que cumplan con las cualificaciones adecuadas, según determine la
Autoridad, así como proteger y asegurar la igualdad de condiciones en la
competencia entre los participantes. La Autoridad
impondrá requisitos de fianza, cartas de crédito o colateral similar como
requisito previo a la participación en el proceso con el propósito de asegurar
el cumplimiento del Proponente con los requisitos de proceso, su firma del Contrato
de Alianza, en caso de ser seleccionado y demás condiciones según disponga la
Autoridad por reglamento o en la solicitud de propuesta. También por
reglamento o en la solicitud de propuesta se determinarán la cuantía de la
fianza y las circunstancias bajo las cuales el Proponente perderá tal fianza.
La Autoridad podrá además, disponer en la solicitud que a base de las propuestas recibidas podrá determinar dividir la
Función, Servicio o Instalación (ya sea su operación, construcción o mejora)
objeto del proceso para adjudicarlas a dos o más Proponentes, si a su juicio
determina que es la mejor alternativa para el proyecto o para el interés
público.
Todo
Proponente que presente una propuesta, para un Contrato de Alianza,
asumirá el riesgo de pagar todos los gastos relacionados con el proceso de pre-cualificación
de Proponentes, preparación y presentación de sus propuestas y los incurridos
durante todo el proceso de discusiones y negociaciones con el Comité de
Alianzas, incluyendo la etapa de negociación de algún Contrato de Alianza, y la
Autoridad no será responsable por ninguno de esos gastos.
(c) Criterios
de Evaluación. Entre los criterios que incluirá el reglamento o solicitud de
propuestas adoptado por la Autoridad para llevar a cabo el proceso de selección
de Proponentes y negociación con el(los) mejores Proponente(s), sin que se
entienda como una limitación o se presuma que el orden aquí provisto defina su
importancia, están los siguientes:
(i) La
reputación, capacidad comercial o financiera, económica, técnica, profesional y
la experiencia del Proponente;
(ii) Actualización
de la certificación de que, ni él, ni ella, y en el caso de una persona
jurídica, sus directores o directoras u oficiales, y en caso de una
corporación privada, los accionistas con control directo o sustancial sobre la
política corporativa, y en caso de una sociedad, sus socios, ni, en el caso de
personas naturales o jurídicas, cualquier otra persona natural o jurídica que
sea el álter ego o conducto económico pasivo de la misma, han sido convictos,
por actos de corrupción, incluyendo por cualquiera de los delitos enumerados en
la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según enmendada, ya sea en Puerto
Rico, en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos de América o en cualquier
país extranjero y bajo el Foreign Corrupt Practices Act;
(iii) En
los proyectos que tengan un elemento de construcción, ya sea de nueva
construcción o mejoras a infraestructura existente, la calidad de la propuesta
sometida por el Proponente en cuanto a, entre otros, los aspectos de diseño,
ingeniería, y tiempo estimado o garantizado de construcción y la experiencia
previa del Proponente en la construcción de proyectos similares;
(iv) El
capital que el Proponente haya comprometido al proyecto, y el tiempo de
recuperación y requisitos de rendimiento de dicho capital;
(v) Los
planes de financiamiento del Proponente y la capacidad económica de éste para
llevarlos a cabo;
(vi) La
viabilidad económica y financiera del proyecto, así como el resultado
de los estudios ambientales realizados para determinar la viabilidad y
conveniencia de la Alianza, según establecidos en el Artículo 7(b)(ix) de esta
Ley;
(vii)
Los cargos que propone cobrar el Proponente y
las condiciones bajo las cuales se ajustarían dichos cargos, el flujo de
ingresos netos proyectados, el costo de capital utilizado por el Proponente, la
tasa interna de rendimiento del proyecto y su valor presente neto;
(viii)
Los ingresos que habrá de recibir la Entidad
Gubernamental Participante o las aportaciones económicas o de cualquier otra
clase que tendrá que hacer la Entidad Gubernamental Participante bajo el
Contrato de Alianza;
(ix)
Los términos del contrato con la Entidad
Gubernamental Participante que el Proponente se compromete a aceptar;
(x)
Los compromisos
o la prioridad que el Contratante esté dispuesto a establecer para emplear los
empleados o empleadas de la Entidad Gubernamental Participante afectados por la
Alianza, así como el riesgo que el Contratante asumirá; y
(xi)
Cualquier otro criterio que a juicio de la
Autoridad o el Comité de Alianza sea apropiado o necesario para la adjudicación
del Contrato de Alianza propuesto.
(d) Consorcios. La Autoridad podrá permitir
e indicar en los documentos de solicitud de cualificaciones o de propuestas que
los prospectivos Proponentes presenten sus propuestas conjuntamente en
consorcios. La información requerida a los miembros de tales consorcios para
demostrar su capacidad para ser cualificados, según requiera esta Ley o según disponga la solicitud de cualificaciones, se
someterá por el consorcio describiendo la identidad de los miembros del
consorcio Proponente y sus capacidades conjuntas, así como las capacidades
individuales de cada uno de sus miembros. Salvo que la solicitud de
cualificación disponga lo contrario, ningún miembro de un consorcio Proponente
podrá participar, directa o indirectamente, en más de un consorcio para un
mismo proyecto. A menos que se disponga lo contrario, cualquier violación a
esta disposición descalificará al consorcio y a sus miembros individualmente.
Al evaluar las calificaciones de un consorcio, la Autoridad tomará en
consideración las capacidades de cada miembro del consorcio y evaluará si la
combinación de capacidades de los miembros son adecuadas para cumplir con todas
las fases del proyecto propuesto. La Autoridad tendrá el derecho a condicionar
la selección de ciertos Proponentes o consorcios a que dichos Proponentes o
consorcios se unan y presenten una propuesta conjunta cuando, a base de las
calificaciones de Proponentes individuales o de consorcios, la Autoridad
determine que (i) es en el mejor interés público o (ii) los criterios
de evaluación enumerados en el Artículo 9(c) se satisfacen mejor de ese modo.
(e) Aprobación del Comité de Alianzas. El Comité de Alianzas aprobará
la propuesta o las propuestas que, en su discreción, mejor cumpla(n) con los
criterios establecidos en esta Ley y por la Autoridad, según se
desprendan del reglamento o la solicitud de propuestas aplicable, y determinará
si proceden negociaciones ulteriores o no.
(f) Negociación
del Contrato de Alianza. Después de seleccionar una
propuesta para una Alianza, o como parte del proceso de hacer esa selección, el
Comité de Alianza o algún delegado o delegada bajo su supervisión, negociarán
los términos y condiciones del Contrato de Alianza con el Proponente, o los
Proponentes seleccionado(s) cuando así proceda, en la medida en que dichos
términos y condiciones no hayan sido parte de los requisitos especificados en
la solicitud de propuestas a base de los cuales los Proponentes tenían que
someter sus propuestas. Cuando el Comité de Alianzas estime apropiado, se
podrá seleccionar más de un Proponente para negociar los términos y las
condiciones del Contrato de Alianza y conducir las negociaciones de manera
concurrente. El delegado o delegada o delegados o delegadas del Comité de
Alianzas con autoridad para negociar el Contrato de Alianza con el Proponente o
Proponentes, será(n) ejecutivas o ejecutivos de la Autoridad, del Banco o de la
Entidad Gubernamental Participante que se nombre por el Comité de Alianzas para
estos propósitos, siempre y cuando, la responsabilidad de aprobar los términos
y condiciones del Contrato de Alianza permanezca exclusivamente con el Comité
de Alianzas. Asimismo el delegado o delegada o los delegados o las delegadas
podrá(n) contratar peritos, asesores o consultores para asistirle en el proceso
de selección.
(g) Aprobación del Contrato de Alianza y Preparación
del Informe.
(i) Una
vez culminada la negociación del Contrato de Alianza, el Comité de Alianzas preparará
un informe, el cual deberá incluir las razones para llevar a cabo la Alianza,
las razones para la selección del Proponente escogido, una descripción del
proceso efectuado, incluyendo comparaciones del Proponente y el Contrato de
Alianza recomendado frente a otras propuestas presentadas y toda aquella otra
información pertinente al proceso y a la evaluación llevada a cabo.
(ii) El
informe se le deberá presentar para su aprobación a la Junta de Directores o
Directoras de la Autoridad y a la Junta de Directores o Directoras de la
Entidad Gubernamental Participante o al jefe o jefa de la entidad o al
Secretario o Secretaria del Departamento al cual está adscrita, no más tarde de
treinta (30) días después de terminada la negociación del Contrato de Alianza.
Una vez dicho contrato sea final, se presentará copia del informe ante la
Secretaría de ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa. De igual manera, este
informe se publicará en la Internet.
(iii) La
Junta de Directores o Directoras de la Autoridad y de la Entidad Gubernamental
Participante o, en caso de no haber Junta de Directores o Directoras, el jefe o
jefa de la entidad o el Secretario o Secretaria del Departamento al cual está
adscrita, tendrán que aprobar el informe y el Contrato de Alianza mediante
resolución, en caso de una Junta de Directores o Directoras, o mediante orden
administrativa, en el caso de un Secretario o Secretaria o jefe o jefa de
agencia. Dichas resoluciones u órdenes administrativas contendrán su acuerdo o
rechazo a lo presentado y recomendado por el Comité de Alianza y los
fundamentos que motivan su determinación. La mera aprobación del informe y el
Contrato de Alianza por la Entidad Gubernamental y la Junta de Directores o
Directoras de la Autoridad no concede el derecho a reclamar indemnización, reembolso, ni pago alguno por concepto de
expectativas surgidas en cualquiera de las etapas, ni por los gastos incurridos
durante el proceso de cualificación o presentación de propuesta.
(iv) Una
vez el informe y el Contrato de Alianza sean aprobados por ambas Juntas de
Directores o Directoras (o el Secretario o Secretaria o jefe o jefa de agencia)
se presentarán al Gobernador o Gobernadora o a la funcionaria ejecutiva o al
funcionario ejecutivo que éste o ésta delegue para su aprobación. Se incluirá
en el informe para aprobación del Gobernador o Gobernadora o la funcionaria
ejecutiva o el funcionario ejecutivo que éste o ésta delegue la recomendación
del Banco sobre el uso de los fondos derivados del Contrato de Alianza conforme
las disposiciones del Artículo 17 de esta Ley, si alguno. El Gobernador o
la Gobernadora podrá delegar a una funcionaria ejecutiva o a un funcionario
ejecutivo mediante Orden Ejecutiva la facultad de aprobar el Contrato de
Alianza pero no delegará la facultad de aprobar el uso de los fondos. El
Gobernador o Gobernadora o la persona que éste o ésta delegue, que nunca podrá
ser un miembro de la Junta de Directores de la Autoridad o del Comité de
Alianza que intervino en el Contrato, tendrá absoluta discreción para
aprobar el informe del Comité de Alianzas y el Contrato de Alianza.
(v) Una
vez recibido el informe del Comité de Alianzas y el Contrato de Alianza, el
Gobernador o Gobernadora o la funcionaria ejecutiva o el funcionario ejecutivo
en quien él o ella delegue tendrá treinta (30) días para aprobar o rechazar los
mismos por escrito; disponiéndose, que si dicho informe y Contrato de Alianza
no se aprueban durante dicho término, los mismos se considerarán rechazados. De
el Gobernador o Gobernadora aprobar el Contrato de Alianza, éste se entenderá
perfeccionado cuando las partes, entiéndase, el Proponente seleccionado y la
Entidad Gubernamental Participante firmen el mismo.
(vi) Luego
de aprobado el Contrato de Alianza por el Gobernador o Gobernadora o la funcionaria
ejecutiva o el funcionario ejecutivo en quien éste o ésta delegue, la Autoridad
notificará por escrito a los restantes Proponentes que sus propuestas no han sido
seleccionadas, procederá a revelar la identidad del Proponente seleccionado y
le indicará a los Proponentes que tendrán acceso al expediente de la Autoridad
relacionado al proceso de selección y adjudicación del Contrato de Alianza. La
Autoridad hará disponible a los Proponentes que así lo soliciten copia de su
expediente oficial para ser examinado en las instalaciones de la Autoridad. Los
Proponentes no seleccionados podrán solicitar revisión judicial de dicha
determinación, sujeto a las condiciones y procedimientos dispuestos en
el Artículo 20 de esta Ley.
(vii) En
caso de ser aprobado el Contrato de Alianza, el mismo será firmado a riesgo del
contratante por la persona en quien la Junta de Directores o Directoras de la
Entidad Gubernamental Participante delegue tal encomienda, si se trata de una
corporación pública, o el Secretario o Secretaria o jefe o jefa de la Entidad
Gubernamental Participante a nombre del Estado Libre Asociado, si se trata de
una agencia o instrumentalidad del Gobierno Central.
(viii)
Una vez emitida la aprobación por el Gobernador o Gobernadora o la funcionaria
ejecutiva o el funcionario ejecutivo en quien él o ella delegue, se someterá el
informe preparado por el Comité de Alianzas ante la Secretaría de cada Cuerpo
de la Asamblea Legislativa.
(ix) En
lo referente al uso de los fondos, si alguno se derivare del Contrato de
Alianzas ante su consideración, se observarán las disposiciones del Artículo 17
de esta Ley.
(h) Revisión
Judicial. La eliminación de un
solicitante por el Comité de Alianzas en el proceso de solicitud de
cualificación y la adjudicación del Contrato de Alianza a un Proponente estarán
sujetas al proceso de revisión judicial que se dispone en el Artículo 20 de la
presente Ley. La adjudicación de un Contrato de Alianza a un Proponente estará
sujeta a revisión judicial sólo cuando dicho Contrato haya sido aprobado por el
Gobernador o Gobernadora o la funcionaria o el funcionario en quien éste o ésta
delegue.
(i) Confidencialidad. Durante los procesos de
evaluación, selección y negociación con los Proponentes, la confidencialidad de
la información suministrada y producida relacionada a dicho proceso de
evaluación, selección, negociación y adjudicación de las propuestas y el
Contrato de Alianza se regirá por los criterios establecidos por la Autoridad.
La información sobre el proceso, y aquella sometida por los Proponentes, deberá
ser divulgada una vez el Gobernador o Gobernadora, o la funcionaria ejecutiva o
el funcionario ejecutivo en quien éste o ésta delegue, haya aprobado
el Contrato de Alianza, excepto aquella información que constituya
(1) secretos de negocios, (2) información propietaria, ó
(3) información privilegiada o confidencial de los Proponentes que
participaron o de la Autoridad. En aquellos casos que se pretenda considerar
información como un secreto de negocio o información privilegiada, el
Proponente tendrá que identificar y marcar dicha información en su propuesta
como “confidencial” y presentar junto a la propuesta una solicitud para que el
Comité de Alianzas haga una determinación de confidencialidad. Una vez el
Comité de Alianzas determine que dicha información cumple los criterios de esta
Sección, dicha información se considerará confidencial bajo las disposiciones
de esta Ley y de aquellas leyes especiales que protegen los secretos de
negocios, la información propietaria, privilegiada o confidencial y no podrá
ser diseminada a otros Proponentes ni a terceros, excepto que otra cosa se
disponga en esta Ley y otras leyes especiales aplicables. Aquella información
confidencial o privilegiada de la Autoridad se identificará y marcará como tal
por la Autoridad, según ésta se reciba o produzca. El informe que preparará el
Comité de Alianzas y que se someterá a las Juntas de Directores o Directoras y
Secretarios o Secretarias o jefas y jefes de Entidades
Gubernamentales Participantes pertinentes, así
como al Gobernador o Gobernadora y a la Asamblea Legislativa, no contendrá
información confidencial. En caso de requerirlo, las Juntas de
Directores o Directoras, el Secretario o Secretaria o jefe o jefa de Entidades Gubernamentales Participantes
pertinente o el Gobernador o Gobernadora, basado en la necesidad de evaluar la
información para hacer una determinación sobre el informe y el contrato, se le
proveerá acceso separado a dicha información confidencial, siempre que se tomen
las medidas apropiadas para proteger la información confidencial y se obtenga
el consentimiento de la parte a quien pertenece tal información.
(f)
Publicidad. La Autoridad deberá proveer
acceso público a los siguientes documentos: al estudio de deseabilidad y
conveniencia relacionado a una Alianza; a los documentos producidos por la
Autoridad solicitando cualificaciones y solicitando propuestas relacionadas a una
Alianza; y al informe preparado para el Comité de Alianza mediante la
publicación de los mismos en su página de la Internet y en un periódico de
circulación general, según las reglas establecidas en esta Ley o en el
reglamento de la Autoridad, así como cualquier otro documento o informe según
se establece en esta Ley. La Autoridad podrá publicar de la manera provista en
este inciso cualquier otro documento que, en su entera discreción, entienda
prudente. No obstante, la Autoridad no podrá publicar información considerada
confidencial bajo las disposiciones del Artículo 9(i) de esta Ley o cuya
publicación pueda afectar los procesos de selección de Proponentes.
Artículo 10. –
Contrato de Alianza.
(a) Términos
y Condiciones Requeridos. Un Contrato de Alianza otorgado
bajo las disposiciones de esta Ley deberá contener, en la medida que sea
aplicable, disposiciones sobre:
(i)
Definición y descripción de los Servicios a
prestarse, la Función a realizarse o la Instalación a desarrollarse o mejorarse
por el Proponente seleccionado;
(ii)
En el caso de nuevas Instalaciones o
reparaciones, reemplazos o mejoras a Instalaciones existentes, el plan de
financiamiento, desarrollo, diseño, construcción, reconstrucción, reparación,
reemplazo, mejora, mantenimiento, operación o administración de la Instalación;
(iii)
El término de la Alianza, el cual en caso de
concesiones no podrá exceder el término dispuesto en el Artículo 10(e) de esta
Ley;
