Ley Núm. 112 del año 2018
(P. de la
C. 1107); 2018, ley 112
Para enmendar el inciso (d) del Artículo 9 de
la Ley Num. 10 de 1994, Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la
Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico.
Ley Num. 112 de 14 de junio de 2018
Para enmendar el inciso (d) del Artículo 9 de la Ley 10-1994,
según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes
Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en
Puerto Rico”, a los fines de establecer los
datos que deben contener el Registro sobre los corredores, vendedores y
empresas de bienes raíces licenciadas en Puerto Rico, el cual deberá estar
disponible a través del portal de la página electrónica del Departamento
de Estado.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por la
naturaleza de las funciones de los corredores de bienes raíces y debido a la
importancia que tiene para la economía de Puerto Rico la compra y venta de
bienes inmuebles, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico dispuso un ordenamiento
especial para reglamentar el negocio de bienes raíces relacionado a propiedades
en y fuera de Puerto Rico. Véase la Exposición de Motivos de la Ley
10-1994, según enmendada, conocida como la “Ley para Reglamentar el
Negocio de Bienes Raíces de 1994”.
Mediante la Ley
10-1994, se agruparon todas las disposiciones legales pertinentes al negocio de
bienes raíces existentes hasta entonces y dispone un nuevo y más estricto
cuerpo reglamentario con el fin de beneficiar a los consumidores y a los
vendedores, corredores o empresas de bienes raíces. Además, creó la Junta de
Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces de Puerto Rico (la Junta);
dispone los requisitos para obtener la licencia para ejercer como vendedor,
corredor y empresa de bienes raíces; y provee para la expedición, renovación y
revocación de licencia, entre otros asuntos.
La Junta está encargada de vigilar por la práctica correcta del
negocio de bienes raíces y de la profesión de corredor, vendedor o de las empresas
de bienes raíces en Puerto Rico, asegurando la capacitación, así como la
educación continuada de los aspirantes a corredores, vendedores o empresas de
bienes raíces. Del propio debate del proyecto de ley que dio lugar a la
adopción de la Ley 10-1994, se puede poner en perspectiva el verdadero impacto
de dicho negocio en la vida de los residentes en Puerto Rico.
La importancia y
delicadeza del ejercicio de la profesión de corredores, vendedores o empresas
de bienes raíces es que, a diferencia de otros, se trata de los ahorros de, tal
vez, toda una vida de una familia, donde nuestras familias ponen sus economías
en su casa, en su finca, su propiedad. Los bienes inmuebles,
probablemente en la mayoría de las familias puertorriqueñas, son el único
activo que tienen, especialmente de clase media y clase humilde. Por esa
razón, el reglamentar y dirigir una profesión que tiene en sus manos tan
delicado asunto, no es sencillo.
Mediante la Ley 10-1994, se establecen los requisitos que
deberán cumplir aquellas personas que deseen ejercer la profesión de corredor,
vendedor o empresa de bienes raíces en Puerto Rico. Son funciones de la Junta,
entre otras, el expedir, renovar o denegar licencias
para ejercer la profesión de corredor, vendedor o empresa de bienes raíces,
suspender, revocar o denegar la renovación de licencias, preparar, evaluar y
administrar exámenes para la concesión de dichas licencias, así como el
mantener un registro profesional actualizado de todas las licencias que expida.
En el ejercicio de la Junta conceder
a una persona una licencia o renovar una licencia vigente, para practicar la
profesión de bienes raíces, la misma recibe un cúmulo de información importante
de parte de los solicitantes y levanta un amplio expediente de dichos
profesionales. De igual manera, en el curso de procesar una querella, de
renovar o de revocar una licencia existente, la Junta recoge información de
igual importancia para la comunidad en general. Toda esa información puede a su
vez, servir de guía para aquellos consumidores que desean asegurarse de que contactan
los mejores servicios disponibles del acervo de profesionales de los bienes
raíces de Puerto Rico.
Toda la información que obra en
poder de la Junta sobre los individuos o empresas que practican la profesión de
los bienes raíces debería ser de fácil acceso a la comunidad en general. El
acceso a información sobre la preparación de estos profesionales, así como del
estatus de sus licencias y sobre cualquier información importante en cuanto a
sus ejecutorias, es sumamente importante, ya que permite a las personas
realizar una evaluación informada al momento de seleccionar a su corredor,
vendedor o empresa de bienes raíces.
Siendo los bienes inmuebles, en muchos casos, el único
activo de las familias puertorriqueñas, es importante que
estos tengan la oportunidad previa de verificar las credenciales del
profesional de bienes raíces, si está o no debidamente licenciado, o si su
licencia ha sido revocada o suspendida, así como los motivos para ello. De
manera que aquellas personas que quieran obtener información sobre el historial
profesional de algún corredor, vendedor o empresa de bienes raíces, puedan acceder
la misma, directamente, a través de la página de Internet de la Junta.
Con el interés de hacer disponible a la ciudadanía toda la
información relevante sobre los corredores, vendedores o empresas de bienes
raíces, es por lo que esta Asamblea Legislativa adopta la presente legislación.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1.-Se enmienda
el inciso (d) del Artículo 9 de la Ley 10-1994, según enmendada, que leerá como
sigue:
“Artículo
9.-Facultades y Deberes de la Junta. –
En adición a
cualesquiera otras dispuestas en esta Ley, la Junta tendrá las siguientes
facultades y deberes:
a)
...
d)
Mantener un registro profesional actualizado
de todas las licencias que expida. Dicho registro será público y disponible en
el portal de la página electrónica del Departamento de Estado.
El Registro integrará como mínimo, los siguientes datos con
la información individual de todos los corredores, vendedores y/o empresas de
bienes raíces licenciados en Puerto Rico:
i) Nombre del corredor, vendedor o empresa de
bienes raíces;
ii) Número de licencia;
iii) Fecha en la cual obtuvo su licencia;
iv) Número de años en la práctica de la
profesión;
v) Dirección postal actual;
vi) Dirección de correo electrónico y número de
teléfono;
vii) Detalle de cualesquiera querellas
adjudicadas de forma final y firme en contra del corredor, vendedor o empresa
de bienes raíces, incluyendo la fecha, un breve resumen del fundamento que dio
lugar a la misma, el resultado de los procedimientos, y la descripción de
cualquier acción disciplinaria tomada por la Junta, si alguna;
viii) Descripción de cualquier acción disciplinaria
tomada por una junta o entidad responsable de licenciar profesionales de los
bienes raíces en cualquier otro país o en cualquier jurisdicción de los Estados
Unidos, o en su defecto, una declaración jurada en la que se indique la falta a
violaciones de leyes y reglamentos, tanto en como fuera de Puerto Rico.
En aquellos casos o querellas presentadas ante el
Tribunal de Justicia, la Junta y/o el Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO), contra
cualquier corredor, vendedor o empresa de bienes raíces, respecto a las cuales
se tome la determinación de que el corredor, vendedor o empresa querellado
incurrió en actos o prácticas proscritas por esta Ley, será obligación del
Tribunal y del DACO enviarle a la Junta copia de la decisión adjudicada de forma
final y firme, para que esta haga disponible al público en general, el texto
íntegro de la determinación tomada en dicho caso, con una clara indicación del
corredor, vendedor o empresa que incurrió en tales actos o prácticas
proscritas.
La Junta proveerá a cada corredor, vendedor y/o
empresa de bienes raíces, una copia de su información individual antes de ser
publicada. Dicho corredor, vendedor y/o empresa tendrá treinta (30) días para
indicar cualquier corrección necesaria a la información suministrada.
La Junta deberá, además, hacer disponible al
público en general, de manera continua y actualizada, una lista con los nombres
de aquellas personas naturales y/o jurídicas que la Junta conozca o hubiere
advenido en conocimiento, que realizan funciones de corredor, vendedor o
empresa de bienes raíces, sin la licencia requerida. Cuando la Junta determine que un
corredor, vendedor o empresa de bienes raíces pudo haber realizado esas
funciones sin la licencia requerida, deberá solicitar la intervención del
Departamento de Justicia.
La Junta deberá, igualmente, hacer disponible al
público en general, de manera continua y actualizada, una lista con los nombres
de aquellos corredores, vendedores o empresas de bienes raíces cuyas licencias
se encontraren o fuesen declaradas inactivas conforme a las disposiciones de
esta Ley.
(e) ...
...”.
Sección 2.-Se autoriza a la Junta de Corredores,
Vendedores y Empresas de Bienes Raíces de Puerto Rico adoptar aquellas normas y
reglamentos que entienda necesarios para la implantación de esta Ley, siguiendo
el procedimiento establecido en la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.
Sección 3.-La Junta de Corredores, Vendedores y
Empresas de Bienes Raíces de Puerto Rico deberá tener disponible para el
público, la información aquí autorizada siguiendo los parámetros establecidos
en esta Ley, y por los reglamentos que en virtud de la misma se adopten.
Sección 4.-Por la presente se deroga cualquier
ley, o parte de ley, que sea incompatible con ésta.
Sección 5.-Las disposiciones de esta Ley
prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley que no estuviere en
armonía con lo aquí establecido.
Sección 6.-Si cualquier palabra, frase, oración,
párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuere declarado inconstitucional por un
tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará,
perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia
quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la
misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.
Sección 7.-Esta Ley entrará en vigor noventa (90)
días después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta ley es
copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
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