Sección 1.- Se deroga el Artículo
3 de la Ley 96-2017 y se sustituye por un nuevo Artículo 3, para que lea como
sigue:
“Artículo 3.-
Definiciones.
Para efectos de
esta Ley, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación
se expresan:
(a) Administración de Terrenos o
Administración- significa la Administración de Terrenos de Puerto Rico, creada
por la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1962, según enmendada.
(b) Adquiriente Potencial- toda persona
natural o jurídica que hubiera sido cualificada como Proponente por la
Administración y a solicitud del cual se iniciaran los procedimientos para la
Expropiación Forzosa de la Propiedad.
(c) Compraventa- contrato entre dos (2) partes,
vendedor y comprador, formalizado mediante escritura pública ante Notario
Público autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico, mediante el cual, en
consideración a un precio cierto, se transfiere el título y posesión de un bien
inmueble. Incluye transacciones de compraventa, permuta y traspasos, según
estas se definen en el Código Civil de Puerto Rico.
(d) Costo de Adquisición– la suma que surge
como resultado del valor final de la Propiedad e interés por el que se
compensará al Propietario, incluyendo además todos los costos asociados al
proceso de adquisición, ya sea mediante compra directa o expropiación forzosa,
cargos por servicios de representación legal en el pleito de expropiación
forzosa hasta su culminación y los costos que conlleve la trasferencia de la
titularidad de la Propiedad al Adquiriente Potencial. Estos costos incluyen,
pero sin limitarse, a los siguientes: gastos de la Administración para realizar
tasaciones; revisiones de tasaciones; estudios de título, emplazamientos,
mensuras, planos, gastos legales y de peritos requeridos para el proceso de
adquisición, gastos de registros e inscripciones, deudas intereses, recargos o
penalidades con el CRIM sobre la contribución sobre la propiedad inmueble u
otros gravámenes que aparezcan en el Registro de la Propiedad.
(e) Cuenta “Escrow”o Plica- cuenta creada
para la custodia de activos por un tercero imparcial, quien retiene dichos
activos hasta que se cumplan las condiciones legales predeterminadas en el
contrato de la cuenta.
(f) CRIM- significa el Centro de Recaudación
de Ingresos Municipales creado bajo la Ley 80-1991, según enmendada.
(g) Depósito- suma de dinero equivalente al
diez por ciento (10 %) del Informe de Tasación de la Propiedad que el Proponente
consignará a la Administración para que esta mantenga en una Cuenta “Escrow”o
Plica y la utilice para cubrir los gastos iniciales del procedimiento de declaración
de Estorbo Público.
(h) Estorbo Público- significa cualquier
estructura abandonada o solar abandonado, yermo o baldío que sea inadecuado
para ser habitado o utilizado por seres humanos, por estar en condiciones de
ruina, falta de reparación, defectos de construcción, o que es perjudicial para
la salud o la seguridad del público, o presenta características que perjudican
el desarrollo en dichas áreas, su ocupación legal como vivienda o comercio, o
que afecta el acceso a dichas áreas por residentes, visitantes y turistas.
Dichas condiciones pueden incluir, pero sin limitarse, a las siguientes:
defectos en la estructura que aumentan los riesgos de incendios o accidentes;
fachadas y estructuras destruidas o vandalizadas; falta de adecuada ventilación
o facilidades sanitarias; falta de líneas y otras instalaciones que puedan
conectarse al sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica o al de la Autoridad
de Acueductos y Alcantarillados; acumulación de desperdicios sólidos, y falta
de higiene y limpieza.
(i) Expropiación Forzosa- significa el
procedimiento mediante el cual se adquiere una propiedad o los derechos e
intereses patrimoniales legítimos, llevado a cabo por el Estado en aras de un
beneficio social, mediante previo pago de justa compensación y según el mismo
se describe en la Ley Orgánica de la Administración de Terrenos.
(j) Informe de Tasación- es el documento
resultado de un proceso realizado por un Evaluador
Profesional de Bienes Raíces licenciado, mediante el cual se estima el valor de
un bien de acuerdo al criterio profesional de un evaluador en la materia, cuya
facultad legal y desempeño ético avalan la confiabilidad de su valoración,
conforme a normas y procedimientos generalmente aceptados en su especialidad.
(k) Ingeniero Licenciado- persona natural
debidamente autorizada a ejercer la profesión de la ingeniería civil en Puerto
Rico, a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988,
según enmendada.
(l) Inventario- significa el Inventario de
Propiedades Declaradas como Estorbo Público que mantiene el Municipio de San
Juan, de conformidad con la Ley 31, o el Inventario que para fines de esta Ley
podrá establecer la Administración de Terrenos de Puerto Rico.
(m) Ley Orgánica de la Administración de
Terrenos- significa la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1962, según enmendada.
(n) Ley 31- significa la Ley 31-2012, según
enmendada, conocida como “Ley para Viabilizar la Restauración de las
Comunidades de Puerto Rico”.
(o) Municipio- significa el Municipio
Autónomo de San Juan.
(p) Persona con Interés- persona natural o
jurídica, pública o privada, que tenga un derecho o interés sobre la Propiedad,
incluyendo, pero sin limitarse a, heredero, acreedor hipotecario o persona con
derecho de usufructo u otro derecho real sobre el inmueble antes mencionado.
(q) Propiedad- significa toda propiedad
inmueble, según definida por los Artículos 261 al 264 del Código Civil de
Puerto Rico.
(r) Propiedad Elegible- significa toda
Propiedad declarada como Estorbo Público, a tenor con las disposiciones de esta
Ley, la Ley 31, o que aparezca registrada en el Inventario.
(s) Proponente- persona natural o jurídica
que haya sometido una Solicitud de Declaración y Adquisición de Estorbo Público
ante la Administración de Terrenos y que aún no se le haya cualificado como
Adquiriente Potencial. Dicha persona deberá tener la capacidad legal y
económica de adquirir la misma una vez se complete su expropiación bajo el
proceso de Expropiación Forzosa, al valor del mercado de la misma, según surja
de la tasación oficial de la Propiedad, y además sufragar los costos y gastos
de los procedimientos y el saldo de los gravámenes que pesen sobre éstos.
(t) Río Piedras- significa aquella parte del
Municipio de San Juan compuesto por los sectores: Centro Urbano, Capetillo,
Buen Consejo, Venezuela, Santa Rita, García Ubarri, Blondet y Mora; que está
limitada por el Norte con el Expreso Piñero; por el Sur, con el Jardín Botánico
de la Universidad de Puerto Rico; por el Oeste, con la Ave. Muñoz Rivera; y por
el Este, con la Quebrada Juan Méndez y la Ave. 65 de Infantería y cualquier
otro sector sito en esta zona.
(u) Santurce- significa aquella parte del
Municipio de San Juan que está limitada al Norte por el Expreso Baldorioty de
Castro hasta su intersección con la Avenida De Diego y luego por la Calle
Loíza, cubriendo ambos lados hasta el límite municipal con el Municipio de
Carolina; al Sur por el Caño Martín Peña; al Este por la Laguna Los Corozos; al
Oeste por la Bahía de San Juan y cualquier otro sector sito en esta zona. Para
propósitos de esta Ley, se incluirá también el Barrio de Puerta de Tierra.
(v) Solicitud de Declaración y Adquisición
de Estorbo Público– documento impreso o digital de la Administración en que el
Proponente presenta información pertinente a su interés de adquirir una Propiedad
que esté en un estado de deterioro que cualifique como Estorbo Público. “
Sección 2.- Se enmiendan los incisos (a), (b), (d) y
(e) y se añade un nuevo inciso (l) al Artículo 5 de la Ley 96-2017, para que
lean como sigue:
“Artículo 5.-
Declaración de Estorbo Público por la Administración de Terrenos.
Por la presente,
se faculta a la Administración de Terrenos a declarar como Estorbo Público
aquellas Propiedades sitas en Santurce y Río Piedras que cumplan con la
definición de Estorbo Público establecida en esta Ley, y a tenor con el
siguiente procedimiento:
(a) Cualquier Persona interesada en adquirir
una Propiedad en estado de deterioro o abandono que cumpla con los requisitos
para ser declarada como Estorbo Público deberá radicar una Solicitud de
Declaración y Adquisición de Estorbo Público ante la Administración de
Terrenos, según el procedimiento que se establezca mediante reglamentación a
estos efectos. Dicha Solicitud presentada por el Proponente deberá estar acompañada
por un Informe de Tasación. Con anterioridad al comienzo de cualquier gestión
por parte de la Administración de Terrenos, se formalizará un contrato entre la
Administración de Terrenos y el Proponente en el cual se establezca la
obligación de este último de adquirir la Propiedad, así como efectuar el
Depósito de una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del Informe
de Tasación de la Propiedad, la cual será mantenida en una Cuenta “Escrow” o
Plica, según se establezca mediante la reglamentación que a estos efectos
adopte la Administración de Terrenos. Dicha cantidad se utilizará por la
Administración de Terrenos para cubrir los gastos iniciales de los
procedimientos de declaración de Estorbo Público y Expropiación Forzosa.
(b) Luego de radicada la Solicitud de
Declaración y Adquisición de Estorbo Público, la Administración de Terrenos
verificará si la Propiedad forma parte del Inventario.
(c) …
(d) La certificación deberá ser expedida por
el Municipio a favor de la Administración de Terrenos, por escrito, en un
término no mayor de diez (10) días laborables contados a partir de la fecha en
que se le curse el requerimiento oficial por parte de la Administración de
Terrenos. Del Municipio no responder al requerimiento de certificación dentro
del término antes dispuesto, se entenderá que la Propiedad no se encuentra en
el Inventario, y que no se ha comenzado un procedimiento para la declaración de
la misma como Estorbo Público bajo la Ley 31.
(e) En aquellas instancias en las que la
Propiedad no forme parte del Inventario del Municipio, la Administración de
Terrenos entonces procederá a notificarle al Municipio, a los propietarios,
poseedores y Personas con interés sobre la Propiedad, de su intención de
comenzar el procedimiento para la declaración de la Propiedad como Estorbo
Público, informándoles además a los propietarios, poseedores y Personas con
interés sobre la Propiedad de su derecho a comparecer a una vista en la
Administración de Terrenos en la cual podrán oponerse a la declaración de la
Propiedad como Estorbo Público, según el procedimiento que se establezca
mediante reglamentación para este propósito.
(f) …
(g) …
(h) …
(i) …
(j) …
(k) …
(l) Una vez se
presenta la Solicitud de Declaración y Adquisición de Estorbo Público se
presumirá, de forma controvertible, para efectos de esta Ley, que la Propiedad cumple
con los requisitos para ser declarada como Estorbo Público y quedará de la Persona
con Interés rebatir dicha presunción. Para rebatir dicha presunción será
indispensable la presentación de evidencia de que la Propiedad no cumple con
los elementos que constituyen un Estorbo Público conforme definido por esta Ley.”
Sección 3.- Se enmiendan los incisos (c) y (e) del Artículo 6 de la
Ley 96-2017, para que lean como sigue:
“Artículo 6.-
Determinación de la Administración de Terrenos.
Luego de
celebrada la vista descrita en el Artículo anterior, la Administración de
Terrenos procederá conforme a lo siguiente:
(a) …
(b) …
(c) Cuando se determine que la Propiedad puede declararse como Estorbo
Público, pero la misma es susceptible de ser reparada, o que el remedio sea
darle limpieza y mantenimiento adecuado, así lo notificará al Municipio y
a la Parte con interés, para la acción correspondiente. La Administración de
Terrenos notificará al Proponente que radicó la Solicitud de Declaración y
Adquisición de Estorbo Público, luego de lo cual cesará su intervención en el
asunto. En caso de que el Adquiriente Potencial no interese continuar con el
procedimiento de adquisición contenido en esta Ley y el Reglamento que se promulgue
a estos efectos, podrá optar por solicitar que se le devuelva cualquier
remanente de la suma del Depósito que no se haya utilizado. También podrá optar
por mantener el Depósito, en cuyo caso se paralizarán los procedimientos hasta
un máximo de tres (3) meses, término que podrá ser prorrogable hasta un máximo
de tres (3) meses adicionales. La Parte con Interés deberá someter a la Administración
evidencia fehaciente de que se ha eliminado la condición de Estorbo Público. De
haber cursado el término sin que la Parte con Interés presente dicha evidencia,
se procederá con la declaración de Estorbo Público y continuarán los
procedimientos de Expropiación Forzosa.
(d) …
(e) Cuando el propietario, poseedor o Persona con Interés no comparezca
a oponerse ante la Administración de Terrenos al procedimiento de declaración
de la Propiedad como Estorbo Público dentro de los treinta (30) días siguientes
a la notificación dispuesta en el Artículo 5 de esta Ley, la Administración de
Terrenos continuará con el procedimiento dispuesto por esta Ley para declarar
la Propiedad como Estorbo Público. Dicha determinación será notificada mediante
correo certificado a la última dirección conocida del propietario, poseedor o
Persona con Interés, además la Administración emitirá un aviso, el cual deberá
publicarse una (1) sola vez en un (1) periódico de circulación general en la
Isla de Puerto Rico dentro de los diez (10) días siguientes a ser emitida la
determinación de Estorbo Público. En el mismo, se informará a la Persona con
Interés de la determinación dictada y del término para apelar.”
Sección
4.- Se enmiendan los incisos (c), (e), (f), (h) e (i) y se añade un nuevo
inciso (j) al Artículo 7 de la Ley 96-2017, para que lean como sigue:
“Artículo 7.-
Procedimiento para la Expropiación de la Propiedad y Transferencia al
Adquirente.
(a) …
(b) …
(a)
(b)
(c) La Administración de Terrenos procederá a encomendar la realización
de una tasación de la Propiedad para determinar su valor en el mercado. Dicha
tasación debe ser preparada y emitida por un Evaluador Profesional de Bienes
Raíces con licencia para ejercer dicha profesión en Puerto Rico. Los fondos
para el pago de dicha tasación serán sufragados de los fondos del Depósito
entregado por el Adquiriente Potencial.
(d) …
(e) Una vez la Administración informe al Adquiriente Potencial el valor
de la Propiedad objeto de Expropiación Forzosa conforme el Informe de Tasación
efectuado por la Administración, este tendrá diez (10) días calendarios para entregar
un cheque certificado por la cantidad determinada en el Informe de Tasación.
Dicho cheque será emitido a nombre de la Administración de Terrenos y
depositado en una Cuenta “Escrow” Plica. Los fondos serán utilizados al
momento de presentar la Demanda de Expropiación Forzosa para cumplir con los
requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Administración de Terrenos
sobre los procedimientos de Expropiación. De no presentarse la suma requerida,
se procederá a descontinuar el procedimiento ante la Administración, sin derecho
a devolución de cualquier suma de dinero restante del Depósito. En aquellos
casos en los que el Adquiriente entregue el cheque certificado y se proceda con
la Expropiación Forzosa, cualquier suma de dinero restante del Depósito hecho
por el Proponente, ahora Adquiriente Potencial, serán utilizados para cubrir
los gastos del procedimiento de Expropiación Forzosa por parte de la
Administración. Dicha suma será adicional a aquella que represente el valor en
el mercado reflejado en el Informe de Tasación. El remanente del Depósito que
no se haya utilizado para sufragar los costos establecidos en este inciso será
devuelto por la Administración al Adquiriente Potencial.
(f) De no ser suficiente la cantidad originalmente consignada por el
Adquiriente Potencial para cubrir los costos del procedimiento,
incluyendo gastos de estudio de título, emplazamientos, honorarios de abogado, inscripción
de título en el Registro de la Propiedad, así como cualquier suma adicional que
se requiera como parte del proceso, será responsabilidad del Adquiriente
Potencial suministrar a la Administración de Terrenos la suma de dinero
adicional que sea necesaria para cubrir la diferencia al momento en que
sea requerido por la Administración, la cual le solicitará que presente un
cheque certificado por la cantidad necesaria para cubrir cualquier deficiencia,
detallando los costos que conlleva la misma.
(g) …
(h) El procedimiento de Expropiación Forzosa se llevará a cabo según el
procedimiento provisto en Ley Orgánica de la Administración de Terrenos. Nada
de lo aquí dispuesto violará de forma alguna el derecho a recibir justa
compensación en casos de Expropiación Forzosa consignado en la Constitución de
Puerto Rico. De igual forma, esta Ley coexistirá y no
tendrá efecto contrario a los propósitos establecidos por la Ley 1-2001, según
enmendada, conocida como “Ley para el Desarrollo
Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico”,
que atiende las comunidades incluidas en la lista de Comunidades Especiales.
(i) El Adquiriente Potencial, además de la suma indicada en el inciso
(f) de este Artículo, tendrá la obligación de efectuar el pago de cualquier
suma adicional que el Tribunal pudiese determinar como justa compensación y sus
intereses y otros gastos del procedimiento de Expropiación Forzosa. Luego de
dictarse la Resolución, se transferirá a éste la titularidad del inmueble, en
la condición en la que se encuentre el mismo (“as is”, “where-is”), sujeto a
las cargas o gravámenes que correspondan a la Propiedad.
(j) Una vez incoado el procedimiento de Expropiación Forzosa y esté pendiente
de adjudicación final de dicho procedimiento, se ordenará por el Tribunal que
se realice una anotación preventiva de demanda, no caducable, en el asiento de
la Propiedad objeto de Expropiación Forzosa, la cual estará vigente hasta la
culminación del proceso de Expropiación Forzosa. De igual forma, el Adquiriente
Potencial será incluido en el pleito de Expropiación Forzosa como parte
indispensable.”
Sección
5.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 96-2017, para que lea como sigue:
“Artículo 8.-
Revisión Judicial
Las
determinaciones de la Administración de Terrenos a tenor con lo dispuesto en
esta Ley, a excepción de la acción de Expropiación Forzosa que se rige por la
Regla 58 de Procedimiento Civil, serán revisables de conformidad a lo
establecido por la Ley 38-2017, según enmendada, o cualquiera otra que
posteriormente se promulgue para regir los procedimientos administrativos.”
Sección 6.- Se renumeran los Artículos 9, 10,
11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley 96-2017, como los Artículos 10, 11, 12, 13, 14,
15 y 16, respectivamente.
Sección 7.- Se añade un nuevo Artículo 9 a la
Ley 96-2017, para que lea como sigue:
“Artículo 9.- Compraventa
directa de Propiedad Inmueble que constituya un Estorbo Público
Cualquier Persona
que interese adquirir una Propiedad en estado de deterioro o abandono que
cumpla con los requisitos para ser declarada como Estorbo Público y que
interese llevar a cabo una transacción directa privada con el dueño de la Propiedad,
pero no inicie los procesos ante la Administración de Terrenos, podrá también acogerse
a los beneficios establecidos en la presente Ley, si cumple con los siguientes
requisitos:
a)
Un Ingeniero Licenciado deberá emitir una
certificación de que la Propiedad objeto de la transacción cumple los
requisitos establecidos en esta Ley para ser declarada Estorbo Público. En dicho
documento el Ingeniero Licenciado deberá certificar que personalmente observó y
pudo corroborar las condiciones que permiten que dicha Propiedad pueda ser
declarada Estorbo Público, según definido en esta Ley.
b)
Dicha certificación será unida a la escritura
pública de Compraventa otorgada ante un Notario Público.
c)
Se deberán iniciar los trabajos de
rehabilitación de la Propiedad dentro de los sesenta (60) días siguientes a
partir de la compraventa.
d)
El Comprador deberá someter ante la Oficina de
Finanzas del Municipio de San Juan una Declaración de Actividad conforme
establece la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios
Autónomos”, dentro de los sesenta (60) días siguientes a partir de la
compraventa.
e)
Al inicio de la rehabilitación de la Propiedad, el
dueño de la misma así lo certificará ante Notario Público. Dicha certificación
deberá ser presentada al Municipio y al CRIM para poder disfrutar de los
beneficios otorgados por esta Ley.
f)
Al momento de llevarse a cabo la Compraventa, el
Adquiriente deberá realizar el pago de la deuda por concepto de contribución
sobre la propiedad inmueble que corresponda a la suma de la Hipoteca Legal
Tácita establecida en el Artículo 55 de la Ley 210-2015, según enmendada,
conocida como la “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico”, en la cual se establece que dicha deuda es un gravamen
inmobiliario preferente a favor del CRIM.
Cualquier Persona
que realice, por sí o a nombre de otra persona, alguna representación falsa o
fraudulenta sobre la condición de la Propiedad, o en relación con cualquier
solicitud o concesión de los beneficios conferidos por esta Ley, será
considerada culpable de delito de Fraude, conforme establece la Ley 146-2012,
según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”.”
Sección 8.- Separabilidad.
Si cualquier
cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición,
sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia
a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de
esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo,
subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección,
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así
hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una
Persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo,
oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título,
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas
Personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la
voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales
hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida
posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare
inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o
declare inconstitucional su aplicación a alguna Persona o circunstancia. Esta
Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de
separabilidad que el Tribunal pueda hacer.
Sección 9.- Vigencia.
Esta Ley empezará a regir inmediatamente
después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Este
documento es una copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye
enmiendas posteriores.
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