Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P.R. del año 2002
2002
DTS 001 NARVAEZ CRUZ V. REGISTRADOR 2002TSPR001
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO
RICO
Alejandro Narváez Cruz
Recurrente
v.
Hon. Demetrio Torre Rada
Registrador de la Propiedad
Sección Primera de Carolina
Recurrido
Recurso
Gubernativo
2002
TSPR 1
155 DPR
____
Número
del Caso: RG-1999-1
Fecha:
4/enero/2002
Abogado
de la Parte Recurrente: Lcdo.
Lucas M. Irisarri Castro
Abogado
de la Parte Recurrida: Por
Derecho Propio
ADVERTENCIA
Este documento constituye un
documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y
correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones
del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez
Asociado señor Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 4 de enero de 2002.
¿Puede un heredero forzoso inscribir a su
nombre la titularidad sobre un bien inmueble que le fue legado, por su
causante, sin contar con el consentimiento de todos los demás herederos
forzosos para la entrega del referido inmueble? Mediante el presente recurso gubernativo, el recurrente acude
ante nos solicitando la revisión de la denegatoria del Registrador de la
Propiedad respecto a la inscripción de la escritura pública sobre aceptación de
herencia y entrega de legado. El
Registrador señaló como fundamentos para la referida denegatoria la posible
inoficiosidad del legado, así como la falta de ratificación de la entrega del
mismo por todos los herederos forzosos de la causante. Veamos.
I
El
25 de agosto de 1985, la señora Ramona Cruz Ayala otorgó un testamento
cerrado. Falleció en estado de viudez
el 14 de agosto de 1990. Al momento de
su fallecimiento le sobrevivieron diecisiete (17) hijos y tres (3) nietos. A tenor con la Resolución de 31 de agosto de
1990, dictada por el entonces Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de
Carolina, el referido testamento fue protocolizado, mediante el acta número
seis (6) otorgada ante el notario John Medina Lugo el 20 de septiembre de 1990,
en la municipalidad de San Juan.[1]
En el referido testamento cerrado, la causante
no instituyó herederos, ni dispuso de la totalidad de su herencia, razón por la
cual se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una petición de
declaratoria de herederos. Mediante la
Resolución de 22 de septiembre de 1994, el antiguo Tribunal de Distrito, Sala
de Carolina, declaró como herederos abintestato de la causante a sus diecisiete
(17) hijos sobrevivientes y a sus tres (3) nietos, hijos de un hijo que le
premurió.[2]
En el testamento cerrado, la causante ordenó un legado de un bien inmueble
a su hijo, el señor Alejandro Narváez Cruz, aquí recurrente. El bien inmueble legado consistía en un
apartamento residencial, que responde al número 1202 del Condominio Marbella
del Caribe Este, localizado en el Municipio de Carolina. Alega el recurrente que dicho inmueble lo
pagó él y lo inscribió a nombre de su madre, la causante.[3]
El
Departamento de Hacienda de Puerto Rico expidió el 7 de febrero de 1995 la
Certificación de Cancelación de Gravamen sobre el caudal hereditario.[4]
De dicha certificación surge que el caudal hereditario estaba
constituido por el referido inmueble y por una cantidad de dinero líquida
depositada en un banco.[5]
Al momento del fallecimiento de la causante, el apartamento tenía un
valor en el mercado de cien mil dólares ($100,000), estaba gravado por una
hipoteca a favor de Santander Mortgage Corporation, cuyo balance adeudado era
de treinta y ocho mil dólares ($38,000).
Por otro lado, la cantidad de dinero depositada en el banco ascendía a
la suma de veinte mil dólares ($20,000).
La coheredera, señora Ana Magdalena
Narváez Cruz, le entregó el inmueble legado a su hermano, el señor Alejandro
Narváez Cruz, aquí recurrente, mediante escritura pública de Aceptación de
Herencia y Entrega de Legado número veintitrés (23) otorgada ante el notario
Lucas Manuel Irisarri Castro, el 16 de mayo de 1994, en Carolina, Puerto Rico.[6]
La mayoría de los herederos ratificaron la entrega del referido legado,
mediante escritura pública. Once (11)
hijos[7] y un (1) nieto de la causante comparecieron
ante el referido notario con la finalidad de ratificar la entrega del legado
antes aludido.
El
28 de octubre de 1998, el licenciado Torre Rada, Registrador de la Propiedad de
la Sección Primera de Carolina, calificó preliminarmente el documento, concluyendo
que de la escritura pública de Aceptación de Herencia y Entrega de Legado no
surgía la comparecencia o adecuada representación de todos los herederos
forzosos de la causante, a tenor con la resolución sobre declaratoria de
herederos.[8]
Señaló, además, que éste último documento debió presentarse por
separado.[9]
El Registrador de la Propiedad se limitó a mencionar los Artículos 733,
692, 745 y 735 del Código Civil de Puerto Rico,[10] correspondientes a la legítima y su
respectiva limitación a la voluntad del testador para disponer de sus
bienes. El 10 de noviembre de 1998, el
recurrente presentó la correspondiente solicitud de recalificación,[11] arguyendo que faltó un solo heredero por
comparecer en la escritura y que el Registrador de la Propiedad no tiene
facultad para presumir que un legado es inoficioso.[12]
El
25 de enero de 1999, el Registrador recurrido, licenciado Torre Rada, reafirmó
su calificación original y, denegó la inscripción de la escritura pública de
Aceptación de Herencia y Entrega de Legado, consignando la anotación preventiva
de rigor por el término legal de sesenta (60) días.[13]
El
5 de febrero de 1999, el señor Narváez Cruz recurrió ante nos mediante el
correspondiente recurso gubernativo, esbozando las siguientes objeciones a la
calificación final del Registrador:
Primera objeción.- Erró el Honorable [sic]
Registrador al entender que habiéndose legado un inmueble específico por vía de
testamento, se hace necesario, no obstante, inscribir sobre ese inmueble el
derecho hereditario a favor de los herederos.
Segunda
objeción.- Erró el Honorable [sic] Registrador, al dictaminar que a la entrega
del legado tienen que comparecer todos los herederos, resultando insuficiente
la comparecencia de uno o de varios.
El
recurrente argumenta que el derecho hereditario accede al Registro por vía de
inscripción y no a través de una anotación preventiva.[14]
Refiriéndose al Artículo 95 de la Ley Hipotecaria,[15] señala que es inscribible el derecho
hereditario a favor de todos los que resultaren herederos, cuando se trate de
bienes adquiridos por herencia y no se haya efectuado aún la partición.[16]
Al aludir al Artículo 50.1 del Reglamento Hipotecario,[17] señala que está expresamente prohibida la
inscripción del derecho hereditario cuando la propiedad inmueble, perteneciente
al causante, fue legada. Sostiene que
el legado de cosa específica, propia del testador, se transmite al legatario
desde la muerte del testador.[18]
Aduce, que los bienes legados no forman parte del caudal hereditario,
razón por la cual los herederos no pueden inscribir a su favor el inmueble
legado, excepto cuando el legatario renuncia al legado o cuando por sentencia
judicial éste sea declarado inoficioso.[19]
En
lo que respecta a su segundo señalamiento, el recurrente sostiene que el
legatario tiene que reclamar la entrega del legado al heredero o al albacea.[20]
La posesión jurídica sobre el bien legado la recibe únicamente del
heredero, independientemente de quién disfrute de facto la posesión material o
la mera tenencia.[21]
Sostiene, además, que la entrega del legado por parte del heredero no
guarda relación con la protección de la legítima. Aduce que un Registrador de la Propiedad no es juez, por tanto no
tiene facultad adjudicativa sobre controversia alguna, más aún cuando éstas no
han sido planteadas.[22]
Por último, arguye que el Registro de la Propiedad no fue diseñado como
un mecanismo para proteger la legítima de los herederos forzosos.[23]
La protección de la legítima le corresponde a los herederos
legitimarios, si les interesa.[24]
El 1ro. de marzo de 1999, el Registrador
presentó su alegato, mediante el cual sostiene el ejercicio de su función
calificadora como Registrador de la Propiedad en el caso de autos.[25]
Señala que un Registrador de la Propiedad debe pasar juicio sobre la validez
de los documentos presentados, a la luz de las leyes vigentes y de las
constancias del Registro.[26] Sus
principales argumentos en apoyo de la denegatoria de inscripción de la
escritura pública de Aceptación de Herencia y Entrega de Legado se basan en la
posible inoficiosidad del legado[27] y en que la entrega del legado no fue
ratificada por todos los legitimarios. Aduce
que para la válida inscripción de la referida escritura pública, y en ausencia
de partición y adjudicación de los bienes hereditarios, se debe demostrar que
se ha cumplido con lo dispuesto por el Artículo 735 del Código Civil, supra.[28] Por
otro lado, señala que a los efectos del Registro de la Propiedad, la resolución
sobre declaratoria de herederos es un documento principal, que puede ser objeto
de inscripción separada.[29] Finalmente,
ante la alegación de que el recurrente pagó el apartamento legado, el
Registrador de la Propiedad expresó en su alegato que éste puede, como
alternativa, retrotraer la compra del apartamento de la causante.[30]
Examinado
el expediente y evaluados los argumentos de las partes, resolvemos.
II
La
controversia en este caso se circunscribe a dos instancias, a saber: (1) si es
necesario que todos los herederos forzosos comparecieran y/o ratificaran la
escritura pública de aceptación de herencia y entrega de legado; y (2) si
procede la inscripción del derecho hereditario sobre el bien específicamente
legado. Discutiremos, en primer lugar,
la cuestión relacionada a la comparecencia de los herederos forzosos al acto de
entrega del legado.
El apartamento en cuestión constituye un
legado de cosa específica y determinada.
El legatario de cosa específica y determinada adquiere su propiedad
desde la muerte del causante,[31] sin embargo, constituye una propiedad
especial, condicionada y con consecuencias distintas de la verdadera propiedad.[32] El
Artículo 807 del Código Civil de Puerto Rico dispone que "el legatario no
puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada, sino que debe pedir su
entrega y posesión al heredero o al albacea cuando éste se halle autorizado a
darla".[33] Este
artículo limita la propiedad que el legatario adquiere de forma automática con
la muerte del causante, ya que el legatario no puede disponer libremente del
bien legado inmediatamente, sino que tiene que esperar que los herederos o el
albacea autorizado le hagan entrega del mismo.[34] Es
una condición limitativa del dominio, pues "si se transmite la propiedad
desde la muerte del testador, y éste tiene como principal atributo el jus
usandi, disponendi y reivindicandi, se
pudiera estimar que al limitársele ese derecho al legatario, o no se le
transmite la propiedad o el dominio es uno especial, huérfano de los
mencionados atributos".[35] Sin
lugar a dudas existen "diferencias fundamentales entre el verdadero dominio
y el derecho que le asigna el Código [Civil] al legatario de cosa
específica", derecho que el Código denomina propiedad.[36] Por
su parte, el comentarista Díaz Cruz (hijo) entiende que no se produce en
realidad la transmisión del derecho de propiedad, sino que es una propiedad
especialísima, la cual debe llamarse "propiedad legataria", pues
mientras no se efectúe el acto de entrega no se produce una verdadera
transmisión del dominio.[37] La
condicionada transmisión automática del dominio sobre el bien legado al
legatario, responde a consideraciones prácticas, revestidas de interés público,
a saber: saldar las deudas del causante (primero es pagar que heredar), la
holgada protección de las legítimas y, la suficiencia de bienes relictos para
el pago de los respectivos legados. Sobre
este particular, el profesor González Tejera señala lo siguiente:
Permitir al legatario apoderarse de la cosa objeto del legado, con
meramente acreditar la muerte del testador y presentar copia del testamento,
produciría múltiples inconvenientes a la sucesión. El testamento podría ser impugnado, planteándose problemas de
cobro de lo indebido; los poseedores de los bienes relictos podrían tener
válidas reclamaciones que oponer al heredero albacea; los bienes pueden no
ser suficientes para pagar todos los legados; el legado puede ser ineficaz
total o parcialmente; el legado puede lesionar la legítima de un heredero
forzoso; los bienes pueden no ser suficientes para cubrir deudas y gastos,
lanzándose los acreedores a litigar con los legatarios, a litigar entre sí, en
los casos donde la ley o el testador establece preferencias de unos legatarios
sobre otros. Por ello, la norma
jurídica de que el legatario deberá pedir la entrega de la cosa y no ocuparla
por su cuenta, está revestida de interés público porque, en adición a todo lo
apuntado, propende a conservar la paz social pues evita las confrontaciones que
de ordinario se producen cuando se ocupan bienes y evita la litigación en torno
a los extremos antes apuntados.[38] (Énfasis
y subrayado nuestro.)
Como
mencionáramos anteriormente, el legatario no puede posesionarse de la propiedad
legada, sino que debe esperar que le sea entregada por el o los herederos o el
albacea autorizado.[39] No
obstante, la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad contiene
disposiciones dirigidas a proteger los derechos de los legatarios sobre los
bienes inmuebles que le fueran legados.
El Artículo 112(4to) de la Ley Hipotecaria dispone que el legatario de
derechos sobre un bien inmueble determinado puede anotar preventivamente su
derecho sobre el referido inmueble, siempre que no sea, a su vez, legatario de
parte alícuota o heredero.[40] El
aspecto teleológico de la anotación preventiva del derecho legatario sobre el
bien inmueble legado, es proteger al legatario durante el período entre la
muerte del causante y la partición, ya que el juicio de testamentaría solo está
disponible para los herederos y legatarios de parte alícuota.[41] Tanto
el legatario de parte alícuota como el heredero pueden defender sus derechos en
el acto de partición de la herencia.
De conformidad con el Artículo 50.1 del
Reglamento Hipotecario, supra, el legado de cosa específica se separa
del cuerpo general de la herencia desde el momento de la muerte del testador, siempre
y cuando quepa en la porción de los bienes de los que el causante podía
disponer libremente, ya que el legatario puede ser privado de su
propiedad, total o parcialmente, si su legado mengua la legítima de los
herederos forzosos.[42] Por
el contrario, si existen bienes suficientes en la herencia para cubrir
los gastos y deudas, pagar las legítimas y solventar las demás obligaciones,
acreditados esos hechos con un inventario fiel y exacto del caudal, con su
correspondiente avalúo, el heredero o albacea no debe demorar en entregar el
legado.[43] A tales efectos, los
comentaristas Díez-Picazo y Antonio Gullón señalan que:
La entrega del legado por el albacea o
contador-partidor facultado para ello debe de hacerse una vez que haya
precedido la liquidación y partición general de la herencia, porque solamente
así puede saberse si cabe dentro de la cuota de la que puede disponer el
testador y no hay que reducirlo como protección de la legítima de los herederos
forzosos, salvo que éstos concurran a la entrega o manifiesten su conformidad
en que ésta se efectúe sin cumplir dicha formalidad.[44] (Énfasis y subrayado nuestro.)
El comentario anterior propone que cuando
el legado lesione la legítima, la entrega debe contar con el consentimiento de
los herederos forzosos. A tenor con lo
anterior, si existen herederos legitimarios, como en el presente caso,
"la entrega de legados o la percepción directa de éstos por los
legatarios, está sometida a la previa constatación de que no resulta violada la
legítima".[45] Ciertamente,
"los legitimarios están facultados para oponerse a la [entrega del legado]
que les sea perjudicial", razón por la cual pueden y deben
"intervenir para que sus derechos no resulten desconocidos o
vulnerados".[46]
En el presente caso, según el certificado
de cancelación de gravamen expedido por el Departamento de Hacienda surge
claramente que el caudal relicto estaba compuesto por una cantidad de dinero
líquida depositada en un banco, ascendente a la suma de veinte mil dólares
($20,000), además del referido apartamento legado, valorado en cien mil dólares
($100,000), el cual reflejaba una deuda hipotecaria de treinta y ocho mil
dólares ($38,000). De la faz de los
documentos del expediente ante nos, así como de los documentos presentados ante
el Registro de la Propiedad surgen dos situaciones: (1) la posibilidad de
inoficiosidad del legado;[47] y, (2) que no todos los herederos
forzosos ratificaron la entrega del apartamento legado. Si bien la causante legó el apartamento a su
hijo, aquí recurrente, éste aún no tiene un derecho cierto y seguro sobre el
mismo. Como señaláramos anteriormente,
la transmisión automática del dominio sobre el bien legado, está sujeto a que
existan bienes suficientes en el caudal hereditario para pagar las deudas del
caudal, y a que no se afecten las legítimas.
Además del legatario-legitimario, señor Alejandro Narváez Cruz, aquí
recurrente, existen otros herederos forzosos de la causante, a saber: sus
dieciséis (16) hijos restantes y sus tres (3) nietos (quienes heredarían por
estirpe). De la resolución sobre
declaratoria de herederos, así como de la escritura pública de Aceptación de
Herencia y Entrega de Legados y sus subsiguientes ratificaciones, surge que
tres hijos y dos nietos de la causante no ratificaron la entrega del bien
inmueble legado.[48]
III
Nos corresponde ahora analizar si en
efecto es necesario inscribir previamente el derecho hereditario sobre el bien
legado específicamente y qué papel juega la resolución judicial sobre
declaratoria de herederos y el certificado de cancelación de gravamen expedido
por el Departamento de Hacienda en este caso.
Veamos.
La calificación registral constituye la
piedra angular del principio de legalidad.
Esta calificación exige del Registrador de la Propiedad un juicio de
crítica jurídica sobre la validez y eficacia de los negocios jurídicos
contentivos en los documentos presentados, a través de la cual logramos que
sólo tengan acceso al Registro los títulos que cumplen las exigencias legales.[49] Reafirmamos que esta función calificadora no
tiene por objeto declarar la existencia o inexistencia de un derecho dudoso,[50]
sino simplemente publicar un derecho real o situación jurídica inmobiliaria.
El objeto de la calificación registral es
el examen de legalidad de las formas extrínsecas de los documentos, la capacidad
de las partes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las
escrituras a base de lo que resulta de ellas y de los asientos del Registro.[51] Cuando
se trata de documentos notariales, el Registrador tiene facultades
calificadoras más amplias que le permiten comprobar si el acto jurídico
otorgado es válido o nulo, pero cuando el negocio está sancionado por un
tribunal de justicia debe descansar en la presunción de validez de la
sentencia.[52]
En el presente caso, la función
calificadora del Registrador, aquí recurrido, era comprobar si el acto jurídico
contenido en la escritura pública de Aceptación de Herencia y Entrega de
Legado, era válido. A base de un
estudio integral de los documentos presentados para la solicitud de inscripción
de la referida escritura pública, se desprende claramente que no
consintieron todos los herederos forzosos.[53] Entendemos
que el Registrador recurrido no declaró que el legado del apartamento fuese un
legado inoficioso, sino que se limitó a señalar la falta de consentimiento a la
entrega del legado, de parte de varios de los herederos forzosos. El Registrador de la Propiedad no tiene
facultad para concluir sobre la inoficiosidad de un legado.
Ciertamente, el derecho hereditario de la
sucesión de doña Cruz Ayala no puede ser inscrito sobre el apartamento
legado. Esta conclusión se desprende
del texto de la Regla 50.1 del Reglamento Hipotecario,[54] el cual dispone lo siguiente:
El
derecho hereditario se inscribirá en todas las fincas señaladas por los
herederos interesados, como partes del caudal relicto por el causante, pero no
como si se hubiese creado un estado de condominio en cada una de las fincas o
derechos inscritos a favor del causante, en caso de ser más de un
heredero. De igual forma se expresarán
las inscripciones de la sentencia de divorcio registrable[s] en virtud del
Artículo 1330 del Código Civil [31 L.P.R.A. sec. 3714].
Podrán inscribirse a favor del heredero
único y a su instancia, los bienes y derechos que estuvieran inscritos a nombre
del causante, cuando no exista persona autorizada según el título sucesorio
para adjudicar la herencia o de haberla[,] cuando coincida la figura del
heredero con la de ésta, salvo que en este segundo supuesto la única persona
interesada en la herencia resultare ser dicho heredero, con arreglo al
testamento presentado.
Se
inscribirá siempre la cuota usufructuaria viudal a favor del cónyuge supérstite
que aparezca del título presentado.
No se inscribirá el derecho hereditario,
ya sea un heredero o más de uno, sobre bienes específicamente legados a menos
que, bien por acuerdo con el legatario favorecido o por sentencia judicial, se
declare inoficioso el legado o renuncie a él el legatario. (Énfasis
nuestro.)[55]
Inscribir
el derecho hereditario sobre el bien específicamente legado, sería una
actuación contraria a la disposición reglamentaria anteriormente citada. En este caso la resolución judicial sobre declaratoria de herederos y el certificado
de cancelación de gravamen expedido por el Departamento de Hacienda son
documentos que se deben incluir como complementarios, por ser necesarios para
que el Registrador de la Propiedad pueda calificar la escritura pública de
Aceptación de Herencia y Entrega de Legado.
En su función calificadora, el Registrador de la Propiedad debe requerir
aquellos documentos complementarios que le ayuden a determinar si el negocio
jurídico que pretende inscribirse es válido.
Si bien es cierto que una resolución judicial sobre declaratoria de
herederos y el certificado de cancelación de gravamen correspondiente, expedido
por el Departamento de Hacienda, por sí solos dan base a una inscripción de
derecho hereditario sobre los bienes inmuebles del causante en el Registro de
la Propiedad, no es menos cierto que en ciertas circunstancias esos documentos
no entran al Registro de la Propiedad en calidad de una inscripción separada e
independiente y sí como un documento complementario de un negocio jurídico,
cuya inscripción se solicita.
Como expresáramos en Sosa v. Registradora de la Propiedad,[56] "el documento complementario no es un documento cuya forma sea de orden inferior a la del documento registrable, sino que incluso puede ser igual o aún superior en muchos casos.[57] Por consiguiente, reafirmamos que "los documentos complementarios no son documentos de segunda clase".[58]
En el presente caso, a los fines de lograr una calificación adecuada sobre la escritura pública de Aceptación de Herencia y Entrega de Legado, el Registrador de la Propiedad tenía ante sí todos los documentos complementarios necesarios. Por lo tanto, actuó correctamente al denegar la inscripción solicitada expresando que no todos los herederos forzosos ratificaron la entrega del bien inmueble legado. En cuanto al requerimiento del Registrador de la Propiedad sobre la previa inscripción del derecho hereditario sobre el apartamento legado, erró, ya que de acuerdo con el Artículo 50.1 del Reglamento Hipotecario, supra, no procede inscribir el derecho hereditario sobre los bienes legados como inscripción previa, separada e independiente de la calificación de la referida escritura pública.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, procede confirmar la denegatoria de inscripción que emitiera el Registrador de la Propiedad de Puerto Rico, Sección Primera de Carolina, sobre la escritura pública de aceptación de herencia y entrega de legado, aunque por fundamentos jurídicos distintos.
Se dictará sentencia de conformidad.
Efraín E. Rivera Pérez
Juez Asociado
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 4 de enero de 2002.
Por
los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente, se dicta sentencia confirmando la denegatoria de
inscripción que emitiera el Registrador de la Propiedad de Puerto Rico, Sección
Primera de Carolina, sobre la escritura pública de aceptación de herencia y
entrega de legado, aunque por fundamentos jurídicos distintos.
Lo
acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo
Interina. El Juez Presidente señor Andréu
García, la Jueza Asociada señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri concurren sin opinión escrita.
Carmen
E. Cruz Rivera
Secretaria
del Tribunal Supremo Interina
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