Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2002
2002 DTS 062
PUEBLO V. IRIZARRY 2002TSPR062
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera
Pérez.
San Juan,
Puerto Rico, a 10 de mayo de 2002.
Este
Tribunal resuelve revocar una sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de
Apelaciones confirmando la convicción y sentencia dictada por el Tribunal de
Primera Instancia, después de emitir un fallo de culpabilidad contra la aquí
peticionaria por la comisión del delito de alteración a la paz, tipificado en
el inciso (a) del Artículo 260 de nuestro Código Penal.[1] Su evaluación y análisis del presente asunto parte de la premisa
de que los tres (3) errores señalados están íntimamente relacionados y, por
ende, los discute en forma conjunta.
La
Mayoría concluye que un examen integral y responsable de la
transcripción
de la prueba desfilada ante el Tribunal de Primera Instancia en el caso de
autos "causa en nuestro ánimo una intranquilidad de conciencia, esto es,
una duda razonable y fundada, respecto
a si el Estado demostró, más allá de duda razonable, la culpabilidad de
la peticionaria Liliana Irizarry".
Afirma que, después de realizar una lectura de la transcripción de la
evidencia, concluyó que estamos ante una situación de error manifiesto en la
apreciación de la prueba de parte del Tribunal de Primera Instancia. Expresa, que la prueba desfilada resulta ser
abrumadora respecto a que lo sucedido el día de los hechos, que genera la
controversia de autos, no sucedió como lo relata la testigo de cargo, señora
Migdalia Torres Pacheco. Concluye que
así quedó plenamente demostrado por el testimonio de varios testigos, objetivos
y desinteresados, con conocimiento personal de los hechos.
La Mayoría expresa que sometida la
prueba "al tenor del proceso analítico que dicta el imperativo de debido
proceso de ley que consagra el Artículo II, Sec. 11 de nuestra Constitución, le
es forzoso concluir que procede la revocación del dictamen
recurrido". Concluye, que
"luego de haber evaluado detenidamente la prueba, no albergamos una
convicción firme, esto es, esa satisfacción y tranquilidad de conciencia que debe
prevalecer en el ánimo adjudicativo cuando se confirma una sentencia
condenatoria". Califica tal
situación como una de incertidumbre que no le permite imprimirle un sello de
corrección al fallo de culpabilidad emitido por el foro de primera instancia. Más adelante la Mayoría expresa que la
prueba de cargo presentada por el Estado para sostener la culpabilidad de la
acusada, aquí peticionaria, más allá de duda razonable, por la comisión del
delito tipificado en el inciso (a) del Artículo 260 del Código Penal, supra,
"resulta ser insuficiente como cuestión de derecho". Concluye que las expresiones "embustera
y vieja ridícula" no son de tal grado hirientes e irritantes como para
causarle a una persona de sensibilidad ordinaria, una reacción violenta o un
sentido de grave alarma. Califica tales
expresiones como impropias y de mal gusto, capaces de causar malestar, pero que
por sí solas no ostentan el grado de injuria necesario para que la expresión,
desde un punto de vista objetivo y desde la perspectiva de una persona de
sensibilidad ordinaria, pueda considerarse delictiva. Respetuosamente disentimos.
A tenor con los documentos que
surgen de nuestro expediente, somos del criterio que todos los errores
señalados como cometidos por el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de
Circuito de Apelaciones no pueden ser discutidos y analizados conjuntamente.[2] La alegación de la parte peticionaria de que
el pliego acusatorio (denuncia) no imputa delito, no fue atendida por el Tribunal
de Circuito de Apelaciones. No consta
del recurso presentado ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, ni del
presente, copia de la denuncia presentada contra la acusada, aquí peticionaria,
ante el Tribunal de Primera Instancia y que culminó con el fallo de
culpabilidad, convicción y sentencia impuesta.
Tampoco surge, de haberse presentado, en ambos recursos copia de la
moción de desestimación presentada ante el Tribunal de Primera Instancia por la
defensa, a tenor con la Regla 64 (a) de Procedimiento Criminal.[3] La prueba de cargo se presenta para probar
que el acusado incurrió en conducta tipificada como delito, según imputada en
el pliego acusatorio. De plantearse
ante el Tribunal de Primera Instancia que el pliego acusatorio no imputa delito,
declarada no ha lugar la desestimación solicitada por ese motivo, desfilada
prueba de cargo para sostener la conducta imputada, recaído fallo de
culpabilidad, pronunciada convicta la acusada y dictada la sentencia
condenatoria, es procedente a nivel apelativo examinar tal pliego acusatorio
para poder evaluar el error señalado como cometido por el primero.
I
El Artículo 260 del Código Penal de
Puerto Rico, supra, dispone, en lo pertinente al asunto ante nos, lo
siguiente:
Será sancionada con pena de reclusión
por un término que no excederá de seis (6) meses, pena de multa que no excederá
de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal, toda
persona que voluntariamente realizare cualesquiera de los siguientes actos:
(a)
Perturbare la paz o tranquilidad de algún individuo o vecindario, con fuertes e
inusitados gritos, conducta tumultuosa u ofensiva o amenazas, vituperios,
riñas, desafíos o provocaciones.
...
El Artículo II, Sección 8, de la
Constitución de Puerto Rico dispone sobre el derecho de toda persona a estar
protegida por la ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su
vida privada y familiar.[4] Esta disposición constituye el principio
bajo el cual se asienta la política pública formulada que tipifica como delito
la conducta o expresiones antes descritas.
La modalidad de alteración a la paz
antes indicada consiste en perturbar la paz o tranquilidad de un individuo a
base de gritos fuertes e inusitados, conducta tumultuosa u ofensiva, amenazas,
vituperios, riñas, desafíos o provocaciones.
El acto de perturbar la paz o
tranquilidad de un individuo con riñas o palabras de riña, se refiere a
aquellas palabras que por el simple hecho de ser proferidas infligen daño o
tienden a causar una inmediata alteración a la paz.[5] Dichas palabras tienen que estar dirigidas a
por lo menos una persona. Las palabras
de riña se refieren a aquel tipo de palabras que una persona de inteligencia
común entendería que pueden ocasionar el que una persona promedio o de
sensibilidad ordinaria reaccione violentamente en respuesta a habérselas
proferido.[6]
Las expresiones ofensivas que caen
dentro del ámbito de la conducta delictiva antes indicada es aquella que causa
disgusto, que produce dolor u origina sensaciones desagradables.[7] Hemos definido vituperios como aquellos que
exponen injustamente a una persona a desprecio o vergüenza, que le causa
afrenta o deshonra, o que le adscribe el carácter de vicioso o indigno.[8] Las expresiones ofensivas o vituperios a una
persona tienen que ser hirientes e irritantes, a tal grado que sean capaces de
provocar una respuesta violenta (de riña).[9]
Recientemente nos expresamos sobre
este asunto en Pueblo v. Rodríguez Lugo.[10] Allí dijimos que se configura el delito de
alteración a la paz cuando se haya desplegado alguna conducta ofensiva o de
provocación, y que en efecto se haya perturbado la paz o la tranquilidad de
alguna persona. La paz de algún
individuo queda perturbada cuando la sensación de seguridad y tranquilidad que
toda persona siente al amparo de la ley es invadida. No es necesario, pues, que la víctima del delito haya en efecto
reaccionado con violencia para que se estime que se le perturbó la paz.[11]
Para que un acto o expresión sea
ofensivo tiene que ser tan hiriente e irritante que pueda causar que una
persona de sensibilidad ordinaria pueda reaccionar violentamente en respuesta a
éste. Es decir, que sea tan injurioso y
ofensivo que pueda provocar a una persona común reaccionar con violencia.[12]
En Pueblo v. Rodríguez Lugo, supra,
expresamos, además, que a la luz del principio de legalidad que rige el derecho
penal es menester conceptualizar los actos ofensivos del mismo modo que hemos
tratado el lenguaje ofensivo, en vista de que ambas modalidades del delito
surgen concretamente de una misma disposición estatutaria. Ambas están proscritas por el inciso (a) del
Artículo 260 del Código Penal, supra.
Para que la acción en cuestión pueda
considerarse criminal, deben estar presentes dos (2) elementos. El elemento objetivo, que es determinar si
el lenguaje y la acción realizada es ofensiva, es decir que sea tan hiriente e
irritante que pueda causarle a una persona de sensibilidad ordinaria reaccionar
con violencia al ser sometido a ella.
Para que el acto y lenguaje en cuestión pueda considerarse penalmente
ofensivo, es necesario examinar el contexto circunstancial en que ocurrió para
así poder apreciar si cualquier persona de sensibilidad ordinaria hubiese sido
capaz de reaccionar con violencia. El elemento
subjetivo, que consiste en determinar que en efecto se haya perturbado la paz
de la alegada víctima del delito.[13]
Para que el delito de alteración a
la paz se configure, es necesario que la persona perjudicada se encuentre en
paz. Por "paz" se entiende la
tranquilidad de que gozan los ciudadanos cuando reina el buen orden.[14] Para que se entienda alterada la paz de una
persona, no basta que ésta sienta un mero malestar con la expresión o conducta
desplegada en su contra, sino que tienen que ser capaces de provocar una
respuesta violenta (de riña), por resultar ofensivas, hirientes e irritantes.[15]
La primera testigo de cargo, señora
Migdalia Torres Mateo, declaró ante el Tribunal de Primera Instancia que el 23
de mayo de 2000 se dirigió, a eso de las 7:20 a 7:30 de la mañana, a la Escuela
John F. Kennedy, en calidad de Coordinadora de Distrito de la Federación de
Maestros. Tenía el propósito de visitar
esa escuela para descargar parte de sus funciones en tal capacidad, en torno a
ofrecer información a los maestros sobre la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de
1998, conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público
de Puerto Rico.[16] En ese mismo mes y año había transcurrido
todo el proceso y etapa de la campaña entre la Asociación de Maestros y la
Federación de Maestros, que aspiraban a obtener la confianza de los maestros
para representarlos en forma exclusiva frente al Departamento de
Educación. Salió victoriosa de ese
proceso la Federación de Maestros. La
señora Torres Mateo estuvo involucrada en la campaña de la Federación sobre el
Plan de Salud. Expresó que al llegar a
la escuela se encontró a unos compañeros e inmediatamente preguntó por la
Directora de la Escuela, señora Marta De Jesús, y le dijeron que no había
llegado. Por existir dudas entre el
personal clasificado de la escuela sobre el plan de salud, ella comenzó a
orientarlos y a contestar sus preguntas.
Durante el contrainterrogatorio declaró que recogió varias renovaciones
del plan de salud.
Recibió petición de la señora Carmen
Cabrera, maestra de esa escuela, para que se dirigiera a su salón de clases,
porque ésta interesaba hacerle una consulta relacionada con un problema que
ella tenía con la Directora de la escuela.
Terminó de orientar al personal clasificado y se dirigió a la oficina de
la Directora de la escuela para colocar en el tablón de edictos, que se
encuentra en la parte de esa oficina donde está ubicada la secretaria, copia de
un dictamen judicial relacionado con un procedimiento iniciado con la
presentación de una demanda por la Asociación de Maestros contra el
Departamento de Educación y la Federación de Maestros, donde se alegaba, entre
otras cosas, que la Asociación de Maestros tenía derecho a utilizar el tablón
de edictos de las escuelas. Por virtud de
dicho dictamen, se desestimó la demanda presentada por la Asociación de
Maestros contra el Departamento de Educación y la Federación de Maestros. Declaró que colocó copia de dicho documento
en el tablón de edictos con el propósito de brindarle información y orientación
a los maestros, por existir desinformación entre ellos relacionado con ese
tema, y se retiró. No había nadie
presente en la oficina de la Directora cuando colocó copia de dicho documento
en el tablón de edictos. Posteriormente
se dirigió al salón de clases de la maestra, señora Carmen Cabrera. Cerca de las 8:00 de la mañana se despidió
de la señora Cabrera, expresándole que regresaría luego a hablar con la
Directora de la escuela relacionado con el asunto que le planteara.
Cuando se disponía a retirarse, un
conserje le indicó que la Directora de la escuela le quería hablar; que pasara
a su oficina. Cuando entró a la
referida oficina se encontraba allí la señora Lilina Irizarry, y pudo
percatarse que estaba "molesta y nerviosa". La señora Irizarry, quien es simpatizante de la Asociación de
Maestros, le imputó haber retirado del tablón de edictos una propaganda de esa
organización. Ella le replicó que no
sabía nada de eso. Hasta ese momento
manifestó no sentirse molesta. Solicitó
de la Directora de la Escuela que orientara a la señora Irizarry sobre las
directrices impartidas por el Secretario de Educación sobre el asunto. Acto seguido, la señora Irizarry arrancó del
tablón de edictos el documento que había fijado allí la señora Torres Mateo, en
un estado que describe la testigo como "bien molesta", gesticulando
hacia ella con el documento en la mano.
En ese momento ella se comenzó a sentir alterada. Inmediatamente, y durante el manoteo con el
documento en su cara, le dijo "embustera" y poco después "vieja
ridícula". Todo esto frente a la
Directora de la escuela y otras personas, miembros del personal de esa
escuela. Declaró sentirse ofendida y
lastimada y que le expresó "si tu sigues en esa actitud de agresividad y
de ofensa yo voy a llamar a la Policía".
Expresó, además, que le había advertido en una ocasión anterior a la
Directora de la escuela que la señora Irizarry mantenía e insistía en conducta
y lenguaje agresivo hacia su persona, y que era a ella a quien le correspondía
llamar a la Policía. Que envió una
carta al Director Regional del Departamento de Educación sobre el asunto. Que la señora Irizarry mantenía una actitud
agresiva para con ella durante el incidente antes relatado, como parte de las
controversias que surgieron como producto de la campaña, y porque en ese
momento creía que ella había retirado una propaganda escrita de la Asociación
de Maestros del tablón de edictos.
Acudió al Cuartel de la Policía y fue atendida por el policía Félix
Espada.
Durante el contrainterrogatorio, la
señora Torres Mateo aclaró que la señora Irizarry le dijo
"embustera", refiriéndose a la decisión de la honorable Zadette
Bajandas, Juez Superior, desestimando la demanda que había incoado la
Asociación de Maestros contra la Federación de Maestros y el Departamento de
Educación. Aclaró que le dijo
"embustera" dentro de la oficina, y cuando se dispuso a retirarse
para no discutir con ella le dijo "vieja ridícula", y la continuó
insultando frente a todo el personal.
Especificó que acompañó ese lenguaje ofensivo al manoteo ya descrito,
con el documento que arrancó del tablón de edictos. Todo esto en alta voz y en actitud agresiva hacia ella.
Como segundo testigo de cargo, el
Ministerio Público sentó al policía municipal Félix Espada. Éste declaró que recibió la querella presentada
por la señora Torres Mateo y procedió a investigar el asunto. Que fue a la Escuela John F. Kennedy a
investigar los hechos y entrevistó a la señora Lilina Irizarry. Expresó que la señora Torres Mateo había
sido su maestra de escuela. Entrevistó
en la escuela a varias de las personas presentes, incluyendo a la señora Lilina
Irizarry. Expresó que esta última le
expuso su versión de los hechos. Que él
entendió como correcta la versión de la señora Torres Mateo.
El policía Espada declaró que cuando
fue a la escuela entrevistó a la señora Lilina Irizarry, y ésta le indicó que
quien había alterado la paz era la señora Torres Mateo, porque le había
removido un documento que ella tenía fijado en un tablón de edictos. No obstante, a preguntas del policía, la
señora Irizarry indicó que no la había visto hacerlo, pero que la secretaria de
la Directora de la escuela sí la había visto hacerlo. El policía Espada testificó que entrevistó a la secretaria de la
Directora de la escuela, y ésta negó que hubiera observado tal incidente.
Declaró el policía Espada que
entrevistó a la señora Torres Mateo con motivo de la querella presentada y ésta
le indicó que la señora Irizarry le había dicho "embustera" y
"vieja ridícula", mientras le manoteaba la cara frente a otros
maestros. Expresó que durante la
investigación entrevistó a esos otros maestros señalados por la señora Torres
Mateo que presenciaron el incidente, y éstos le indicaron que no vieron nada. Sobre estos hechos afirmó haber entrevistado
a la señora Marisol Burgos, secretaria de la Directora de la escuela y ésta le
indicó que no había visto nada de lo que la señora Torres Mateo le había
indicado que había ocurrido en la oficina de la Directora de la escuela.[17]
Concluida la prueba de cargo, la
defensa presentó varios testigos. En
primer lugar testificó la señora Marisol Burgos, quien declaró ser la
secretaria de la Directora de la Escuela John F. Kennedy. Expresó que su oficina es una antesala de la
oficina de la Directora de la escuela.
Indicó que el tablón de edictos en cuestión estaba ubicado al lado de su
escritorio. Declaró que ella vio a la
señora Torres Mateo remover un documento del tablón de edictos, que identificó
como un recorte de periódico relacionado con la Asociación de Maestros, y colocó
otro en su lugar. Expresó que la
Directora de la escuela iba entrando a su oficina en ese momento. Ofreció una versión de los hechos distinta a
la vertida por la señora Torres Mateo.
Declaró que le informó a la señora Irizarry que la señora Torres Mateo
había removido su propaganda y que quien se alteró y manoteó con los papeles en
la mano fue la señora Torres Mateo, dirigiéndose a la señora Irizarry. Negó que la señora Irizarry le hubiera dicho
"embustera" y "vieja ridícula" a la señora Torres Mateo. Negó, además, que el policía Espada la
hubiera entrevistado. Expresó que el
policía preguntó en su presencia, en ocasión de acudir a la Escuela John F.
Kennedy para investigar sobre los hechos, si habían testigos de lo ocurrido, y
que ella no contestó y continuó haciendo sus tareas.
Como segundo testigo declaró el
señor Wilfredo Márquez Colón, quien expresó ser maestro de matemáticas en la
Escuela John F. Kennedy y representante alterno de la Federación de
Maestros. Declaró que el día de los hechos
trató de subsanar un altercado que había entre la señora Lilina Irizarry y la
señora Migdalia Torres Mateo. Que
presenció tal incidente cuando se bajó de su automóvil. Expresó no tener conocimiento de incidente
alguno previo dentro de la escuela o en la oficina de la Directora.
Como tercer testigo de defensa
declaró la señora Marta Leticia De Jesús Rosa, quien a la fecha de los hechos
era Directora de la Escuela John F. Kennedy.
Declaró que escuchó una conversación fuera de su privado y en la parte
de su oficina donde está ubicada su secretaria. Que la conversación era entre la señora Torres Mateo y la señora
Irizarry, y se estaba sosteniendo en un tono de voz alto. Que apercibió a las personas envueltas sobre
la disciplina a observarse en un plantel escolar. Expresó no haber escuchado las palabras "embustera" y
"vieja ridícula" en boca de ninguna de esas personas.[18]
Se estipuló la prueba de reputación
a ofrecerse por la acusada. Los
testigos de defensa restantes se pusieron a la disposición del Ministerio
Público para ser entrevistados, porque no iban a ser utilizados.
II
En nuestro ordenamiento la
culpabilidad de una persona acusada de un delito tiene que ser demostrada con
prueba suficiente en derecho y más allá de toda duda razonable. Esto responde a las garantías
constitucionales, a la presunción de inocencia y a un debido proceso de ley.[19]
Es al Estado a quien le corresponde
presentar evidencia suficiente y demostrar la culpabilidad del acusado más allá
de toda duda razonable.[20] A los fines de condenar a un acusado, la
prueba necesaria a ser ofrecida por el Ministerio Fiscal y admitida, además de
suficiente, tiene que ser prueba satisfactoria, que produzca certeza o
convicción moral en una conciencia exenta de preocupación.[21]
El Ministerio Fiscal no cumple con
el requisito de probar la culpabilidad de un acusado más allá de duda
razonable, presentando prueba que meramente sea suficiente, esto es, que verse
sobre todos los elementos del delito imputado.
Se le requiere, además, que la evidencia presentada, además de sostener
prima facie los elementos del delito, tiene que ser satisfactoria, es decir,
que produzca certeza y convicción moral en una conciencia exenta de
preocupación o en un ánimo no prevenido.[22]
La apreciación que hace un juzgador
de la evidencia desfilada durante un proceso judicial criminal es una cuestión
mixta de hecho y de derecho. Por eso,
el análisis que de la prueba presentada se realiza "pone en movimiento,
además de la experiencia del juzgador, su conocimiento del Derecho para así
llegar a una solución justa de la controversia".[23] Es por ello que la determinación que realiza
el juzgador de los hechos a nivel del foro de primera instancia, a los efectos
de que la culpabilidad del imputado del delito ha quedado establecida más allá
de duda razonable, es una que es revisable en apelación "como cuestión de
derecho".[24]
Es norma jurisprudencial reiterada
que esa determinación de culpabilidad que hace el juzgador de los hechos a
nivel de primera instancia, es merecedora de gran deferencia por parte del
tribunal apelativo. El fundamento o
base en que se apoya la referida norma es obvio: dicho juzgador es el que, de
ordinario, está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical, ya que
fue el que escuchó y vió declarar a los testigos.[25]
Este Tribunal ha expresado en
reiteradas ocasiones que, de ordinario, no intervendremos con el veredicto
condenatorio emitido por un jurado o el fallo de culpabilidad de un juez, en
ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación
que de la prueba fue realizada.[26]
Todo lo anteriormente expresado no
significa que la determinación de culpabilidad realizada por el juzgador de los
hechos constituye una barrera insalvable.
Cuando surge prima facie de la prueba presentada los elementos del
delito imputado, pero la apreciación de esa prueba se distancia de la realidad
fáctica o es inherentemente imposible o increíble, entonces la intervención del
tribunal apelativo es necesaria y procedente.
Las determinaciones que hace el juzgador de los hechos no deben ser
sustituidas por el criterio del foro apelativo, a menos que de la prueba
admitida surja que no existe base suficiente que apoye tal determinación.[27]
¿Sostiene prima facie la prueba
presentada por el Ministerio Público y admitida por el Tribunal de Primera
Instancia los elementos del delito de alteración a la paz tipificado en el
inciso (a) del Artículo 260 del Código Penal de Puerto Rico, supra? La contestación es en la afirmativa.
La prueba insuficiente es aquella
que aún de ser creída por el juzgador de los hechos, no es suficiente para
establecer los elementos necesarios de responsabilidad criminal. Si de la prueba de cargo presentada existe
una "scintilla" de evidencia sobre todos los elementos del delito
imputado, el Estado ha presentado un caso prima facie contra el acusado.[28] Del cuadro fáctico que exhibe el caso de
autos se desprende claramente que el Estado presentó prueba que sostiene un
caso prima facie contra la acusada por infringir el inciso (a) del Artículo 260
del Código Penal, supra. Veamos.
Surge de la transcripción de la
evidencia que los hechos de este caso constituyen un episodio entre varias
controversias que se suscitaron entre la señora Lilina Irizarry y la señora
Migdalia Torres Mateo, como consecuencia del proceso y etapa de la campaña
entre la Asociación de Maestros y la Federación de Maestros para obtener la
confianza de los maestros para representarlos en forma exclusiva frente al
Departamento de Educación. De la prueba
de cargo ofrecida y admitida surge que la señora Irizarry mantenía e insistía
en una actitud agresiva hacia la señora Torres Mateo, como consecuencia de esa
controversia.
La Asociación de Maestros de Puerto
Rico presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,
una demanda contra la Federación de Maestros y el Departamento de Educación
donde, entre otras cosas, alegaba que tenía el derecho a utilizar el tablón de
edictos de las escuelas. Ese Tribunal
dictaminó por escrito en forma desfavorable a la Asociación de Maestros. Ese era el documento al que se refirió la
testigo de cargo, señora Torres Mateo, como el que ella había fijado copia en
el tablón de edictos para el conocimiento e información de los maestros de esa
escuela.
Somos del criterio que de la prueba
de cargo presentada surge que la señora Irizarry incurrió en conducta hablada y
no hablada, constitutiva esta última de acciones y de gestos, de la cual se
desprenden vituperios, ofensas y una actitud de provocación de su parte,
dirigida esa conducta a perturbar la paz y tranquilidad de la señora Torres
Mateo. El Estado sostuvo prima facie
con su prueba que los actos y el lenguaje utilizado por la señora Irizarry
expuso injustamente a la señora Torres Mateo al desprecio de las personas allí
presentes. Esa prueba tiende a sostener
que tal conducta tuvo el propósito de señalarla como una persona indigna y
producir vergüenza y deshonra a una maestra de escuela, la señora Torres Mateo. Esa prueba fue presentada para establecer
que la paz y tranquilidad de la señora Torres Mateo, que se encontraba en
gestiones gremiales oficiales válidas y propias en una escuela, quedó
perturbada cuando la sensación de seguridad y tranquilidad que una persona
razonable siente al realizar tal gestión al amparo de la ley es invadida. No es necesario que la prueba de cargo
evidencie que la señora Torres Mateo reaccionó con violencia para sostener
prima facie que se le perturbó la paz, bajo las presentes circunstancias.
No nos presenta duda alguna que la
prueba de cargo sostiene prima facie que el lenguaje y las acciones observadas
por la señora Irizarry fueron ofensivas, hirientes e irritantes, a tal punto
que pueden ocasionar que cualquier maestro de escuela de sensibilidad ordinaria
hubiese sido capaz de reaccionar con violencia, de encontrarse que fue
insultado, deshonrado y señalado como indigno al realizar una gestión oficial
como representante gremial, con derecho a estar en el sitio donde le fue
perturbada su paz y tranquilidad.
La prueba de cargo tiende a sostener
que la señora Torres Mateo se encontraba en un estado de paz y tranquilidad
hasta el momento que es requerida y entra en la oficina de la Directora de la
escuela, donde es objeto y víctima de las acciones y el lenguaje de la señora
Irizarry. El primer error señalado no
fue cometido.
¿Sostiene la prueba de cargo
presentada la culpabilidad de la acusada más allá de duda razonable por la
comisión del delito de alteración a la paz tipificado en el inciso (a) del
Artículo 260 del Código Penal, supra?
La contestación es en la afirmativa.
La insuficiencia de la prueba es
algo muy distinto a la prueba conflictiva o contradictoria. Cuando se presenta prueba de todos los
elementos esenciales del delito y tal prueba es contradicha, realmente no se
trata de un caso de prueba que no es suficiente para imponer responsabilidad
criminal, por no establecer prima facie la presencia de todos los elementos del
delito. Estando establecido prima facie
por el Estado el delito imputado y presentada prueba que la contradice, el
llamado a resolver tal conflicto es el juzgador de los hechos.[29]
En el caso de autos fue presentado
el testimonio de la señora Torres Mateo como prueba de cargo que sostiene prima
facie, como hemos expuesto previamente, la comisión del delito de alteración a
la paz tipificado en el inciso (a) del Artículo 260 del Código Penal, supra. La defensa presentó prueba testifical que
contradice la misma, inclusive el testimonio de la señora Marisol Burgos
contiene una versión totalmente distinta a la ofrecida por la señora Torres
Mateo. El Tribunal de Primera Instancia
le impartió credibilidad a la prueba de cargo al dirimir el conflicto de la
prueba ofrecida por las partes y admitida como evidencia. Entendemos que no incurrió el Tribunal de
Primera Instancia en error manifiesto en la apreciación de la prueba, ni mucho
menos actuó con pasión, prejuicio o parcialidad. Entiendo que actuó correctamente al encontrar que la prueba de
cargo demostró más allá de duda razonable la comisión del delito tipificado en
el inciso (a) del Artículo 260 del Código Penal, supra. Veamos.
Hemos expresado, en reiteradas
ocasiones, que no intervendremos con un fallo inculpatorio emitido por un Juez
de primera instancia en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error
manifiesto en la apreciación de la prueba presentada y admitida. La responsabilidad de demostrar que es
procedente, como cuestión de derecho, la intervención con el fallo emitido a
nivel de primera instancia recae sobre el apelante ante el Tribunal de Circuito
de Apelaciones y posteriormente ante este Tribunal, de ser necesario.[30]
La señora Burgos ofreció un
testimonio que contradecía el vertido por la señora Migdalia Torres Mateo sobre
lo ocurrido el día de los hechos y el vertido por el policía Félix Espada sobre
sus hallazgos durante la investigación que realizara como consecuencia de la
querella presentada por la señora Torres Mateo. La Directora de la escuela, señora Marta Leticia De Jesús Rosa,
testificó que no vio nada de lo relatado por la testigo de cargo, señora
Migdalia Torres Mateo, y por la testigo de defensa, señora Marisol Burgos, su
secretaria.
De la prueba desfilada y admitida
surge que las personas que la señora Torres Mateo informó que habían presenciado
el incidente eran compañeros de trabajo de la señora Lilina Irizarry, maestros
todos de la Escuela John F. Kennedy.
Esas son las personas que el policía Espada testificó que entrevistó y
resultaron "ciegos y sordos".
Establecido por el Estado en el caso
de autos un caso prima facie de alteración a la paz, no encontramos que la
apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia se
distancie de la realidad fáctica o que la versión de los testigos de cargo sea
inherentemente imposible o increíble.
Concluimos, que el apelante ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones,
y aquí peticionario, no ha colocado a este Tribunal en posición de intervenir
con la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia
a base de excepción y como cuestión de derecho, al principio general que el
juzgador de hechos es el que, de ordinario, está en mejor posición para
aquilatar la prueba testifical, ya que fue el que escuchó y vio declarar a los
testigos.
Concluimos
que la prueba de cargo desfilada y admitida no sólo es suficiente como cuestión
de derecho, sino que sostiene más allá de duda razonable que la acusada, aquí
peticionaria, incurrió en actos y conducta agresiva e hizo uso de lenguaje
ofensivo y palabras que eran hirientes e irritantes, y en conjunto constituían
una provocación y una afrenta a la honra y dignidad de la señora Torres Mateo
como maestra, en frente de otras personas, maestros la mayoría de ellos, que le
causó un sentido de grave alarma y una reacción defensiva, constitutiva de
retirarse del lugar y acudir al Cuartel de la Policía. Esa prueba de cargo ofrecida y admitida fue
una satisfactoria, que produce en un ánimo no prevenido y en una conciencia
exenta de preocupación la certeza y convicción moral necesaria para concluir en
la forma y manera que lo hizo el Tribunal de Primera Instancia.
No compartimos el criterio de la
Mayoría, que de la transcripción de la prueba surge que la determinación del
foro de primera instancia estuvo apoyada solo sobre las expresiones
"embustera" y "vieja ridícula" para concluir sobre la
comisión del delito de alteración a la paz, más allá de duda razonable. El tercer error señalado no fue cometido.
III
¿Tenía que atender el Tribunal de
Circuito de Apelaciones el segundo error que le fue señalado, a los efectos de
que el pliego acusatorio no imputaba el delito tipificado en el inciso (a) del
Artículo 260 del Código Penal, supra, en forma separada de los demás
errores también señalados? La
contestación es en la afirmativa.
El desfile y admisión de prueba de
cargo suficiente para establecer prima facie los elementos de un delito, según
tipificado en nuestro Código Penal, y satisfactoria, como cuestión de hecho y
de derecho, para sostener la comisión de tal delito, no subsana los defectos
sustanciales de un pliego acusatorio insuficiente, que no imputa todos los
elementos del delito según tipificado, una vez es pronunciada culpable y
declarada convicta la persona acusada de tal delito y de emitida la sentencia
condenatoria.
La Regla 196 de Procedimiento
Criminal[31] y las
Reglas 26 y 28 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones[32] no
disponen de requisito alguno dirigido al apelante ante el Tribunal de Circuito
de Apelaciones para incluir junto con su escrito de apelación ni su alegato
copia de documento alguno de los autos originales del Tribunal de Primera
Instancia.
Cuando es señalado ante el Tribunal
de Circuito de Apelaciones un error en un recurso de apelación criminal como el
presente, o sea, constitutivo de que el Tribunal de Primera Instancia incidió
al considerar y resolver que la denuncia formulada ante sí era una que imputa
delito, el primero tiene la obligación de considerar, atender y resolver lo
planteado por el apelante, por ser el recurso de apelación uno compulsorio y
obligatorio para ese Tribunal.[33]
Para el Tribunal de Circuito de
Apelaciones poder cumplir con tal cometido, la Regla 199 de Procedimiento
Criminal[34]
dispone lo siguiente:
Salvo lo que más adelante se dispone,
las apelaciones se ventilarán con vista de los documentos originales que obren
en autos y de la exposición o transcripción de la prueba oral, los que
constituirán el expediente de apelación.
(Énfasis nuestro.)
La
Regla 203 de Procedimiento Criminal[35]
prescribe, a esos efectos, lo siguiente:
Después
de haberse presentado el escrito de apelación, y dentro de los términos
prescritos en la Regla 210, el secretario del tribunal apelado remitirá al
Tribunal de Circuito de Apelaciones todos los documentos originales del proceso
objeto de la apelación, excepto aquellos cuya omisión se hubiere convenido por
las partes mediante estipulación escrita unida a los autos. El secretario del tribunal apelado unirá a
dichos documentos una certificación que los identifique adecuadamente. (Énfasis nuestro.)
Añade
la Regla 205 de Procedimiento Criminal,[36] en lo
pertinente, lo siguiente:
Los
escritos y documentos originales se unirán en uno o más volúmenes y las páginas
se numerarán consecutivamente. Se
preparará un índice completo independientemente o como parte de la
certificación de identificación a que se refiere la Regla 203.
La
Regla 206 de Procedimiento Criminal[37]
expresa sobre el tema lo siguiente:
No será
necesaria la aprobación del expediente de apelación por el tribunal
apelado. Pero si surgiere alguna
discrepancia respecto a si el expediente refleja fielmente lo ocurrido en el
tribunal apelado, la cuestión se someterá a dicho tribunal, el cual resolverá
la controversia y conformará el expediente a la verdad. Si por error o accidente se omitiere o se
relacionare equivocadamente alguna porción del expediente, de importancia para
cualquiera de las partes, éstas mediante estipulación, o el tribunal apelado,
antes o después de enviarse el expediente al Tribunal de Circuito de
Apelaciones, o el propio Tribunal de Circuito de Apelaciones, a solicitud de
parte o a instancia propia, podrá ordenar que se cubra la omisión o que se
corrija la aserción errónea y si fuera necesario que se certifique o se envíe
por el secretario del tribunal apelado un expediente suplementario. Cualquier otra cuestión relacionada con el
contenido y la forma del expediente deberá plantearse al Tribunal de Circuito
de Apelaciones. (Énfasis nuestro.)
Por
último, la Regla 210 de Procedimiento Criminal[38]
dispone lo siguiente:
El expediente de apelación provisto en las Reglas 199,
203, 205, 206 y 207 deberá archivarse en el Tribunal de Circuito de Apelaciones
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de la presentación del
escrito de apelación, excepto que cuando hubiere más de una apelación
interpuesta contra la sentencia por dos o más acusados apelantes, el tribunal
apelado podrá fijar el término para dicho archivo, que en ningún caso será
menor del término antes expresado. En
todos los casos, el tribunal apelado, en el ejercicio de su discreción, con o
sin moción o notificación al efecto, podrá prorrogar el término para el archivo
del expediente de apelación por un período no mayor de sesenta (60) días
adicionales. Cualquier prórroga
ulterior sólo podrá concederse por causa justificada, la cual se hará constar
en la orden concediendo la prórroga.
Copia de esa orden deberá ser notificada al Tribunal de Circuito de
Apelaciones. (Énfasis nuestro.)
El
Tribunal de Circuito de Apelaciones estaba en la obligación de atender y
resolver el segundo error señalado por el apelante, a los efectos de que el
Tribunal de Primera Instancia incidió al resolver que la denuncia imputaba delito,
con vista de los documentos originales que obran en autos, y que junto a la
transcripción de la prueba oral realizada constituyen el expediente de
apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. De no haberse remitido por el Tribunal de
Primera Instancia los autos originales, a tenor con lo dispuesto en las Reglas
203 y 210, supra, el Tribunal de Circuito de Apelaciones estaba obligado
a ordenarle al Tribunal de Primera Instancia tal remisión y estaba impedido de
disponer finalmente del recurso ante sí, por no estar perfeccionado el recurso
cuando dispuso de él, pues no estaba en posición de atender y resolver el
segundo error señalado.[39]
La
Regla 64 (a) de Procedimiento Criminal, supra, dispone lo siguiente:
La moción para desestimar la acusación o la denuncia,
o cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o más de los
siguientes fundamentos:
(a) Que la acusación o denuncia no imputa un delito.
...
Este
fundamento de desestimación implica que, admitido como cierto lo alegado en el
pliego acusatorio (denuncia o acusación) no se configura o satisface tipo penal
alguno bajo los estatutos penales vigentes en Puerto Rico. Aunque no tiene que tratarse del mismo
delito invocado en la acusación, si el tribunal estima que la acusación imputa un
delito distinto al pretendido por el Ministerio Público hay que tener en cuenta
la relación entre el delito pretendido por el fiscal y el delito que a juicio
del tribunal se imputa en la acusación.
Si se trata de delito distinto, no incluido en el que se pretendía
imputar, puede surgir un problema de prescripción o de que no se determinó
causa probable para el arresto o para acusar por el delito correcto, lo que
constituyen causas independientes de desestimación.[40]
Al
evaluar la moción de desestimación por este fundamento, el tribunal ha de tomar
en cuenta el principio de legalidad establecido en el Artículo 8 del Código
Penal de Puerto Rico[41] que
dispone lo siguiente:
No se instará acción penal contra persona alguna por un
hecho que no esté expresamente definido por la ley como delito, ni se impondrán
penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido.
No se podrán crear por analogía delitos, penas, ni
medidas de seguridad.
El
tribunal debe considerar el principio de interpretación restrictiva de la ley
penal, en el sentido de que al considerar los hechos imputados en la acusación,
junto con la ley penal que define el delito imputado, las dudas que permanecen
sobre si se satisface o no el tipo penal después de considerar las normas de
interpretación de estatutos, deben ser resueltas a favor del acusado. Aunque este principio de interpretación
restrictiva de la ley penal favorece al acusado en cuanto al alcance de ese
tipo de estatuto, que define un delito, debe tenerse presente que no exige que
a las palabras de un estatuto de esa naturaleza debe impartírsele su
significado más limitado o que deba hacerse caso omiso de la evidente intención
del legislador.[42]
La
moción de desestimación basada en que el pliego acusatorio no imputa delito es
privilegiada, en el sentido de que puede presentarse en cualquier momento, de
conformidad con lo dispuesto en la Regla 63 de Procedimiento Criminal.[43] Sin embargo, si se trata de un defecto
subsanable puede ser corregido mediante enmienda al pliego acusatorio. Puede enmendarse una acusación o denuncia
para corregir un defecto de insuficiencia.[44]
Si la
acusación o la denuncia adolecieren de algún defecto u omisión sustancial, el
tribunal en el cual se ventilare originalmente el proceso podrá permitir, en
cualquier momento antes de la convicción o absolución del acusado, las
enmiendas necesarias para subsanarlo.
Si se tratare de una acusación, el acusado tendrá derecho a que se le
celebre nuevamente el acto de lectura de la acusación. Si se tratare de una denuncia, el acusado
tendrá derecho a que el juicio se celebre después de los cinco (5) días
siguientes a aquel en que se hiciere la enmienda.[45]
A
diferencia del defecto de forma, el defecto sustancial es el que perjudica los
derechos sustanciales del acusado, bien porque le impide preparar adecuadamente
su defensa o porque, sencillamente, tiene el defecto de insuficiencia de la
acusación o denuncia.[46] La norma de enmienda al pliego acusatorio
para subsanar el defecto sustancial establecida en la Regla 38 (b) de
Procedimiento Criminal[47] es de
gran liberalidad. Se permiten las
enmiendas para corregir el defecto sustancial en cualquier momento antes de la
convicción o absolución del acusado. La
norma de enmienda para corregir un defecto de forma establecida en la Regla 38
(a) de Procedimiento Criminal[48] es
más liberal solo en cuanto establece que las enmiendas son permisibles en
cualquier etapa y que el fallo o veredicto subsana tácitamente todo defecto de
forma en el pliego acusatorio. No
obstante, las enmiendas al pliego acusatorio se permiten antes del fallo o
veredicto, lo mismo para el defecto de forma que para el defecto
sustancial. La diferencia consiste en
que en el caso del defecto sustancial, el acusado tiene derecho a una nueva
oportunidad de enfrentarse al pliego acusatorio para la alegación
correspondiente, y tiempo adicional para preparar su defensa.[49]
El
defecto de insuficiencia significa que el pliego acusatorio no imputa delito
alguno tipificado bajo las leyes penales de Puerto Rico. El defecto de insuficiencia es causa para la
desestimación de la acusación o denuncia.[50] No obstante, la Regla 66 de Procedimiento
Criminal[51]
permite y exige al Tribunal de Primera Instancia practicar la enmienda de un
pliego acusatorio que padece de un defecto sustancial que pueda subsanarse
mediante la misma antes de la convicción o absolución del acusado.[52]
El
acusado no puede ser válidamente sentenciado si la acusación no imputa
delito. Si la enmienda al pliego
acusatorio que padece de defecto sustancial, por no imputar delito alguno, no
se hace antes del fallo o veredicto, la desestimación será sin perjuicio de que
el fiscal inicie un nuevo proceso bajo un nuevo pliego acusatorio sin defecto
de suficiencia.[53] Una desestimación de la acusación por un
fundamento de derecho ajeno a una determinación de inocencia y absolución, como
la solicitada ante el Tribunal de Primera Instancia en este caso, no impide
ulteriores procedimientos, en ese Tribunal o en revisión, bajo la cláusula constitucional
de doble exposición. No obstante, si el
defecto que provoca la desestimación es insubsanable, como lo sería el de
prescripción del delito, entonces habría un impedimento para un nuevo proceso.[54]
IV
Por
los fundamentos antes expuestos, hubiéramos confirmado la sentencia recurrida,
emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, que, a su vez, confirmó el
fallo de culpabilidad emitido por el Tribunal de Primera Instancia contra la
acusada, en cuanto a su determinación de que la prueba de cargo era suficiente
y satisfactoria para concluir de esa forma.
No obstante, devolveríamos el presente caso al foro intermedio apelativo
para que, una vez remitido los autos originales por el Tribunal de Primera Instancia,
resolviera el segundo señalamiento de error levantado por la parte apelante, a
los efectos de que la denuncia presentada por alteración a la paz no imputa
tipo de delito alguno.
Efraín
E. Rivera Pérez
Juez Asociado
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oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
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