Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2002
2002 DTS 109
SHULER V. SHULER 2002TSPR109
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO
RICO
James D. Shuler
Recurrida
v.
Leone M. Shuler
Peticionario
Certiorari
2002 TSPR
109
157 DPR
____
Número del Caso: CC-2002-352
Fecha: 19 de agosto de 2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II
Jueza Ponente: Hon.
Jeannette Ramos Buonomo
Abogada de la Parte Peticionaria: Lcda. Larissa Torres del Campillo
Abogada de la Parte Recurrida: Lcda. Sigrid López González
Materia: Divorcio (Separación),
Existe Jurisdicción sobre el demandado no residente en un pleito de divorcio si
se cumple con el artículo 97 Código civil, Jurisdicción in personam.
ADVERTENCIA
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Opinión del
Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LOPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto
de 2002
La
parte demandada, aquí peticionaria, Leone M. Shuler y el demandante, aquí
recurrido, James D. Shuler, contrajeron matrimonio el día 7 de octubre de 1989,
en el estado de Virginia, Estados Unidos de Norteamérica. Allí establecieron su
residencia conyugal en la ciudad de Virginia Beach. El 17 de junio de 1991
nació, en el referido estado, la única hija procreada durante su matrimonio, de
nombre Victoria Anne Marie Shuler.
Alrededor de dos meses después, esto es,
durante el mes de agosto de ese mismo año, el demandante-recurrido tuvo que trasladarse
a Panamá como integrante del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos;
ello, a requerimiento de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos, a las cuales pertenecía. No obstante su
traslado, éste quedó adscrito al servicio activo del Ejército en Virginia
Beach. Tanto la demandada-peticionaria, como la hija menor, ambas domiciliadas
del estado de Virginia, permanecieron viviendo en la residencia que compartían
con el demandante en Virginia Beach antes de que éste fuera trasladado a
Panamá.
Cabe señalar que, mientras el demandante
se encontraba destacado en Panamá, el 16 de agosto de 1994 --a solicitud de la demandada y debido a
problemas surgidos entre ellos-- el Tribunal de Circuito de la Ciudad de Virginia
Beach, emitió un decreto mediante el cual le concedió la custodia legal de la
menor a la Sra. Shuler, ello basado en una estipulación entre las partes, y
sujeta tal custodia al derecho de visita que dicho foro judicial concedió al
Sr. Shuler. Conjuntamente con tal decreto de custodia, el referido tribunal le
impuso al demandante el pago de una pensión alimentaria pendente lite mensual
por la cantidad de novecientos ochenta y tres dólares ($983.00) a favor de la
Sra. Shuler y de la menor.
Alrededor de dos años después, para
el 24 de enero de 1996, el demandante finalizó su término como militar activo,
retirándose de las fuerzas armadas, efectivo dicho retiro el 29 de febrero de
1996; su “status” como ex– miembro del Ejército cambió al de civil-retirado de
las fuerza armadas.[1]
Así las cosas, durante el mes de
febrero del año 2000, el demandante se mudó a Puerto Rico, estableciendo aquí
su residencia y comenzando a trabajar para la firma Logistics Management
Resources, Inc., donde fue contratado como “persona civil” (“civilian contractor”),
encargado de la administración de sistemas de informática del Ejército del
Comando Sur ubicado en el Fuerte Buchanan, Guaynabo, Puerto Rico. Desde
entonces, el demandante reside en la Urb. Jardines de Caparra, Bayamón; obtuvo
su licencia de conducir del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y radicó su
Planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuos correspondiente al año
2000.
Luego de haber residido en Puerto
Rico por más de un año, el 6 de junio de 2001, James Shuler radicó, en
el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, demanda de divorcio
por la causal de separación contra su esposa, Leone M. Shuler. Alegó, en
síntesis, que ambos se encontraban separados de manera ininterrumpida desde el
mes de agosto de 1991, cuando la demandada se negó a acompañarlo a sus tareas
militares en Panamá. Adujo que ésta alegadamente le había expresado su interés
de finalizar la relación matrimonial durante el mes de junio de 1993, y que no
existía posibilidad de reconciliación alguna entre ambos. En la demanda,
además, solicitó del foro de instancia que redujera la pensión alimentaria
mensual de $983.00 dólares impuesta por el tribunal de Virginia a favor de la
menor y de su esposa, y que fijara una de trescientos dólares ($300.00), únicamente
a favor de la menor.
I
Expuestos los hechos materiales
pertinentes, procedemos a detallar el trámite procesal del caso de
autos, por ser éste de particular relevancia a la correcta solución del mismo.
Radicada la demanda el 6 de junio de 2001, el demandante compareció nuevamente
ante el foro primario el 31 de julio del mismo año, en solicitud de que se le
autorizara emplazar a la demandada mediante edicto ya que ésta no residía en
Puerto Rico. El tribunal de instancia accedió a ello. A esos efectos, dicho
foro ordenó la publicación del edicto
correspondiente y que se cumpliera con los trámites dispuestos en la Regla 4.5
de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.4.5, para notificar a la
demandada de la radicación del pleito de autos a su última dirección conocida.
Por otra parte, el día 4 de
septiembre de 2001, el demandante radicó moción en solicitud de que se le
anotara la rebeldía a la demandada y se señalara vista a tales efectos. Luego
de ello, el 26 de septiembre, radicó una moción en cumplimiento de orden
informando al tribunal que, según le fuera ordenado, había llevado a cabo los
trámites correspondientes con respecto al emplazamiento de la demandada, ello
en estricto cumplimiento con las disposiciones legales pertinentes. Solicitó,
además, del tribunal que señalara fecha para la celebración de la vista en su
fondo. En el entretanto, el 27 de
septiembre, el tribunal emitió una orden mediante la cual le anotó la rebeldía
a la Sra. Shuler, señalando vista en su fondo para el 22 de octubre de 2001.
Dicha orden fue notificada a las partes el día 3 de octubre.
El 17 de octubre siguiente, la
demandada compareció mediante escrito
intitulado “Comparecencia Especial y Solicitud de Desestimación”, especificando
en el mismo que comparecía sin someterse a la jurisdicción del tribunal. Alegó
que dicho foro carecía de jurisdicción tanto sobre su persona como sobre la
persona del demandante, por lo que el tribunal no podía entender en el caso de
epígrafe, solicitando la desestimación del mismo sin necesidad de ulteriores
trámites procesales al respecto. Alegó que el demandante todavía era un
domiciliado del Estado de Virginia, razón por la cual no podía ser considerado
como residente de Puerto Rico como para poder entablar aquí una demanda de
divorcio en su contra, según ello lo requiere y dispone el Artículo 97 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 331.
De otra parte, sostuvo que el tribunal de
primera instancia no tenía jurisdicción sobre su persona; ello debido a que era
una demandada ausente de Puerto Rico, no era domiciliada de la Isla y carecía
de contacto mínimo alguno con esta jurisdicción. En síntesis, alegó que no
estaban presentes ninguna de las instancias establecidas por la Regla 4.7
de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.III, R.4.7, mediante las cuales
se puede adquirir jurisdicción en Puerto Rico sobre las personas ausentes de
nuestro territorio. En apoyo de su contención adujo que nunca había vivido en
Puerto Rico; que no posee inmuebles en la Isla; y que, tanto ella, como la
menor procreada en el matrimonio, siempre han residido en el Estado de
Virginia.
Ambas partes comparecieron a la
“vista en rebeldía”, previamente señalada por el tribunal, el día 22 de octubre
siguiente.[2] Dicha vista fue, sin embargo,
suspendida, con el propósito de brindarle al demandante un término razonable de
tiempo para expresarse en cuanto a la solicitud de desestimación radicada por
la demandada. El tribunal, no obstante, procedió a re-señalar la celebración de
la vista de divorcio en su fondo para el día 13 de diciembre de 2001.
El 8 de noviembre siguiente, el
demandante radicó su oposición a la solicitud de desestimación y, el 15 de
noviembre, la parte demandada radicó la correspondiente réplica. Con el
beneficio de tales comparecencias, el 3 de diciembre de 2001, el tribunal de
primera instancia emitió orden mediante la cual denegó la solicitud de
desestimación instada por la demandada. Sostuvo el tribunal, en la orden que a
esos efectos emitiera, que tenía jurisdicción sobre la persona del demandante,
debido a que éste radicó la demanda de divorcio luego de haber cumplido un año
de residencia en Puerto Rico, ello en virtud de las disposiciones del Artículo
97, ante. A renglón seguido, determinó que tenía jurisdicción sobre la persona
de la demandada pues el emplazamiento por edicto, correctamente dirigido y
diligenciado en su contra, se la confirió.
Ambas partes comparecieron a la vista en
su fondo del caso pautada para el 13 de diciembre de 2001. La demandada
compareció haciendo la reserva de que no se estaba sometiendo a la jurisdicción
del tribunal, solicitando se suspendiera la vista toda vez que estaba en
trámites de decidir si revisaba la orden previamente emitida, y que, de
participar activamente en la vista en los méritos, cualquier planteamiento
jurisdiccional sobre su persona se tornaría académico. El tribunal accedió a
tal solicitud, no sin antes imponerle una sanción económica de ciento
veinticinco dólares ($125.00), ello mediante orden emitida en corte abierta. El
tribunal procedió a señalar nuevamente vista en su fondo para el día 4 de
febrero de 2002.
Inconforme, el 4 de enero de 2002 la
parte demandada acudió, mediante recurso de apelación y moción en auxilio de
jurisdicción, ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Solicitó del
tribunal apelativo intermedio que emitiera orden paralizando los procedimientos
en instancia hasta tanto emitiera algún dictamen con respecto a la existencia,
o no, de jurisdicción sobre su persona en el proceso de divorcio. Solicitó,
además, se dejase sin efecto la vista pautada para el 4 de febrero y se
revocara la orden respecto de la cual se le impuso la sanción económica. El
foro apelativo accedió a ambas solicitudes y, el 10 de enero siguiente, expidió
orden de mostrar causa por la cual no se debía expedir el auto radicado por la
demandada y revocar la orden de instancia. El demandante compareció en
cumplimiento de dicha orden.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones
emitió sentencia mediante la cual confirmó la orden recurrida en cuanto
al planteamiento de índole jurisdiccional.[3] El tribunal apelativo
determinó, sin embargo, que la jurisdicción del tribunal de primera
instancia estaba limitada a la acción específica de divorcio. Sostuvo
que dicho foro carece de autoridad para dilucidar las cuestiones relativas a la
pensión alimentaria de la menor ya que tal autoridad corresponde exclusivamente
a la jurisdicción del estado de Virginia, en vista de que fue en tal foro que
la pensión, la cual el demandante solicita se rebaje, fue impuesta; ello, al
haberse emitido allí una orden todavía vigente, siendo ese el estado residencia
de la menor, y de conformidad con las disposiciones del Artículo 1, sec.
205(a)(1), (2) de la Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes,
Ley Núm. 180 de 20 de diciembre de 1997, 8 L.P.R.A. sec. 542d.[4]
Inconforme con tal proceder, el 3 de mayo
de 2002 la parte demandada acudió ante este Tribunal, vía recurso de certiorari
y moción en auxilio de nuestra jurisdicción. Solicitó se paralizaran los
procedimientos ante instancia, ello debido a la naturaleza jurisdiccional del
planteamiento que había levantado ante ambos foros apelados. En su escrito, la
peticionaria alega que el foro apelativo intermedio incidió al:
“...confirmar la resolución
del Tribunal de Primera Instancia notificada a las partes el 5 de diciembre de
2001, mediante la cual resolvieron ambos foros que el debido proceso de ley y
la Regla 4.7 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1979, según enmendadas,
no son de aplicación a los casos de divorcio;
...al no resolver el segundo
error planteado por la parte compareciente porque no existía una orden o
resolución escrito del Tribunal de Primera Instancia que evidenciara lo alegado
por la compareciente especial.”
Mediante Resolución emitida
ese mismo día, ordenamos la paralización de los procedimientos ante el tribunal
de instancia hasta que otra cosa dispusiéramos. Posteriormente, el 24 mayo de
2002, expedimos el auto. Resolvemos.
II
De entrada, es menester
advertir que la demandada de autos nunca ha cuestionado la procedencia o
inadecuacidad del su emplazamiento por edicto como tal, notificándole del
pleito en su contra, como tampoco que el mismo hubiera sido diligenciado
incorrectamente. En virtud de ello, partimos de la premisa de que, en dicho
emplazamiento, se cumplieron fielmente las disposiciones reglamentarias
expuestas en la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 4.5,
que regulan tal modo de notificación.
Aclarado lo anterior,
procedemos a resolver la controversia medular ante nos; esto es, la
facultad de los tribunales de Puerto Rico para ejercer jurisdicción sobre la
persona de un demandado que no reside en Puerto Rico en un pleito de divorcio.
Sabido es que la cláusula
del debido procedimiento de ley de la Constitución de los Estados Unidos limita
la autoridad y el poder de los tribunales de los Estados, entre éstos Puerto
Rico, para asumir jurisdicción y dictar sentencias contra personas naturales o
jurídicas que no residen dentro de su territorio. Int’l Shoe Co. v.
Washington, 326 U.S. 310, 316 (1945); Kulko v. California Superior Court,
436 U.S. 84 (1978); Ind. Siderúrgica v. Thyssen, 114 D.P.R. 548 (1983). Es norma harto conocida la
de que los tribunales deben ser celosos guardianes del ejercicio de su
jurisdicción y, sobre todo, la de que para poder ejercitar adecuada y
válidamente tal autoridad judicial, debemos poseer jurisdicción sobre la
materia y sobre las personas de los litigantes. Alvarez Elvira v. Arias
Ferrer, ante; Julia Padró v. Epifanio Vidal, res. el 14 de febrero
de 2001, 2001 TSPR 15.
Hemos sido fieles a la
norma, establecida hace más de un siglo por el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, de que con respecto a la jurisdicción de un tribunal sobre una persona,
cada Estado posee jurisdicción y soberanía sobre los demandados siempre y
cuando éstos estén domiciliados en el mismo o que, simplemente, estén dentro de
sus límites territoriales. Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714 (1877); Pequero
v. Hernández Pellot, 139 D.P.R. 487 (1995), entre otros.[5]
“Es regla general del
Derecho que los tribunales de un Estado sólo pueden ejercer jurisdicción sobre
las personas que residen dentro del territorio del Estado.”[6] La función judicial de los
tribunales, como parte del ejercicio del poder soberano del Estado, se circunscribe
generalmente a personas presentes o bienes ubicados dentro de los límites
territoriales del Estado. Riego Zúñiga v. Líneas Aéreas
Costarricenses, 139 D.P.R. 509 (1995). De tal manera está configurado el
llamado principio de territorialidad.
Sabido es, además, que esta regla general sobre
jurisdicción in personam tiene sus excepciones, De configurarse
alguna de tales excepciones, los tribunales de un Estado, incluyendo Puerto
Rico, pueden ejercer jurisdicción sobre la persona de un demandado no domiciliado,
ausente de sus límites territoriales. El tribunal puede hacer efectiva tal
jurisdicción mediante la notificación al demandado sobre la reclamación en su
contra a través del emplazamiento personal en el lugar donde se encuentre ese
demandado o a través del mecanismo procesal del emplazamiento por edicto; ello
de estar presente, o darse, las condiciones requeridas por la Regla 4.5 de
Procedimiento Civil, ante.
En cuanto a las excepciones
mencionadas, hemos reconocido que los tribunales de Puerto Rico tienen
jurisdicción sobre un no domiciliado cuando existe una sumisión expresa o
tácita de su parte. Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762, 768 (1985). De conformidad con tal
excepción, aquella parte que comparece voluntariamente, y realiza algún acto sustancial
que la constituya parte en el pleito, se somete a la jurisdicción del tribunal.
Qume Caribe, Inc. v. Sec. Hacienda, res. el 30 de marzo de 2001,
2001 TSPR 38; Márquez Resto v. Barreto, 143 D.P.R. 128 (1997); Mercado
v. Panthers Military Society, 125 D.P.R. 98 (1990), entre otros. A
manera de ejemplo, el demandado no domiciliado puede someterse expresamente a
la jurisdicción del tribunal mediante comparecencia o, tácitamente, cuando no
plantee la ausencia de jurisdicción y presente otro tipo de alegaciones.[7]
Los tribunales de Puerto
Rico tienen jurisdicción además, vía excepción, sobre las personas
ausentes del Estado Libre Asociado, pero que, a pesar de ello, mantienen su
domicilio aquí. Ello por razón de que la autoridad de cada Estado sobre sus
ciudadanos, en acciones personales, no culmina por el simple hecho de
que éstos se encuentren ausentes del mismo. A tales efectos advertimos que el
propio Artículo 9 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 9, dispone que “las leyes
relativas a los derechos y deberes de familia, o al estado, condición y
capacidad legal de las personas, obligan a los ciudadanos de Puerto Rico,
aunque residan en países extranjeros.” Esta excepción es una un tanto obvia,
pues, al desprenderse de la propia regla general que un tribunal no tiene
jurisdicción sobre la persona de un no domiciliado, resulta pues evidente que
sí la tiene sobre aquel domiciliado, esto es, aquel que mantiene su domicilio
aquí aun cuando no esté físicamente presente.
La tercera excepción vigente
en nuestro ordenamiento es producto de la decisión emitida por el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos en el caso International Shoe Co. v.
Washington, 326 U.S. 310 (1945), y su progenie. Se trata de la “doctrina de
los contactos mínimos”. En el presente caso se reclama, por la demandada, la
aplicabilidad de tal doctrina. Aun cuando, por los fundamentos que
expondremos posteriormente, la misma no es de aplicación al presente caso,
procedemos a expresar brevemente su desarrollo y aplicación en Puerto Rico.
A tenor con lo resuelto por
el máximo Foro federal en Int’l Shoe Co. v. Washington, ante,
para que un tribunal esté facultado para ejercer su jurisdicción sobre la
persona de un demandado no residente, no domiciliado, el debido proceso de ley
requiere estrictamente que éste tenga o haya tenido “contactos mínimos” con el
foro que pretende ejercer tal autoridad. Ello requiere, además, que la causa de acción ante la consideración del
tribunal surja o esté relacionada con tales contactos, de suerte que el
ejercicio de su jurisdicción no infrinja las nociones tradicionales del trato
justo y de justicia sustancial enraizadas en el ordenamiento y principios
constitucionales. Es preciso que los contactos surjan del demandado hacia el
foro, de manera que se haya forjado una relación recíproca entre el demandado,
el foro, y el litigio que está pendiente de resolución por el tribunal.
La doctrina de los
“contactos mínimos” fue acogida por este Tribunal en el caso de A.H. Thomas
Co. v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 883 (1970). Allí expusimos los
criterios que, a nuestro entender, debían formar parte integral de nuestro
ordenamiento procesal, a fin de que los tribunales tuvieran una guía más
flexible a la hora de adjudicar y poder dictar válidamente sentencias en
reclamaciones ante su consideración que envolvieran demandados no domiciliados,
ausentes de Puerto Rico.
Al exponer la norma
prevaleciente fijada por Int’l Shoe Co. v. Washington, ante,
sostuvimos, y citamos, que “aun bajo la doctrina de los contactos mínimos se
requiere que el contacto dentro de la jurisdicción resulte de un acto
afirmativo de la parte demandada...es esencial en cada caso que concurra un
acto de la parte demandada mediante el cual deliberadamente se aproveche de las
ventajas que ofrece el foro, invocando así los beneficios y la protección que
brindan las leyes de ese estado.” A.H. Thomas, Co. v. Tribunal
Superior, ante, a la pág. 889.[8]
Es de notar que,
posteriormente, en World-Wide Volkswagen v. Woodson, 444 U.S. 286
(1980), el Tribunal Supremo Federal sostuvo que la doctrina de los contactos
mínimos tiene dos propósitos esenciales, i) proteger al demandado de la carga
que supone litigar en un foro distante o inconveniente, y, ii) asegurar que los
Estados, por medio de sus tribunales, no habrán de rebasar los límites que
recaen sobre ellos por su condición de soberanos iguales entre sí en un sistema
federal de gobierno.[9] Tal pronunciamiento fue
acogido por este Tribunal en Ind. Siderúrgica v. Thyssen, ante.
De conformidad con tales expresiones
jurisprudenciales y , según expusimos posteriormente en Peguero v. Hernández
Pellot, ante, los estados comenzaron
a crear e implantar leyes para emplazar y poner en vigor la doctrina de
los contactos mínimos. Estas se conocen comúnmente como los estatutos de largo
alcance (“long arm statutes”). Así, en nuestra jurisdicción y ordenamiento, la
doctrina de los contactos mínimos la encontramos estatutariamente recogida en
la Regla 4.7 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 32 L.P.R.A. Ap.III, R.4.7.
La demandada en el pleito
ante nuestra consideración alega que las disposiciones de la citada Regla 4.7,
y a su vez, de la doctrina de los contactos mínimos son de aplicación al pleito
de divorcio incoado en su contra. Alega además que, al no darse ninguna de las
circunstancias o instancias allí dispuestas para que el tribunal pueda adquirir
jurisdicción sobre su persona, éste carece de la misma. Habida cuenta de ello,
alega que nunca ha vivido en Puerto Rico, no posee inmuebles en la Isla y que,
tanto ella, como la hija menor de ambos, siempre han residido y mantenido su
domicilio en el estado de Virginia. La demandada basa su posición en lo
resuelto en Kulko v. California Superior Court, 436 U.S. 84
(1978), esto es, que aún en casos relativos al derecho de familia, el Tribunal
Supremo federal ha resuelto que la situación se rige por la doctrina de los
contactos mínimos.
De entrada, debe enfatizarse
el hecho de que el referido caso versaba sobre una reclamación de custodia y
alimentos de menores, luego de decretado un acuerdo de separación entre los
cónyuges en el Estado de Nueva York; acuerdo mediante el cual se pactó que los
niños permanecerían con el padre, y que, durante las vacaciones escolares
estarían con la madre, a quien el marido le pagaría una pensión mientras los
niños estuvieran con ella. Luego de emitido tal decreto, la esposa se trasladó
y fijó su residencia en el estado de California y obtuvo el divorcio en Haití.
Algún tiempo después, el padre envió a los dos hijos de la pareja con ella a
California. Así las cosas, la madre instó, en California, reclamación para
reconocer el divorcio obtenido en Haití, y para que se modificara el acuerdo de
separación para obtener la custodia de los hijos y, se aumentara la referida
pensión. El padre solicitó la desestimación del pleito y adujo que el tribunal
de California no tenía jurisdicción sobre su persona, ello al él no tener
contactos mínimos con dicho foro.
El Tribunal Supremo federal
sostuvo que el hecho de que el
demandado hubiera enviado a sus hijos al Estado de California no implicaba que
se hubieran configurado las “transacciones de negocio” necesarias para que se
configurase tal instancia como contacto mínimo con el foro. En virtud de ello,
determinó que debía de cumplirse estrictamente con las exigencias de la
doctrina de los contactos mínimos y del debido proceso de ley. Así, el Tribunal
reforzó la doctrina, exigiendo una relación recíproca entre el demandado, el
foro y el litigio envuelto, extendiendo su aplicación a ciertos casos de
derecho de familia.
No puede perderse de vista, sin
embargo, el hecho de que el caso de Kulko tuvo el efecto de limitar
las posibilidades de adquirir jurisdicción sobre los no residentes en los
casos de custodia, alimentos, o división de bienes gananciales. Dicho de
otro modo, la doctrina de contactos mínimos es de aplicación en acciones en
las que se afecta el derecho patrimonial del demandado ausente, el cual no
puede ser privado de su propiedad sin el debido proceso de ley.
Así se han aplicado, en
nuestra jurisdicción, las instancias recogidas en la Regla 4.7, ante, y los
postulados de contactos mínimos, en casos de familia, entiéndase custodia
y/o alimentos, en Medina v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 346
(1975), sobre demanda en concepto de alimentos adeudados; en Perrón v. Corretjer-Perrón,
113 D.P.R. 593 (1982), sobre modificación de decreto de custodia, entre otros.
Ahora bien, ¿cuál debe ser
la norma respecto al estado civil de la parte demandante en casos tales como
divorcio y acciones de filiación? Es en cuanto a acciones de tal
naturaleza, que precisamente se encuentra plasmada la cuarta excepción
al principio de territorialidad de la jurisdicción in personam sobre
demandados ausentes no domiciliados. A esos fines, nos ilustra el Lcdo. Rafael
Hernández Colón, sobre que, dentro de las excepciones a la regla de que un
Estado sólo puede ejercer jurisdicción sobre las personas que residen dentro
del territorio, se encuentran ciertas acciones personales, relativas al status
civil, tales como, el divorcio y la filiación.[10] Sobre ello reseña, además,
el Dr. José A.Cuevas Segarra, y citamos, “desde 1913, se ha resuelto en Puerto
Rico que nuestros tribunales tienen
jurisdicción sobre la persona de un no residente en los casos en que esté en
controversia el status personal del demandante.”[11] A manera de ejemplo, éste
menciona el divorcio y la filiación.
Somos de igual criterio;
esto es, entendemos que, no obstante el desarrollo de la doctrina de los
contactos mínimos, siguen vigentes en nuestro ordenamiento las
decisiones emitidas por este Tribunal en los casos de Orama v. Oyanguren,
19 D.P.R. 828 (1913); Fordham v. Marrero, 27 D.P.R. 708 (1919) y Barletta
v. Tribunal Superior, 74 D.P.R. 460 (1953).
En Orama, pleito de
filiación, expresamos en lo pertinente que:
“La acción que al hijo
corresponde para hacer declarar en virtud de pruebas quién sea su padre
natural, es sin duda alguna un derecho personal suyo y, por consiguiente,
cuando el hijo está en posesión de tal derecho, debe ser regulado conforme a la
ley bajo la cual fue adquirido, por lo que las cuestiones que conciernen el
estado de la persona deben regirse por la ley del Estado de quien lo reclama.
El estado civil de los ciudadanos debe regirse en todo por la ley de su país y
sólo puede determinarse con arreglo a ella. En consecuencia, si bien es regla
general que una corte no adquiere jurisdicción sobre personas no residentes por
acciones personales, a menos que hayan sido notificadas personalmente de la
demanda dentro del Estado o que en éste tenga bienes embargados, sin embargo, tal
regla general no puede ser aplicada a los casos que se refieren al estado civil
de la persona, cuyo carácter tiene la demanda de filiación, ya que siendo
un derecho originado por la concepción y el nacimiento, no puede quedar a
merced de que la persona a quien se atribuye la paternidad, o los
representantes legales de su personalidad, se hayan ausentado del territorio de
la persona con derecho al reconocimiento, dado que no en todos los países tal
derecho es reconocido, ni admiten pruebas de reconocimiento.”[12] (Énfasis suplido).
Varias décadas después, al
resolver Barletta v. Tribunal Superior, ante, reafirmamos lo dicho en Orama,
e indicamos que la regla relativa a la necesidad de notificación personal de
una persona domiciliada fuera del país, como condición jurisdiccional, no es
aplicable a una acción que envuelva el status civil de una persona. En el
referido caso de Barletta, ante, a la pág. 463, indicamos que: “la jurisdicción que un Estado posee para
determinar el status civil y capacidades de sus habitantes, envuelve autoridad
para prescribir las condiciones en que pueden iniciarse y proseguirse dentro
del territorio de dicho Estado los procedimientos relativos al status civil y
capacidades de sus habitantes.” A renglón seguido expusimos, citando nuevamente
a Pennoyer v. Neff, ante,
que el Estado, por ejemplo, tiene derecho absoluto para prescribir las condiciones en que ha de
basarse la relación matrimonial entre sus propios ciudadanos y las causas por
las cuales puede disolverse el matrimonio. A tenor con ello, reseñamos el
supuesto de que, una parte culpable de actos que bajo las leyes del Estado
autorizan la disolución del vínculo matrimonial, podría trasladarse a otro
Estado donde no sea posible obtener el divorcio. “En tal caso, la parte
agraviada no podría reclamar sus derechos en el Estado adonde se trasladó la
otra parte, y si no estuviese autorizado para promover la acción en los
tribunales de su propio domicilio, sin notificar personalmente a la parte ofensora,
el agravio quedaría sin reparación.” Barletta v. Tribunal Superior,
ante, a la pág. 464.
En resumen, examinados los contornos y
la existencia, en nuestro ordenamiento, de varias excepciones al principio de
territorialidad, las cuales hemos
expuesto, concluimos que aquélla regida por la Regla 4.7 de
Procedimiento Civil, que recoge los contactos mínimos que puede tener un
demandado ausente con este foro, es una excepción separada y distinta de la que
trata sobre las reclamaciones que envuelven el status civil de un residente
domiciliado en nuestro territorio. De conformidad con ello, y con el
ordenamiento vigente, el demandante en el caso de autos tiene capacidad para
entablar su demanda de divorcio en nuestros tribunales, ello al darse las
condiciones requeridas por el Artículo 97 del Código Civil[13], ante, por lo que el
tribunal de instancia tiene facultad para adjudicar la petición de divorcio
ante su consideración.
Al así hacerlo, dicho foro viene en la obligación de aplicar todas aquellas
disposiciones referentes al proceso de disolución del vínculo matrimonial
vigentes en nuestro ordenamiento. Véase Artículo 96 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 321, entre otras.
III
No podemos terminar sin
antes indicar --al igual que lo hizo el Tribunal de Circuito de Apelaciones--
que aquella parte de la acción del demandante, referente a los alimentos y/o a
la custodia de menores, se rige por unos parámetros distintos de aquélla que
simplemente declara sobre el estado civil de la parte demandante. Tal
diferencia cobra vigencia dada la promulgación y adopción de ciertos estatutos
uniformes interestales que rigen el contorno de ambas reclamaciones
respectivamente; éstas son, la Parental
Kidnapping Prevention Act (P.K.P.A.), 28 U.S.C.A. sec. 1738 et seq., la
Uniform Reciprocal Enforcement Support Act (U.R.E.S.A.), según ésta aparece
publicada en 32 L.P.R.A. sec. 3311 et seq., y la Ley Interestatal
Uniforme de Alimentos entre Parientes (L.I.U.A.P.), Ley Núm. 180 de 20 de
diciembre de 1997, 8 L.P.R.A. sec. 541 et seq. Veamos.
A medida que ha ido
evolucionado el derecho de familia, en especial las instituciones relativas a
la custodia y a los alimentos, tanto el Congreso de los Estados Unidos como los
Estados, se han dado a la tarea de promulgar,
a manera de ejemplo y en lo pertinente al caso de autos, estatutos, con el propósito de viabilizar el
reclamo de alimentos entre parientes. Ello con el objetivo de que se mantenga
cierta uniformidad cuando un estado de la Unión ha emitido una orden de proveer
alimentos que se pretende revisar por otro, incluyendo a Puerto Rico.
De conformidad con tales
propósitos, el Artículo 1, sec. 2.205 de la L.I.U.A.P., 8 L.P.R.A. sec. 542d,
dispone que cuando un tribunal emite una orden de pensión alimentaria, éste
mantendrá jurisdicción continua y exclusiva sobre dicha orden. A tenor del
referido artículo de ley, un tribunal de Puerto Rico podrá modificar una orden
de pensión emitida por otro estado, siempre y cuando no sea aplicable la
sección 6.613 del mismo, 8 L.P.R.A. sec. 547d, y, luego de cumplir con el
requisito de notificación y vista, ese tribunal determine que:
“(1) Los siguientes requisitos se han cumplido:
(A)
El
menor, el alimentista y el alimentante no residen en el estado que remite la
orden;
(B)
el peticionario, quien no es residente de
Puerto Rico, solicita que se modifique la orden, y
(C)
el
demandado está sujeto a la jurisdicción del tribunal de Puerto Rico; ó
(2) el menor o una de las
partes está sujeto a la jurisdicción
sobre la persona del tribunal de Puerto Rico y todas las partes han presentado
por escrito su consentimiento en el estado que emitió la orden para que el
tribunal de Puerto Rico pueda modificar la orden de pensión alimentaria y
asumir jurisdicción continua y exclusiva sobre la misma...”.
De no cumplirse con los
requisitos de la disposición antes citada, los tribunales de Puerto Rico
carecerán de jurisdicción para modificar la orden de pensión alimentaria
emitida por otro estado. Por consiguiente, de una mera apreciación de los hechos
del caso de autos, podemos concluir que el tribunal de instancia no ostenta
facultad en ley para acceder a la petición del demandante de rebajar la pensión
originalmente emitida por el tribunal de Virginia. No podemos perder de
perspectiva que dicha orden se encuentra vigente hoy día y que Virginia sigue
siendo el estado residencia de la menor, Victoria Anne Marie Shuler.
En mérito de lo antes
expuesto, confirmamos, en todos sus aspectos, la sentencia emitida por el
Tribunal de Circuito de Apelaciones en el presente caso. Al así concluir,
resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción para
adjudicar la petición de divorcio, por la causal de separación, del demandante
y declarar sobre su futuro status civil. No tiene, sin embargo, tal autoridad,
para modificar la orden de pensión alimentaria.
Ello no obstante, al
devolver el caso al foro de instancia
instruimos a éste para que le provea a la parte demandada la oportunidad: de
comparecer dentro del término reglamentario dispuesto por las Reglas de
Procedimiento Civil; contestar la demanda interpuesta en su contra; y para
oponer cualquier defensa que estime pertinente presentar en cuanto a los
méritos del caso se trate. De esa manera, se cumplen fielmente la exigencias
del debido proceso de ley, en su vertiente procesal. No podemos pasar por alto
y obviar que, desde un principio, los trámites del presente caso giraron en
torno al planteamiento de índole jurisdiccional levantado por la demandada. De
manera pues que erró el Tribunal de Primera Instancia al señalar la celebración
de la vista de divorcio en su fondo. Por entender que dicho foro erró, de igual
modo, al imponerle la sanción económica a la demandada, revocamos la misma.
Se dictará Sentencia de
conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ
Juez Asociado
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto
de 2002
Por los
fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida en el presente
caso por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Así lo
pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Presidente señor Andréu García no intervino.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del
Tribunal Supremo
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oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
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