Jurisprudencia del Tribunal
Supremo de P. R. del año 2005
2005 DTS 070 IN RE: VELEZ LUGO 2005TSPR070
EN
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In
re: Nelson Vélez Lugo
2005 TSPR 70
163 DPR ____
Número del Caso: AB-1999-62
Fecha: 11 de mayo de 2005
Abogado del Peticionario: Por
Derecho Propio
Oficina del Procurador General: Lcda.
Carmen A. Riera Cintrón
Procuradora
General Auxiliar
Lcda.
Cynthia Iglesias Quiñones
Procuradora
General Auxiliar
Lcda.
Rosana Márquez Valencia
Procuradora
General Auxiliar
Lcda.
Minnie H. Rodríguez López
Procuradora
General Auxiliar
Lcda.
Sylvia Roger-Stefani
Procuradora
General Auxiliar
Materia: Conducta
Profesional, censura porque obtuvo interés en un negocio jurídico en el que él
intervino como notario.
ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación
y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 11 de
mayo de 2005.
El 5
de junio de 1998 el Lcdo. Nelson Vélez Lugo fungió como notario en el
otorgamiento de una escritura de hipoteca en garantía de pagaré. Los
otorgantes fueron el Sr. Rafael Pérez Román y su esposa. También juramentó el
correspondiente pagaré al portador, que garantizaba la suma de $90,000.00. Más
adelante, el licenciado Vélez Lugo obtuvo ese mismo pagaré en garantía de una
deuda que tenía el señor Pérez Román con dicho letrado. De esa manera obtuvo interés en un negocio
jurídico en el que él intervino como notario.
Al no poder cobrar el dinero adeudado y surgir desavenencias entre
los miembros de la Junta de Directores de la corporación Metro Specialty
Services, Inc., en la que tanto el licenciado Vélez Lugo como el señor Pérez
Román eran miembros, el abogado querellado interpuso una demanda contra el
señor Pérez Román, su esposa y la sociedad legal de gananciales y presentó como
evidencia de la deuda a su favor el pagaré juramentado por él. En este pleito
se estaba dilucidando una controversia relacionada a un documento juramentado
por dicho abogado como notario y se requería el pago de las prestaciones
prometidas en el mismo. Es importante subrayar que en dicho pleito existía
la controversia sobre cómo el abogado obtuvo el pagaré y la firma de uno de los
otorgantes. Posteriormente, al fallecer su abogado en el pleito civil, el
licenciado Vélez Lugo se representó por derecho propio desde el 15 de junio de
2000 hasta que terminó el pleito mediante transacción el 13 de agosto de 2003.
Entre los acuerdos figuraba la devolución por parte del licenciado Vélez Lugo
de la Escritura Número 27 de 1998 sobre hipoteca y el correspondiente pagaré en
garantía de hipoteca al señor Pérez Román y a su esposa.
El 3 de junio de 1999, luego de ser emplazado y mientras iniciaba el
pleito de injunction y cobro de dinero en el caso Nelson Vélez Lugo y otros
v. Metro Specialties Services, Inc., y otros, Civil Núm. CPE 1999-0091, el
señor Pérez Román presentó una queja ante este foro en contra del licenciado
Vélez Lugo. En la misma alegó, en síntesis, que su esposa y él habían firmado
en fechas separadas el pagaré, que el licenciado Vélez Lugo se apropió
ilegalmente del pagaré y que nunca se los entregó. Además, alegó que el número
de licencia de conducir que aparece bajo la firma de su esposa no es el de
ella. El 29 de julio de 1999 el abogado contestó la queja negando haberse
apropiado ilegalmente del pagaré y señalando que éste le fue entregado en
garantía del pago de $90,000.00 que le debía Metro Specialties Services, Inc. Por
último, planteó que el número de la licencia que aparece en el pagaré es el que
le dio la propia quejosa y que al ésta leerlo no lo impugnó. El 5 de agosto de
1999 la Secretaria del Tribunal Supremo refirió el expediente a la Oficina del
Procurador General.
Luego de varios incidentes procesales, mediante resolución emitida
el 30 de enero de 2004, ordenamos al Procurador General a continuar con la
investigación y someter su informe. Así lo hizo el 9 de diciembre de 2004 y
concluyó que la conducta del licenciado Vélez Lugo constituye una posible
violación a la Regla 5 del Reglamento Notarial y al Canon 38 del Código de
Ética Profesional. El informe aclara que el Procurador General no pudo
comunicarse con el quejoso, lo que le impidió constatar su alegación de que el
licenciado Vélez Lugo juramentó el pagaré sin que el otorgante lo hubiera
firmado en su presencia.
El 7 de febrero de 2005 el licenciado Vélez Lugo presentó réplica al
informe del Procurador General. En ésta aclara que cuando otorgó el pagaré ni
él ni el quejoso “tenían idea de que posteriormente iba a servir de colateral”
para la deuda que el quejoso alegadamente contrajo con él. También alega que al
juramentar el pagaré observó todos los requisitos legales pertinentes. Además,
aduce que el abogado que lo representaba en el pleito contra el señor Pérez
Román falleció y que sus gestiones para sustituirlo fueron infructuosas, por lo
cual decidió continuar en el pleito por derecho propio.
II.
La Regla 5 del Reglamento Notarial, 4
L.P.R.A. Ap. XXIV R. 5, dispone como sigue:
La práctica de la profesión de
abogado puede ser en algunas ocasiones incompatible con la práctica de la
notaría.
El Notario autorizante de un
documento público está impedido de actuar posteriormente como abogado de una de
las partes otorgantes para exigir en un litigio contencioso las
contraprestaciones a que se haya obligado cualquier otra parte en el documento
otorgado ante él.
El Notario está impedido de
representar como abogado a un cliente en la litigación contenciosa y, a la vez,
servir de Notario en el mismo caso por el posible conflicto de intereses o
incompatibilidades que puedan dimanar del mismo.
Las normas recogidas en los dos
párrafos precedentes aplicarán al Notario personalmente y no a aquellos
Notarios y abogados que sean o hayan sido sus socios o compañeros de oficina.
No obstante, los socios o compañeros de oficina del Notario autorizante no
podrán representar a una parte otorgante en un documento público autorizado por
éste, cuando en un litigio se impugne la validez de cualquiera de los acuerdos
que surgen del documento o se alegue que se omitieron acuerdos relativos al
asunto objeto del mismo, o cuando por alguna otra razón se cuestione la
actuación del Notario autorizante.
No obstante, podrá actuar el abogado
como Notario en toda acción ex parte, de jurisdicción voluntaria, y en los
recursos gubernativos a menos que su actuación esté expresamente prohibida por
ley o doctrina jurisprudencial. También, podrá actuar el Notario como
abogado en un mismo asunto cuando el Notario antes de un litigio sólo haya dado
fe de la autenticidad de firmas y en el litigio no estén en controversia las
firmas ni el documento donde aparezcan tales firmas sea el objeto principal de
la reclamación.
Queda siempre al sano juicio del
Notario y sus socios o compañeros de oficina, dentro de su responsabilidad
profesional, decidir cuándo deben abstenerse de actuar aun en casos en que su
actuación estuviere permitida, pero que por sus particulares circunstancias en
la dimensión ética podrían generar un potencial de conflicto o la apariencia de
conducta impropia. (Énfasis nuestro).
Al interpretar la Regla 5 del Reglamento Notarial antes
citada, hemos sostenido consistentemente que es impropio que un abogado combine
funciones de notario y de abogado en un mismo asunto. In re Chiques
Velásquez, res. el 25 de febrero de 2004, 161 DPR ___ (2004), 2004 TSPR 28;
In re Héctor Cordero, res. el 5 de septiembre de 2002, 157 DPR ___
(2002), 2002 TSPR 124.
Por otra parte, hemos reiterado en numerosas ocasiones que en el
ejercicio de la profesión los abogados tienen la obligación ética de evitar,
tanto en la realidad como en la apariencia, la impresión de conducta
conflictiva e incorrecta. In re Pizarro Santiago, 117 DPR 197 (1986).
Así surge de la primera oración del Canon 38 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX C. 38, según la cual “[e]l abogado deberá
esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de
su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe
evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia.” Es importante
recalcar, en este sentido, que los Cánones de Ética establecen unas pautas mínimas
de conducta que deben guiar a los abogados en el ejercicio de su profesión. In
re Ortiz Brunet, res. el 22 de noviembre de 2000, ___ DPR ____ (2000), 2000
TSPR 182; In re Filaldi Guzmán, 144 DPR 710 (1988).
El licenciado Vélez Lugo actuó como abogado en un litigo que
involucraba una escritura pública –hipoteca- que fue otorgada ante él y
respecto a la cual dio fe en su capacidad como notario. Además, se cuestionaba
otro documento –un pagaré- que fue juramentado ante él, también en su capacidad
como notario. Precisamente, una de las controversias principales del litigio
giraba en torno a la validez de dicho pagaré. Su proceder generó un conflicto
potencial y a todas luces, tiene la apariencia de conducta impropia. Por todo
lo anterior, lo censuramos enérgicamente.
Se dictará sentencia de conformidad.
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de
mayo de 2005.
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente
Sentencia, se censura enérgicamente al licenciado Vélez Lugo.
Lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados señores
Rebollo López y Rivera Pérez no intervinieron.
Aida Ileana
Oquendo Graulau
Secretaria
General
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