SENTENCIA
Mediante el recurso de certiorari ante nos, la
peticionaria solicita que revisemos una sentencia emitida por el entonces
Tribunal de Circuito de Apelaciones con fecha de 29 de mayo de 2003. En virtud
del dictamen recurrido, el foro intermedio apelativo revocó una orden dictada
por el Tribunal de Primera Instancia que, entre otras cosas, había declarado
sin lugar una moción de desestimación por falta de jurisdicción in personam
presentada por los aquí recurridos, señores José Luis y Jason Pérez Padilla. El
tribunal intermedio apelativo dio a la peticionaria por desistida con
perjuicio de su reclamación contra los recurridos por ésta
haber incumplido con lo dispuesto por la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil. No atendió el asunto que le fue planteado por la parte demandada
de autos, relativo a la nulidad del emplazamiento por edictos y a la falta de
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia sobre su persona.
I
El 1 de diciembre de 2000, la señora
Providencia Rivera Ocasio (en adelante “señora Rivera Ocasio”) instó ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, una demanda sobre
división de comunidad de bienes contra la Sucesión de José M. Pérez Rivera,
compuesta por sus hijos José Luis, Jason e Iris Nereida, todos de apellidos
Pérez Padilla. En breve síntesis, alegó haber mantenido por espacio de
diecisiete (17) años una relación concubinaria pública, a manera de matrimonio,
con el causante de los codemandados, durante la que contribuyó con su esfuerzo
y trabajo a la creación de una comunidad de intereses económicos entre ambos. En
razón de ello, solicitó que se le declarara acreedora en un cincuenta por
ciento (50%) de las ganancias acumuladas durante el concubinato, estimadas en
trescientos mil dólares ($300,000), y que se le entregara dicha participación. Ese
mismo día la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia expidió el
emplazamiento dirigido a la codemandada Iris Nereida Pérez Padilla.
La parte demandante no sometió en aquel entonces, para su
expedición, los proyectos de emplazamiento dirigidos a los restantes miembros
de la sucesión, los codemandados José Luis y Jason Pérez Padilla. Ello porque,
a pesar de estar al tanto de que éstos vivían en Estados Unidos, alegadamente
desconocía sus respectivas direcciones residenciales.
Junto a la demanda, y en aseguramiento de la
sentencia que pudiera recaer a su favor, la señora Rivera Ocasio acompañó una
solicitud de embargo sobre determinados “bienes comunes” depositados en el
Banco Santander, sucursal de Bayamón Center. El 13 de diciembre de 2000, el
foro primario acogió la petición de la demandante, dictando una orden de
embargo sin la celebración de vista previa.
Con fecha de 2 de enero de 2001, la codemandada
Iris Nereida Pérez Padilla presentó su contestación a la demanda de autos,
negando las alegaciones principales de la misma. A la par, reconvino contra la
parte demandante.
Tras varios trámites procesales, el 28 de junio de 2001, la codemandada Pérez
Padilla compareció ante el Tribunal de Primera Instancia solicitando la
desestimación de la demanda por falta de parte indispensable. Adujo, inter alia, que la parte demandante ni siquiera había
solicitado la expedición de los emplazamientos a los restantes componentes de
la sucesión, quienes son “partes indispensables en el pleito.” Sostuvo,
asimismo, que no había “justa causa” para la demora incurrida por la parte
actora en solicitar y diligenciar los referidos emplazamientos.
Transcurridos más de siete (7) meses desde la
interposición de la demanda, el 3 de julio de 2001, la parte demandante
respondió con una solicitud al foro primario para que extendiera el término
reglamentario de seis (6) meses provisto por la Regla 4.3(b) de Procedimiento
Civil, supra, para diligenciar los emplazamientos a los codemandados
José Luis y Jason Pérez Padilla. Arguyó que aún desconocía las direcciones residenciales de éstos, a
pesar de requerir tal información de su hermana, la codemandada Iris Nereida
Pérez Padilla. De paso, anticipó que, de no obtener la información en cuestión,
habría de solicitar autorización al tribunal para realizar los referidos
emplazamientos mediante edictos. Por último, procuró una prórroga para replicar
a la moción de desestimación por falta de parte indispensable. El 23 de agosto
de 2001, el Tribunal de Primera Instancia concedió ambas prórrogas a la parte
demandante. Con respecto a la solicitud de desestimación presentada por la
codemandada Pérez Padilla, dicho foro le otorgó un término de veinte (20) días
a la demandante para que respondiera a la misma.
Así las cosas, mediante comunicación escrita
fechada 30 de agosto de 2001, la representación legal de la codemandada Pérez
Padilla le proveyó finalmente a la demandante las direcciones exactas de
los coherederos
demandados, no residentes en Puerto Rico. A pesar de ello, no fue sino hasta el 4 de septiembre de 2002, esto
es, casi un año después de expirada la prórroga concedida para diligenciar los
emplazamientos en cuestión, que la parte demandante presentó ante el foro
primario una moción para emplazar mediante la publicación de edictos a los
señores José Luis y Jason Pérez Padilla. En apoyo de su solicitud, argumentó que no había actuado dentro del
término de la prórroga concedida pues entendía que los procedimientos ante el
foro primario estaban paralizados; ello porque a la fecha de la concesión de la
prórroga, el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones aún no había resuelto
la controversia relativa a la falta de jurisdicción sobre los señores Pérez
Padilla, ni el asunto sobre la validez de la orden de embargo dictada ex
parte. El 16 de septiembre de 2002, la codemandada Iris Nereida Pérez
Padilla replicó a la solicitud de la parte demandante, reafirmándose en su
planteamiento de que la demanda debía desestimarse por falta de parte
indispensable. Sobre este particular, señaló que habían decursado casi dos (2)
años y nueve (9) meses desde la presentación de la demanda sin que la
parte
demandante trajera ante la jurisdicción del
tribunal a partes indispensables en el pleito. Sostuvo, además, que la señora
Rivera Ocasio no había demostrado “justa causa” para no solicitar desde un
principio la expedición de los emplazamientos a los otros codemandados, ni para
procurar una prórroga para su diligenciamiento después de vencido el término
reglamentario de seis (6) meses. El 19 de septiembre de 2002, la parte demandante
se opuso a la réplica de la codemandada Pérez Padilla. Reiteró que había
considerado “razonable y prudente” esperar por la sentencia del foro intermedio
apelativo para entonces continuar con las gestiones encaminadas a emplazar a
los restantes codemandados, no residentes en Puerto Rico.
Examinados los escritos de las partes, el 9 de
octubre de 2002, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la
expedición de los emplazamientos por edictos dirigidos a los codemandados José
Luis y Jason Pérez Padilla, los que fueron publicados finalmente el 23 de
octubre de 2002 en el periódico El Nuevo Día. Una copia de la demanda de autos,
del emplazamiento por edicto, de la orden que autorizó los mismos y del edicto
publicado le fueron notificadas
oportunamente a los señores Pérez Padilla a sus
últimas direcciones conocidas.
Luego de varios incidentes procesales, el 21 de
noviembre de 2002, los codemandados José Luis y Jason Pérez Padilla
comparecieron por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, y sin
someterse a su jurisdicción, solicitaron la desestimación de la demanda
entablada en su contra por falta de jurisdicción in personam. Arguyeron, inter alia, que la solicitud para emplazarles
mediante edictos fue presentada fuera del término reglamentario de seis (6)
meses prescrito por la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra,
y, como si fuera poco, luego de expirar la prórroga otorgada inicialmente por
el foro primario para diligenciar sus emplazamientos. De igual forma,
plantearon: que los fundamentos aducidos por la demandante para solicitar la
ampliación del plazo para el diligenciamiento de los emplazamientos, “a todas
luces” no satisfacían las exigencias impuestas por la Regla 4.3(b), supra,
y su casuística interpretativa; que la demandante había condicionado el
emplazamiento de los allí comparecientes a la ayuda de la codemandada Pérez
Padilla, a pesar de que un demandado no viene en forma alguna a
cooperar con el demandante a esos fines; y,
finalmente, que el incumplimiento con los requisitos estatutarios, tanto en
la solicitud de emplazamiento por edictos como en la orden del foro primario
autorizándolos, acarreaba la nulidad del edicto publicado y privaba al Tribunal
de Primera Instancia de jurisdicción sobre sus personas. Sobre este último
asunto, cuestionaron el que la parte demandante no hubiera presentado,
conjuntamente con su solicitud de emplazamientos por edictos, una declaración
jurada acreditativa de las diligencias efectuadas para emplazarles, ni hubiera
jurado su demanda. El 10 de diciembre de 2002, la parte demandante se opuso a la
referida solicitud de desestimación y, el 16 de diciembre siguiente, los señores
Pérez Padilla replicaron al escrito en oposición.
Estando pendiente ante el foro
primario la solicitud de desestimación, el 20 de diciembre de 2002, la parte
demandante solicitó al referido foro que le anotara la rebeldía a los
codemandados José Luis y Jason Pérez Padilla. Alegó que éstos no le habían
notificado su contestación a la demanda dentro del plazo de treinta (30) días
de haberse publicado el edicto. Los señores Pérez Padilla se opusieron.
Analizadas las posiciones de ambas
partes, el Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la moción de
desestimación presentada por los señores Pérez
Padilla y, simultáneamente, les anotó la rebeldía. Así lo dispuso en su Orden
fechada 17 de enero de 2003.
Insatisfechos con las determinaciones
del foro primario, el 20 de febrero de 2003, los señores Pérez Padilla
acudieron ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante petición
de certiorari. El 29
de mayo
de 2003, el foro intermedio apelativo expidió el
auto
solicitado y dictó sentencia revocatoria de las órdenes recurridas. Al así proceder, resolvió que los allí
peticionarios habían sido emplazados tardíamente y que la razón aducida por la
parte demandante para extender el término de seis (6) meses prescrito por la
Regla 4.3(b), supra, ya expirado al momento de solicitar la prórroga,
“resultaba insuficiente” en vista de que un demandado no viene obligado a
cooperar con el demandante en el diligenciamiento del emplazamiento. Ante la
“ausencia de justa causa”, concluyó que el foro primario no debió ampliar el
plazo para diligenciar los emplazamientos de los señores Pérez Padilla.
En esa misma línea, el foro intermedio
apelativo sostuvo lo siguiente:
Surge
de autos que inmediatamente luego de haber sido concedida la prórroga,
específicamente desde el 30 de agosto de 2001, la recurrida ya conocía las
direcciones de los codemandados peticionarios. Aun así dejó transcurrir la
prórroga ya que no fue hasta el 23 de octubre de 2002 que tramitó mediante edictos
la demanda a los peticionarios. En esta ocasión la recurrida no adujo razón
válida que justificara la tardanza de más de un año para entonces proceder a
emplazar.
En definitiva, el tribunal intermedio apelativo concluyó
que la demandante no había desplegado diligencia razonable para emplazar a los
restantes miembros de la sucesión Pérez Padilla “dentro de ninguno”
de los plazos concedidos. En consecuencia, dio por desistida con perjuicio a
la demandante de su reclamación en cuanto a los allí peticionarios. Toda
vez que consideró que dicha determinación disponía de por sí de la controversia
medular, el Tribunal de Circuito de Apelaciones no atendió ni discutió los
restantes errores señalados, incluyendo el relativo a la alegada nulidad del emplazamiento
por edictos. Oportunamente la demandante de autos solicitó reconsideración, sin
éxito.
En desacuerdo con la sentencia del foro intermedio
apelativo, el 30 de julio de 2003, la demandante de autos acudió oportunamente
ante nos mediante el presente recurso de certiorari. Formuló los señalamientos de error siguientes:
ERROR I
Erró,
por ser contrario a derecho, el Tribunal de Circuito de Apelaciones al decretar
un no ha lugar el 23 de junio de 2003, notificada el 30 de junio de 2003, a una
moción de reconsideración a una sentencia del 29 de mayo de 2003, notificada el
6 de junio de 2003, en la que revoca unas órdenes del Tribunal de Primera
Instancia y en consecuencia decreta a la demandante-peticionaria por desistida
con perjuicio de su acción contra los peticionarios José Luis y Jason Pérez
Bonilla (sic), conforme lo dispuesto en la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil.
ERROR II
Erró
el Honorable Tribunal de Primera Instancia al decretar una sentencia contraria
a la equidad y la justicia y revocando la facultad discrecional del Tribunal de
Primera Instancia para prorrogar el diligenciamiento del emplazamiento bajo las
circunstancias de este caso.
OPINIÓN DE
CONFORMIDAD EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA PEREZ.
El emplazamiento es el
mecanismo procesal mediante el cual se le notifica adecuada y formalmente al
demandado, en virtud de las garantías mínimas del debido proceso de ley, que se
ha instado una acción judicial en su contra. De esta forma, el foro primario adquiere
efectivamente jurisdicción sobre la persona del demandado, quien entonces
quedará obligado por el dictamen que se emita eventualmente. Es a través del
emplazamiento que se garantiza de forma óptima el derecho que le asiste a todo
demandado a comparecer a juicio, ser oído y presentar prueba a su favor, de
así estimarlo conveniente y previo a que se adjudiquen sus derechos.
En múltiples ocasiones este Tribunal ha resuelto que para que
el emplazamiento sea efectivo en su propósito, deberá tener una probabilidad
razonable de informar y notificar al demandado sobre la acción instada en su
contra, de manera tal que éste pueda hacer una decisión informada sobre si
desea o no comparecer para defenderse.
Dado que el emplazamiento constituye un elemento
fundamental del derecho constitucional a un debido proceso de ley, sus
requisitos, estatuidos en la Regla 4 de Procedimiento Civil, deben cumplirse
estrictamente. Su
inobservancia priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona del demandado
para considerar y resolver la controversia planteada ante sí.
Por resultar de particular relevancia al caso que nos ocupa,
examinemos lo dispuesto por la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra.
La antedicha disposición reglamentaria lee como sigue:
[e]l
emplazamiento será diligenciado en el término de seis (6) meses de haber sido
expedido. Dicho término sólo podrá ser prorrogado por un término razonable a
discreción del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la
concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del término original. Transcurrido
el término original o su prórroga sin que el emplazamiento hubiere sido
diligenciado, se tendrá a la parte actora por desistida con perjuicio. (Énfasis suplido).
En ocasión de interpretar la disposición antes
transcrita, hemos resuelto que el término de seis (6) meses para diligenciar el
emplazamiento, el cual es de cumplimiento estricto, comienza a transcurrir a partir de la presentación de la demanda,
y no desde la fecha en que el emplazamiento es expedido como expresamente
establece la referida regla. Ello
porque, de ordinario, los emplazamientos se expiden inmediatamente por el
Secretario del Tribunal al presentarse la demanda.
“Se trata de un trámite ministerial, automático, subsiguiente
a la presentación de la demanda, como evento inmediato que da inicio a la
acción civil.”
Desde Banco Metropolitano v. Berríos Marcano, supra,
este Tribunal ha reconocido reiteradamente la facultad discrecional que ostenta
el foro primario, al amparo de la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, para prorrogar por un período razonable el término de seis (6)
meses prescrito por la Regla 4.3(b), supra, inclusive cuando este
remedio se solicite después de expirado el término reglamentario, siempre y
cuando la parte promovente demuestre justa causa para ello y no haya
abuso de discreción por parte del foro primario.
La discreción es el instrumento más poderoso reservado a los
jueces para hacer justicia; sin
embargo, ésta no puede ejercitarse en el vacío ni de modo arbitrario, sino que
invariablemente debe haber razón bien fundada que mueva la conciencia judicial
hacia la concesión de la prórroga solicitada.
Así pues, recae sobre la parte actora la carga de justificar,
con referencia a los hechos y circunstancias meritorias del caso, la razón o
motivo para no haber emplazado dentro del término original prescrito por la
Regla 4.3(b), supra. A los
fines de que un tribunal revisor pueda descargar su función cuando se recurra
contra una decisión respecto a este asunto, la moción de la parte promovente
deberá exponer, de modo afirmativo y en forma específica, la razón constitutiva
de justa causa para la extensión del término ya vencido, sobre la cual pueda operar
la discreción judicial; justificación que necesariamente debe estar atada al
sentido de justicia que impregna la reclamación del demandante.
Como vemos, la Regla 4.3(b), supra, dispone que
sólo se concederá una prórroga para diligenciar un emplazamiento si mediare
“justa causa” y ésta se solicitara dentro del plazo reglamentario de seis (6)
meses. Sin embargo, a través de su jurisprudencia, este Tribunal ha ‘flexibilizado’
los requerimientos de dicha regla para brindarle la oportunidad a los
demandantes, de mediar justa causa para ello, de solicitar una extensión del
término reglamentario después de agotado el plazo original, de manera que no
proceda la severa sanción de desistimiento de la demanda con perjuicio. No
obstante, para ello siempre será necesario que la parte demandante justifique
con especificidad la razón o motivo para su inacción dentro del plazo original.
A la luz de la normativa procesal antes esbozada,
analicemos la actuación del foro intermedio apelativo de dar a la señora Rivera
Ocasio por desistida con perjuicio de su demanda en cuanto a los recurridos,
señores José Luis y Jason Pérez Padilla.
La parte demandante, aquí peticionaria, sostiene que el
entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones erró al así proceder. Arguye que
un examen de las circunstancias del presente caso, a tenor con la
jurisprudencia interpretativa de la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra,
revela que la drástica sanción impuesta por el foro intermedio apelativo era
improcedente. Plantea, asimismo, que al autorizar el
emplazamiento por edictos de los aquí recurridos, el foro primario lo que hizo
fue ejercitar correctamente la facultad discrecional que le reconoce nuestro
ordenamiento para extender el término reglamentario de seis (6) meses provisto
por la Regla 4.3(b), supra, para el diligenciamiento de los
emplazamientos. Por el
contrario, los recurridos sostienen que el foro intermedio apelativo actuó
correctamente al desestimar con perjuicio la demanda toda vez que la parte
peticionaria no demostró la razón constitutiva de “justa causa” que le impidió
solicitar y diligenciar los emplazamientos por edictos de conformidad con la
Regla 4.3(b), supra.
Según el trasfondo procesal previamente
consignado, la señora Rivera Ocasio presentó su demanda sobre división de
comunidad de bienes contra los causahabientes del finado José M. Pérez Rivera
con fecha de 1 de diciembre de 2000. Ese mismo día, la Secretaría del Tribunal
de Primera Instancia expidió el emplazamiento dirigido a la codemandada Iris
Nereida Pérez Padilla, hermana de los recurridos. En aquel entonces, la señora
Rivera Ocasio no sometió, para su correspondiente expedición, los proyectos de
emplazamiento dirigidos a los restantes componentes de la sucesión, los
codemandados José Luis y Jason Pérez Padilla. Ello porque, a pesar de estar al
tanto de que éstos vivían en Estados Unidos, alegadamente ignoraba sus
respectivas direcciones residenciales. El emplazamiento a la codemandada Pérez
Padilla fue diligenciado personalmente el 10 de diciembre del mismo año; esto
es, dentro del término de seis (6) meses prescrito por la Regla 4.3(b), supra.
Así las cosas, mediante carta
fechada 30 de agosto de 2001, la representación legal de la codemandada Pérez
Padilla le proveyó a la demandante las direcciones exactas de los codemandados
no residentes en Puerto Rico. A pesar de lo anterior, no fue hasta el 4 de
septiembre de 2002, esto es, casi un año después de expirada la prórroga
concedida por el foro primario para el diligenciamiento de los emplazamientos,
que la parte demandante presentó ante dicho foro una moción para emplazar por
medio de edictos a los señores José Luis y Jason Pérez Padilla. En esta
ocasión, arguyó que no había actuado dentro del término de la prórroga otorgada
pues entendía que los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia
estaban paralizados; ello porque a la fecha de la concesión de la prórroga, el
foro intermedio apelativo aún no había dilucidado la controversia en torno a la
falta de jurisdicción sobre los señores Pérez Padilla, ni la cuestión sobre la
invalidez de la orden de embargo dictada ex parte por el foro primario. Posteriormente,
reiteró que había estimado “razonable y prudente” aguardar por la sentencia del
foro intermedio apelativo resolviendo dichos asuntos para entonces continuar
con las gestiones dirigidas a emplazar a los aquí recurridos.
Transcurridos casi dos (2)
años de haberse interpuesto la demanda de marras, el 9 de octubre de 2002, el
Tribunal de Primera Instancia dispuso finalmente que los emplazamientos de los
codemandados José Luis y Jason Pérez Padilla se hicieran mediante edictos, los
cuales fueron publicados el 23 de octubre de 2002 en el periódico El Nuevo Día.
En vista del cuadro procesal
antes descrito, no podemos más que coincidir con el criterio del foro
intermedio apelativo de que, evidentemente, la parte demandante
no desplegó la diligencia razonable para diligenciar los emplazamientos de los
aquí recurridos dentro del término original dispuesto por la Regla 4.3(b), ni
en el término de la prórroga dispuesta a esos fines por el Tribunal de Primera
Instancia. La señora Rivera Ocasio incumplió con ambos términos, careciendo de
“justa causa” para así hacerlo.
Entendemos que la parte
demandante tenía disponibles los distintos mecanismos de descubrimiento de
prueba contemplados en nuestro ordenamiento procesal civil para obtener oportunamente
las últimas direcciones conocidas de los aquí recurridos y de ahí proceder a
emplazarlos conforme a derecho. A modo de ejemplo, la señora Rivera Ocasio
bien pudo notificarle un interrogatorio a la codemandada Iris Nereida Pérez
Padilla requiriéndole la información en cuestión.
En el caso ante nos, la
peticionaria sostiene que la codemandada Pérez Padilla tardó aproximadamente
ocho (8) meses en proveerle las direcciones de los recurridos, a pesar de los
múltiples requerimientos que se le hicieran a a esos efectos, incluyendo los
efectuados durante la toma de una deposición. Sin embargo, cabe
destacar que nada en el expediente nos convence de que los múltiples
requerimientos en efecto se hicieran. Reconocemos que, conforme a la Regla 67.4
de Procedimiento Civil, las partes no tienen la obligación
procesal de presentar en el tribunal, entre otros documentos, los
interrogatorios que le notifiquen a la parte contraria como parte del
descubrimiento de prueba, así como las contestaciones a éstos, hasta tanto sea
necesaria su utilización en los
procedimientos o su radicación
sea ordenada por el tribunal motu proprio o a moción de parte
interesada. No obstante, consideramos que de haber la señora Rivera Ocasio
realizado los diversos requerimientos que alega, ésta debió hacerlo constar
ante el foro primario mediante la presentación de los escritos o documentos
pertinentes, de manera que demostrara las diligencias efectuadas para localizar
a los recurridos y emplazarles oportunamente.
Además, no podemos perder de
perspectiva que la codemandada Pérez Padilla en forma alguna venía obligada a
cooperar con la demandante-peticionaria en el diligenciamiento de los
emplazamientos a los restantes miembros de la sucesión.
Ahora bien, aunque nos
reafirmamos en que la parte demandante, aquí peticionaria, no actuó con la
debida diligencia para emplazar oportunamente a los aquí recurridos y tampoco
adujo una razón válida en derecho para ello, no podemos refrendar el curso
de acción tomado por el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones de dar a
la parte actora por desistida con perjuicio de su demanda en cuanto a los
recurridos, señores José Luis y Jason Pérez Padilla. La determinación del foro
intermedio apelativo tiene el efecto de una adjudicación en los méritos, con el
consabido resultado de que tendrá autoridad de cosa juzgada. Por la naturaleza
particular de la situación fáctica ante nos, la aplicación literal por parte
del foro intermedio apelativo de la norma adjetiva establecida en la Regla
4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, conduce al resultado antijurídico
de la indivisión indefinida de una comunidad de bienes. La decisión del tribunal a
quo revela cómo las normas procesales, en determinadas ocasiones, parecen
adquirir vida propia, sin que haya razón válida que así lo amerite.
Reiteramos, una vez más, que al interpretar nuestras Reglas de
Procedimiento Civil hay que tener presente, como principio rector, que éstas no
tienen vida propia, sólo existen para viabilizar la consecución del derecho
sustantivo de las partes. En
ocasiones, en nuestro afán de hacer valer las reglas, las aplicamos literalmente;
sin embargo, debemos evitar convertirnos en prisioneros de la tiesa
construcción de una norma procesal. Cuando una regla procesal no pueda
armonizarse en su aplicación con el derecho sustantivo de una parte, la primera
forzosamente tiene que ceder pues no puede dar base a que el derecho sustantivo
que viene llamada a viabilizar sucumba ante ésta.
Las alegaciones contenidas en la demanda presentada por la señora
Rivera Ocasio pretenden, mediante la acción communi dividundo, que se
ordene a los codemandados, miembros de la sucesión de José M. Pérez Rivera, a
proceder con la división de la comunidad de bienes resultante de la herencia y
que se le entregue a la demandante un cincuenta por ciento (50%) de las
ganancias producto de su esfuerzo y trabajo durante la relación concubinaria
pública que mantuviera con el causante por espacio de diecisiete (17) años.
El Art. 326 del Código Civil de Puerto Rico establece que “[h]ay
comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro
indiviso a varias personas.” (Énfasis
suplido.) Toda vez que poseen características comunes que las enlazan en
similaridad, nuestro Código Civil ordena que las reglas concernientes a la
división de la comunidad hereditaria, siempre que no haya conflicto o
incompatibilidad, serán aplicables a la división entre los partícipes de la
comunidad.
De otra parte, en cuanto a la división de la cosa común se refiere,
el Art. 334 del Código Civil preceptúa lo siguiente:
[n]ingún
copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos
podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común. Esto no obstante, será válido el pacto de conservar la cosa
indivisa por tiempo determinado, que no exceda de diez años. Este plazo podrá
prorrogarse por nueva convención.
(Énfasis suplido).
La acción para pedir la división de la propiedad común es imprescriptible.
Así lo dispone el Art. 1865 de nuestro Código Civil. Citando con aprobación los comentarios de Manresa y Scaevola, este
Tribunal ha reconocido que nuestro Código Civil desalienta y repudia la
comunidad, fuente de desavenencias que dificultan su administración y degenera
en obstáculo al fomento de la propiedad, la industria y la riqueza. Hacia el
objetivo de extinguir la copropiedad se dirige, entre otros, el antedicho Art.
334, supra, al declarar que ningún copropietario estará obligado a
permanecer ad perpetuam en indivisión forzosa, expresión ésta que
concreta la imprescriptibilidad de las acciones para solicitar la división de
la propiedad común.
Por último, es requisito esencial para el ejercicio de
la acción communi dividundo que ésta se dirija contra todos los
partícipes o comuneros con el fin de que no resulte ineficaz la sentencia que
se dicte para hacer efectiva la división de la cosa poseída pro indiviso
y en común. Por
ende, para que pueda prosperar la acción ejercitada por la señora Rivera
Ocasio, es necesario que ésta haya traído a la jurisdicción del tribunal a
todos los partícipes de la comunidad, quienes son partes indispensables en el
pleito sin cuya presencia no puede adjudicarse la controversia.
En el caso que hoy nos atañe, enfrentamos la dificultosa tarea de
armonizar dos disposiciones, una de carácter puramente procesal y otra
sustantiva, que claramente no son conciliables entre sí. De una parte, tenemos
el mandato expreso de la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, de
dar a la peticionaria por desistida con perjuicio de su reclamación contra los
recurridos, por ésta haber diligenciado sus emplazamientos inoportunamente
sin que mediara “justa causa” para ello. De otra, tenemos el derecho
sustantivo absoluto que le asiste a la peticionaria, consagrado en el Art. 334
del Código Civil, supra, a no permanecer ad perpetuam en
comunidad forzosa con los codemandados; derecho que, dicho sea de paso, es imprescriptible.
Somos del criterio que, en situaciones tan particulares como la de
autos, merecedoras de un enfoque especial, la norma procesal que emana de la
Regla 4.3(b), supra, no puede tener el efecto de imposibilitar que un
comunero ejercite su derecho sustantivo absoluto a solicitar la división de la
comunidad de bienes en cualquier momento. Inclinarnos
por una aplicación literal de las disposiciones de la Regla 4.3(b) al caso que
nos ocupa, conduciría, en la práctica, a la derrota de un derecho esencial
concebido por el Art. 334 del Código Civil, supra. Curso de acción que,
con toda certeza, le haría un flaco servicio a nuestro deber primordial de
hacer justicia.
En vista de que en cualquier tiempo, pues, se puede ejercitar la
potestad disolutoria de la comunidad de bienes, sin que obste a ello cualquier
circunstancia intercedente, es imperativo que, como acto justiciero, rechacemos
una aplicación de la Regla 4.3(b) con excesivo rigor literal y, en su lugar,
garanticemos el derecho sustantivo de la peticionaria a la actio communi
dividundo.
De prevalecer la decisión del foro intermedio apelativo de
desestimar con perjuicio la demanda de la señora Rivera Ocasio en cuanto a los
aquí recurridos, dictamen que tendría efecto de cosa juzgada, ello impediría
que la comunidad de bienes existente entre la señora Rivera Ocasio y los
codemandados, como consecuencia de la muerte del causante, sea dividida. Es
decir, la actuación del foro intermedio apelativo conduciría al inaceptable
resultado de que la parte aquí peticionaria tuviera que permanecer ad
perpetuam en indivisión forzosa con los codemandados.
Analizada la situación fáctica procesal del presente caso, a la
luz de los principios normativos que preceden, concluimos que el curso de
acción más justo y apropiado era, precisamente el adoptado por el foro
primario, permitir el diligenciamiento, aunque tardío, de los emplazamientos a
los recurridos de forma tal que la parte demandante pudiera ejercer plenamente la
actio communi dividundo contra todos los partícipes de la comunidad. Por
consiguiente, erró el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones al
desestimar con perjuicio la demanda de la peticionaria, en cuanto a los aquí
recurridos.
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