Jurisprudencia del Tribunal
Supremo de P. R. del año 2010
2010 DTS 066 MORENO ORAMA V. DE LA TORRES, UPR, POLICIA Y
SECRETARIO DE ESTADO 2010TSPR066
EN
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Fernando
Moreno Orama y
Jorge
Farinacci Fernós
v.
José R. De La Torre, Presidente de la Universidad de
Puerto Rico; Universidad de Puerto
Rico; José Figueroa Sancha, Superintendente de la Policía de
Puerto Rico; Ana R. Guadalupe, Rectora
Interina del Recinto de Río Piedras;
Kenneth McClintock Hernández, Secretario de Estado
Demandados-Peticionarios
Certificación
2010 TSPR 66
178 DPR ____
Número del Caso: CT-2010-3
Fecha: 30 de abril de 2010
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo.
Oresta R. Ramos
Lcda.
Maritere Colón Domínguez
Lcdo.
Anthony Guadalupe Baerga
Parte Recurrida: Sr..
Fernando Moreno Orama
Sr.
Jorge Farinacci Fernós
Materia: Certificación, Expide
el auto y se paralizan la orden de Injunction preliminar y concede tiempo para
que la parte recurrida exprese su posición. El Injunction preliminar es “no
poner en vigor el receso académico y administrativo indefinido que la Rectora
decretó el 21 de abril de 2010 [y] abrir el Recinto en o antes del 3 de mayo de
2010 a las 6:00 de la mañana”.
ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento oficial del
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distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
RESOLUCION
San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de
2010
Examinado
detenidamente el recurso de certificación intrajurisdiccional presentado por
los peticionarios y ante el alto interés público que presenta el recurso, se
expide el auto, se paralizan los efectos de la orden de injunction preliminar
y se concede hasta el lunes, 3 de mayo de 2010, a las 5:00 PM, para que la
parte recurrida exprese su posición.
Notifíquese
vía facsímile y vía telefónica.
Lo
acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez emite un Voto particular disidente al que
se une la Jueza Asociada señora Fiol Matta. El Juez Presidente señor Hernández
Denton está inhibido.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria
del Tribunal Supremo
Voto particular disidente emitido por la Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez al que se une la Jueza Asociada señora Fiol
Matta
San Juan, Puerto
Rico, a 30 de abril de 2010
Comparecen la Universidad de Puerto
Rico, el Dr. José R. De la Torre, Presidente de la Universidad de Puerto Rico y
la Dra. Ana Guadalupe Quiñones, Rectora Interina del Recinto de Río Piedras,
mediante recurso de certificación intrajurisdiccional, en el cual solicitan la
revocación de la Orden de injunction preliminar emitida el 28 de abril
de 2010 por el Tribunal de Primera Instancia a través del Hon. José Negrón
Fernández, Juez. Mediante el referido dictamen, el foro primario ordenó al
Presidente de la Universidad y a la Rectora del recinto riopiedrense a “no
poner en vigor el receso académico y administrativo indefinido que la Rectora
decretó el 21 de abril de 2010 [y] abrir el Recinto en o antes del 3 de mayo de
2010 a las 6:00 de la mañana”.
Mediante el recurso presentado por los
peticionarios, éstos alegan que la Orden recurrida “interviene indebidamente
con la discreción de la U.P.R. para atajar conducta violenta, ilegal y violatoria
de las normas disciplinarias del Recinto como la que comenzó el pasado 21 de
abril de 2010 y mediante la cual se le ha privado a la Universidad del control
sobre éste”. También se alega que
“[p]rohibir que la Rectora decrete un receso de tipo académico y administrativo
ante situaciones reales de violencia que afectan a funcionarios del Recinto y a
sus estudiantes es una determinación injustificada y, más aún, contraria a la
autonomía universitaria”. Por último, nos
solicitan que declaremos que “en Puerto Rico la libertad de expresión no
incluye el derecho de tomar el control de una institución pública ni el de
llevar a cabo actos violentos en ese sentido”.
Al examinar objetiva
y desapasionadamente la Orden de injunction preliminar emitida por la
sala de instancia, no obstante, se puede colegir que ésta no tiene el nefasto
alcance que los peticionarios alegan. En dicha Orden, el foro de instancia
realizó una exposición adecuada de la doctrina de libertad de expresión y
asociación en el contexto escolar y universitario, y además, aplicó las
disposiciones pertinentes del Reglamento General de la Universidad. En
específico, la sala de instancia indicó que la sección 32.4.10 del artículo 32
del Reglamento establece, en síntesis, que el Rector o Rectora de cada unidad
del sistema podrá suspender las actividades extracurriculares en la
Universidad, cuando exista peligro claro e inminente de que dichas actividades
puedan resultar en la interrupción, obstaculización o perturbación sustancial y
material de las tareas regulares del centro docente. La citada sección
establece, igualmente, que dicha suspensión debe decretarse mediante una
resolución escrita fundamentada emitida por el Rector o Rectora. Además, la
suspensión decretada deberá ser temporal, y no extenderse por un período mayor
a treinta (30) días, salvo que la Junta de Síndicos lo apruebe.
Al analizar los
hechos que tenía ante su consideración, el foro de instancia determinó
-correctamente- que el receso académico decretado es equiparable a una
suspensión de los derechos de libertad de expresión y asociación y, que en este
caso, la Rectora Dra. Ana Guadalupe no cumplió con las exigencias que establece
el Reglamento General de la Universidad. El receso académico decretado por la
Rectora se realizó a través de una sucinta Carta Circular, en la cual se
describen unos incidentes de violencia acaecidos durante la mañana del 21 de
abril de 2010, por los cuales entendió que no había otra alternativa que el
cierre académico y administrativo. La Rectora no emitió ese día la resolución
fundamentada requerida por el Reglamento, ni lo hizo en los tres (3) días
siguientes al decreto del receso. Tampoco se justificó ante el foro de
instancia las razones para no cumplir con dicho requisito reglamentario.
A pesar de que los
peticionarios alegan que la Carta Circular es el mecanismo que ordinariamente
se utiliza para comunicar a la comunidad universitaria toda decisión
administrativa de la Rectora, dicha carta dista mucho de las resoluciones que
se han emitido en el pasado en situaciones similares. Las resoluciones
anteriores incluyen –contrario a la Carta Circular de este caso– un resumen
detallado de los actos que llevan al Rector a tomar tal decisión y la base
reglamentaria que le permite realizar dicho decreto.
Por otro lado, el
receso decretado por la Rectora fue uno indefinido, en clara contravención con
el carácter temporal que exige el Reglamento de la Universidad, el cual no ha
de ser por un período mayor a treinta (30) días, salvo autorización de la Junta
de Síndicos. Acoger la interpretación de los peticionarios de que “sin
importar la manera en que se denomine el receso decretado, éste perderá su
efectividad al transcurrir el período de treinta (30) días” sería darle carta
blanca a la administración universitaria para cumplir con sus reglamentos
cuando lo entiendan pertinente, dejando de lado la reglamentación adoptada por
la propia Universidad.
Por lo tanto, no tienen
razón los peticionarios al exponer que la Orden del Tribunal de Primera
Instancia le prohíbe a la administración universitaria atajar –mediante el
mecanismo del receso académico– situaciones de violencia que se susciten en
cada una de las unidades del sistema, en pos de preservar el orden y la paz
institucional. Al contrario, la Orden emitida presume la validez de la
facultad de cada uno de los Rectores de suspender las actividades
extracurriculares –lo que tiene el efecto de restringir el derecho a libertad
de expresión y asociación– en situaciones en las cuales exista un peligro claro
e inminente de perturbar las tareas regulares del centro docente. No obstante,
dicha restricción debe realizarse conforme al Reglamento que la propia
Universidad adoptó para regular las mencionadas circunstancias excepcionales.
Después de todo, la Universidad no está exenta de la norma de derecho
administrativo que establece que toda instrumentalidad o agencia gubernamental
está obligada a seguir fielmente sus propios reglamentos. García Cabán v.
U.P.R., 120 D.P.R. 167, 175 (1987).
Tampoco la Orden
emitida por la sala de instancia valida -como corolario de su derecho a la
libertad de expresión- las actuaciones de los estudiantes al apostarse en los
portones del Recinto, como alegan los peticionarios en su recurso. Esa no fue
la controversia presentada ante el foro de instancia ni resuelta por éste
mediante la concesión del injunction impugnado. La única controversia
que adjudicó el foro primario era la validez de la actuación de la Rectora del
Recinto de Río Piedras al decretar un receso académico indefinido en dicho
centro docente y ordenar el cierre de éste. Como vimos, presumiendo que la
Rectora cuenta con tal facultad, el foro de instancia determinó que dicha
actuación fue inválida, por no cumplirse con la reglamentación aplicable.
Siendo así,
considero que la decisión del tribunal de instancia realizó un balance adecuado
de los intereses en juego y concedió correctamente el injunction
preliminar, puesto que la Universidad no siguió el proceso debido al decretar
el receso académico. Se nos dificulta entender por qué aún no se ha subsanado
esa deficiencia procesal.
Ante tal escenario
procedía expedir el recurso de injunction, pues los estudiantes sufren
un daño irreparable al restringírsele ilegalmente su derecho a libertad de
expresión y asociación y no existe otro remedio adecuado en ley para atender
dicha violación. No podemos perder de vista que los derechos de libertad de
expresión y asociación gozan de primacía en nuestro ordenamiento y no deben
restringirse injustificadamente, sin cumplirse con las salvaguardas procesales
que podrían validar dicha actuación. En ese tenor, vale la pena citar lo
siguiente:
Cuando el derecho de mayor preeminencia, el de
expresión, se ve tan erosionado en pocos meses, en un solo término del
Tribunal, la aprehensión turba el espíritu del creyente más firme en un
gobierno de ley. Esperamos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no pierda de
vista que la mejor manera de salvaguardar el orden en las universidades y en
las escuelas públicas es sosteniendo el mandato constitucional: libre
expresión para todos. Libre, sin prohibiciones absolutas. (Énfasis en
original.)
R. L. Martínez Torres, La Primera
Enmienda se va de la Universidad de Puerto Rico: Restricciones absolutas a los
derechos de expresión, 52 Rev. Jur. U.P.R. 665, 696 (1983).
Aun cuando soy del
criterio que el presente recurso es de gran interés público, proveería no ha
lugar por considerar fundamentalmente correcta la decisión del Tribunal de
Primera Instancia. Por las razones antes expresadas, disiento respetuosamente
de la determinación que hoy anuncia la mayoría.
Anabelle
Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
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