2012 Jurisprudencia del Tribunal Supremo
de P. R. del año 2012
2012 DS 006 BRITO DIAZ V. BIOCULTURE PUERTO RICO, INC.
2012TSPR006
EN
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Roberto Brito Díaz; Ángel Luis
Sanabria Morales; Keila Colón Rivera; José C. Rodríguez Collazo;
José Enrique Cruz Mercado; Nydia Luz Rivera Laporte; Marianita Palau; Carla
Capalli Rosa; Ángel Torres y People Fort The Ethical Treatment of Animals
(PETA)
Recurridos
v.
Bioculture Puerto Rico, Inc.; Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE); Departamento de Justicia;
Junta de Calidad Ambiental (JCA); Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA); Departamento de Agricultura; Compañía de Fomento Industrial
(PRIDCO); Municipio de Guayama; Ing. José Mateo Colón; e Ing. Germán Torres
Berríos
Peticionarios
Certiorari
2012 TSPR 6
184 DPR ____
Número del
Caso: CC-2011-929
Fecha: 10 de
enero de 2011
Tribunal de
Apelaciones: Región Judicial de Arecibo, Guayama y Utuado, Panel
Especial XI
Juez
Ponente: Hon. Luis G. Saavedra Serrano
Abogados de la
Parte Peticionaria: Lcdo. Luis Sánchez Betances
Lcdo.
Jorge Martínez Luciano
Lcdo.
Emil Rodríguez Escudero
Abogados de la
Parte Recurrida: Lcdo. Ricardo F. Casellas
Lcdo. César T. Alcover Acosta
Lcdo. Manuel Pietrantoni Cabrera
Lcdo. Segundo Meléndez
Lcdo. José Juan Nazario
Materia: Injuction Preliminar y
Permanente y Remedios Provisionales. No Ha Lugar a la Reconsideración y
Solicitud de Vista Oral.
ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento oficial del
Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
RESOLUCIÓN
En San Juan,
Puerto Rico, a 10 de enero de 2012.
Examinada la Solicitud de Reconsideración y la Solicitud
de Celebración de Vista Oral en el caso de epígrafe, se declaran ambas No
Ha Lugar.
Notifíquese inmediatamente a las partes por teléfono, fax y por la
vía ordinaria.
Lo acordó y ordena el Tribunal, y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un voto de
conformidad, al cual se unió el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo. El Juez
Asociado señor Estrella Martínez emitió un voto de conformidad, al cual se
unieron el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco emitió un Voto
Particular Disidente, al cual se unieron el Juez Asociado señor Rivera García y
el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón.
Aida
Ileana Oquendo Graulau
Secretaria
del Tribunal Supremo
Voto
de conformidad emitido por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES a la
cual se une el Juez Asociado señor KOLTHOFF CARABALLO
En San Juan,
Puerto Rico, a 10 de enero de 2012.
Una mayoría de los miembros de este
Foro actúa correctamente en el día de hoy al no reconsiderar y declarar no ha
lugar una moción en que se solicita vista oral. Sin embargo, lo indicado en el
voto disidente me obliga a expresarme de nuevo sobre el alcance del derogado
Art. 31 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A. sec. 72(c) y lo
resuelto en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563 (2010).
De esta forma, se coloca en justa perspectiva el derecho aplicable al caso que
nos ocupa.
I
El Art. 31, íd., hoy derogado pero
aplicable a esta controversia, establecía en lo pertinente, que una vez se
apela la concesión de un permiso de construcción ante la Junta Apelativa sobre
Construcciones y Lotificaciones (J.A.C.L.) “el organismo o funcionario de cuya
actuación se apela, suspenderá todos los procedimientos ante sí,
relativos a la actuación, determinación, o resolución de la
cual se apela”. (Énfasis nuestro.) En Fuertes, Guillermety v. A.R.Pe.,
130 D.P.R. 971 (1992), se planteó que un permiso de construcción expedido por
A.R.Pe. que se apeló ante la J.A.C.L. no se podía revocar “sin una vista previa
debido a que constituía un derecho de propiedad”. Íd., pág. 981. Al concluir
que esa aseveración era incorrecta, esbozamos que
una vez iniciada una apelación ante la Junta, los procedimientos
ante A.R.Pe. quedan paralizados. A.R.Pe. emitió erróneamente el Permiso
de Construccion el 23 de septiembre de 1988, antes de que transcurrieran
los treinta (30) días para apelar su resolución. Fuertes apeló en tiempo. La
decisión de A.R.Pe. nunca advino final y firme.
Íd., pág. 982. (Énfasis nuestro y en el original.)
Ese principio de derecho se ratificó en Plaza Las
Américas v. N & H, 166 D.P.R. 631, 654 (2005). En el caso que nos
ocupa, se apeló la concesión del permiso de construcción dentro de los 30 días
que el Art. 31, supra disponía. Así, la eficacia del permiso quedó en
suspenso.
Me reconforta que aunque tardara un mes desde que atendió
el recurso por primera vez, la disidencia aborde al fin el alcance del Art. 31,
íd. Sin embargo, es incorrecto afirmar que el injunction que contemplaba
la ley se limitaba a paralizar la efectividad de los permisos de construcción que
se emitieron después que se solicitó su revisión ante la J.A.C.L. Como vemos,
hemos resuelto reiteradamente que el Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra,
23 L.P.R.A. sec. 72, también podía usarse para impedir que continuara la
construcción después de que el permiso estaba bajo la revisión de la J.A.C.L.,
pues según el Art. 31, supra, la efectividad de ese permiso quedaba en
suspenso.
II
Por otro lado, los hechos que ocupan hoy nuestra
atención son distintos a los que se dieron en Fund.
Surfrider y otros v. A.R.Pe, supra. Así lo reconoce la peticionaria
Bioculture. Sin embargo, esta hace un análisis acomodaticio y desacertado en su
escrito de reconsideración sobre la figura de la legitimación activa.
En particular, Bioculture señala que “no existe
diferencia entre lo declarado por el señor Rodríguez Collazo con lo argüido por
el señor Richter en Fundación Surfrider”. Solicitud de
Reconsideración, pág. 3. Peor aun, la parte peticionaria entiende que “la
evidencia de daño y la participación que tuvo el Sr. Richter en el caso de
Fundación Surfrider fue mayor a la ofrecida por el Sr. Rodríguez Collazo”. Íd.
Discrepo totalmente de ese raciocinio.
En Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe, supra,
pág. 583, el señor Richter adujo que tenía problemas de distribución de agua y
que entendía que ese problema se agravaría con el aumento de consumo que
significaría la construcción del proyecto que impugnó. No trajo prueba al
respecto. Se basó en una creencia suya sin base para sostenerla. Esos factores
nos llevaron a resolver que el señor Richter carecía de legitimación activa. En
específico, indicamos que
el señor Richter alega que se verá afectado por la decisión
administrativa ya que “entiende” que el alegado problema de distribución de
agua se intensificará con la construcción del proyecto. Ésta es una alegación
especulativa y conclusoria. Además, como no se alegó la ubicación de la
residencia al predio del proyecto ni la proximidad, no podemos saber si el
sector donde está ubicada la residencia se suple de la misma toma de agua que
el proyecto.
Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe, supra,
pág. 588.
Ahora bien, si contrastamos lo expuesto en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe, con
este caso, es forzoso concluir que el señor Rodríguez Collazo sí demostró
ostentar legitimación activa. En particular, el señor Rodríguez Collazo
demostró mediante una declaración incontrovertida que sufrió un daño económico
como consecuencia del permiso de construcción concedido pues no pudo vender su
proyecto de viviendas colindante con la finca de Bioculture. Su condición de
colindante no está en disputa, a diferencia del Sr. Richter en Fund.
Surfrider. Además, el daño probado no es especulativo. Por el contrario, es
claro, real, concreto y específico, tal como Fund. Surfrider y otros v.
A.R.Pe, supra, requiere. El daño es personal e inminente, lo que lo
cualifica para obtener un injunction según el Art. 28, supra.
Además, se desprende de la transcripción de las vistas
evidenciarias que el colindante Rodríguez Collazo contestó los pormenores del
desarrollo de viviendas que tenía propuesto en su propiedad a instancias de la
representación legal de Bioculture. Dicho de otro modo, la legitimación activa
del colindante Rodríguez Collazo se demostró en el contrainterrogatorio que la
representación legal de Bioculture le realizó. Véase, Transcripción de Vista
Evidenciaria de 9 de noviembre de 2009, pág. 97-100. Entonces, no cabe
hablar de testimonio acomodaticio (self serving).
No se puede perder de perspectiva que nos encontramos
ante el testimonio bajo juramento de un testigo a quien el foro primario le
creyó. Eso constituye evidencia directa. Regla 110(D)
de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A.,
177 D.P.R. 345, 357 (2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175
D.P.R. 799, 811 (2009); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001). Es
norma reiterada que “un tribunal apelativo no debe intervenir con las
determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad del foro
primario a menos que este último haya incurrido en error manifiesto, pasión,
prejuicio o parcialidad”. S.L.G. Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345,
361 (2009). Véase, además, Flores v. Soc. de Gananciales, 146 D.P.R. 45,
49 (1998); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939 (1975). Por eso, rechazo
la invitación que se nos hace en la moción de reconsideración para que, como
los proverbiales tres monitos, no oigamos, veamos ni hablemos de la prueba que
desfiló en el Tribunal de Primera Instancia y que establece el daño concreto,
personal y real del corecurrido Rodríguez Collazo.
III
Todo lo anterior me lleva a concluir que no procede
reconsiderar. Para ello no hace falta una vista oral. Los beneficios de una
vista oral para ilustrar al Tribunal y esclarecer la controversia son
indudables. Sin embargo, su valor se desvanece después que el Tribunal decidió.
Por eso, me parece tardía la solicitud de vista oral que la parte peticionaria nos
hace en la etapa de la reconsideración.
En fin, he discutido el marco jurídico aplicable a la
controversia que nos atañe hoy. Los precedentes están claros. Por eso,
considero que llegar a una solución contraria tendría el efecto de trastocar
“la confianza en nuestras instituciones y en nuestro ordenamiento jurídico, el
cual debe aspirar a garantizar un ambiente de uniformidad y consistencia en la
aplicación del Derecho”. Brito Díaz et al. v.
Bioculture et al., res. el 9 de diciembre de 2011, 2011 T.S.P.R. 185, 2011
J.T.S. 190, 183 D.P.R. __ (2011), Voto particular disidente de la Jueza
Asociada señora Pabón Charneco, al cual se unieron los Jueces Asociados señores
Rivera García y Feliberti Cintrón, pág. 2.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
Voto de conformidad emitido por
el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ al cual se unen el Juez Presidente
SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON y la Juez Asociada SEÑORA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2012.
Estoy conforme
con la determinación de una mayoría de este Tribunal de denegar las solicitudes
de reconsideración y de vista oral, presentadas por Bioculture Puerto Rico,
Inc. (Bioculture).
I.
En nuestro Voto
de Conformidad del pasado 9 de diciembre, tuvimos la oportunidad de impartirle
consistencia a la jurisprudencia interpretativa del Art. 28 de la Ley Orgánica
de A.R.Pe., Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A. sec. 71 et seq.
(derogada).
En aquella
ocasión, reafirmamos que el procedimiento establecido por el Art. 28, 23
L.P.R.A. sec. 72, es un mecanismo estatutario, independiente, especial, sumario
y limitado que permite la paralización de las obras o usos que violen la ley. A.R.Pe. v. Rodríguez, 127 D.P.R. 793, 808-809 (1991).
En clara
confirmación de que nuestro dictamen en nada priva de jurisdicción a la Rama
Ejecutiva, reiteramos lo resuelto en A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116
D.P.R. 816, 822 (1986), donde expresamos que la utilización de los
procedimientos sumarios que buscan dar la debida protección a la salud y
bienestar público, tal como el establecido en este articulado, no se
circunscribe exclusivamente a situaciones de emergencia. Además, reiteramos que
este mecanismo no desplaza la función administrativa, sino que es un
mecanismo provisional. Plaza las Américas v. N & H, 166 D.P.R.
631, 647 (2005).
En el pasado,
descartamos el planteamiento -reciclado en el caso ante nos- de que las
doctrinas de jurisdicción primaria y de agotamiento de remedios administrativos
impiden la concesión del remedio sumario del Art. 28. Ciertamente, la
disponibilidad del procedimiento sumario establecido en el referido Art. 28 no
está supeditada a las normas de jurisdicción primaria ni de agotamiento
de remedios administrativos. Véase, Mun. de Caguas v. AT & T, 154
D.P.R. 401, 415 (2001).
A pesar de esa
realidad, los peticionarios nuevamente acuden en reconsideración obviando la
naturaleza y los requisitos dispuestos en el Art. 28 para obtener el remedio
contemplado en el mismo.
El propósito
del Art. 28 es proveer un mecanismo sumario rápido, independiente y complementario.
A.R.Pe. v. Rodríguez, supra. Para llegar a la conclusión
propuesta por Bioculture, tendríamos que pasar por alto que las órdenes de
paralización solicitadas, al amparo del procedimiento especial de dicho
articulado, son un remedio independiente y diferente del interdicto
tradicional. Así bien, a diferencia del interdicto tradicional, el
mecanismo que brinda el Art. 28 no surge de la equidad, sino que debe ser
evaluado según la letra del mismo y su jurisprudencia interpretativa. Plaza
las Américas v. N & H, supra, pág. 650; A.R.Pe. v. Rivera,
159 D.P.R. 429, 444-445 (2003); A.R.Pe. v. Rodríguez, supra. Bajo
el Art. 28 no se requiere alegación ni prueba de daños irreparables,
sino sólo la determinación de que el demandado ha violado las disposiciones de
la ley. A.R.Pe. v. Rivera, supra.
El Art. 28 establece los criterios que efectivamente
cumplieron los recurridos vecinos y colindantes del proyecto de Bioculture. Así
lo comprobó nuestro análisis de la prueba. Me
reafirmo en el contenido en mi Voto Particular previo. No es necesario abonar a
una controversia en la que seis (6) miembros de este Tribunal consideramos que
los recurridos poseen legitimación para obtener el remedio interdictal especial
alcanzado.
II.
En nuestro Voto
Particular tuvimos la oportunidad de analizar toda la prueba presentada por los
recurridos ante el Tribunal de Primera Instancia. En su Solicitud de
Reconsideración, los peticionarios no rebaten la realidad de que los recurridos
lograron satisfacer los requisitos del Art. 28 y de su jurisprudencia
interpretativa. Nos reiteramos en nuestro análisis de la transcripción de las
vistas evidenciarias, contenido en nuestro Voto Particular, págs. 10-15.
Finalmente,
como pudo apreciarse en nuestro Voto Particular previo, la determinación de
proveer no ha lugar al recurso de certiorari, presentado por los
peticionarios, estuvo basada primordialmente en la letra clara de la ley
aplicable, su jurisprudencia interpretativa y un detenido análisis de la transcripción
de la prueba ante el Tribunal de Primera Instancia.
Una vez
emitimos nuestro dictamen, a renglón seguido tomamos conocimiento judicial de
acciones administrativas, realizadas por varias agencias ejecutivas de la Rama
copeticionaria, contenidas en un Informe Final del Senado de Puerto Rico. Las
paralizaciones y multas administrativas de las que tomamos conocimiento
judicial y que, dicho sea de paso, no fueron rebatidas por la peticionaria en
su Solicitud de Reconsideración, constituyen elementos válidos para adjudicar
un reclamo bajo el Art. 28 y confirman la corrección del remedio otorgado por
el Tribunal de Primera Instancia.
No se trata de
una mera ponencia de una agencia administrativa ante la Asamblea Legislativa.
Aunque ciertamente la aludida ponencia también revela un tratamiento
inconsistente en relación a este proyecto. Utilizar
un informe legislativo para tomar conocimiento judicial de hechos que no han
sido rebatidos por los peticionarios y que abonan a confirmar la corrección del
dictamen del foro intermedio, en nada constituye una formulación de
política pública. Por el contrario, representa un ejercicio de análisis válido
y consistente con la adjudicación previamente enunciada.
Es por ello que
una interpretación coherente de la jurisprudencia aplicable aquí discutida, nos
obliga a concluir que actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones al
confirmar el dictamen del foro primario. No existen justificaciones de peso
para conceder un auxilio de jurisdicción ni revocar la sentencia del Tribunal
de Apelaciones. Mucho menos para conceder, en esta etapa, una vista oral que en
nada aportará a la solución del caso de marras. Las consideraciones exógenas al
Derecho que plantea Bioculture no me motivan a revocar un remedio provisional
que protege el interés público. En atención a lo antes intimado, estoy conforme
con denegar la reconsideración y la concesión de una vista oral.
III.
Por las razones
anteriormente expuestas, es mi criterio que no procede expedir el auto de certiorari
en los casos de epígrafe ni paralizar el efecto del interdicto especial
emitido. En consecuencia, estoy conforme con denegar la Solicitud de
Reconsideración y la Solicitud de Vista Oral.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
Voto particular disidente emitido por la Jueza Asociada
señora Pabón Charneco, al cual se
une el Juez Asociado señor Rivera García
y el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN.
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2012.
El 21 de diciembre de 2011 compareció ante nos la
compañía Bioculture Puerto Rico, Inc. (en adelante Bioculture) y nos solicitó
que reconsideremos la Resolución que emitimos el 9 de diciembre de 2011. Véase Brito
Díaz y otros v. Bioculture Puerto Rico, Inc. y otros, 2011 T.S.P.R. 185,
2011 J.T.S. 190, 183 D.P.R. ___ (2011). A su vez, peticionó que se concediera
la celebración de una Vista Oral en este Tribunal para atender de manera
detenida y ponderada los asuntos de Derecho que surgieron en los tres (3) votos
particulares que fueron emitidos junto a nuestra Resolución.
En el día de hoy, una mayoría de miembros de este
Tribunal se rehúsa a reconsiderar el resultado al que llegamos en aquella
ocasión. Mi posición en cuanto al caso de epígrafe no ha cambiado. A
contrario sensu, la muy fundamentada Solicitud de Reconsideración
presentada por Bioculture es altamente persuasiva y confirma las preocupaciones
que expresé en mi Voto Particular Disidente anterior. Debido a ello, me veo en
la obligación de disentir nuevamente del curso decisorio seguido por este
Tribunal y así hacer constar las repercusiones que tiene sobre las partes
involucradas en este caso y sobre nuestro ordenamiento en general la conclusión
a la que llega el Tribunal.
I
A.
Legitimación Activa y el precedente de Fund.
Surfrider y otros v. A.R.Pe., infra.
Como muy bien señala Bioculture, nuestra Resolución de 9
de diciembre de 2011 debe ser reconsiderada porque su efecto neto es modificar
la normativa sobre legitimación activa que esbozamos en Fund. Surfrider y
otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563 (2010). Como bien apunta Bioculture, la
desviación del ratio decidendi de ese caso es tan marcada que se llega
al punto de hacer prevalecer la Opinión Disidente emitida en aquella ocasión.
En el Voto Particular de Conformidad del distinguido
hermano Juez Asociado Señor Martínez Torres se le reconoció legitimación activa
a solo uno (1) de los múltiples demandantes en los casos de epígrafe. Al
colindante José Rodríguez Collazo se le reconoció su capacidad para entablar el
pleito de autos porque, según el Voto de Conformidad “este colindante del
proyecto testificó que no ha podido vender parte de su propiedad debido a que
tres compradores potenciales se arrepintieron tras enterarse de la construcción
de las instalaciones de Bioculture. . . Con esta declaración incontrovertida,
el señor Rodríguez Collazo demostró tener un daño económico claro, real,
concreto y específico”. Voto Particular de Conformidad, Martínez Torres, J.
pág. 13. Sin embargo, como nos señala Bioculture:
[a]l reconocerle legitimación activa a Rodríguez Collazo,
exclusivamente basado en el escueto testimonio de [e]ste a los efectos de que
unos supuestos compradores –no identificados- rehusaron comprarle un supuesto
desarrollo de viviendas que alegadamente [e]ste tenía planeado, se entra en una
insalvable inconsistencia con el precedente recientemente adoptado en Fundación
Surfrider v. ARPE, supra. Solicitud de Reconsideración, pág. 2.
Comparto esa conclusión. Si
comparamos las alegaciones del colindante-demandante Collazo en el caso de
autos y del vecino-demandante señor Leon J. Richter en el caso de Fund.
Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, surge con meridiana claridad que es
inconsistente reconocerle legitimación activa a uno y a otro no.
Peor aún, aunque asumiéramos que el
señor Collazo demostró con sus alegaciones sufrir un daño claro, específico
y no especulativo en los casos de epígrafe, mucho más claro resultaba el
alegado daño del señor Richter en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra.
En ese caso, Richter alegó:
(1) que reside ‘en el barrio Ensenada de Rincón, cerca del proyecto
objeto del caso de autos’, (2) que actualmente está afectado por un problema de
distribución de agua, (3) que “entiende que este problema se agravará con el
aumento de consumo que significa este proyecto”, (4) “que sus intereses se
verán afectados porque este tipo de desarrollo aumenta la densidad poblacional
y por lo tanto rompe la armonía y altera las características del vecindario”.
Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra,
pág. 587.
En cuanto a esas alegaciones, concluimos
que:
[e]l hecho de que [Richter] viva en el Barrio Ensenada no significa
que resida en el mismo vecindario en d[o]nde estará ubicado el proyecto, pues
un barrio puede ser tan extenso que contenga varios vecindarios. De hecho, ni
siquiera se alegó que el peticionario reside en el mismo vecindario d[o]nde se
desarrollaría el proyecto.
Por último, el señor Richter alega que se verá afectado por la
decisión administrativa, ya que “entiende” que el alegado problema de
distribución de agua se intensificará con la construcción del proyecto. Ésta
es una alegación especulativa y conclusoria. Además, como no se alegó la
ubicación de la residencia ni la proximidad de ésta respecto al predio del
proyecto, no podemos saber si el sector donde está ubicada la residencia se
suple de la misma toma de agua que el proyecto. Estamos ante meras opiniones
y conclusiones de los peticionarios sin datos que las sustenten.
Ante la insuficiencia de una base fáctica, no podemos determinar si
el copeticionario, el señor Richter, sería afectado por la determinación
administrativa.
Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, págs. 588 - 589.
Contrastemos estas expresiones con lo alegado por el
colindante-recurrido señor Collazo en los casos de epígrafe. Este se limitó a
alegar en una vista evidenciaria que varios compradores de unos terrenos que
estaba desarrollando se arrepintieron del negocio al enterarse de la
construcción de Bioculture en Guayama. En ningún momento se identifican estos
compradores, ni se nos indica a cuánta distancia de la construcción de
Bioculture están estos terrenos desarrollados. Ante este parco testimonio, ¿No
estamos ante una alegación especulativa y conclusoria? ¿No estamos ante
meras opiniones y conclusiones sin datos que las sustenten?
Por otra parte, a diferencia del señor Richter, el
colindante-recurrido Collazo ni siquiera vive en el mismo barrio en el cual
Bioculture construía sus instalaciones. A su vez, testificó que el proyecto
de construcción queda entre once (11) y veinte (20) minutos en carro de su
propiedad. Véase Solicitud de Reconsideración, págs. 2-3. ¿No son estos
factores que deberíamos tomar en consideración para precisamente concluir que
el colindante carecía de legitimación activa?
Como nos señala Bioculture en su Solicitud de
Reconsideración, si se sostiene que la alegación self-serving que
realizó el señor Collazo en la vista evidenciaria fue suficiente para
reconocerle legitimación activa, estaríamos aplicando directamente la Opinión
Disidente que se emitió en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra. En
específico, expresó la compañera Jueza Asociada señora Fiol Matta en aquella
ocasión:
¿[D]e qué nos sirve saber el lugar exacto de la residencia del señor
Richter si nadie puso en duda su condición de vecino del lugar del proyecto?
¿Para corroborar si el daño que alega sufrir era cierto? ¿Y si hubiéramos
conocido el lugar exacto, de qué manera podría este Tribunal confirmar los
daños sufridos por el señor Richter? ¿Cuán lejos es lejos para demostrar que
los abastos de agua se verían afectados? No podemos exigir prueba pericial
sobre esto para el propósito de evaluar la legitimación activa.
Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe.,
supra, pág. 599.
Lamentablemente, al negarse a reconsiderar nuestra
Resolución de 9 de diciembre de 2011, este Tribunal deja huérfana de
contestación la interrogante de cómo es posible que el señor Richter no tuviera
legitimación activa en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, pero
el señor Collazo en los casos de epígrafe sí la ostenta. ¿Sobrevive Fund.
Surfrider y otros v. A.R.P.e., supra, en su totalidad? ¿O su ratio
decidendi se encuentra en algún punto entre la Opinión Mayoritaria y la
Opinión Disidente de ese caso?
Por mi parte, dejo meridianamente claro que seguiré
aplicando el precedente de Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, según
fue decidido originalmente. Para que un demandante pueda alegar que un
proyecto de construcción lo ha afectado tendrá que demostrar un daño claro,
específico y no especulativo. De lo contrario, estaríamos permitiendo que
alegaciones imprecisas, generales, especulativas y carentes de base fáctica
abran las puertas para que cualquier persona impugne un proyecto de
construcción que no sea de su agrado. Las bondades y desventajas de un proyecto
de construcción no pueden ser cuestionadas en los foros judiciales por
demandantes sin legitimación activa. Esa es la norma de Fund. Surfrider y
otros v. A.R.Pe., supra, y así la continuaré aplicando.
B.
El Art. 31 de la Ley Núm. 76, 23 L.P.R.A.
sec. 72c.
En su Voto de Conformidad en nuestra Resolución
de 9 de diciembre de 2011, el compañero Juez Asociado señor Martínez Torres expresó
que Bioculture estaba impedida de continuar construyendo su proyecto en Guayama
porque:
En el caso que nos ocupa, Roberto Brito Díaz y otros presentaron una
apelación ante la J.A.C.L. dentro del término de 30 días que disponía el Art.
31 de la Ley Núm. 76, supra. Con ello, se suspendió la eficacia del permiso
concedido. No es el Tribunal de Primera Instancia el que invalidó el permiso
concedido. Su vigencia estaba suspendida por mandato del Art. 31 de la Ley Núm.
76, íd. El tribunal se limitó a hacer cumplir ese mandato y evitar una
construcción ilegal, como disponía el Art. 28, supra.
Brito Díaz y otros v. Bioculture-Puerto Rico, Inc. y otros, supra, Voto Particular de Conformidad de Martínez Torres, J., pág. 6. En
aquel entonces, no consideré necesario atender los señalamientos en cuanto a
ese articulado que fueron esbozados en el Voto de Conformidad. La razón es
sencilla. ¿Para qué expresarme en cuanto a la alegada violación de un artículo
que ningún tribunal ni ninguna parte en el pleito habían atendido, más aún
cuando concluí que los demandantes-recurridos carecían de legitimación activa
para incoar el pleito? ¿Si los demandantes-recurridos no poseían llave para
entrar al foro judicial, por qué expresarnos en cuanto a fundamentos para
emitir un injunction?
Sin embargo, en su Solicitud de Reconsideración
Bioculture levanta excelentes argumentos de Derecho que cuestionan seriamente
lo expresado en el Voto Particular de Conformidad del hermano Juez Asociado
señor Martínez Torres. A continuación, cito in extenso los argumentos
esbozados por Bioculture:
Según el Voto de Conformidad, el Artículo 31 de la Ley Número 76 del
24 de junio de 1975, según enmendado, 23 L.P.R.A. § 72c, y su jurisprudencia
interpretativa creaban una especie de interdicto ipso jure que paralizaba la
eficacia del permiso apelado, hasta tanto la JACL resolviese los méritos del
recurso. . . Sin embargo eso no es lo que surge del texto del citado artículo,
ni puede ser así interpretado.
El inciso “a” del Artículo 31, disponía en lo pertinente,
que “[u]na vez radicado un escrito de apelación ante la Junta de Apelaciones y
notificado el mismo por el apelante, el organismo o funcionario de cuya
decisión se apela, suspenderá todos los procedimientos ante sí,
relativos a la actuación, determinación o resolución de la cual se
apela”(énfasis suplido). Surge pues de la letra clara del estatuto que la
paralización aludida va dirigida contra la agencia cuya decisión se apela (en
este caso ARPE) y no contra el tenedor del permiso. Más aún, lo que queda
paralizado es el procedimiento, es decir, la expedición de dictámenes
posteriores relacionados con la actuación que se apela y no el permiso
expedido. Véase ARPE v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 822 (1986) (Per
Curiam), donde esta Honorable Curia indicó claramente que “[e]l Art. 31 (23
L.P.R.A. sec. 72c) tenía el único efecto de suspender ante la agencia
los procedimientos relativos a la determinación de la cual se apeló” (énfasis
suplido).
Del texto estatutario no surge que el permiso apelado
quede paralizado o que el concesionario de dicho permiso vea sus derechos como
tal limitados de manera alguna ante una apelación administrativa o durante el
término de la apelación.
. . .
El caso de Fuertes Guillermety v. ARPE, 130 D.P.R. 971
(1992), citado a la página 5 del Voto de Conformidad aquí discutido, versa en
torno a la validez de un permiso de uso expedido mientras estaba
pendiente una apelación ante la JACL contra un permiso de construcción.
Id. a la pág. 981-982. Fuertes Guillermety de ninguna manera resuelve
que el tenedor del permiso de construcción no podía continuar construyendo por
el mero hecho de que se había interpuesto una apelación ante la JACL como se
indica en el Voto de Conformidad aludido. Lo mismo en Plaza las Américas,
Inc. v. N & H, S.E./Tiendas Sedeco, 166 D.P.R. 631 (2005). Allí ARPE
había expedido el permiso en cuestión luego de apeladas ante la JACL
“una Resolución para aprobar un anteproyecto de construcción” y una
autorización de la “preparación de los planos de construcción correspondientes
para la remodelación de un edificio cercano al centro comercial Plaza Las
Américas”. Id. a las págs. 638-639. (énfasis suplido). Ante tales
circunstancias, diferentes a las del caso de autos, el Tribunal, correctamente,
ordenó la paralización de la construcción de Sedeco, al amparo del Artículo 31,
porque el permiso de construcción había sido expedido después de
radicado el recurso de apelación administrativa. La cronología en nuestro caso
es distinta a la de Fuertes Guillermety y a la de Plaza las Américas.
El permiso al amparo del cual [Bioculture] construía fue expedido por ARPE previo
a la apelación. Distinto hubiese sido el caso si, por ejemplo, ARPE hubiese
expedido el permiso de uso mientras estaba pendiente la apelación contra el
permiso de construcción. Este no es nuestro caso. ARPE, en efecto, suspendió
los procedimientos relacionados al permiso de construcción y no incurrió en
procedimientos ulteriores, por lo cual el Artículo 31 no fue vulnerado de
manera alguna y la construcción llevada a cabo por [Bioculture] era legal.
Solicitud de Reconsideración, págs. 5-6.
Ante los señalamiento esbozados por Bioculture, no debe
sorprendernos que ni el Tribunal de Primera Instancia, ni el Tribunal de
Apelaciones, ni los demandantes-recurridos en el caso de epígrafe utilizaran el
Art. 31 de la Ley Núm. 76, supra, para paralizar la construcción de
Bioculture o para sostener que su permiso de construcción era inválido.
No comparto la apreciación del compañero Juez Asociado
señor Martínez Torres que el artículo aludido invalida el permiso de
construcción de Bioculture. Más aún, no comprendo cómo un tribunal puede
paralizar un proyecto de construcción al amparo del Art. 31 de la Ley Núm. 76, supra,
si los demandantes carecen de legitimación activa, a menos que, como expone
Bioculture, ese artículo creaba un interdicto que operaba ex propio vigore.
No comparto esa interpretación estatutaria.
C.
La utilización de Informes Legislativos
como herramientas de adjudicación
Finalmente, la Solicitud de Reconsideración presentada
por Bioculture cuestiona de manera fundamentada las razones por las cuales se
citaron Informes y Ponencias presentadas ante la Rama Legislativa en el Voto
Particular de Conformidad del Juez Asociado señor Estrella Martínez.
En específico, sostiene Bioculture que:
Entendemos respetuosamente que el Voto Particular de Conformidad se
aparta del análisis de criterios jurídicos para adoptar las determinaciones de
una Comisión Senatorial que evidentemente está viciada en contra del proyecto
de [Bioculture].
. . .
M[á]s a[ú]n, este Honorable Tribunal ha reconocido en múltiples
ocasiones la limitada facultad de los tribunales apelativos sobre la utilización
de evidencia no admitida en el foro primario. A tales efectos, es impactante la
utilización, por este Ilustrado Foro, de un informe aprobado por el Senado de
Puerto Rico –que no fue ni siquiera ofrecid[o] en evidencia- como elemento
fundamental del Voto Particular de Conformidad. . . La utilización del referido
informe del Senado, que no es parte del récord judicial, en apoyo de un Voto
Particular de Conformidad envía un mensaje equivocado de práctica apelativa.
Solicitud de Reconsideración, págs. 10-11.
Nuevamente, comparto las preocupaciones que levanta
Bioculture en su Solicitud de Reconsideración. Como expresé en mi anterior Voto
Particular Disidente “cuando ante este foro comparece una parte, y argumenta
que en Derecho procede que se falle a favor suyo, no podemos utilizar fuentes
que van más allá del Derecho para resolverle en contra. Estas fuentes
contaminan la sagrada labor constitucional de este Tribunal”. Brito-Díaz y
otros v. Bioculture-Puerto Rico y otros, supra, Voto Particular
Disidente, pág. 16. A su vez, más que un mensaje equivocado de práctica
apelativa, la utilización de los aludidos informes envía un mensaje equivocado
a la ciudadanía en general, ya que confunde las fronteras entre lo legislativo
y lo jurídico.
Finalmente, el compañero Juez Asociado señor Estrella
Martínez expresó en su Voto Particular de Conformidad que al Art. 28 de la Ley
Núm. 76, supra, no le es de aplicación la norma de legitimación activa
según esbozada en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra. En
particular, el Juez Estrella Martínez entiende que ese artículo crea una
situación especial en donde los demandantes no tienen que demostrar haber
sufrido un daño claro y específico para lograr acceso al foro judicial. Como
señala Bioculture, si se sostiene esa posición “[s]e daría entonces un extraño
fenómeno de que los demandantes estaban legitimados para obtener un remedio
interdictal provisional ante el TPI pero no están legitimados para impugnar el
permiso concedido a [Bioculture] ante el foro con facultad para adjudicar la
controversia de manera definitiva”. Solicitud de Reconsideración, pág. 9.
II
En conclusión, este Tribunal debió reconsiderar el
resultado al cual llegamos en Brito-Díaz y otros v. Bioculture Puerto Rico,
Inc. y otros, supra. Me preocupan seriamente las repercusiones de ese
resultado, tanto para nuestra normativa de legitimación activa, como para
nuestra imagen como Foro interpretativo final del Derecho en Puerto Rico. Un
caso tan complejo como el de epígrafe, el cual presenta situaciones de alto
interés público y que causó la publicación de tres (3) votos con posturas de
Derecho diversas y encontradas, como mínimo ameritaba la concesión de
una Vista Oral por parte de este Tribunal. De esa forma, hubiéramos estado en
posición de atender detenidamente un caso en el cual surgieron situaciones de
Derecho noveles y complejas en el seno de este Foro.
Particularmente, debemos recordar que en ocasiones
recientes hemos reconocido el valor intrínseco de la celebración de vistas
orales. En In re: Reglamento del Tribunal Supremo, 2011 T.S.P.R. 174,
pág. 100, el compañero Juez Asociado señor Martínez Torres expresó que:
Las vistas orales son un mecanismo valioso para la
deliberación colegiada en todo foro apelativo. Por eso, el nuevo Reglamento
enfatiza y revisa el procedimiento para que el Tribunal pueda celebrar más
vistas orales en casos meritorios. Ese es un reclamo que la comunidad ha hecho
por décadas.
¿Qué mejor caso para inaugurar la nueva política de puertas abiertas
en este Foro que uno como este que causó tanta división entre los compañeros
jueces?
Por todo lo anteriormente expuesto, mi conciencia me
dicta que debo disentir nuevamente. A tales efectos, declararía Ha Lugar tanto
la Solicitud de Reconsideración como la Solicitud de Vista Oral.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
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