2015 Jurisprudencia del Tribunal Supremo de P. R. del año 2015
2015 DTS 125 PUEBLO V. MENDEZ PEREZ, 2015TSPR125
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Edwin Méndez Pérez
Peticionario
Certiorari
2015 TSPR 125
193 DPR ____ (2015)
193 D.P.R. ____ (2015)
2015 DTS 125 (2015)
Número del Caso: CC-2015-448
Fecha: 17 de septiembre de 2015
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Caguas
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Víctor A. Meléndez Lugo
Sociedad para Asistencia Legal
Oficina de la Procuradora General: Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez
Subprocuradora General
Lcda. Lisa M. Durán Ortiz
Procuradora General Auxiliar
Materia: Derecho Constitucional y Procedimiento Criminal – Aplicación de la Regla 182 de Procedimiento Criminal y el Artículo 68(a) del Código Penal. El periodo de tiempo que una persona acusada estuvo no procesable -por motivo de no comprender la naturaleza de los procedimientos en su contra- debe descontarse de la pena impuesta mediante sentencia una vez la persona acusada advino procesable y se reanudaron los procedimientos.
ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada ORONOZ RODRÍGUEZ
(Regla 50)
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de septiembre de 2015.
En esta ocasión nos corresponde resolver si el periodo de tiempo que una persona acusada estuvo no procesable -por motivo de no comprender la naturaleza de los procedimientos en su contra- debe descontarse de la pena impuesta mediante sentencia una vez la persona acusada advino procesable y se reanudaron los procedimientos. Por las razones que se ofrecen a continuación contestamos afirmativamente dicha pregunta y resolvemos que un acusado sumariado que es declarado no procesable continúa estando privado de su libertad para efecto de la Regla 182 de Procedimiento Criminal y del Artículo 68(a) del Código Penal, disposiciones que reglamentan el tiempo a abonarse a la sentencia en un caso como el de autos.
I
El 12 de mayo de 2014, al Sr. Edwin Méndez Pérez (peticionario) se le encontró causa para arresto por infracción al Artículo 58 de la Ley Núm. 246-2011, conocida como Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (Ley Núm. 246), el cual está catalogado como un delito grave. 8 LPRA sec. 1174. En la misma fecha el peticionario fue puesto en detención preventiva pues no pagó la fianza impuesta.
El 27 de mayo de 2014, su abogada le informó al Tribunal de Primera Instancia que el peticionario parecía no entender los procedimientos en su contra “por razón de defecto y/o condición mental”.[1] A raíz de ello, en esa misma fecha el juez suspendió los procedimientos y citó a las partes a una vista al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. R. 240, a celebrarse el 11 de junio de 2014 y en la que se determinaría la capacidad del peticionario para encarar el procedimiento penal.
No obstante, la vista no se llevó a cabo pues el Departamento de Corrección y Rehabilitación no transportó al peticionario al hospital de psiquiatría para una evaluación previa. Por las mismas razones, otra vista pautada para el 9 de julio de 2014 tampoco pudo efectuarse. Finalmente, el 13 de agosto de 2014 tuvo lugar la vista, en la cual, luego del testimonio del perito psiquiatra nombrado por el tribunal, se determinó que el peticionario se encontraba no procesable. Allí, el juez de instancia ordenó “el traslado del confinado a Psiquiatría Forense de Río Piedras tan pronto haya una cama disponible”.[2]
En los meses que siguieron, el Tribunal de Primera Instancia citó a las partes a varias vistas de seguimiento. Algunas de éstas se pospusieron porque el Departamento de Corrección y Rehabilitación no llevó al peticionario a la evaluación previa; otras sí se efectuaron y en ellas se concluyó que el peticionario continuaba no procesable.
En la vista de seguimiento que tuvo lugar el 17 de febrero de 2015, luego de las correspondientes evaluaciones, se determinó que el peticionario ya se encontraba mentalmente capacitado para enfrentar el proceso. De manera que el 18 de marzo de 2015 se realizó la vista preliminar y se encontró causa para acusar por infracción al Artículo 58 de la Ley Núm. 246, supra. Las partes fueron citadas para el 26 de marzo de 2015, fecha en que tendría lugar la lectura de acusación y el juicio en su fondo.
Sin embargo, el 26 de marzo de 2015 el Ministerio Público le informó al tribunal que había llegado a un acuerdo con el peticionario para que la denuncia fuera reclasificada a los efectos de imputar violación al Artículo 136 del Código Penal del 2012, 33 LPRA sec. 5197, –el cual es un delito menos grave, con pena máxima de seis meses de cárcel- en lugar del Artículo 58 de la Ley Núm. 246, supra. A cambio de ello, el peticionario haría alegación de culpabilidad por violación al referido Artículo 136 del Código Penal, supra. Luego de los trámites de rigor, el tribunal aceptó el acuerdo y ordenó enmendar el pliego acusatorio.
Acto seguido, el juez declaró culpable al peticionario por el Artículo 136 del Código Penal, supra, y lo sentenció a seis meses de cárcel. Utilizando el análisis que pautó este Tribunal en Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228 (2010), caso que versaba sobre la manera de calcular el término máximo de seis meses de detención preventiva cuando el acusado está no procesable, el juez procedió a descontar de la sentencia el término de un mes y veinte días por motivo del tiempo que el peticionario había estado “en preventiva”.[3] Esto es, solamente contó del 12 de mayo de 2014 -cuando fue detenido por no pagar fianza- hasta el 25 de mayo de 2014 y del 17 de febrero de 2015 –cuando se concluyó que ya se encontraba procesable- hasta el 26 de marzo de 2015, fecha en que dictó sentencia. Así pues, no consideró el periodo en el que el peticionario había estado no procesable, desde el 27 de mayo de 2014 hasta el 17 de febrero de 2015.
Oportunamente, la representación legal del peticionario solicitó reconsideración y alegó que éste había cumplido en exceso de la pena impuesta, pues llevaba en prisión desde el 12 de mayo de 2014 y por tanto -en atención a la Regla 182 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 182, y al Artículo 68(a) del Código Penal del 2012, 33 LPRA sec. 5101- se le debía abonar a la sentencia todo ese tiempo. La reconsideración fue declarada sin lugar.
El peticionario recurrió al Tribunal de Apelaciones y reiteró su planteamiento. El Ministerio Público, representado por la Oficina de la Procuradora General, presentó un escrito en el cual, luego de exponer el derecho aplicable, concluyó: “tomando en cuenta las circunstancias particulares de este caso, no nos oponemos a la solicitud del peticionario”.[4]
El 27 de mayo de 2015, notificado el 28 de mayo, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia modificando la decisión del Tribunal de Primera Instancia a los únicos efectos de descontar dos días adicionales de la sentencia.[5] En todo lo demás, el foro intermedio confirmó al de primera instancia.[6]
Inconforme con esta determinación, el 2 de junio de 2015 el peticionario presentó ante este Tribunal una Petición de Certiorari y señaló como único error:
Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar una sentencia del tribunal de instancia que dispone que no se abone al cumplimiento de la sentencia del peticionario la totalidad del tiempo en que éste estuvo privado de su libertad, contrario a lo dispuesto por el estado de derecho vigente.[7]
En la misma fecha, el peticionario también presentó una Moción en Solicitud de Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción. En ésta nos solicitó que, en vista de que había estado sumariado por un periodo de tiempo mayor al de la pena impuesta, ordenáramos su excarcelación mientras atendíamos el recurso de certiorari. El 5 de junio de 2015, declaramos con lugar la Moción en Solicitud de Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción y ordenamos la excarcelación sujeto a ciertas restricciones que estarían en vigor hasta que dispusiéramos finalmente de la controversia.
Al amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 50, procedemos a expedir el recurso de certiorari y resolver la presente controversia.[8]
II
A.
La Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Const. PR, Art. II, Sec. 11, establece, en lo pertinente: “la detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses”. Este Tribunal ha expresado anteriormente que el término “detención preventiva” se refiere al periodo anterior al juicio en el cual el acusado se encuentra sumariado debido a que no prestó fianza. Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 492, 503 (2001); Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692, 701 (1999). La referida disposición constitucional dispone, pues, que el juicio contra el acusado detenido preventivamente debe comenzar no más tarde de seis meses o, de lo contrario, el acusado será puesto en libertad sin que ello implique la desestimación de la causa. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum, Bogotá, 1995, Vol. II, págs. 333-334.
La detención preventiva que no excede de seis meses forma parte de las garantías sobre juicio rápido que reconoce nuestro ordenamiento. Pueblo v. Torres Rodríguez, 186 DPR 183, 191 (2012). Ésta pretende desincentivar la dilación y promover que el Ministerio Público actúe diligentemente, limitando su autoridad para mantener bajo custodia indefinida a un acusado que no pagó fianza y que se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. Íd; Pueblo v. Alcaide, supra, en la pág. 503; O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. Butterworth, 1993, T. 2, Sec. 25.4(a), pág. 248.
En Pueblo v. Pagán Medina, supra, interpretamos la relación entre esta garantía constitucional y la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, la cual versa sobre el procedimiento a seguir cuando se cuestiona si un acusado se encuentra mentalmente capacitado para encarar el procedimiento penal en su contra. En Pueblo v. Pagán Medina, supra, en la pág. 244, dijimos que el término durante el cual el imputado se encuentra no procesable debe excluirse de los seis meses que tiene el Estado para dar comienzo al juicio. Establecimos que dicho término se cuenta desde que el juez tiene base razonable[9] para dudar de la capacidad mental del acusado; ello a pesar de que dicha determinación inicial se debe confirmar en una vista posterior con la ayuda de peritos, así como de otra evidencia. Íd., en la pág. 246. El fundamento detrás de esa conclusión es que el procedimiento contra el acusado se suspende desde que el juez hace la determinación de base razonable y, por lo tanto, el Ministerio Público está impedido de actuar. Íd., en la pág. 243. Un término de juicio rápido no debe, pues, operar contra el Ministerio Público cuando éste se halla incapacitado para actuar.[10]
B.
Nuestro ordenamiento también reconoce que una persona convicta no debe permanecer privada de su libertad más tiempo del que se disponga en la sentencia. Este principio se articula principalmente a través de dos disposiciones legales: la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y el Artículo 68 del Código Penal de 2012, supra. La primera de éstas establece:
El tiempo que hubiere permanecido privada de su libertad cualquier persona acusada de haber cometido cualquier delito público se descontará totalmente del término que deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha privación de libertad. 34 LPRA Ap. II, R. 182.
Asimismo, y en lo pertinente, el Artículo 68(a) del Código Penal, supra, dispone:
A la persona convicta de delito se le abonarán los términos de detención o reclusión que hubiera cumplido, en la forma siguiente:
(a) El tiempo de reclusión cumplido por cualquier convicto desde su detención y hasta que la sentencia haya quedado firme, se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena, cualquiera que sea ésta.
Anteriormente hemos dicho que ambas disposiciones deben interpretarse en conjunto. Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 657 (2012) (citando con aprobación el Informe de Reglas de Procedimiento Penal del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Tribunal Supremo de Puerto Rico, 2008). Así, para que aplique la bonificación que disponen la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y el Artículo 68(a) del Código Penal, supra, “hace falta que [al imputado] se le prive de su libertad, se le acuse y, posteriormente, se le ingrese para cumplir una sentencia por los mismos hechos por los que se le detuvo en primera instancia”. Pueblo v. Contreras Severino, supra, en la pág. 657. Por su parte, la profesora Dora Nevares Muñiz ha expresado que el Artículo 68, supra, “provee para el abono de la pena de los días en que la persona estuvo recluida previo a que su sentencia fuera firme o bajo alguna medida de restricción de libertad anulada o revocada”. D. Nevares Muñiz, Derecho penal puertorriqueño: parte general, 7ma ed. rev., San Juan, Inst. para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 383.
Así pues, al considerar el propósito y el efecto de disposiciones como la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y el Artículo 68(a) del Código Penal, supra, surge diáfanamente que ambas giran alrededor del hecho de la privación de libertad que sufre el acusado durante el curso del procedimiento penal. Pueblo v. Contreras Severino, supra, en la pág. 657. Reconociendo estas circunstancias y basándose en el valor que en nuestro ordenamiento jurídico tiene la libertad del individuo, ambas disposiciones ordenan que el tiempo que una persona acusada permanezca privada de su libertad, pendiente la conclusión del proceso en su contra, se abone a la pena impuesta mediante sentencia por los mismos hechos.
Al aplicar la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y el Artículo 68(a) del Código Penal, supra, en circunstancias como la de autos, los tribunales no pueden emplear el mismo análisis utilizado en Pueblo v. Pagán Medina, supra, pues éste fue pensado para algo distinto; esto es, para calcular el tiempo a excluirse del cómputo del término máximo de seis meses de detención preventiva. El razonamiento en dicho caso no reparó (no tenía por qué hacerlo) en el hecho per se de si el allí imputado continuó estando privado de su libertad luego de que se encontró base razonable para dudar de su capacidad mental para enfrentar el juicio. Por el contrario, lo decisivo en Pueblo v. Pagán Medina, supra, fue precisar el momento en que, por motivo de la determinación de base razonable, los procedimientos quedaron suspendidos y por tanto el término de seis meses de detención preventiva antes del juicio dejó de transcurrir en contra del Ministerio Público. “Es desde ese momento [de la determinación de base razonable] que el ciudadano no está sujeto a ser procesado, la privación de su libertad responde a otras razones y, por ende, no se encuentra bajo detención preventiva”. Pueblo v. Pagán Medina, supra, en la pág. 244.
Por su parte, en el caso de la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y del Artículo 68(a) del Código Penal, supra, lo decisivo es el tiempo que una persona haya estado privada de su libertad desde el momento en que inició el procedimiento penal y hasta que se dictó la sentencia condenatoria. Ello, independientemente de si el procedimiento penal contra el acusado sumariado estuvo suspendido en algún momento por motivo de una determinación de no procesabilidad. Para propósitos de abonar a la sentencia el tiempo que estuvo detenido, lo determinante no es si el Ministerio Público se hallaba imposibilitado de actuar, sino la efectiva privación de libertad en la que se encontraba el acusado no procesable.
III
Por no prestar fianza, el peticionario fue puesto en detención preventiva el 12 de mayo de 2014. El 27 de mayo de 2014 el juez concluyó de manera preliminar que el peticionario se encontraba no procesable, por lo cual suspendió los procedimientos y citó a las partes a una vista según la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra. Debido a dilaciones atribuibles al Departamento de Corrección y Rehabilitación, dicha vista no se celebró hasta el 13 de agosto de 2014, cuando se confirmó la determinación preliminar de que el peticionario se encontraba no procesable y se ordenó que fuera trasladado a Psiquiatría Forense de Río Piedras. El 17 de febrero de 2015, el tribunal concluyó que el peticionario se encontraba mentalmente capacitado para someterse al procedimiento penal, por lo cual el 26 de marzo de 2015 lo declaró culpable por infracción al Artículo 136 del Código Penal, supra, y lo sentenció a seis meses de cárcel.
Tras aplicar el análisis de este Tribunal en Pueblo v. Pagán Medina, supra, el juez de instancia descontó de la sentencia el término de un mes y veinte días en concepto de detención preventiva; esto es, desde el 12 de mayo de 2014 hasta el 25 de mayo de 2014 y desde el 17 de febrero de 2015 hasta el 26 de marzo de 2015. El Tribunal de Apelaciones confirmó por el mismo fundamento, pero modificó la sentencia para descontar dos días adicionales de la condena.
Como adelantáramos, erraron los tribunales recurridos al abonar solamente el tiempo que el peticionario estuvo en detención preventiva, obviando el hecho de que éste siguió privado de su libertad luego de que se suspendieran los procedimientos por razón de no ser procesable. Una persona acusada no deja de estar bajo la custodia y la jurisdicción del Estado por el hecho de no encontrarse procesable. Pueblo v. Pagán Medina, 175 DPR 557, 573 (2009); Ruiz v. Alcaide, supra, en la pág. 501; Chiesa Aponte, op. cit., Vol. III, págs. 362-363. Los cargos criminales continúan pendientes y la razón del tratamiento es que el acusado recupere la capacidad para que pueda ser sometido al proceso y juzgado.[11] Tampoco se trata en estos casos de un privilegio o de una decisión voluntaria; el juez, bajo fundamentos de debido proceso de ley, está obligado a suspender los procedimientos y ordenar el traslado para tratamiento. Ruiz v. Alcaide, supra, en la pág. 501; Chiesa Aponte, op. cit., Vol. III, pág. 349. Es decir, a pesar del tratamiento clínico, el Estado continúa privando de su libertad al acusado de una manera coercitiva.
Por lo tanto, al momento de aplicar la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y el Artículo 68(a) del Código Penal, supra, para descontar de la sentencia el tiempo que el peticionario estuvo privado de su libertad, los foros recurridos debieron incluir el periodo en el cual el peticionario estuvo no procesable; periodo que comenzó el 27 de mayo de 2014 con la determinación preliminar de no procesabilidad y que culminó el 17 de febrero de 2015 cuando, luego de la evaluación y testimonio del perito, se pudo concluir que ya podía encarar el proceso en su contra. De haberlo hecho así, resultaba que el 26 de marzo de 2015, al dictarse la sentencia de seis meses de cárcel, ya el peticionario había cumplido la condena pues llevaba privado de su libertad desde que fue puesto en detención preventiva el 12 de mayo de 2014; es decir, desde hacía más de diez meses. Incidieron, pues, los foros recurridos al no dar por cumplida la sentencia desde el momento mismo en que ésta fue dictada.
IV
Por los fundamentos expuestos, revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones, así como la del Tribunal de Primera Instancia. Se confirma la orden de excarcelación dictada por este Tribunal el 5 de junio de 2015 y se ordena la eliminación de cualquier restricción de libertad impuesta en virtud de dicha orden.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Asociada
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de septiembre de 2015.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones, así como la del Tribunal de Primera Instancia. Se confirma la orden de excarcelación dictada por este Tribunal el 5 de junio de 2015 y se ordena la eliminación de cualquier restricción de libertad impuesta en virtud de dicha orden.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado señor Rivera García concurre con Opinión escrita a la cual se unió la Jueza Asociada señora Pabón Charneco. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre sin Opinión escrita. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió Opinión de Conformidad.
María I. Colón Falcón
Secretaria del Tribunal Supremo, Interina
Véase Opinión Concurrente y Opinión de Conformidad.
[1] Resolución y orden, pág. 19 del Apéndice.
[2] El expediente judicial a nuestra disposición no nos permite determinar concluyentemente si el señor Méndez Pérez fue internado por algún periodo de tiempo en la referida institución. Sin embargo, como se verá, ello no nos impide resolver la controversia.
[3] Sentencia nunc pro tunc, pág. 34 del Apéndice.
[4] Escrito en cumplimiento de orden, pág. 46 del Apéndice.
[5] El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia había calculado mal el tiempo de detención preventiva, pues contó desde el 12 de mayo de 2014 hasta el 25 de mayo de 2014, cuando realmente no fue hasta el 27 de mayo de 2014 que el juez suspendió los procedimientos por entender que el peticionario se encontraba no procesable.
[6] Al igual que el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones fundamentó su decisión en el análisis llevado a cabo por este Tribunal en el caso de Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228 (2010).
[7] Petición de Certiorari, pág. 7.
[8] Dado que el Ministerio Público se allanó a la solicitud del peticionario ante el Tribunal de Apelaciones, en aras de agilizar el trámite ante nos hemos prescindido de requerir su alegato según nos lo permite la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 50.
[9] Con posterioridad a la decisión en el caso de Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228 (2010), la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 240, se enmendó a los efectos de modificar el estándar de base razonable por el de preponderancia de la prueba.
[10] “Mientras el imputado, en quien se ha encontrado ‘base razonable’ para ordenar la evaluación de su condición mental, se encuentre en espera de tal evaluación, el Ministerio Público se encuentra, a su vez, legal y constitucionalmente vedado –‘con las manos atadas’- de proseguir con el procedimiento criminal que tiene el deber de ejecutar”. Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228, 243 (2010).
[11] Claro, si después de un tiempo razonable bajo tratamiento el acusado continúa improcesable y no existe probabilidad sustancial de que ello vaya a cambiar, “se [le] debe liberar de la institución adecuada del Estado donde recibe tratamiento, salvo que estén presentes circunstancias fácticas que señalen que debe ser internado involuntariamente bajo dicho procedimiento de internación civil”. Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 492, 507 (2001) (énfasis en el original) (citas omitidas).
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