2023 Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico 2023

2023 DTS 105 MUÑOZ BARRIENTOS V. E.L.A.P.R., 2023TSPR105

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jonathan Muñoz Barrientos

Peticionario

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y otros

Recurrida

Certiorari

2023 TSPR 105

212 DPR ___, (2023)

212 D.P.R. ___, (2023)

2023 DTS 105, (2023)

Número del Caso:  CC-2022-0476

Fecha:  1ro de septiembre de 2023

 

Tribunal de Apelaciones:  Panel I

 

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Patricia A. Castaing Lespier

 

Oficina del Procurador General:

Lcda. Mabel Sotomayor Hernandez

Subprocuradora General

 

Lcdo. Omar Andino Figueroa

Subprocurador General

 

Lcdo. Pedro J. García Flores

Procurador General Auxiliar

                                               

Materia:  Derecho Administrativo – Jurisdicción-

Resumen: Jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia sobre una reclamación extracontractual instada por un miembro de la población correccional. Toda vez que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no está facultado en ley para conceder indemnización por los daños y perjuicios sufridos por un miembro de la población correccional, hemos llegado a la conclusión que éste puede acudir directamente al foro judicial con su reclamación extracontractual.

 

ADVERTENCIA

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Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

 

En San Juan, Puerto Rico a 1 de septiembre de 2023.

           

En el presente caso nos corresponde determinar si los foros a quo erraron al desestimar cierta demanda en daños y perjuicios instada por un miembro de la población correccional. Ello, al concluir que -– previo a tocar las puertas del foro judicial -- éste debía agotar determinados remedios administrativos ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Adelantamos que, luego de un ponderado y cuidadoso análisis del expediente ante nuestra consideración, así como de las disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables, y toda vez que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no está facultado en ley para conceder indemnización por los daños y perjuicios sufridos por un miembro de la población correccional, hemos llegado a la conclusión que éste puede acudir directamente al foro judicial con su reclamación extracontractual. Veamos.

I.

Allá para el 20 de diciembre de 2019, el Sr. Jonathan Muñoz Barrientos (en adelante, “señor Muñoz Barrientos”) instó, por derecho propio, ante el Tribunal de Primera Instancia, una demanda en daños y perjuicios en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, “ELA”) y varios oficiales correccionales. A grandes rasgos, el señor Muñoz Barrientos solicitó indemnización por los alegados daños emocionales sufridos como consecuencia de los presuntos actos de agresión cometidos, en su contra, por ciertos oficiales correccionales mientras se encontraba confinado en la Institución de Máxima Seguridad de Guayama 296. 

En específico, el señor Muñoz Barrientos adujo que el 25 de enero de 2019, mientras disfrutaba de su tiempo de recreación en la cancha de la aludida institución correccional, se percató que en la verja que rodeaba la mencionada cancha había un agujero, el cual decidió atravesar. No obstante, indicó que, -- tras reflexionar sobre las consecuencias de su proceder --, voluntariamente regresó a la cancha, donde fue interceptado por varios oficiales correccionales quienes, presuntamente, lo golpearon, le echaron gas lacrimógeno y lo agredieron injustificadamente. En virtud de ello, solicitó la cantidad de $40,000.00, como indemnización por los presuntos daños emocionales sufridos.

Enterado de lo anterior, el 23 de junio de 2019 el ELA presentó ante el foro primario una Moción solicitando la desestimación. En su escrito, el Estado argumentó que era el Departamento de Corrección y Rehabilitación quien ostentaba jurisdicción primaria exclusiva sobre los asuntos de seguridad y calidad de vida de los miembros de la población correccional; incluidos aquellos incidentes que afectaran la integridad física de las personas confinadas. En consecuencia, arguyó que procedía desestimar la demanda instada por el señor Muñoz Barrientos, pues éste no había agotado los remedios administrativos disponibles ante la mencionada agencia, ello, previo a acudir al foro judicial. En la alternativa, adujo que procedía la desestimación de la demanda debido a que ésta dejaba de exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio.

En respuesta al referido escrito presentado por el ELA, el señor Muñoz Barrientos presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Moción en oposición a solicitud de desestimación. En suma, esgrimió que, contrario a lo señalado por el Estado, era el foro judicial, -- y no el administrativo --, el lugar adecuado para dilucidar su causa de acción, lo anterior debido a que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no estaba facultado en ley para conceder indemnización por los daños y perjuicios sufridos por los miembros de la población correccional.[1]

Así pues, evaluados los escritos de ambas partes, el 16 de febrero de 2022 el foro primario emitió una Sentencia mediante la cual desestimó sin perjuicio la demanda instada por el señor Muñoz Barrientos. A juicio del Tribunal de Primera Instancia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación ostentaba jurisdicción primaria para adjudicar las quejas presentadas por los miembros de la población correccional por los actos o incidentes que afectaran su bienestar físico.

En virtud de ello, el foro primario concluyó que, debido a que la controversia de autos versaba sobre una presunta agresión física por parte de ciertos oficiales correccionales en contra de un confinado, correspondía que el señor Muñoz Barrientos agotara los remedios administrativos disponibles previo a acudir al Tribunal de Primera Instancia. Precisa señalar que, si bien el foro primario reconoció que la Asamblea Legislativa no le delegó al Departamento de Corrección y Rehabilitación la facultad de conceder indemnización por los daños y perjuicios sufridos por una persona confinada, y que era el foro judicial el adecuado para conceder dicho remedio, se abstuvo de ejercer su jurisdicción hasta tanto finalizara el proceso administrativo correspondiente.  

En desacuerdo con el proceder del Tribunal de Primera Instancia, el 23 de marzo de 2022 el señor Muñoz Barrientos acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de apelación. En esencia, adujo que el foro primario había errado al concluir que debía agotar los remedios administrativos ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación y, al desestimar su causa de acción. De esta forma, el señor Muñoz Barrientos reiteró que la mencionada agencia administrativa no estaba facultada en ley para conceder indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los actos culposos o negligentes de los oficiales correccionales.

Oportunamente, el ELA se opuso al recurso presentado por el señor Muñoz Barrientos. En particular, reiteró sus planteamientos anteriores a los efectos de que -- previo a la intervención del foro judicial -- las alegaciones de agresión física por las cuales el señor Muñoz Barrientos presentó una demanda en daños y perjuicios debían ser adjudicadas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación quien poseía jurisdicción primaria exclusiva.

Tras analizar los planteamientos de ambas partes, el 21 de junio de 2022 el foro apelativo intermedio notificó una Sentencia mediante la cual -- por el Panel de Jueces de Apelaciones que atendió el asunto quedar igualmente dividido -- confirmó el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.[2] En síntesis, el Tribunal de Apelaciones concluyó que las alegaciones del señor Muñoz Barrientos debían ser adjudicadas, en primera instancia, por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, quien, a su modo de ver, era la agencia con el conocimiento especializado sobre la seguridad y los procesos disciplinarios de las instituciones carcelarias.

Por tanto, el foro apelativo intermedio, aun cuando también reconoció que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no tenía autoridad en ley para conceder daños, determinó que el señor Muñoz Barrientos debía agotar los remedios administrativos previo a presentar una acción judicial. Por su parte, el Juez Candelaria en sus expresiones disidentes, a las cuales se unió la Juez Méndez Miró, consignó lo siguiente:

la remisión al curso administrativo de la presente causa es incorrecta, tanto desde la perspectiva del agotamiento de un trámite administrativo que nunca comenzó, como desde la doctrina de jurisdicción primaria, pues las alegaciones particulares de agresión y daños formuladas escapan el conocimiento particular de la agencia y desbordan su ámbito adjudicativo, por lo que entretener administrativamente su resolución resulta inocuo e inconsecuente, a la vez que aplaza la adjudicación que formalmente compete al Tribunal. Apéndice del certiorari, pág. 6.

 

Así las cosas, el 22 de julio de 2022 el señor Muñoz Barrientos compareció ante nos mediante recurso de certiorari. En esencia, el señor Muñoz Barrientos adujo que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar el dictamen del foro primario que desestimó su demanda sin perjuicio. En esa línea, reitera que el foro judicial es el adecuado para adjudicar su causa de acción ya que la ley habilitadora del Departamento de Corrección y Rehabilitación no reconoce la facultad del foro administrativo para otorgar una indemnización por los daños y perjuicios reclamados por una persona confinada. Además, alega que, en el presente caso es innecesario el conocimiento especializado de la agencia y, por tanto, es inaplicable la doctrina de jurisdicción primaria. 

Por su parte, el 1 de marzo de 2023 el ELA compareció ante nos. En su escrito, el Estado insiste, una vez más, en que los foros a quo actuaron correctamente al desestimar la demanda del señor Muñoz Barrientos, pues, a su juicio, éste debió acudir en primera instancia al trámite administrativo disponible ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación previo a recurrir al foro judicial. En consecuencia, solicita que confirmemos las determinaciones recurridas. 

Trabada así la controversia y con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer la normativa aplicable a la misma.

II.

Como es sabido, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le concede a la Asamblea Legislativa la “facultad para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones”. Art. III, Sec. 16, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 410. En virtud de ello, “la Asamblea Legislativa ha delegado a las agencias administrativas adscritas al Poder Ejecutivo una serie de facultades, ya sea a través de la ley orgánica o a través de leyes especiales”. FCPR v. ELA et al., 2023 TSPR 26, 211 DPR ___ (2023).

En esa dirección, en inumerables ocasiones hemos sentenciado que, en nuestro ordenamiento jurídico, el poder que posee determinada agencia administrativa para actuar está delimitado por el estatuto orgánico o la ley habilitadora. Col. Médicos et als. v. Com. Seguros et al., 201 DPR 362, 372 (2018); Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, 173 DPR 363, 371 (2008); Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659, 666 (2006). Véase, también, J.A. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, 4ta ed. rev., San Juan, Ed. SITUM, 2017, pág. 44. En particular, se ha dejado meridiamente claro que la ley habilitadora es el mecanismo legal que delega a las referidas agencias los poderes y las facultades necesarias para actuar en conformidad con el propósito legislativo. Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, supra; Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR 203, 211 (2002).

En ese sentido, históricamente, la Asamblea Legislativa ha delegado a las agencias administrativas dos poderes esenciales, a saber: el poder de reglamentar, al ejercer funciones cuasi-legislativas y, el poder de adjudicar controversias, al ejercer funciones cuasi-judiciales dentro de la pericia de la agencia. FCPR v. ELA et al., supra; Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra. Véase, además, Echevarría Vargas, op. cit., pág. 25. Respecto a este último, -- entiéndase, el poder de las agencias administrativas para adjudicar controversias --, hemos dispuesto que este es análogo al que ejercen los tribunales. Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra; Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 DPR 756, 764 (1997). Véase, además, Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Ed. Forum, Colombia, 2013, pág. 82.

Por ello, y en aras de hacer efectivo el proceso administrativo, la Asamblea Legislativa también ha delegado a las agencias administrativas facultades remediales propias de los tribunales. Íd. En específico, y al amparo de las facultades cuasi-judiciales, se le ha reconocido a éstas la potestad para “resolver controversias y […] para dictar todos aquellos remedios que resulten cónsonos y proporcionales con las alegadas desviaciones legales y reglamentarias”. Echevarría Vargas, op. cit., pág. 272.

Así pues, hemos resuelto que es válida la delegación a las agencias administrativas de la facultad para otorgar compensación por los daños y perjuicios sufridos por determinada persona. Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra; Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788, 803 (2001); Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., supra, págs. 765-766. En particular, hemos validado tal delegación en dos instancias: 1) cuando la ley habilitadora de la agencia le concede expresamente esa facultad, y 2) cuando, al no estar facultada para imponer daños, dicho poder se encuentra implícito en la amplia facultad de la agencia para conceder un remedio que adelante los intereses de su ley orgánica y la política pública que la inspiró.[3] Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra, págs. 215-216; Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 715 (2002); Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., supra, págs. 765-766.

Siendo ello así, es de notar que no todas las agencias administrativas poseen autoridad para otorgar indemnización en daños y perjuicios. Echevarría Vargas, op. cit., pág. 272. En consecuencia, cuando un foro administrativo no está facultado por ley para conceder compensación por los daños y perjuicios sufridos, este Tribunal ha sido claro en que la parte perjudicada puede acudir directamente al foro judicial con su acción civil extracontractual.[4] Guzmán y otros v. E.L.A., supra, pág. 715; Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 803; Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 318, 332 (1998).

Por lo tanto, si el reclamo que tiene una parte en determinado litigio es uno en daños y perjuicios, y la ley orgánica de la agencia no provee para el resarcimiento de estos, resultaría innecesario “agotar ciertos remedios que en realidad no coinciden con los que [la parte] realmente pretende obtener ante el foro judicial”. Guzmán y otros v. E.L.A., supra, pág. 715. Al respecto, debemos recordar que:

[l]a presentación de una reclamación en daños en los tribunales no puede ser utilizado como un subterfugio para burlar la obligación de agotar los remedios administrativos o para restarle finalidad a una determinación administrativa cuando, inmersa en la reclamación judicial, subyacen controversias que requieren ser adjudicadas inicialmente por el foro administrativo. Íd., citando a Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 805.

 

En tales situaciones, “los tribunales deben abstenerse de adjudicar aquellas controversias incluidas en la reclamación judicial cuya adjudicación está reservada al foro administrativo, ya sea por tratarse de una materia de jurisdicción exclusiva de ese foro, o porque su resolución requiere una previa interpretación de la pericia administrativa, entre otras circunstancias”. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., supra, pág. 333. Ahora bien, es norma firmemente establecida que “la procedencia de una acción en daños, que la agencia no puede adjudicar ni conceder, no requiere de la intervención o pericia por parte de la agencia concernida”. (Énfasis suplido). Guzmán y otros v. E.L.A., supra, pág. 723. Véase, además, Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 288 (1992). Por lo cual, en esas instancias la parte puede originar su causa de acción en daños ante los foros judiciales sin previo trámite administrativo, pues la agencia carece de jurisdicción para entender en el asunto. Guzmán y otros v. E.L.A., supra, pág. 725.

A.

Recordemos que la jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal o un organismo administrativo para considerar y decidir casos o controversias con efecto vinculante para las partes. Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR 586, 600 (2021); Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385-386 (2020); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020). A tales efectos, hemos sentenciado que “en el ámbito administrativo, al igual que en el foro judicial, no existe discreción para asumir jurisdicción donde no la hay”. (Énfasis omitido). Raimundi v. Productora, 162 DPR 215, 224 (2004). Véase, además, Depto. Justicia et al. v. Jiménez et al., 199 DPR 293, 309 (2017); Pérez López y otros v. CFSE, 189 DPR 877, 883 (2013); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).

Lo anterior se debe a que “[l]as agencias administrativas solamente pueden ejercer los poderes que su ley habilitadora expresamente les ha otorgado y lo que sean indispensables para llevar a cabo su encomienda primordial”. Col. Médicos et als. v. Com. Seguros et al., supra, pág. 372. Véase, además, Torres Pagán et al. v. Mun. de Ponce, 191 DPR 583, 604 (2014); Pérez López y otros v. CFSE, supra. Por lo cual, para determinar si una agencia administrativa tiene jurisdicción para atender determinada controversia, hay que analizar los poderes otorgados expresamente por su ley habilitadora y aquellos que son indispensables para llevar a cabo las facultades y funciones que le han sido conferidas. Depto. Justicia et al. v. Jiménez et al., supra; Pérez López y otros v. CFSE, supra, pág. 883.

Ello, se hace pues una agencia administrativa solo puede determinar “los derechos privados y las obligaciones de aquellos que están sujetos a su ámbito jurisdiccional”. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 35. De ahí que una agencia administrativa no pueda asumir jurisdicción sobre ninguna clase de actividad para la que no esté claramente autorizada por ley. Col. Médicos et als. v. Com. Seguros et al., supra; Depto. Justicia et al. v. Jiménez et al., supra; Torres Pagán et al. v. Mun. de Ponce, supra, pág. 604.

Es decir, “ni la necesidad, ni la utilidad, ni la conveniencia pueden sustituir el estatuto en cuanto a fuente de poder de una agencia administrativa”. (Énfasis omitido). Pérez López y otros v. CFSE, supra, págs. 883-884, citando a Raimundi v. Productora, supra, pág. 225. En esa dirección, hemos dispuesto que cualquier duda en cuanto a la existencia de ese poder debe resolverse en contra de su ejercicio. Torres Pagán et al. v. Mun. de Ponce, supra, pág. 604; Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, supra; Raimundi v. Productora, supra.

La controversia que nos ocupa requiere, precisamente, que analicemos si la Asamblea Legislativa de Puerto Rico le delegó, expresa o implícitamente, al Departamento de Corrección y Rehabilitación la facultad de conceder indemnización en daños y perjuicios. Lo anterior tiene el fin de determinar si el Tribunal de Primera Instancia carecía o no de jurisdicción para dirimir cierta demanda en daños y perjuicios instada por un miembro de la población correccional, en este caso el señor Muñoz Barrientos. Para ello, es preciso repasar algunas disposiciones de la ley habilitadora de la mencionada agencia. Procedemos a así hacerlo.

III.

 

De entrada, y como cuestión de umbral, debemos recordar que la Asamblea Legislativa -- al amparo de la Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 2009, Ley Núm. 182-2009, 3 LPRA ant. sec. 8821 et seq. --, aprobó el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 (en adelante, “Plan de Reorganización de 2011”), Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, 3 LPRA, Ap. XVIII, Art. 1. Ello, en aras de establecer como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico:

la creación de un sistema integrado de seguridad y administración correccional donde las funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas y medidas de seguridad, así como a la custodia de los ciudadanos que han sido encontrados incursos en la comisión de un delito o falta y que establezcan procesos de rehabilitación moral y social del miembro de la población correccional o transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la sociedad. Art. 2 del Plan de Reorganización Núm. 2, supra.

 

Así las cosas, la precitada disposición legal creó el Departamento de Corrección y Rehabilitación como el organismo “responsable de implantar la política pública relacionada con el sistema correccional y de rehabilitación de adultos y menores, así como de la custodia de todos los ofensores y transgresores del sistema de justicia criminal del país”. Art. 4 del Plan de Reorganización Núm. 2, supra. A esos fines, -- y, particularmente, con el propósito de hacer efectivo el funcionamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación --, el Plan de Reorganización de 2011, supra, le confirió al Secretario de la referida agencia administrativa la autoridad de establecer la organización interna de ésta y de aprobar, enmendar y derogar sus reglamentos. Art. 5(aa) del Plan de Reorganización Núm. 2, supra.

En virtud de la mencionada disposición legal, el Departamento de Rehabilitación y Corrección aprobó el Reglamento para atender las solicitudes de remedios administrativos radicadas por los miembros de la población correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015 (en adelante, “Reglamento Núm. 8583”). Lo anterior, tuvo el propósito de que

toda persona recluida en una institución correccional [tuviera a su disposición] un organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual [pudiera] presentar una solicitud de remedio, para su atención, con el fin de minimizar las diferencias entre los miembros de la población correccional y el personal, y para evitar o reducir la radicación de pleitos en los Tribunales de Justicia. Introducción del Reglamento Núm. 8583, supra. Véase, además, Pérez López v. Depto. Corrección, 208 DPR 656, 670 (2022).

 

De esta forma, el mencionado cuerpo reglamentario dispuso para que todo miembro de la población correccional que presuntamente sufra un agravio inicie un procedimiento administrativo ante la División de Remedios Administrativos. Regla VI del Reglamento Núm. 8583, supra. En específico, la Regla VI del Reglamento Núm. 8583, supra, establece que la División de Remedios Administrativos tendrá jurisdicción para atender toda solicitud de remedio presentada por una persona confinada que esté relacionada, directa o indirectamente, con:

a.       Actos o incidentes que afecten personalmente al miembro de la población correccional en su bienestar físico, mental, en su seguridad o en su plan institucional.

 

b.      Cualquier incidente o reclamación comprendida bajo las disposiciones de este Reglamento.

 

c.       Cuando el superintendente impone la suspensión de privilegios sin celebración de vista alguna, conforme a la reglamentación vigente sobre la “Suspensión de Privilegios por Razones de Seguridad”.

 

d.      Alegaciones de violencia sexual por parte de un miembro de la población correccional conforme “Prision Rape Elimination ACT” (PREA) (115.51^a, d, 115.52-b1, b2, b3). Regla VI del Reglamento Núm. 8583, supra. Véase, además, Pérez López v. Depto. Corrección, supra, pág. 671.

 

De lo anterior se desprende, pues, que una persona confinada podrá iniciar un procedimiento adjudicativo informal, ante la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, sobre asuntos relacionados a su bienestar, a su seguridad o a su plan institucional, entre otros. Íd. No obstante, de las mencionadas disposiciones legales no se desprende que -- como remedio --, ni expresa ni implícitamente, la Asamblea Legislativa le haya delegado al Departamento de Corrección y Rehabilitación la facultad de atender y conceder indemnización por los daños y perjuicios reclamados por los miembros de la población correccional.

Es, precisamente, a la luz de la normativa antes expuesta que procedemos a disponer de las controversias ante nos.

IV.

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso, el señor Muñoz Barrientos aduce que los foros a quo erraron al desestimar su causa de acción en daños y perjuicios al concluir que, previo a acudir al foro judicial, debía agotar los procedimientos disponibles ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Le asiste la razón.

Y es que, a la luz de la normativa antes expuesta, ha quedado claramente demostrado que el Plan de Reorganización de 2011, supra, no facultó al Departamento de Corrección y Rehabilitación, ni expresa ni implícitamente, para conceder indemnización por los daños y perjuicios sufridos por los miembros de la población correccional. De lo anterior, no albergamos duda alguna.

En virtud de ello, y toda vez que el señor Muñoz Barrientos solicitó en su demanda ser indemnizado por los alegados daños emocionales que sufrió como consecuencia de los presuntos actos de agresión cometidos por ciertos oficiales correccionales en su contra, éste podía, como correctamente lo hizo, acudir directamente al foro judicial con su reclamación extracontractual. Es el Tribunal de Primera Instancia el foro adecuado para atender su reclamo.

Se cometió, pues, el error señalado. Procede que revoquemos el dictamen emitido por el foro apelativo intermedio.

V.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, así como el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, se devuelve el caso al foro primario para que proceda conforme a lo aquí dispuesto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado

SENTENCIA

 

En San Juan, Puerto Rico a 1 de septiembre de 2023.

           

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, así como el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, se devuelve el caso al foro primario para que proceda conforme a lo aquí dispuesto.

 

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco emitió Opinión Disidente a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera García. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no interviene.

 

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo