Ley Núm. 83 del año 2012
(P. de la C. 3751); 2012, ley 83
Para enmendar los Artículos 1 y 4 de la Ley Núm. 47 de 1982, para establecer en cinco ($5.00) dólares el valor de la estampilla de la Sociedad para la Asistencia Legal.
LEY NUM. 83 DE 8 DE MAYO DE 2012
Para enmendar los Artículos 1 y 4 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, para establecer en cinco ($5.00) dólares el valor de la estampilla de la Sociedad para la Asistencia Legal que los notarios deben cancelar en su Registro de Testimonios; y disponer que los pagos realizados para la compra de aranceles por la vía electrónica estarán exentos del cobro de la retención de un cinco por ciento (5%) por parte del Departamento de Hacienda.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico y la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América disponen, entre otros, el derecho constitucional a tener asistencia de abogado que alberga un acusado en todo procedimiento penal. Nuestro ordenamiento constitucional, sobre el cual se cimienta nuestro sistema democrático, reconoce la igualdad del ser humano ante la ley y proscribe la discriminación por condición social. En atención a estos postulados, el efectivo ejercicio del derecho fundamental a una representación legal adecuada no puede depender de la condición económica de la persona imputada de delito. Ante ello, el Estado viene obligado a proveer la asistencia de abogado cuando la persona imputada de delito no puede obtenerla.
Desde su creación en el año 1955, la Sociedad para Asistencia Legal ha asistido al Estado en su deber de garantizar el derecho a representación legal adecuada, asumiendo una porción sustancial de la litigación criminal gratuita en nuestros Tribunales. Los abogados de la Sociedad para Asistencia Legal, quienes componen menos del uno por ciento (1%) de los abogados activos en Puerto Rico, atienden aproximadamente el cuarenta a cuarenta y cinco por ciento (40-45%) de los casos de delitos graves en nuestra jurisdicción. En los pasados cinco (5) años, la Sociedad para Asistencia Legal ha ofrecido sus servicios en 117, 997 casos criminales graves en etapa de vista preliminar y 88, 785 en la etapa de juicio. Precisa destacar, además, que estos abogados son responsables del treinta y cinco al cuarenta por ciento (35–40%) de las vistas preliminares que se atienden en los tribunales de Puerto Rico. La Sociedad ha asumido prácticamente la totalidad de la representación legal de los menores indigentes, de las personas que se benefician del Programa de Cortes de Drogas (“Drug Courts”). Además, la Sociedad para Asistencia Legal representa a su clientela a nivel apelativo y en litigación especializada mediante la presentación de recursos especiales y remedios post-sentencia. Con su trabajo, la Sociedad para la Asistencia Legal no sólo alivia el deber estatal de garantizar el derecho a una representación legal adecuada, sino que contribuye con su análisis y pericia en el ámbito penal en los procesos que toman lugar en el Foro Legislativo; labor que nutre y asiste a nuestros legisladores a la hora de evaluar la aprobación de piezas legislativas.
El compromiso y trabajo de la Sociedad para Asistencia Legal se ha reconocido en distintas instancias y foros. El Tribunal Supremo en Pueblo v. Vega Jiménez, 121 D.P.R. 282 (1988) expresó lo siguiente:
La extraordinaria labor que llevan a cabo los esforzados abogados de la Sociedad para Asistencia Legal rara vez es reconocida. Es un hecho incuestionable que sin dichos abogados el sistema de justicia en su fase criminal se paralizaría. Hay que entender que los mismos escasamente tienen tiempo para prepararse para los innumerables casos que tienen que atender, labor que llevan a cabo en forma encomiable con recursos inadecuados.
La Sociedad para Asistencia Legal depende de las aportaciones realizadas por el Gobierno de Puerto Rico mediante la Resolución Conjunta de Presupuesto y de otras legislaciones especiales que le allegan cierta cantidad de fondos, como la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada (en adelante “Ley Núm. 47) y la Ley 244-2004, según enmendada, (en adelante “Ley 244”). No obstante, desde hace aproximadamente diez (10) años no se ha adoptado legislación a los fines de asignar fuentes de fondos recurrentes adicionales para sufragar los gastos operacionales de la Sociedad para Asistencia Legal.
A pesar de lo anterior, y en atención de cumplir con su labores la Sociedad para Asistencia Legal ha ampliado su campo de litigación y, como consecuencia, ha asumido gastos adicionales a base de un presupuesto que cada año se ha reducido, ante la realidad económica que atraviesa Puerto Rico, en la cual se ha observado una reducción significativa de la venta y transacciones de propiedad inmueble que requieren la cancelación de sellos a su favor. Es de notar que los fondos que recibe la Sociedad por concepto de la Ley 244, se han reducido en un treinta y cuatro por ciento (34%) entre los Años Fiscales 2008-2009 y el 2009-2010. De igual manera, los fondos que se reciben por concepto de la Ley Núm. 47, reflejan una reducción de un treinta y cinco por ciento (35%) para el mismo período. Precisa destacar la alarmante reducción en dichas partidas, particularmente en los últimos dos (2) años durante los cuales disminuyó casi a la mitad la partida de fondos recaudados para el Año Fiscal 2005-2006. La situación económica que enfrenta la Sociedad para Asistencia Legal, sumada a la ampliación de los servicios que ofrece, han obstaculizado que su crecimiento vaya a tono con la cantidad de casos que atiende y las demás labores que ejerce.
En atención a la situación que atraviesa la Sociedad para Asistencia Legal, esta medida legislativa persigue aumentar sus ingresos para que atienda sus necesidades fiscales y continúe ampliando los servicios de representación legal gratuita que ofrece con el compromiso que les caracteriza. A estos efectos, se propone establecer un valor de cinco ($5.00) dólares para el sello de la Sociedad para la Asistencia Legal que los notarios deben cancelar en su Registro de Testimonios, y eliminar la retención del cinco por ciento (5%) que hace el Departamento de Hacienda de los pagos que se realizan electrónicamente para la compra de aranceles.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: