Ley Núm. 121 del año 2012
(P. de la C. 2988); 2012, ley 121
Para enmendar los Artículos 3, 4, 5(b), 27 y 28-A(e), de la Ley Núm. 13 de 1985, Ley del Instituto de
Ciencias Forenses de Puerto Rico.
LEY
NUM. 121 DE 18 DE JUNIO DE 2012
Para enmendar los Artículos 3, 4, 5(b), 27 y 28-A(e),
de la Ley Núm. 13 de 24 de julio de 1985, según
enmendada, conocida como “Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto
Rico”, a los fines de realizar correcciones y añadiduras técnicas; y para otros
fines relacionados.
EXPOSICION
DE MOTIVOS
La Ley Núm. 13 de 24 de julio de 1985 creó el Instituto de
Ciencias Forenses (“Instituto”) como una agencia
independiente que forma parte integral del Sistema de Justicia Criminal de
Puerto Rico. Dicha Ley establece, entre las funciones del Instituto, llevar a
cabo los exámenes necesarios en las áreas de ciencias forenses, criminología,
investigación y tramitación de cualquier caso criminal en que sus servicios
fuesen necesarios. Esto, en estrecha colaboración con la Oficina de
Investigación y Procesamiento Criminal del Departamento de Justicia, la Policía
de Puerto Rico, o con cualquier otra agencia o negociado pertinente, así como
cuando le sea requerido por los Tribunales de Puerto Rico. Además, el Instituto
está facultado para brindar servicios a otras agencias o instrumentalidades del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, guardias municipales, agencias federales
y otras jurisdicciones que así se lo soliciten.
Recientemente,
la Ley 200-2009 reconoció que las exigencias del Puerto Rico del Siglo XXI
requieren que el Instituto esté a la par con las mismas para el pronto
esclarecimiento de las causas penales. Dicha Ley enmendó una serie de Artículos
de la Ley Núm. 13, supra, a los fines de agilizar las funciones y
facultades del Instituto, proveer para el mejoramiento de sus servicios y la
calidad laboral de sus funcionarios y empleados, además de realizar
correcciones técnicas.
Tras
estas enmiendas hechas por la Ley 200, supra, ha surgido la necesidad de
hacer algunas correcciones y añadiduras técnicas en la Ley Núm. 13, supra,
para su mejor entendimiento y aplicación. En atención a esto, esta Asamblea
Legislativa entiende meritorio realizar las siguientes enmiendas a la Ley Núm.
13, supra.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley
Núm. 13 de 24 de julio de 1985, según enmendada, para que se lea como sigue:
“Artículo 3.-Creación.
Se crea el Instituto de Ciencias
Forenses de Puerto Rico como una entidad autónoma.
Las divisiones científicas
y técnicas del Instituto deberán estar acreditadas y re-acreditadas
subsiguientemente por las respectivas instituciones acreditadoras, desglosadas
a continuación:
(a)
El Laboratorio de Criminalística por la “American
Society of Crime Laboratory”.
(b) La
División de Patología por la “National Association of Medical Examiners”.
(c) La
División de Investigadores Forenses y Seguridad por la “Forensic Quality
Services”.
(d) Otras
organizaciones de igual estándar y reconocidas en el campo forense nacional o
internacional.
Así también, el Instituto
como entidad autónoma deberá pertenecer al sistema de base de datos de perfiles
genéticos (ADN o Acido Desoxirribunucleico) del Negociado Federal de
Investigaciones, conocido como CODIS (“The FBI Laboratory´s Combined DNA Index System”).
A tales efectos, el
Director del Instituto deberá presentar ante la Junta de Directores y ante la
Asamblea Legislativa un plan institucional donde se establezcan los cursos de
acción a seguir para la obtención de las referidas acreditaciones o
certificaciones. Dicho plan deberá ser presentado seis (6) meses luego de
la aprobación de esta Ley.”
Artículo 2.-Se enmienda
el Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 24 de julio de 1985, según enmendada, para
que se lea como sigue:
“Artículo 4.-Junta Directora.
La Junta Directora que se
crea tendrá la responsabilidad de establecer la política administrativa y
operacional del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Estará integrada
por el Secretario de Justicia, quien la presidirá; por el Comisionado de
Seguridad y Protección Pública, por el Rector de Ciencias Médicas, por el
Administrador de los Tribunales, por el Secretario de Salud, y por tres (3)
miembros adicionales, nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento
del Senado de Puerto Rico. Sin embargo, cuando el Comisionado de Seguridad y
Protección Pública y el Superintendente de la Policía no sean una misma
persona, se deberá nombrar al Superintendente como miembro adicional de la
Junta, dada la estrecha relación de trabajo entre la Policía y el Instituto de
Ciencias Forenses. Estos tres (3) miembros deberán ser personas de reconocida
capacidad, uno de los cuales será un abogado con cinco (5) años de experiencia
en el Derecho Penal; el otro un médico especializado en Patología Forense con
cinco (5) años de experiencia o
en su defecto otro perito experto con cinco (5) años de experiencia en alguna
de las disciplinas científico-forenses aplicada por el Instituto; y el tercero un ciudadano particular en representación del
interés público. El Comisionado de Seguridad y Protección Pública, el Rector de
Ciencias Médicas, el Administrador de los Tribunales y el Secretario de Salud
podrán designar un funcionario del más alto nivel para que los representen en
las reuniones de la Junta Directora. Dicho funcionario deberá tener las mismas
facultades para la toma de decisiones que tiene el Jefe de Agencia o Secretario
que lo haya designado por escrito. También ese funcionario designado deberá ser
la misma persona que asista a todas las reuniones, a los fines de dar
continuidad a los asuntos tratados por esta Junta.”
Artículo 3.-Se enmienda
el inciso (b) del Artículo 5 de la Ley Núm. 13 de 24 de julio de 1985, según
enmendada, para que se lea como sigue:
“Artículo 5.-Funciones.
El Instituto de Ciencias
Forenses de Puerto Rico tendrá las siguientes funciones:
(a) ...
(b) En
estrecha colaboración con la Oficina de Investigación y Procesamiento Criminal
del Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, o con cualquier otra
agencia o negociado pertinente, así como cuando le sea requerido por los
tribunales de Puerto Rico, llevará a cabo los análisis y exámenes necesarios en
el área de las ciencias forenses y la criminalística en la investigación y
tramitación de cualquier caso criminal en que sus servicios fueren necesarios.
Podrá, además, brindar servicios a otras agencias o instrumentalidades del
Gobierno de Puerto Rico, guardias municipales, agencias federales y otras
jurisdicciones que así se lo soliciten. También, el Instituto llevará a cabo un simposio
anual de seminarios y talleres a los miembros de la Policía de Puerto Rico, a
los fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico, y a los jueces del
Tribunal de Primera Instancia del Tribunal General de Justicia, sobre las
prácticas y técnicas modernas del proceso forense e investigativo, de tal
manera que se pueda crear una comunicación interagencial efectiva en la
investigación y procesamiento de los casos, incluyendo el peritaje en los
procesos judiciales.
(c) …
...
…
...
(j) …”
Artículo 4.-Se enmienda
el Artículo 27 de la Ley Núm. 13 de 24 de julio de 1985, según enmendada, para
que se lea como sigue:
“Artículo 27.-Admisibilidad en Evidencia de los Informes del
Instituto
El Instituto expedirá, a solicitud de
parte interesada y mediante el pago de los aranceles y gastos que ello
conlleve, copias certificadas de informes de autopsias y de análisis y exámenes
científicos efectuados por el personal profesional del Instituto en aquellos
que no estén bajo investigación criminal o medie criminalidad. La exacta
concordancia de dichas copias con los expedientes del Instituto deberá ser
consignada en la certificación.
No obstante, cuando los informes de
autopsias y de análisis científicos solicitados de casos criminales estén bajo
investigación o en proceso judicial, no se expedirán copias de dichos informes
sin la aprobación del Secretario de Justicia o Fiscal del caso, salvo que la
solicitud provenga de un tribunal competente.
Las copias certificadas de informes serán
admisibles en los tribunales de Puerto Rico, sujeto a lo dispuesto en las
Reglas de Evidencia de Puerto Rico.
Se establecerá un sistema de firmas
electrónicas que permita la transmisión, vía correo electrónico, de los
reportes periciales a los Fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico,
a los Agentes Investigadores del caso de agencias de ley y orden, y a los
Jueces del Tribunal General de Justicia, de manera que se garantice la
confiabilidad y la autenticidad de la información transmitida, conforme a las
disposiciones de la Ley 359-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Firmas
Digitales de Puerto Rico”. Además, el Instituto podrá implantar un sistema de
comunicación electrónica directa, segura y confidencial con la Policía de Puerto
Rico, el Departamento de Justicia, el Negociado de Investigaciones Especiales,
Tribunales de Justicia y otras agencias de ley y orden, con el propósito de
suplir, recibir y/o almacenar información de casos criminales bajo
investigación científica-forense de la evidencia física, biológica, digital o
documental por parte del Instituto.”
Artículo 5.-Se enmienda el Artículo 28-A de la Ley
Núm. 13 de 24 de julio de 1985, según enmendada, para que se lea como sigue:
“Artículo 28-A.-Sistema de Video-Teleconferencia
El Instituto de Ciencias Forenses de
Puerto Rico instalará en sus facilidades y configurará un sistema de
video-teleconferencia, en coordinación con el Departamento de Justicia y los
tribunales de justicia de Puerto Rico, que podrá utilizar para:
(a) …
(b) …
(c) …
(d) …
(e) Prestar testimonio pericial
durante cualquier etapa de un proceso judicial, siempre y cuando sea autorizado
por el juez.”
Artículo 6.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de
su aprobación.
.................................................................
Presidenta de la Cámara
.................................................................
Presidente del Senado
Notas Importantes:
1. Esta ley es copia de la ley
original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
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correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las leyes de
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