Ley Núm. 144 del año 2012
(P. del S. 2181); 2012, ley 144
(Reconsiderado)
(Conferencia)
Para enmendar y añadir varios artículos a la Ley Núm. 42 de
2010, Ley del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico.
Ley
Núm. 144 de 22 de julio de 2012
Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, y 5; añadir un
nuevo Artículo 5A; enmendar los Artículos 6, 7, 8 y 9; derogar los Artículos
10, 11, 12 y 17; enmendar y reenumerar los Artículos 13 y 14, como nuevos
Artículos 10 y 11, respectivamente; reenumerar el Artículo 15 como nuevo
Artículo 12; enmendar y reenumerar el Artículo 16 como nuevo Artículo 13;
añadir un nuevo Artículo 14; enmendar y reenumerar los Artículos 18 y 19 como
nuevos Artículos 15 y 16, respectivamente, de la Ley 42–2010, conocida como
“Ley del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de dejar
sin efecto la creación del Comité del Gobernador para la Integridad y
Eficiencia Gubernamental, definir términos, especificar y aclarar funciones y
facultades de la Oficina del Inspector General y del Comité del Gobernador para
la Integridad y Eficiencia Gubernamental designar al titular de la Oficina como
“Inspector General” en lugar de Director de la Oficina del Inspector General; limitar
la prestación de servicios por personal de la Oficina del Inspector General
dentro de los doce (12) meses de cesar en el cargo en entidades públicas en
cuya auditoría haya participado; autorizar el recaudo y la administración de
fondos estatales y federales; eximir la Oficina del Inspector General de las
Leyes Núm 5 de 8 de diciembre de 1955, Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, Núm.
230 de 23 de julio de 1974, Núm. 147 de 18 de junio de 1980, Núm. 45-1998, Núm.
197-2002, Núm. 265-2003, y Núm. 148-2006, según enmendadas; derogar el Artículo
10.06 de la Ley 149–1999, según enmendada, para transferir a la Oficina del
Inspector General el personal, equipo, propiedad, expedientes y cualquier
balance remanente de los fondos del “Comité de Auditoría del Departamento de
Educación”; y derogar los Artículos 63 y 64 de la Ley 205–2004, según enmendada,
para transferir a la Oficina del Inspector General el personal, equipo,
propiedad, expedientes y cualquier balance de los fondos de la Oficina de
Auditoría Interna; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante
el transcurso de los años se han creado diversos organismos, tanto a nivel
ejecutivo como legislativo, dirigidos a fiscalizar y promover la optimización
de la gestión pública. Sin embargo, tales esfuerzos no han sido suficientes
para lograr todos los resultados esperados. A los fines de atender esta
situación, mediante la Ley 42–2010, esta Asamblea Legislativa creó la Oficina
del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico.
En
términos generales, la Oficina del Inspector General tiene la responsabilidad
de coordinar y fortalecer los esfuerzos gubernamentales para promover la
integridad y eficiencia, así como prevenir y detectar toda actividad
fraudulenta en el manejo de fondos públicos, ya sean estatales o federales.
Mediante
la citada Ley 42-2010, se creó también el Comité del Gobernador para la
Integridad y Eficiencia Gubernamental (“Comité”). Entendemos que la
intervención del Comité resulta en una duplicidad de esfuerzos ante las
funciones que habrá de tener la Oficina del Inspector General. En respuesta a
lo anterior, mediante la presente pieza legislativa se dispone dejar sin efecto
la creación del Comité del Gobernador para la Integridad y Eficiencia
Gubernamental.
La
función primordial del Inspector General es prevenir la malversación o mal uso
de fondos, propiedades o bienes públicos gubernamentales, a fin de asegurar que
las prácticas administrativas y contractuales sean cónsonas con los mejores y
más efectivos estándares, a través de mecanismos de evaluación objetiva,
determinación de eficiencia y eficacia y establecimiento de procedimientos
adecuados para el fortalecimiento de sus funciones. Debe servir de instrumento
y asesor para que las agencias, manteniendo comunicación directa con los jefes,
a fin de que se corrija toda práctica que se desvíe de aquéllas aceptables en
el Gobierno.
Además,
esta medida incorpora enmiendas técnicas que incluyen uniformar la designación
del titular de la Oficina como “Inspector General” en lugar de Director de la
Oficina del Inspector General y aclarar las facultades de esta nueva figura.
Por
otra parte, se le permite a la Oficina del Inspector General contar con la
autonomía operacional y administrativa necesaria para cumplir con las funciones
impuestas por ley. Es preciso señalar, que debido a sus funciones
fiscalizadoras, esta Oficina deberá tener total independencia de las demás
agencias del Gobierno, más aún, de las agencias a las cuales estará auditando.
De otra parte, precisa mencionar que esta enmienda no tendrá impacto fiscal,
toda vez que se están reclasificando los puestos existentes para conformar la
estructura administrativa.
Finalmente,
se deroga el Artículo 10.06 de la Ley 149–1999, según enmendada, conocida como
la “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico de 1999”, el cual
creaba un “Comité de Auditoría del Departamento de Educación”, y los Artículos 63 y 64 de la Ley 205–2004, según enmendada, conocida como
la “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”, ya
que sus propósitos quedarán bien atendidos a través de la Oficina del Inspector
General.
DECRÉTASE
POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo
1.-Se elimina el inciso (c) y se reenumeran los incisos subsiguientes del Artículo
2 de la Ley 42–2010, para que lea como sigue:
“Artículo
2.-Declaración de Política Pública y responsabilidad de los titulares de las
entidades gubernamentales
Es
política del Gobierno de Puerto Rico:
a) Lograr los más óptimos niveles de integridad, honestidad,
transparencia, efectividad y eficiencia en el servicio público;
b) Repudiar y rechazar todo acto, conducta o indicio de corrupción por
parte de los funcionarios o empleados públicos;
c) Establecer controles, así como tomar acción y las medidas
pertinentes para detectar, prevenir y actuar, de forma proactiva, para evitar
actividades de corrupción en los organismos gubernamentales; y
d) Desalentar las prácticas de malversación, uso indebido, fraude y
manejo ilegal de fondos públicos.
Será
responsabilidad de cada Secretario, Director Ejecutivo, Jefe de Agencia o
cuerpo rector observar y velar por que se cumpla con esta política pública en
cada entidad gubernamental. Además, deberán proveer las facilidades apropiadas
para la implementación de la política pública establecida en esta Ley. De la
misma manera, deberán establecer los controles y mecanismos adecuados
para garantizar su cumplimiento. Será deber, además, de cada uno de éstos y de
los demás funcionarios y servidores públicos, poner en vigor las normas,
prácticas y estándares que promulgue la Oficina del Inspector General del
Gobierno de Puerto Rico creada mediante esta Ley, así como de las
recomendaciones, medidas y los planes de acción correctiva que surjan de las
evaluaciones de la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico.”
Artículo
2.-Se elimina el inciso 1, se reenumeran los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 como 1, 2,
3, 4 y 5, se enmienda el inciso 5 según reenumerado y se añade un nuevo inciso
6, se enmiendan los incisos 8 y 11, del Artículo 3 de la Ley 42–2010, para que
lea como sigue:
“Artículo
3.-Definiciones
Para
propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a
continuación se indica:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. Entidades
Gubernamentales – Se refiere a las agencias, departamentos, oficinas e
instrumentalidades de la Rama Ejecutiva, incluyendo las corporaciones
públicas. Se excluye de esta definición a la Universidad de Puerto Rico, a la
Oficina de Ética Gubernamental, al Centro de
Recaudación de Ingresos Municipales, a la Oficina del Contralor Electoral, la
Comisión Estatal de Elecciones y a los municipios.
6. Entidades
Sin Fines de Lucro – Cualquier sociedad, asociación, organización, corporación,
fundación, institución, compañía, o grupo de personas laicas o sectarias
constituida y organizada de acuerdo a las leyes de Puerto Rico que funcione y
opere sin ánimo de lucro y reciba aportaciones o fondos públicos.
...
8. Funcionario
Público - Es aquella persona que ejerce un cargo o desempeña una función o
encomienda, con o sin remuneración, permanente o temporeramente, en virtud de
cualquier tipo de nombramiento, contrato o designación, para la Rama Ejecutiva
del Gobierno de Puerto Rico. Incluye aquellas personas que representan el
interés público y que sean designadas para ocupar un cargo en una junta,
corporación pública, instrumentalidad y sus subsidiarias.
...
11. Oficina
del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico – Organismo creado al amparo
de esta Ley, para fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización,
investigación, y auditoría de la gestión gubernamental. En adelante se
denominará como “la OIG”.
…”
Artículo
3.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 42–2010, para que lea como sigue:
“Artículo
4.-Creación de la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico
Se
crea la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico, adscrita a
la Oficina del Gobernador, con el fin de coordinar y mejorar los esfuerzos
gubernamentales para promover la integridad y eficiencia en el uso y manejo de
fondos públicos, prevenir el fraude y la corrupción. La función primordial
del Inspector General es prevenir la malversación o mal uso de fondos,
propiedades o bienes públicos gubernamentales, a fin de asegurar que las
prácticas administrativas y contractuales sean cónsonas con los mejores y más
efectivos estándares, a través de mecanismos de evaluación objetiva,
determinación de eficiencia y eficacia y establecimiento de procedimientos
adecuados para el fortalecimiento de sus funciones. Debe servir de instrumento
y asesor para las agencias, mantenimiento comunicación directa con los jefes, a
fin de que se corrija toda práctica que se desvíe de aquéllas aceptables en el
Gobierno.
Debido
a la naturaleza sensitiva de sus funciones, la OIG tendrá independencia y
autonomía operacional y administrativa del resto de las entidades
gubernamentales.
La
OIG tendrá acceso a la información y a los documentos relacionados con el
presupuesto de todas las entidades gubernamentales, según definidas en esta
Ley. La OIG no tendrá jurisdicción sobre las Ramas Legislativa y Judicial. Tampoco
intervendrá en la Universidad de Puerto Rico, la Oficina de Ética
Gubernamental, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, la Oficina del Contralor Electoral, la
Comisión Estatal de Elecciones y los municipios.”
Artículo
4.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 42–2010, para que lea como sigue:
“Artículo
5.- Inspector General del Gobierno de Puerto Rico
La
OIG estará dirigida por el Inspector General que será nombrado por el
Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado y de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico, por el término del cuatrienio al cual fue
nombrado.
La
compensación del Inspector General será la que determine el Gobernador, tomando
en consideración lo establecido para los secretarios de departamentos
ejecutivos. El funcionario designado deberá ser una persona de reconocida
capacidad profesional, probidad moral y conocimientos en el campo de la
administración pública y la gestión gubernamental.
La
persona designada como Inspector General no podrá ser candidato para un puesto
electivo mientras trabaje para la OIG ni hasta después de celebrarse la
elección general siguiente a su salida de la OIG. De la misma manera, no
podrá pertenecer a ningún comité político ni participar en campañas políticas
mientras se desempeñe en su cargo.”
Artículo 5.-Se
añade un nuevo Artículo 5A a la Ley 42–2010, para que lea como sigue:
“Artículo
5A.- Prestación de Servicios en Entidades Gubernamentales Intervenidas
por la OIG, Prohibición
Ningún
funcionario o empleado regular, transitorio o por contrato de la OIG podrá,
durante los doce (12) meses consecutivos siguientes a la fecha en que deje de
prestar servicios en la misma, por sí o a través de cualquier persona jurídica,
sociedad, asociación o entidad de la que sea empleado, socio o accionista,
prestar servicios a ninguna entidad gubernamental, según se define en esta Ley,
en la que dicho funcionario haya realizado cualquier labor de auditoría, ya sea
participando directamente en la labor de auditoría o haya supervisado dicha
labor de auditoría, salvo medie dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental.
La
prohibición antes establecida será de aplicación cuando:
(a)
La persona haya intervenido directamente con una agencia o haya supervisado
dicha intervención en representación de la OIG; o
(b)
La intervención se haya realizado durante el año anterior a la fecha en que la
persona haya cesado en su puesto o a la fecha de terminación de cualquier
contrato de servicios con la OIG.
Toda
persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en delito grave
y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término de un
(1) año o con pena de multa de dos mil (2,000) dólares o ambas penas a
discreción del tribunal. De mediar circunstancias agravantes, el tribunal
podrá aumentar la pena anteriormente establecida hasta un máximo de dos (2)
años de reclusión o hasta tres mil (3,000) dólares de multa. De mediar
circunstancias atenuantes la podrá reducir hasta un mínimo de seis (6) meses y
un (1) día de reclusión o hasta mil (1,000) dólares de multa. Asimismo, el
tribunal le impondrá la obligación de pagar al Gobierno de Puerto Rico una suma
equivalente a tres (3) veces el valor de cualquier beneficio económico que
hubiere recibido u obtenido como consecuencia de la violación a las
disposiciones de este Artículo. Además, toda persona convicta por la violación
de este Artículo estará impedida de ocupar o desempeñar cualquier cargo o
empleo público, sujeto a lo dispuesto en la Ley 184 – 2004, según enmendada,
denominada “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio
Público”.”
Artículo
6.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 42–2010, para que lea como sigue:
“Artículo
6.-Funciones y Facultades de la Oficina
La
OIG tendrá las siguientes funciones y facultades:
…
3. Velar
por el cumplimiento de la política pública, las leyes, reglamentos, así como
cualquier otra normativa establecida mediante evaluaciones objetivas de
eficiencia y eficacia, para garantizar una sana administración de los recursos
públicos y el fortalecimiento de funciones y uso de procedimientos adecuados por
parte de las entidades gubernamentales y aquellas entidades sin fines de lucro
a las que se asignen fondos del erario para la realización de programas o
prestación de servicios de interés público.
…
7. Utilizar
las facultades que le confiere esta Ley para evaluar la utilización de fondos
federales y estatales asignados a las entidades gubernamentales, así como a las
entidades sin fines de lucro que reciban asignaciones de fondos públicos.
…
11. Trabajar en coordinación con la Oficina
de Gerencia y Presupuesto para referirle los estudios y evaluaciones que se
consideren necesarios para medir, mejorar y aumentar la eficiencia y
efectividad en el funcionamiento de las entidades gubernamentales, así como
reducir reglamentaciones innecesarias, mejorar el servicio al cliente y
eliminar procedimientos ineficientes e inefectivos.
…
13. Evaluar
y corroborar alegaciones sobre posibles irregularidades en las operaciones de
las entidades gubernamentales.
14. Efectuar
cualquier tipo de evaluación relacionada a los asuntos y facultades contenidos
en esta Ley.
15.
Evaluar la confiabilidad e integridad de la información financiera y
operacional, y la forma de identificar, medir, clasificar y rendir informes
sobre la misma.
16.
Establecer procesos uniformes para las evaluaciones, estudios y asesorías
sobre cumplimiento de normas que se lleven a cabo.
17.
Establecer procesos para la formulación de planes de acción correctiva
ante las deficiencias encontradas en las entidades gubernamentales y dar
seguimiento a los mismos para lograr una sana administración pública.
…
19.
Asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en materia relacionada
a los deberes y facultades asignados a la OIG, en virtud de esta Ley.
…
21.
Requerir a las entidades gubernamentales toda documentación de índole
programática, fiscal, gerencial y operacional, entre otras, sobre cualquier
tipo de evaluaciones que se estén llevando a cabo.
22. Tener
acceso a toda documentación, sistemas electrónicos de información y/o cualquier
otro material disponible en las entidades gubernamentales que estén
relacionados con los programas, procesos y proyectos gubernamentales que estén
analizando o evaluando.
…
25. Presentar
al jefe de la entidad gubernamental cualquier hallazgo o irregularidad
encontrada durante sus intervenciones para que el jefe de la entidad
gubernamental proceda de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables.
26. Recaudar
y administrar cualesquiera fondos especiales estatales y federales para cumplir
con los propósitos de esta Ley.
…
29. Desarrollar
y promulgar los reglamentos que sean necesarios y convenientes para cumplir con
los propósitos de esta Ley.
30. Desarrollar
estándares, políticas, normas y procedimientos para guiar a las agencias en el
establecimiento de controles y en la observación de prácticas de sana
administración.
31. Desarrollar
y mantener una página electrónica y otros sistemas electrónicos, con
información disponible para las entidades gubernamentales y público general
sobre distintos asuntos concernientes a la OIG, en coordinación con el
Principal Ejecutivo de Información.
32. Contratar
personal gerencial, administrativo, profesional, técnico o consultivo.”
Artículo
7.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 42–2010, para que lea como sigue:
“Artículo
7.-Poderes y Funciones Adicionales del Inspector General
El
Inspector General tendrá, además, los siguientes poderes y funciones:
1.
Planificar, organizar, supervisar y dirigir los
trabajos de la OIG.
2.
Elaborar el Plan Estratégico Anual de OIG.
3.
Someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto
la petición presupuestaria anual de la OIG.
4.
Nombrar el personal que estime necesario para el
desempeño de las funciones de la OIG; así como contratar servicios de
profesionales con peritaje, según estime conveniente, para colaborar en las
evaluaciones sobre áreas de mayor complejidad.
5.
Establecer un sistema de mejoramiento
profesional con miras a aumentar la efectividad del personal de la OIG,
mediante el desarrollo de políticas, estándares y enfoques que permitan contar
con una fuerza trabajadora bien adiestrada y con las destrezas requeridas. Dicho
sistema debe proveer para que el personal obtenga un progreso planificado en su
trabajo o en su campo que le permita lograr sus metas profesionales.
6.
Establecer la organización interna de la OIG con
la colaboración y asesoramiento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
7.
Establecer la reglamentación interna para el
funcionamiento de la OIG.
8. Emitir
informes sobre las auditorías, consultas, asesorías o preparación de planes de
cumplimiento que realice la OIG para una entidad gubernamental o entidad sin
fines de lucro que recibe fondos públicos. Estos informes contendrán los
hallazgos y recomendaciones, incluyendo los planes de acción correctiva que deberán
tomar ante las deficiencias encontradas, si alguna, y serán remitidos al
director de la entidad concernida y al Gobernador.”
Artículo
8.-Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 8 de la Ley 42–2010, para que
lea como sigue:
“Artículo
8.-Registros
Durante el transcurso de los trabajos, ninguna
documentación o registros podrán ser vistos o revisados por terceras partes. Los
resultados de las asesorías, estudios y evaluaciones deberán hacerse públicos,
a menos que incluyan información que sea confidencial o esté exenta de tener
que darse a la luz pública por alguna disposición legal. La OIG dispondrá por
reglamento la forma y manera en que publicarán los informes.
El
Inspector General deberá mantener la confidencialidad de los registros públicos
que necesiten ser confidenciales y estará sujeto a las mismas penalidades que
el custodio de dichos documentos, si viola los estatutos de confidencialidad.”
Artículo
9.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 9 de la Ley 42–2010, para que
lea como sigue:
“Artículo
9.-Informes al Gobernador y a la Asamblea Legislativa
La
OIG preparará un Informe Anual sobre las evaluaciones de cumplimiento,
estudios, y las consultas realizadas a las entidades gubernamentales o
entidades sin fines de lucro que reciben aportaciones o fondos públicos, dentro
de los tres (3) meses siguientes al cierre de año fiscal.
Dicho
Informe contendrá los hallazgos y recomendaciones producto de las auditorías,
consultas, evaluaciones y estudios realizadas en las entidades gubernamentales;
incluyendo los planes de acción correctiva que deberán tomar ante las
deficiencias encontradas.”
Artículo
10.-Se derogan los Artículos 10, 11, 12 y 17 de la Ley 42–2010.
Artículo
11.-Se enmienda y reenumera el Artículo 13 como nuevo Artículo 10, de la Ley 42–2010,
para que lea como sigue:
“Artículo
10.-Responsabilidad de las Entidades Gubernamentales
Cada
Auditor Interno de las entidades gubernamentales en lo sucesivo estarán bajo la
supervisión y autoridad de la OIG, excepto los auditores internos adscritos a
las corporaciones públicas. No obstante, su compensación será sufragada del
presupuesto de cada entidad gubernamental de la cual provengan.”
Artículo
12.-Se enmienda y reenumera el Artículo 14 como nuevo Artículo 11, de la Ley
42–2010, para que lea como sigue:
“Artículo
11.-Transferencias
Se
transfiere a la OIG el personal, presupuesto, documentos, expedientes,
materiales y equipo del Área de Auditoría de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto. Igualmente, se transfieren a la OIG el personal adscrito a las
distintas unidades de auditoría interna de las entidades gubernamentales, con
excepción del personal de las corporaciones públicas. También se transferirá
cualquier equipo, récords, activos, contratos, propiedades y expedientes, así
como los balances remanentes de fondos destinados a las unidades, divisiones u
otros componentes que estén destinados a la auditoría interna de las entidades
gubernamentales, incluyendo los gastos por concepto de dietas y millaje
incurrido por el auditor anualmente.
El
personal transferido retendrá todos los derechos, privilegios, obligaciones y
estatus, respecto a los sistemas existentes de pensión, retiro o fondos de
ahorro y préstamo al cual estuvieron afiliados al aprobarse esta Ley, mientras
se mantengan en el mismo puesto que ocupaban al momento de la transferencia.
Mientras
el Inspector General no reubique el mismo personal, éste permanecerá en
las entidades gubernamentales en las cuales han sido nombrados.”
Artículo
13.-Se reenumera el Artículo 15 como nuevo Artículo 12 de la Ley 42–2010.
Artículo
14.-Se enmienda y reenumera el Artículo 16 como nuevo Artículo 13, de la Ley
42–2010, para que lea como sigue:
“Artículo
13.- Presupuesto
La
OIG operará durante el Año Fiscal 2011-2012 con el presupuesto
proveniente del Programa de Auditoría Operacional de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto. Para los años subsiguientes, el presupuesto de la OIG será
incluido dentro del Presupuesto General de Gastos de Funcionamiento del
Gobierno de Puerto Rico. A tales efectos, el Inspector General someterá
anualmente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la petición presupuestaria
para gastos de funcionamiento.”
Artículo
15.-Se añade un nuevo Artículo 14 a la Ley 42–2010, para que lea como sigue:
“Artículo
14.- Exención y exclusiones
La
OIG estará exenta del pago de todos los impuestos, permisos, aranceles,
tarifas, costos o contribuciones impuestas por el Gobierno de Puerto Rico o sus
municipios.
La
OIG estará excluida de la aplicación de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de
1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme”; de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida
como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”; de la Ley Núm. 147 de
18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina
de Gerencia y Presupuesto”; de la Ley 45–1998, según enmendada, conocida como
“Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”; de la
Ley 197-2002, según enmendada, conocida como “Ley del Proceso de Transición del
Gobierno”; de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada,
conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos”; de la Ley
209-2003, según enmendada, conocida como “Ley del Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico”; de la Ley 265–2003, conocida como “Ley para Reglamentar Ciertos
Contratos Gubernamentales de Financiamiento y Arrendamiento de Bienes Muebles”;
y de la Ley 148–2006, según enmendada, conocida como “Ley de Transacciones
Electrónicas”.”
Artículo
16.-Se reenumeran los Artículos 18 y 19 como nuevos Artículos 15 y 16,
respectivamente, de la Ley 42–2010.
Artículo
17.-Se deroga el Artículo 10.06 de la Ley 149–1999, según enmendada, conocida
como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico” y se
transfiere a la Oficina del Inspector General el personal, equipo, propiedad,
expedientes y cualquier balance remanente de los fondos del “Comité de
Auditoría del Departamento de Educación”.
Artículo
18.-Se derogan los Artículos 63 y 64 de la Ley 205–2004, según enmendada,
conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Justicia” y se transfiere a
la Oficina del Inspector General el personal, equipo, propiedad, expedientes y
cualquier balance remanente de los fondos de la “Oficina de Auditoría Interna”.
Artículo
19.-Separabilidad
Si
cualquier cláusula, párrafo, artículo, capítulo o parte de esta Ley fuera
declarada inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción, la sentencia
dictada no afectará ninguna otra parte de esta Ley, y su efecto se limitará a
la cláusula, párrafo, artículo, capítulo o parte declarada inconstitucional.
Artículo
20.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Notas Importantes:
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