Artículo 1.-
Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 119-2011, para que lea de la siguiente manera:
“Artículo
6. – Fondo Especial de Confiscaciones.
Se mantiene en el Tesoro
de Puerto Rico el Fondo Especial de Confiscaciones 240, establecido en los
Libros del Departamento de Hacienda, conforme fuese creado en virtud de
la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, sin año fiscal
determinado, bajo la administración de la Junta de Confiscaciones y al cual
ingresarán todos los fondos provenientes de la venta o transferencia de
propiedad confiscada y los fondos federales recibidos conforme dispone esta
Ley.
La Junta utilizará los
recursos de este Fondo Especial para los propósitos y fines autorizados por
esta Ley. Sujeto a las condiciones y restricciones aplicables, la Junta podrá,
además, utilizar los recursos del Fondo Especial para los siguientes
propósitos:
(a) El pago de gastos
necesarios e incidentales para proteger, mantener y vender la propiedad
confiscada que le haya sido transferida.
(b) El pago de recompensa
a aquellas personas que provean a las autoridades información o ayuda que
conduzca al esclarecimiento y procesamiento de cualquier acción civil o
criminal hasta los límites establecidos por ley.
(c) El pago de gastos
suplementarios que sean necesarios o incidentales para llevar a cabo las
funciones de velar por la seguridad y el orden público.
(d) El pago de gastos por
asistencia y protección y por compensación a víctimas y testigos de delitos
hasta los límites establecidos por ley o reglamento.
Los recursos que ingresen
a este Fondo Especial se contabilizarán en los libros del Secretario de
Hacienda, en forma separada, de cualesquiera fondos de otras fuentes que reciba
el Departamento de Justicia, a fin de que se facilite su identificación y uso.
Al finalizar cada año
fiscal, se transferirá al Secretario de Hacienda el tres por ciento (3%) y a la
Policía de Puerto Rico el cincuenta por ciento (50%) del ingreso neto que haya
tenido la Junta, descontando el valor de la propiedad reclamada y transferida a
la agencia, en virtud de las disposiciones de la presente Ley; así como los
gastos necesarios e incidentales para proteger, mantener, disponer y vender la
propiedad confiscada, o destruir aquélla que se encuentre dañada y deteriorada.
El remanente del Fondo
Especial que al 30 de junio de cada año no se utilice para los propósitos
contemplados en esta sección, se transferirá en partes iguales a la Policía de
Puerto Rico.
Artículo
2.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 119-2011, para que se lea de la siguiente manera:
“Artículo
9. – Bienes sujetos a confiscación.
Estará sujeta a ser confiscada, a
favor del Gobierno de Puerto Rico, toda propiedad que resulte, sea
producto o se utilice, durante la comisión de delitos graves y de aquellos
delitos menos graves en los que por ley se autorice la confiscación, cuando
tales delitos graves y menos graves se encuentren tipificados en el Código
Penal de Puerto Rico, en las leyes de sustancias controladas, de armas y explosivos, en las leyes contra el crimen organizado,
en las leyes de juegos prohibidos, bebidas alcohólicas, leyes fiscales, leyes
contra la apropiación ilegal de vehículos, leyes de vehículos y tránsito y de
embarcaciones; así como en otras leyes y en aquellos
estatutos confiscatorios en los que por ley se autorice la confiscación.
Toda propiedad
que esté sujeta a una sentencia de confiscación que así lo autorice, será confiscada
a favor del Gobierno de Puerto Rico.”
Artículo
3. - Se enmienda el Artículo 10 de la Ley 119-2011,
para que se lea de la siguiente manera:
“Artículo 10. – Bienes sujetos a confiscación – Ocupación.
La ocupación de la propiedad, sujeta a confiscación, se llevará a
cabo por la agencia del orden público o el funcionario a cargo de la
implantación de la Ley por sí o por conducto de sus delegados, policías o
agentes del orden público, mediante orden de un magistrado o Tribunal
competente o sin previa orden del Tribunal, en los siguientes casos:
a)
Cuando la ocupación se efectúa mientras se
lleva a cabo un arresto;
b)
cuando la ocupación se efectúa en virtud de
una sentencia judicial; o
c)
cuando la propiedad a ocuparse haya sido
utilizada, resulte o sea el producto de la comisión de cualquiera de los
delitos, leyes o estatutos confiscatorios que se expresan en el Artículo 9 de
esta Ley.”
Artículo 4.- Se
enmienda el Artículo 13 de la Ley 119-2011, para que lea de la siguiente manera:
“Artículo
13. – Bienes confiscados – Notificación de la confiscación.
El Director Administrativo de la Junta notificará la confiscación y la tasación de la propiedad confiscada a las siguientes personas:
a)
…
b)
…
c)
…
d)
…
Toda
confiscación se notificará por correo certificado dentro de un término jurisdiccional de
treinta (30) días, siguientes a la fecha de la ocupación física de los
bienes. La notificación se hará a la dirección
conocida del alegado dueño, encargado o persona con derecho o interés en la
propiedad, según consta del expediente de la confiscación.
En
el caso de vehículos de motor que sean ocupados en virtud de la Ley Núm. 8 de 5
de agosto de 1987, según enmendada, conocida como “Ley para la Protección de la
Propiedad Vehicular”, la notificación se hará dentro de los treinta (30) días
siguientes a partir del término de treinta (30) días dispuestos para que los
oficiales del orden público lleven a cabo una investigación sobre el bien
ocupado. Un vehículo ocupado al amparo de la “Ley para la Protección de
la Propiedad Vehicular”, no será confiscado a favor del Gobierno de Puerto Rico
hasta tanto se culmine el procedimiento dispuesto en dicha Ley. El mismo
se mantendrá bajo la custodia de la Policía hasta que se culmine la
investigación correspondiente.
En aquellos casos en los que se incaute y retenga cualquier
propiedad para alguna investigación relacionada con cualquier acción penal,
civil, administrativa o cuando el bien es indispensable para la
investigación o como evidencia en el caso, el término para culminar la
investigación y emitir la orden de confiscación no excederá de noventa (90)
días. Los treinta (30) días para notificar la confiscación comenzarán a
contarse una vez concluya dicha acción y se expida la correspondiente orden de
confiscación.”
Artículo 5. – Se enmienda el Artículo 19 de la Ley 119-2011, para
que se lea de la siguiente manera:
“Artículo 19. – Bienes confiscados – Disposición de la propiedad.
En aquellos casos en los que el Tribunal decrete la ilegalidad de
una confiscación, la Junta devolverá la propiedad ocupada al demandante.
Cuando haya dispuesto de la misma, el Gobierno de Puerto Rico le pagará el
importe de la tasación al momento de la ocupación o la cantidad de dinero por
la cual se haya vendido, la que resulte mayor, más el interés legal
prevaleciente, de conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil, según
enmendadas, tomando como base el valor de tasación, a partir de la fecha de la
ocupación.
El demandante que interese reclamar la devolución del bien o la
suma a que tenga derecho de conformidad con lo dispuesto por el párrafo
anterior, presentará ante el Secretario de Justicia y el Director
Administrativo de la Junta copia certificada de la resolución o sentencia que
sea final y firme para que la Junta cumpla con lo aquí establecido. El
demandante deberá recoger el bien en un término de siete (7) días laborables a
partir de la notificación de la Junta autorizando el levantamiento, luego de lo
cual la Junta le podrá cobrar costos razonables de almacenaje.
En aquellos casos en los que se decrete la ilegalidad de una
confiscación, y se determine que el vehículo y cualquier otro medio de
transportación terrestre confiscado no tiene número de serie o identificación,
por haber sido borrado, mutilado, alterado, sustituido, sobrepuesto,
desprendido, adaptado o de alguna forma modificado, el Gobierno de Puerto Rico
pagará el noventa por ciento (90%) del importe de tasación al momento de la
ocupación o de la cantidad de dinero por la cual se haya vendido, la que
resulte mayor, y no procederá el pago del interés legal a partir de la fecha de
la ocupación.
En aquellos casos en que a pesar de que el Tribunal decrete la
ilegalidad de la confiscación, si el bien confiscado resulta ilegal, no
procederá su devolución.”
Artículo
6.- Se enmienda el Artículo 20 de la Ley 119-2011, para que lea de la siguiente manera:
“Artículo
20. – Bienes confiscados – Disposición.
La Junta tendrá la
facultad para determinar el método y orden preferente para disponer de la
propiedad confiscada al amparo de la presente Ley, de acuerdo con:
a)
Los recursos disponibles;
b)
las necesidades de la Junta; y
c)
el interés público.
La Junta dispondrá
de los bienes confiscados mediante venta, subasta, donación, transferencia,
permuta o cualquier otro medio legal, de la manera siguiente:
A.
Vehículos de motor, embarcaciones, aviones y otros medios de
transportación.
La Junta podrá disponer
de los vehículos bajo su custodia mediante venta, subasta o permuta al público
en general, según se disponga mediante reglamentación al efecto. Como
excepción, se permitirá la donación o transferencia de los bienes en poder de
la Junta, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Los vehículos que
sean de utilidad para el uso oficial de las agencias estatales del orden
público, serán transferidos luego de que éstas satisfagan un precio mínimo
equivalente al diez por ciento (10%) del valor de tasación establecido por la
Junta. Se requerirá, además, que estas agencias restituyan los gastos de
mantenimiento en que haya incurrido respecto a los vehículos transferidos.
Aquella propiedad confiscada que no sea de utilidad para las agencias del orden
público podrá ser transferida por la Junta, a título oneroso, a las demás
instrumentalidades gubernamentales y municipios que tengan uso público para
ello, utilizando como precio de venta el valor de tasación sujeto a los
términos y condiciones que al efecto se establezcan.
La Junta podrá
entrar en negociaciones con las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico
que interesen adquirir los vehículos que no se hayan vendido por el precio de
tasación. Estos bienes no podrán ser vendidos por un precio inferior al cincuenta
por ciento (50%) del valor de tasación sin autorización previa de la Junta.
Aquellos vehículos
que no sean transferidos a las instrumentalidades del Gobierno, según dispuesto
en los párrafos que anteceden, podrán ser transferidos, a título oneroso a organizaciones
sin fines de lucro o personas elegibles, según se disponga mediante
reglamentación al efecto.
Aquellos vehículos
o medios de transporte que no sean de utilidad a ninguna agencia, oficina o dependencia del Gobierno de Puerto Rico, podrán ser transferidos
a escuelas vocacionales o instituciones educativas, públicas o privadas, que
ofrezcan cursos de mecánica automotriz u hojalatería, de así solicitarlos. El vehículo que se arregle en estos talleres podrá ser vendido a
menor costo, para beneficio de la escuela participante.
Los vehículos y
cualquier otro medio de transportación terrestre confiscados que no tengan
número de serie o identificación, por haber sido borrado, mutilado, alterado,
sustituido, sobrepuesto, desprendido, adaptado o de alguna forma modificado,
pero que puedan ser útiles, les será asignado en el Departamento de
Transportación y Obras Públicas, a petición de la Junta, un número de
identificación de reemplazo en un registro especial, de acuerdo con los
procedimientos establecidos en los reglamentos de la Junta. Los vehículos con
número de identificación de reemplazo serán transferidos siguiendo los
parámetros establecidos en el presente Artículo, a la Policía de Puerto Rico,
en primera instancia, a la Policía Municipal o a la Corporación de Empresas de
Adiestramiento y Trabajo.
Una vez los
vehículos transferidos pierdan su utilidad, serán devueltos a la Junta, la cual
podrá, conforme al procedimiento que ésta disponga mediante reglamento,
destruirlo o transferirlo a escuelas vocacionales o
instituciones educativas, públicas o privadas, que ofrezcan cursos de mecánica
automotriz u hojalatería. El uso de dichos vehículos
será con propósitos didácticos y de práctica de destrezas, por lo que se
prohíbe que dichos vehículos transiten por las vías públicas de Puerto Rico.
Cuando los
recursos de la Junta lo permitan, en aquellos casos que la propiedad confiscada
fuese una embarcación de pesca marítima, la misma podrá ser vendida, mediante
venta directa, por un precio equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
total del valor de tasación, a todo pescador comercial u organización de
pescadores comerciales bona fide que acredite, mediante declaración jurada, que
la pesca es su única fuente de ingreso o que representa por lo menos el ochenta
por ciento (80%) de su ingreso bruto anual. Dicha declaración deberá
acompañarse de una certificación del Programa de Fomento, Desarrollo y
Administración Pesquera del Departamento de Agricultura, acreditativa de que el
interesado es un pescador comercial u organización de pescadores comerciales bona
fide, una copia certificada de la planilla de contribución sobre ingresos para
el año anterior y una certificación del Secretario del Departamento de Hacienda
de que no tiene deuda contributiva pendiente o, de tenerla, de que está acogido
a un plan de pago y que los pagos están al día.
Cuando los
recursos de la Junta lo permitan, todo porteador público debidamente
certificado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, podrá
adquirir, mediante venta directa, hasta dos (2) vehículos de motor en el
término de un año, que cumplan con los requisitos necesarios para el transporte
público colectivo y que hayan sido confiscados, de conformidad con las
disposiciones de esta Ley, por un precio equivalente a la mitad del total del
valor de tasación. Si el porteador público que se haya acogido a los
beneficios de este Artículo vendiera el vehículo dentro del año posterior a su
adquisición, tendrá que reponer la totalidad del valor de la tasación o el precio
por el cual lo vendió, lo que resulte mayor, salvo en aquellos casos en que el
comprador en la reventa fuese un porteador público que, de por sí, hubiese
cualificado para beneficiarse de lo dispuesto por este Artículo.
La Junta dispondrá
por venta, a los porteadores públicos certificados, los vehículos de motor
confiscados que no hayan sido transferidos a la Policía de Puerto Rico, ni al
Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ni a
ninguna otra agencia del Gobierno de Puerto Rico. Las ventas se realizarán por
riguroso orden cronológico de las solicitudes presentadas ante ella,
adjudicando un vehículo por persona hasta concluir la relación de las
solicitudes, y procederá a la adjudicación de la segunda ronda de vehículos hasta
que se agoten las solicitudes presentadas, no adjudicando, en ningún caso, más
de dos (2) vehículos por persona en el término de un año.
B.
Dinero en efectivo, valores, instrumentos negociables, joyas, obras de arte.
La agencia o
funcionario, bajo cuya autoridad fue ocupado dinero en efectivo, valores o
instrumentos negociables, depositará los mismos a través
de los recaudadores auxiliares del Departamento de Justicia nombrados, como
tales, por el Departamento de Hacienda. Esto es con el fin de que a través de
estos recaudadores el Secretario del Departamento de Hacienda los ingrese en el
Fondo Especial que se crea en virtud de esta Ley. Las
joyas y obras de arte confiscadas serán custodiadas y conservadas de
conformidad con el procedimiento que por reglamentación se disponga.
Asimismo, de entenderse conveniente, estos bienes podrán ser depositados en la
Junta de Confiscaciones.
Se podrá
disponer de la joyería confiscada, mediante venta, subasta o permuta, de
acuerdo a la reglamentación que se disponga.
Las obras de arte
confiscadas constituirán patrimonio del Pueblo de Puerto Rico y podrán ser
transferidas, sin costo alguno, al Museo de Arte de Puerto Rico, conforme al
procedimiento que la Junta disponga para ello.
La Junta de
Confiscaciones determinará, mediante Reglamento, el procedimiento para retener,
disponer o hacer líquidos los valores o los instrumentos negociables, o para el
intercambio de moneda extranjera en moneda de curso legal.
C.
Animales.
Los animales
confiscados que se clasifiquen como animales pertenecientes a una especie
exótica, podrán ser transferidos, sin costo alguno, al Zoológico de Puerto
Rico, adscrito a la Compañía de Parques Nacionales, o cualquier otro zoológico
o institución con capacidad para mantener y conservar a dichos animales, de
acuerdo a las leyes y reglamentos locales y federales.
En aquellos casos en
que el animal no se clasifique como una especie exótica, se tomarán las medidas
de acuerdo a la legislación y reglamentación que al respecto disponga el Secretario
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
En el caso de ganado
hurtado, se seguirá el procedimiento dispuesto en la Ley 517-2004, según
enmendada, conocida como “Ley para la Prevención de Hurto de Ganado de Puerto
Rico”.
D.
Armas.
Las armas ocupadas
serán transferidas al Depósito de Armas de la Policía de Puerto Rico, que
dispondrá de las mismas de acuerdo a la legislación y reglamentación dispuesta
para ello.
E.
Bienes Inmuebles.
Una vez se ordene la
confiscación de algún bien inmueble, y culminado cualquier proceso
administrativo o judicial relacionado a dicha confiscación, se hará la
correspondiente anotación en el Registro de la Propiedad a favor del Gobierno
de Puerto Rico.
Se podrá disponer de
los bienes inmuebles confiscados, mediante venta, subasta, transferencia,
permuta o cualquier otro medio legal, de acuerdo a la reglamentación que se
disponga.
En el caso de bienes
inmuebles que sean edificios de oficinas, podrán ser transferidos por la Junta,
con o sin costo, a aquellas instrumentalidades gubernamentales que tengan uso
público para ello, sujeto a los términos y condiciones que al efecto se
establezcan.
En el caso de bienes
inmuebles comerciales se dispondrá de los mismos de conformidad con el
procedimiento dispuesto en la “Ley para la Restructuración y Unificación del
Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos”, Ley 161-2009, según
enmendada.
F.
Otros.
En el caso de otros
bienes, la Junta de Confiscaciones dispondrá de los mismos mediante el procedimiento
que establezca mediante reglamento.
Cuando la propiedad
ocupada tenga un valor de tasación menor del veinticinco por ciento (25%) del
valor de un bien similar en el mercado o se encuentre en tal estado de
deterioro o daño que no pueda ser reparado o rehabilitado, o se trate de un
vehículo que no tenga números de serie o identificación, por haber sido
borrado, mutilado, alterado, sustituido, sobrepuesto, desprendido, adaptado o
de alguna forma modificado ilegalmente, y al cual no se le pueda asignar número
de reemplazo, la Junta tendrá la facultad de destruirlo, conforme al
procedimiento que ésta disponga para ello mediante reglamento.”
Artículo7.-
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su
aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta
ley es copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
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