Ley Núm. 68 del año 2015
(P. del S. 1107);
2015, ley 68
Para enmendar la Sección 1.3 y añadir la
Sección 2.20 a la Ley Núm. 170 de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Ley Num. 68 de 18 de mayo de 2015
Para añadir un nuevo inciso (c), renumerar los incisos de
la (c) a la (n) como incisos (ch) a la (o), respectivamente y enmendar el renumerado inciso (m) de la Sección 1.3 y añadir la
Sección 2.20 a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada,
conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico”, con el fin de requerirle a las agencias públicas
sujetas a dicha Ley publicar sus declaraciones interpretativas y sus declaraciones
de política pública general dentro de un periodo de tiempo razonable; para
definir dichas declaraciones como “documentos guía”, aclarar la definición de
“regla o reglamento”, establecer el proceso administrativo relativo a esos
documentos guía y aclarar los efectos de dichos documentos en la adjudicación
administrativa; y para otros fines.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
La Ley
Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”
(LPAU) establece los criterios procesales para las funciones cuasi-legislativas
y cuasi-judiciales de las agencias administrativas. En el ejercicio de sus
funciones cuasi-legislativas, las agencias del Gobierno pueden establecer
reglamentos que aclaran o implementan funciones delegadas por la Asamblea
Legislativa. El proceso de reglamentación tiene elementos de publicidad y
participación ciudadana que proveen garantías de debido proceso de ley a los
grupos afectados.
Sin
embargo, hay determinaciones administrativas, como las declaraciones
interpretativas y las declaraciones generales de política pública, que no
constituyen reglamentación para propósitos de la LPAU y se excluyen del proceso
de reglamentación formal. Esas determinaciones son excluidas del proceso de
reglamentación, por consideraciones de eficiencia y agilidad. Sin embargo,
tales determinaciones tienen consecuencias, pues establecen las normas
aceptadas por la agencia encargada de implementar la legislación. Una
declaración interpretativa determina la norma que seguirá la agencia para
cumplir con los criterios establecidos por la Asamblea Legislativa, y aclara
las disposiciones de la legislación. Los individuos afectados por una
legislación confían en las interpretaciones que las agencias hacen de las leyes
que administran y los reglamentos que promulgan en su proceso de toma de
decisiones. También, los tribunales le conceden un alto grado de deferencia a
la interpretación que hace una agencia de las leyes y reglamentos que se les ha
autorizado a implementar (Rivera Concepción v ARPE, 2000 TSPR 143). Por otro
lado, el Administrative Procedure Act Federal dispone que todas las
determinaciones administrativas sean publicadas y que de no ser publicadas no
podrían afectar adversamente a los ciudadanos.
Debido
a la importancia que revisten las interpretaciones y las declaraciones de
política pública de las agencias administrativas, muchas se publican
actualmente en la Internet. Sin embargo, la Asamblea Legislativa entiende que
las declaraciones interpretativas y las declaraciones de política pública
general de las agencias, también deben ser publicadas en un tiempo razonable.
Esta medida establece, en la nueva Sección 2.20 que se añade, un mandato para
que dichas declaraciones interpretativas y de política pública general sean
publicadas dentro de los treinta (30) días siguientes a la determinación por
las agencias. Estas disposiciones se toman del “Model State Administrative
Procedure Act” aprobado por el Uniform Law Commission de los Estados Unidos.
Para facilitar su implementación, se le concede a las Agencias un término de
ciento ochenta (180) días para publicar las determinaciones anteriores a la
aprobación de esta Ley.
Con el
fin de dar contenido a las garantías procesales que provee esta Ley, se definen
las declaraciones interpretativas y las declaraciones de política pública como
documentos guía y se aclara lo relativo a la capacidad de estos documentos para
vincular a terceros y su efecto en los procesos adjudicativos de las agencias.
Las agencias podrán utilizar documentos guía para implementar sus políticas
públicas e interpretar la legislación a su cargo, pero no podrán usarlos como
si tuvieran fuerza de ley, ni podrán descartar su contenido caprichosamente. De
esa forma, atemperamos nuestro ordenamiento jurídico a la realidad
administrativa del Gobierno: gran parte del proceso adjudicativo en las
agencias es gobernado por un sinnúmero de cartas circulares, cartas normativas
y memorandos internos. Esta medida ni exige un proceso reglamentario formal
para los documentos guía, ni impide que las agencias lo utilicen. Sólo reconoce
su utilidad y aclara la normativa jurídica relevante.
Para
que las disposiciones de esta Ley tengan efecto, se establece que a partir de
ciento ochenta (180) días contados desde su vigencia, ningún individuo o
entidad podrá ser afectado por una determinación administrativa que no fue
debidamente publicada. De esa manera, se fomenta la transparencia en el proceso
administrativo, protegiendo el derecho constitucional de cada ciudadano al
debido proceso de ley.
Todo
ciudadano, como parte de su derecho constitucional al debido proceso de ley,
tiene el derecho a estar informado sobre las determinaciones del Gobierno que
puedan tener efecto sobre su libertad o propiedad. Es cierto que las
declaraciones interpretativas y de política pública general realizadas por las
agencias no son fuente de derecho. Sin embargo, son utilizadas como guía para
el personal de las agencias y la interpretación judicial de leyes y reglamentos.
Más allá del sentido estricto de lo que es derecho, en la práctica estas
declaraciones tienen un efecto real sobre los residentes de Puerto Rico. Por
esa razón, es indispensable la publicación y divulgación que dispone esta
legislación.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo
1.- Se añade un nuevo inciso (c), se renumeran los incisos de la (c) a la (n)
como incisos (ch) a la (o), respectivamente, y se enmienda el renumerado inciso
(m) de la Sección 1.3 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según
enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Sección
1.3.- Definiciones
A
los efectos de esta Ley los siguientes términos o frases tendrán el significado
que a continuación se expresa:
(a) …
…
(c)
“Documento Guía” significa un documento físico o electrónico de aplicabilidad
general desarrollado por una agencia, que carece de fuerza de ley pero expresa
la interpretación de la agencia sobre alguna legislación, la política pública
de la agencia o que describe cómo y cuándo la agencia ejercerá sus funciones
discrecionales. Incluye interpretaciones oficiales, según definidas en esta
Ley. Este término no incluye documentos que son reglamentos o reglas según
definidas en esta Ley.
(ch)
Expediente…
(d)
Jefe de Agencia…
(e)
Interpretación oficial…
(f)
Interventor…
(g)
Orden o resolución…
(h)
Orden o resolución parcial…
(i)
Orden interlocutoria…
(j)
Persona…
(k)
Parte…
(l)
Procedimiento administrativo…
(m)
"Regla o reglamento" significa cualquier norma o conjunto de normas
de una agencia que sea de aplicación general que ejecute o interprete la
política pública o la ley, o que regule los requisitos de los procedimientos o
prácticas de una agencia que tenga fuerza de Ley. El término incluye la
enmienda, revocación o suspensión de una regla existente. Quedan excluidos de
esta definición:
(1) Reglas relacionadas con la administración interna de la
agencia o comunicaciones internas o entre agencias que no afectan los derechos
o los procedimientos o prácticas disponibles para el público en general.
(2) Documentos guía según definidos en esta Ley.
(3) Decretos mandatorios aprobados por la Junta de Salario
Mínimo.
(4) Órdenes de precios del Departamento de Asuntos del Consumidor
y otros decretos u órdenes similares que se emitan o puedan emitir en el futuro
por otras agencias, y que meramente realizan una determinación de uno o varios
parámetros de reglamentación con base a un reglamento previamente aprobado y
que contiene las normas para su expedición.
(5) Formas y sus instrucciones, siempre que no constituyan
documentos guía.
(n) Reglamentación
…
(o) Secretario
…
…”
Artículo
2.- Se añade la Sección 2.20 a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según
enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, que leerá como sigue:
“Sección
2.20.- Documentos Guía
(a)
Una agencia podrá emitir documentos guía sin sujeción al proceso reglamentario
definido en las Secciones 2.1 a 2.12 de esta Ley.
(b)
Una agencia que proponga descansar sobre el contenido de un documento guía en
detrimento de una persona en cualquier procedimiento administrativo dará a la
persona oportunidad adecuada para retar la legalidad o razonabilidad de una
posición tomada en dicho documento.
(c)
Un documento guía podrá contener instrucciones vinculantes al personal de una
agencia si en una etapa apropiada en el procedimiento administrativo de la
agencia provee a la persona afectada una oportunidad adecuada para retar la
legalidad o razonabilidad de una posición expresada en el documento guía por la
agencia.
(d)
Un documento guía podrá ser utilizado por una Agencia en un proceso
adjudicativo, pero no es vinculante sobre la agencia. Si una agencia se propone
actuar en una adjudicación de manera distinta a una posición expresada en un
documento guía, deberá proveer una explicación razonable para la variación.
(e)
Cada Agencia mantendrá un récord físico y público de todos sus documentos guía.
La Agencia publicará, además, todos y cada uno de éstos de manera prominente en
su página de Internet, en una forma permanente, continua, gratuita y de fácil
acceso. El Secretario deberá coordinar la ejecución de las disposiciones de
esta Sección. La agencia tendrá treinta (30) días, contados desde el momento de
la aprobación del documento guía, para publicarlos.”
Artículo
3.- Cada agencia deberá, dentro del periodo de ciento ochenta (180) días, luego
de la aprobación de esta Ley, publicar los documentos guía que haya emitido antes
de la vigencia de esta Ley. Los emitidos posterior a la vigencia de esta Ley
serán publicados conforme a la nueva Sección 2.20 de la Ley Núm. 170 de 12 de
agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Concluido
este término, la agencia no podrá descansar en un documento guía que no esté
publicado en el Internet.
Artículo
4.- Cualquier ley o parte de la misma, resolución conjunta o disposición
administrativa que vaya en contra de alguna disposición de esta Ley, quedará
suplantada por ésta. Las normas jurisprudenciales o legales que no hayan sido
específicamente revocadas o que no estén en conflicto con lo expresado en esta
Ley continuarán en vigor. No obstante, este Artículo no será de aplicación la
Ley 236-2010, según enmendada.
Artículo
5.- Esta Ley entrará en vigor treinta (30) días después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta
ley es copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas
posteriores.
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esta ley al presente.
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