CAPÍTULO
I. — TÍTULO DE LA LEY Y DEFINICIONES.
Artículo
1.01. - Título breve.
Esta
Ley se conocerá como la “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
Artículo
1.02. - Definiciones.
Los
siguientes términos tienen el significado que se expresa a continuación:
A.
“Agencia” - significará cualquier departamento,
junta, comisión, división, oficina, negociado, administración, corporación
pública o subsidiaria de ésta, municipio o instrumentalidad del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, incluyendo cualquiera de sus funcionarios(as),
empleados(as) o sus integrantes que actúen o aparenten actuar en el desempeño
de sus deberes oficiales.
B.
“Defensor”- significará el Defensor de las
Personas con Impedimentos, cargo que se crea en virtud de esta Ley.
C.
“Defensoría”- significará la Defensoría de las
Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
D.
“Entidad privada o intereses privados”-
significará cualquier asociación, organización, instituto o persona natural o
jurídica que preste, ofrezca o rinda algún servicio o actividad o administre
algún programa que atienda las necesidades de la población servida por la
Defensoría. Además, incluirá cualquier asociación, organización, instituto o
persona natural o jurídica en la que labore alguna persona de la población
servida por la Defensoría.
E.
“Estado Libre Asociado”- significará el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
F.
“Organizaciones bona fide” – significará toda
entidad no gubernamental que se dedique a, o su fin principal sea, la defensa o
la protección de los derechos de las personas con impedimentos en el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Serán consideradas organizaciones bona fide
aquellas entidades no gubernamentales que presten servicios destinados a
preservar o promover el bienestar social de la población servida por el
Defensoría. Ninguna organización con fines político-partidistas será
considerada como una organización bona fide, para efectos de esta Ley. Las
organizaciones deberán presentar prueba documental que acredite la labor
realizada en favor de los derechos de las personas con impedimentos. Esta
prueba será evaluada por el Consejo Directivo antes de considerar cualquier
candidato(a) o recomendación por parte de una organización.
G.
“Persona con Impedimento”- significará toda
persona que tiene un impedimento físico, cognitivo, mental o sensorial que
limita sustancialmente una o más actividades esenciales de su vida; o que tiene
un historial o récord médico de impedimento físico, mental o sensorial; o es
considerada que tiene un impedimento físico, mental o sensorial, conforme con
la Ley 238-2004, conocida como la “Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”.
Además, significará toda persona que posea un impedimento mental, cognitivo,
sensorial, físico, o cualquier otro impedimento cubierto por la Ley Pública
Federal Núm. 106-402, según enmendada, conocida como “Developmental
Disabilities Assistance and Bill of Rights of 2000”, la Ley Pública Federal
Núm. 93-112, según enmendada, conocida como “Rehabilitation Act of 1973”, o
cualquier otra regulación federal o estatal creada en el futuro mediante ley
federal o estatal.
H.
“Querellante”- significará toda persona, natural o
jurídica, incluyendo una agencia gubernamental que promueva una acción ante la
Defensoría, por entender que se ha violado o infringido algún derecho
reconocido bajo las leyes y reglamentos que administra la Defensoría. Esto
incluye, pero no se limita, a cualquier persona a la que se le ha infringido
algún derecho reconocido por la Constitución de los Estados Unidos de América,
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las leyes o los
reglamentos que administra la Defensoría; que incluye, sin que se entienda como
una limitación, personas con impedimentos, padres, madres, tutores(as) de hecho
o derecho, custodios, encargados(as), cónyuges, hijos, hijas, parientes,
representantes legales, apoderados(as) entre otros familiares o personas que se
encargan de asistir y velar por los intereses de la persona a la que se le han
infringido algún derecho reconocido por la Constitución de los Estados Unidos
de América, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o bajo
las leyes y los reglamentos que administra la Defensoría.
CAPÍTULO
II. DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS.
Artículo
2.01.- Defensoría de las Personas con Impedimentos.
Se
crea la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico como una entidad jurídica independiente y separada de cualquier
otra agencia o entidad pública. Dicha Defensoría fiscalizará y promoverá la
defensa de los derechos de las personas con impedimentos. Este organismo,
mediante procesos educativos y fiscalizadores, velará por la erradicación del
discrimen por razón de impedimento físico o mental, tomará acciones en contra
del abuso o negligencia u otras formas de negación de derechos y garantizará
que se establezcan e implanten prácticas y condiciones idóneas en
instituciones, hospitales o programas para personas con impedimentos. Además,
velará por el cumplimiento de la Ley 238-2004, según enmendada, conocida como
la “Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”.
La
Defensoría será dirigida por un(a) Defensor(a) de las Personas con Impedimentos,
quien será nombrado(a) y tendrá las facultades y responsabilidades que más
adelante se establecen. Además, la Defensoría contará con un Consejo Directivo
para la Defensa de las Personas con Impedimentos, el cual asistirá y
fiscalizará la labor del (de la) Defensor(a) en el cumplimiento de la política
pública establecida en esta Ley, en la Carta de Derechos de las Personas con
Impedimentos y en el establecimiento de planes estratégicos dirigidos a
salvaguardar los derechos de las personas con impedimentos.
Asimismo,
la Defensoría contará con una División para la Protección y la Defensa de las
Personas con Impedimentos, la cual estará dirigida por un(a) Director(a)
Ejecutivo(a) y tendrá las facultades que se establecen más adelante.
La
Defensoría estará exenta de pago de todos los impuestos, permisos, aranceles,
tarifas, costos o contribuciones establecidos por el Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o sus municipios sobre las propiedades de la entidad o
en las que sea arrendador o arrendatario y sobre el ingreso derivado de
cualquier actividad de la Defensoría, incluyendo, pero sin limitarse a, las
patentes municipales impuestas de acuerdo a la Ley Núm. 113 de 10 de julio de
1974, según enmendada, conocida como la “Ley de Patentes Municipales”, los
arbitrios municipales, impuestos a la construcción, de acuerdo con la Ley
81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Municipios Autónomos de
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”. Asimismo, la Defensoría estará
exenta del pago de toda clase de cargos, sellos de rentas internas y
comprobantes, costos o impuestos requeridos por ley en los procesos judiciales;
del pago por concepto de certificaciones en todas las oficinas y dependencias
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por el otorgamiento de
documentos públicos y su presentación e inscripción en cualquier registro
público.
Artículo
2.02.- Consejo Directivo para
la Defensa de las Personas con Impedimentos.
Se
crea el Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos, el
cual será responsable junto al(a la) Defensor(a) del establecimiento de
políticas internas y de planes estratégicos relativos a la defensa de los derechos
de las personas con impedimentos. Asimismo, velará por la gobernanza,
autonomía, transparencia y rendición de cuentas de la Defensoría. Además,
nombrará al(a la) Defensor(a), fiscalizará su desempeño y el cumplimiento de la
política pública relacionada con los derechos de las personas con impedimentos,
según establecido en esta Ley.
El
Consejo Directivo estará compuesto por nueve (9) personas, quienes serán
nombradas de la forma que se indica a continuación.
A.
Nombramientos del (de la) Gobernador(a).
1.
El(La) Gobernador(a), sin menoscabo de sus
prerrogativas constitucionales, solicitará y recibirá recomendaciones del
sector gubernamental y de los grupos identificados con los derechos de las personas
con impedimentos provenientes del sector no gubernamental, previo a realizar
cualquier nombramiento al Consejo Directivo. Posteriormente, nombrará, con el
consejo y consentimiento del Senado, a tres (3) personas al Consejo Directivo,
a saber:
a.
Una (1) persona con deficiencias en el
desarrollo, o su madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o
representante legal. Esta persona deberá, a su vez, ser integrante del Consejo
Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo.
b.
Una (1) persona con experiencia de trabajo con
personas con deficiencias en el desarrollo. Esta persona deberá, a su vez,
representar al Instituto de Deficiencias en el Desarrollo del Recinto de
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, creado en virtud de la Ley
Pública Federal 101-496, según enmendada, conocida como “Developmental
Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 2000”.
c.
Una (1) persona con impedimento físico, o su
madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal.
2.
Para las primeras designaciones, uno (1) de
los nombramientos tendrá un término de tres (3) años, uno (1) tendrá un término
de dos (2) años y el nombramiento restante tendrá un término de un (1) año,
según el(la) Gobernador(a) establezca. Todos los nombramientos subsiguientes
tendrán un término de tres (3) años. Todos los nombramientos podrán ser
renovados por un (1) término adicional. Los(as) integrantes del Consejo
Directivo ocuparán sus cargos hasta que culminen sus términos y hasta que sean
nombradas las personas sustitutas.
B. Nombramientos provenientes de las organizaciones no
gubernamentales.
1.
El Consejo Directivo llevará a cabo una
convocatoria para las entidades no gubernamentales relacionadas con la defensa
de los derechos de las personas con impedimentos, con el fin de recibir nominaciones
para los siguientes seis (6) puestos del Consejo Directivo:
a.
Una (1) persona con deficiencias en el
desarrollo o su madre, padre, familiar, guardián, tutor(a), defensor(a) o
representante legal.
b.
Una (1) persona con algún impedimento físico,
o su madre, padre, familiar, guardián, tutor(a), defensor(a) o representante
legal.
c.
Una (1) persona con alguna condición
cognitiva, o su madre, padre, familiar, guardián, tutor(a), defensor(a) o
representante legal.
d.
Una (1) persona con alguna condición sensorial,
o su madre, padre, familiar, guardián, tutor(a), defensor(a) o representante
legal.
e.
Una (1) persona con alguna condición
neurológica, o su madre, padre, familiar, guardián, tutor(a), defensor(a) o
representante legal. Si la persona elegida tuviere una condición neurológica,
esta condición le debe permitir llevar a cabo sus funciones y responsabilidades
dentro del Consejo Directivo.
f.
Una (1) persona con alguna condición mental, o
su madre, padre, familiar, guardián, tutor(a), defensor(a) o representante
legal. Si la persona elegida tuviere una condición mental, esta condición le
debe permitir llevar a cabo sus funciones y responsabilidades dentro del
Consejo Directivo.
Las
convocatorias deberán llevarse a cabo, al menos, sesenta (60) días antes del vencimiento
de cada uno de los seis (6) cargos mencionados. Las convocatorias deberán ser
publicadas en la página de Internet de la Defensoría y en un (1) periódico de
circulación general. Cada entidad no gubernamental podrá presentar hasta un
máximo de tres (3) nominaciones para cada uno de los seis (6) puestos señalados
en este subinciso. Al presentar las nominaciones, las entidades deberán
presentar evidencia que acredite que la persona nominada cumple con todos los
requerimientos en este Artículo.
2.
Las organizaciones no gubernamentales que
deseen presentar nominaciones para los cargos del Consejo Directivo deberán
acreditar que son organizaciones bona fide, según establecido en esta Ley, con
al menos tres (3) años de reconocida y probada trayectoria en la defensa de los
derechos de las personas con impedimentos. En la alternativa, las
organizaciones no gubernamentales podrán acreditar que llevan inscritas, al
menos, tres (3) años en el Departamento de Estado, y que el fin principal de la
organización es la defensa de los derechos de las personas con impedimentos.
3.
Las organizaciones no gubernamentales
entregarán sus nominaciones al Consejo Directivo, al menos, cuarenta (40) días
antes del vencimiento del cargo para el cual están presentando nominaciones.
4.
En un periodo no mayor de cinco (5) días, a
partir del vencimiento del señalado término de cuarenta (40), el Consejo
Directivo publicará los nombres de las personas nominadas por las
organizaciones no gubernamentales en la página de Internet de la Defensoría y
otorgará un término no mayor de diez (10) días, desde la publicación, para que
cualquier persona presente alguna objeción o señalamiento sobre las personas
nominadas.
5.
Una vez finalizado el término para presentar
objeciones y señalamientos, el Consejo Directivo seleccionará entre las
personas nominadas, en un término no mayor de quince (15) días, y referirá
dichos nombramientos al Senado de Puerto Rico para el consejo y consentimiento,
de ser confirmados, éstos ocuparán los puestos en dicho cuerpo provenientes de
las organizaciones no gubernamentales.
6.
Cada uno de los(as) (6) integrantes
representantes de las organizaciones no gubernamentales será elegido por
mayoría simple de los(as) integrantes del Consejo Directivo. La persona a la
cual se le vence su término no podrá participar en el proceso de elección de la
persona que ocupará el cargo vencido.
7.
Luego de los vencimientos de los primeros
nombramientos escalonados, conforme con las disposiciones del Capítulo IV de
esta Ley, todos los subsiguientes nombramientos realizados por el Consejo
Directivo serán por un término de tres (3) años. Cada integrante podrá ser
nominado(a) y electo(a) por un (1) término adicional. Los(as) integrantes del
Consejo ocuparán sus puestos hasta que venzan sus cargos y hasta que las
personas sustitutas sean nombradas.
C.
Los criterios de elegibilidad para ser
integrante del Consejo Directivo son los siguientes:
1. Cumplir con los requerimientos establecidos en este
Artículo. Disponiéndose que, cuando se solicita experiencia de trabajo, se
refiere a haber trabajado durante un periodo no menor de dos (2) años a favor
de la promoción y protección de los derechos de las personas con impedimentos.
2.
Demostrar compromiso con la defensa de los derechos
de las personas con impedimentos y con las diversas poblaciones que la
componen.
3.
Demostrar la disposición, el tiempo y el
compromiso para trabajar en equipo y para realizar sus funciones como
integrante del Consejo Directivo.
4.
Las personas con impedimentos nombradas al
Consejo Directivo serán personas elegibles para recibir, que reciben o que han
recibido servicios a través de la división para protección y la defensa de los
derechos de las personas con impedimentos.
El
Consejo Directivo deberá ser representativo de las diversas regiones de
Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.
D.
Una vez sean nombradas en propiedad cinco (5)
de las nueve (9) personas, quedará constituido el Consejo Directivo. Cinco (5)
integrantes del Consejo Directivo constituirán quórum para celebrar sus
reuniones y sus acuerdos se tomarán por mayoría de los integrantes presentes.
E.
En caso de que surja una vacante, la nueva
persona designada por el(la) Gobernador(a) o por el Consejo Directivo, según
sea el caso, ejercerá sus funciones por el término no concluido. Esta persona
deberá cumplir con los requisitos establecidos en los incisos (a) y (b) de este
Artículo.
F.
Las personas que integran el Consejo Directivo
no recibirán compensación por sus servicios, pero tendrán derecho a solicitar reembolsos
por gastos de transportación y aquellos gastos que sean determinados según el
reglamento que para esos fines sea aprobado por el Consejo, el cual deberá ser
conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según
enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
G.
El Consejo Directivo establecerá una política
que defina posibles conflictos de intereses y dispondrá procedimientos de
manejo de los conflictos aparentes, reales y potenciales.
H.
El Consejo Directivo tendrá jurisdicción
exclusiva para atender la destitución de cualquiera de los miembros de éste,
excepto los tres (3) miembros nombrados por el Gobernador. Los procesos de
destitución se llevarán a cabo conforme se establece en esta Ley.
I.
Las organizaciones no gubernamentales que
integran el Consejo Directivo no recibirán fondos estatales y federales
adicionales administrados por la Defensoría de las Personas con Impedimentos
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico durante la vigencia del término para
el cual las personas nominadas ocupen el puesto en el Consejo Directivo.
Artículo 2.03.-
Organización del Consejo Directivo.
A.
El Consejo Directivo creará los comités que
estime necesarios para llevar a cabo sus trabajos. Serán mandatorios los
siguientes comités:
1.
Cumplimiento de leyes federales y estatales; y
2.
Gobernanza y rendición de cuentas.
B.
De ser necesario por las disposiciones del
Artículo 2.04 de esta Ley, se constituirá un Comité de Adjudicación el cual
estará compuesto por un (1) juez superior retirado, quien lo presidirá, un (1) miembro
del Consejo Directivo y un (1) miembro electo por el Consejo Directivo de entre
las personas recomendadas por los grupos identificados con los derechos de las
personas con impedimentos provenientes del sector no gubernamental.
C.
Se constituirá un Comité Ejecutivo, el cual
estará integrado por: un Presidente o una Presidenta, un Vicepresidente o una
Vicepresidenta y un Secretario o una Secretaria. Los(as) integrantes del Comité
Ejecutivo deberán ser elegidos(as) por una mayoría simple de los(as)
integrantes del Consejo Directivo. Cada una de las personas elegidas a los
puestos señalados los ocuparán hasta el vencimiento de sus cargos dentro del
Consejo Directivo o hasta que, por mayoría absoluta de los(as) restantes
integrantes del Consejo Directivo, se determine relevarlos(as) de sus puestos
en el Comité Ejecutivo.
D.
El Consejo Directivo se reunirá cuantas veces
lo estime necesario, pero no menos de una (1) vez cada tres (3) meses. El
Consejo Directivo podrá convocarse por una mayoría simple de sus integrantes.
Las horas de las reuniones serán escogidas en común acuerdo por los(as)
integrantes del Consejo Directivo.
E.
El Consejo Directivo podrá delegar en
el(la) Defensor(a) aquellas acciones o deberes que le sean propios al
Consejo Directivo, cuando lo estime necesario.
F.
El(La) Defensor proveerá al Consejo Directivo
las instalaciones, equipo, materiales y recursos humanos necesarios para
cumplir las funciones que le asigne esta Ley.
Artículo 2.04.-
Destitución de los(as) Integrantes del Consejo Directivo.
El(La)
Gobernador(a) podrá, a iniciativa propia o mediante la presentación de una
querella al Comité Directivo por conducto del(de la) Defensor(a), y previo
notificación y vista, destituir a los tres (3) integrantes del Consejo
Directivo nombrados(as) por éste(a) cuando exista justa causa para ello.
El resto de
las personas que integren el Consejo Directivo podrán ser destituidas mediante
la presentación de una querella al(a la) Defensor(a), en la cual se establezca
justa causa para ello. El(La) Defensor(a) referirá la querella para que sea
atendida por el Comité de Adjudicación.
Constituirán
justa causa para la destitución de un(a) integrante del Consejo Directivo
cualquiera de las siguientes causales:
A.
Incumplir con la política pública comprendida
en esta Ley y en la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos.
B.
Incurrir en acciones u omisiones que impacten
adversamente las poblaciones o sectores de personas con impedimentos que
constituyan prioridad en las gestiones de la Defensoría.
C.
Incumplir con rendir cuentas de sus
ejecutorias.
D.
Incurrir en activismo político-partidista en
su desempeño como parte del Consejo Directivo.
E.
Incurrir en delito grave o menos grave.
F.
Ausencias injustificadas a tres (3) o más
reuniones consecutivas.
G.
Incumplir con cualquiera de las leyes o
políticas públicas que inciden en los derechos de las personas con impedimentos.
H.
Incapacidad mental o física que le impida
cumplir cabalmente con los deberes de su puesto.
I.
Negligencia en el cumplimiento o desempeño de
sus funciones.
Artículo
2.05.- Funciones y Responsabilidades del Consejo Directivo.
El
Consejo Directivo tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:
A.
Asegurar que se realicen estudios de
necesidades sobre los derechos de las personas con impedimentos para
identificar y atender disparidades sobre acceso y servicios.
B.
Garantizar que se establezcan métodos
participativos e inclusivos para obtener información acerca de las necesidades
y prioridades de las personas con impedimentos.
C.
Establecer, junto al (a la) Defensor(a), las
prioridades de atención a las necesidades identificadas y las acciones para
satisfacer dichas necesidades.
D.
Desarrollar un plan estratégico integral cada
cinco (5) años basado en los derechos de las personas con impedimentos
pertinente a aquellos asuntos relacionados con la salud, política, vivienda,
educación, ámbito laboral, economía y cultura, entre otros, así como la
situación de discrimen, opresión o marginación hacia las personas con impedimentos.
E.
Evaluar y hacer recomendaciones a través del
(de la) Defensor(a) en torno a las políticas públicas relacionadas con la
situación de las personas con impedimentos en el ámbito de la educación y
capacitación, el empleo, la autogestión, el desarrollo económico, la vivienda y
la salud, entre otros, para procurar la participación de las personas con
impedimentos en todas las esferas de la vida social, política, económica y
cultural.
F.
Garantizar que se desarrollen estudios e
indicadores sobre las personas con impedimentos y velar por su incorporación en
los planes de desarrollo social y económico del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
G.
Proponer al (a la) Gobernador(a) y a la
Asamblea Legislativa, a través del (de la) Defensor(a), iniciativas legales,
reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia.
H.
Evaluar, de manera participativa e inclusiva,
la eficiencia y efectividad de los mecanismos administrativos internos, en
cuanto a la diligencia de atender las necesidades de las personas con
impedimentos en todas sus diversidades y en la distribución eficiente de
fondos.
I.
Nombrar al (a la) Defensor(a), conforme a las
disposiciones de esta Ley, evaluar anualmente su desempeño y realizar
señalamientos en torno a sus ejecutorias. Asimismo, podrá destituir al (a la)
Defensor(a) de acuerdo con las causales y el procedimiento establecido en esta
Ley.
J.
Nombrar al (a la) Director(a) Ejecutivo(a) de
la División para la Protección y la Defensa de las Personas con Impedimentos
conforme a las disposiciones de esta Ley y evaluar anualmente su desempeño.
K.
Celebrar anualmente un congreso nacional de
rendición de cuentas de forma simultánea o regional, en el cual el público
reciba el informe anual sobre el estado de los derechos de las personas con
impedimentos y tenga la oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre la
situación, necesidades y problemas que enfrentan la población servida. A esos
afectos, deberá publicar la correspondiente convocatoria en por lo menos dos
(2) periódicos de circulación general con por lo menos diez (10) días de
antelación a la fecha de su celebración y en los medios de comunicación que
sean necesarios y razonables. Además, deberá notificar por escrito a los
grupos, organizaciones y coaliciones relacionadas con las personas con impedimentos,
no más tarde de los treinta (30) días previos a la asamblea para asegurar el
acceso y la participación de las personas con impedimentos y las organizaciones
relacionadas en toda su diversidad, incluyendo, entre otras, la geográfica.
Podrá formalizar acuerdos de colaboración con los Municipios para difundir la
celebración de esta asamblea y facilitar la mayor asistencia a sus trabajos. El
Consejo Directivo mantendrá un récord de las comparecencias y de las
recomendaciones presentadas por el público.
L.
Aprobar los planes anuales de los comités del
Consejo Directivo.
Artículo
2.06.- Defensor(a) de las Personas con Impedimentos
Se
crea el cargo de Defensor(a) de las Personas con Impedimentos, el cual será
responsable de dirigir la Defensoría, supervisar su operación y aprobar los
reglamentos que contendrán los criterios y las normas que regirán las funciones
de ésta. El Consejo Directivo designará al (a la) Defensor(a) por la mayoría
simple de sus integrantes. La persona designada deberá ser una persona de
reconocida capacidad profesional e independencia de criterio, que posea, al
menos, cinco (5) años de experiencia de trabajo y compromiso en la defensa de
los derechos de personas con impedimentos, en la lucha por la eliminación de
todas las manifestaciones de opresión y marginación y que sea consciente de la
necesidad de un análisis continuo de la situación de las personas con
impedimentos en Puerto Rico. El Consejo Directivo solicitará y recibirá
recomendaciones de los grupos identificados con los derechos y el bienestar de
las personas con impedimentos sobre posibles personas candidatas para ocupar el
cargo.
El(La)
Defensor(a) ocupará su cargo por un término de seis (6) años y hasta que su
sucesor(a) tome posesión de éste. En caso de que el puesto quedara vacante, el
Consejo Directivo designará a la persona sustituta, quien ocupará el cargo
hasta concluido el término. El
(La) Defensor(a) podrá ser nominado(a) para ocupar el cargo por un término
adicional de seis (6) años. El(La) Defensor(a) devengará un salario no mayor
de setenta mil (70,000) dólares.
Artículo 2.07.-Destitución
del (de la) Defensor(a).
El(La)
Defensor(a) podrá ser destituido(a) por las siguientes causas:
A.
Incurrir en delito grave o menos grave.
B.
Incumplir con la política pública de esta Ley
y de la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos.
C.
Incumplir con las encomiendas y labores que le
delegue el Consejo Directivo para garantizar el cumplimiento de esta Ley y la
política pública aquí establecida.
D.
Incurrir en acciones u omisiones que impacten
adversamente a las personas con impedimentos que constituyen prioridad en las
gestiones de la Defensoría.
E.
Incumplir con el rendimiento de cuentas de sus
ejecutorias.
F.
Incurrir en activismo político-partidista
durante su desempeño como Defensor(a).
G.
Ausentarse injustificadamente por más de
quince (15) días laborables consecutivos.
H.
Incumplir con cualquiera de las leyes
protectoras y políticas públicas sobre asuntos que inciden en los derechos de
las personas con impedimentos.
I.
Estar incapacitado(a) mental o físicamente de
modo que no pueda cumplir con los deberes de su puesto.
J.
Ser negligente en el cumplimiento o desempeño
de sus funciones.
K.
No rendir los informes requeridos por esta
Ley.
El Consejo
Directivo podrá, a iniciativa propia o mediante la presentación de una
querella, y previo notificación y vista, declarar vacante el cargo del (de la)
Defensor(a) por cualquiera de las causales mencionadas.
Artículo
2.08.- Funciones, facultades y responsabilidades del (de la) Defensor(a).
El(La)
Defensor(a) tendrá a su cargo las siguientes funciones, facultades y
responsabilidades, además de otras dispuestas en esta Ley o en las leyes o
programas cuya administración o implantación se le delegue:
A.
Desarrollar, ejecutar y mantener una
estrategia de acción nacional para incorporar, a través de políticas, programas
y proyectos, los estándares internacionales para la erradicación de todas las
formas de discrimen hacia las personas con impedimentos y garantizar su derecho
al pleno desarrollo humano.
B.
Proponer medidas, planes y programas de
carácter temporal que impliquen ventajas concretas para las personas con
impedimentos o que prevengan o compensen las desventajas que puedan afectarles
en los ámbitos públicos, políticos, laborales, sociales, económicos o
culturales.
C.
Fomentar el apoderamiento de las personas con
impedimentos para que éstas reconozcan sus derechos y se capaciten para
reclamarlos efectivamente.
D.
Fomentar la creación y el fortalecimiento de
programas de servicios a las personas con impedimentos, tanto en el sector
gubernamental como en el de organizaciones sin fines de lucro, en las
siguientes áreas: trabajo y desarrollo económico, apoderamiento, participación
política, educación, recreación, salud, entre otros.
E.
Monitorear el cumplimiento de las
disposiciones relativas a las personas con impedimentos, a tono con los
estándares aprobados a nivel nacional, regional e internacional.
F.
Coordinar los trabajos entre las agencias del
Gobierno y el sector privado para crear, mejorar y sostener acciones conjuntas
para las personas con impedimentos.
G.
Fiscalizar la implantación y el cumplimiento
por las agencias gubernamentales de la política pública en torno a las personas
con impedimentos. A tales fines, fiscalizará, investigará, reglamentará,
planificará y coordinará con las distintas agencias gubernamentales o entidades
privadas el diseño y desarrollo de los proyectos y programas encaminados a
atender las necesidades de las personas con impedimentos en armonía con la
política pública enunciada en esta Ley, en las leyes federales, y cualquier
otra ley especial que así le faculte, a los fines de propiciar el disfrute de
una vida plena y productiva y lograr la mayor participación de estas personas
en la comunidad. Igualmente, pondrá en vigor las disposiciones de la Ley Núm.
44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, que prohíben el discrimen contra las
personas con impedimento, tanto en las agencias públicas y entidades privadas
que reciben fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como aquellas que
no los reciben.
H.
Promover legislación y políticas públicas en
áreas necesarias para el desarrollo y seguridad de las personas con impedimentos,
tales como el maltrato, desarrollo económico, educación, participación
política, recreación, salud, entre otros.
I.
Administrar y distribuir fondos estatales y
federales destinados al ofrecimiento de servicios, conforme con las
regulaciones aplicables. Disponiéndose que no podrá interferir con la
administración de cualesquiera fondos estatales o federales asignados o
administrados por la División para la Protección y la Defensa de las Personas
con Impedimentos, según las disposiciones de esta Ley.
J.
Contratar el personal, los servicios
necesarios, arrendar, y adquirir bienes y materiales para cumplir los fines de
esta Ley.
K.
Incentivar la movilización comunitaria y
ciudadana a favor de los derechos, el desarrollo y la seguridad de las personas
con impedimentos, mediante campañas educativas dirigidas a tales efectos.
L.
Fomentar la capacitación en temas relacionados
con las personas con impedimentos y ofrecer asistencia técnica a organizaciones
comunitarias y agencias del gobierno.
M.
Orientar a la población servida sobre los
derechos y las responsabilidades que le imponen las leyes estatales y
federales.
N.
Colaborar y orientar a las entidades e
instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en
relación con cualquier cambio a las diversas leyes que proveen derechos y
beneficios a la población servida.
O.
Establecer comunicación con los grupos,
proveedores de servicios y las organizaciones relacionadas con la población
servida para mejorar y agilizar los accesos a los servicios.
P.
Elaborar informes anuales sobre el estado de
los derechos de las personas con impedimentos. Estos informes deberán
publicarse en la página de Internet de la Defensoría.
Q.
Promover la incorporación de las necesidades y
aspiraciones de las personas con impedimentos en las políticas y en los planes
de acción de las agencias. Además, proponer políticas, normas, planes y programas
orientados a garantizar los derechos de las personas con impedimentos.
Asimismo, deberá fiscalizar su implementación, a fin de garantizar el
cumplimiento de sus objetivos.
R.
Someter informes trimestrales al Consejo
Directivo con respecto al progreso de su ejecución y la implantación del plan
integral, determinado por el Consejo Directivo. Estos informes serán publicados
en la página de Internet de la Defensoría.
S.
Podrá ayudar a las organizaciones no
gubernamentales que ofrecen servicios a las personas con impedimentos a
solicitar a las agencias gubernamentales correspondientes el desembolso de
fondos asignados.
T.
Atender, investigar, procesar y adjudicar
querellas relacionadas con acciones y omisiones que lesionen los derechos de
las personas con impedimentos, les nieguen los beneficios y las oportunidades a
que tienen derecho y afecten los programas de beneficios para las personas con
impedimentos y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho, así como
para ordenar acciones correctivas a cualquier persona natural o jurídica que
niegue, entorpezca, viole o perjudique los derechos y beneficios de las
personas con impedimentos.
U.
Realizar investigaciones, por su propia
iniciativa o en coordinación con entidades gubernamentales sobre problemas de
educación, trabajo, vivienda, salud y otras situaciones que afectan o están
relacionadas con las personas con impedimentos, para hacer recomendaciones a la
Asamblea Legislativa en torno a legislación relacionada. Asimismo, podrá llevar
a cabo investigaciones en relación con las querellas que investigue, obtener la
información que estime pertinente, celebrar vistas administrativas y llevar a
cabo inspecciones oculares. Las vistas ante esta Defensoría serán públicas, a
menos que por razón de interés público se justifique que se conduzcan en
privado.
V.
Adoptar cualesquiera reglas y reglamentos que
fueran necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. Disponiéndose
que los deberes y las obligaciones, así como los derechos de la población
servida, cuyo incumplimiento o violación, respectivamente, darían base para la
presentación de una querella o investigación al amparo de las disposiciones de
esta Ley, serán detallados mediante la reglamentación que el(la) Defensor(a)
apruebe a esos efectos.
W.
Tomar juramentos y declaraciones por sí o por
medio de sus representantes autorizados.
X.
Inspeccionar récords, documentos, inventarios
e instalaciones de las agencias públicas y de las personas y entidades privadas
cuando ello sea pertinente y necesario para una investigación y querella ante
su consideración.
Y.
Ordenar la comparecencia y declaración de
testigos, requerir la presentación o reproducción o cualesquiera documentos u
otra evidencia pertinente a una investigación o querella ante su consideración.
La persona citada debe ser informada de su derecho a
rehusar revelar cualquier evidencia o testimonio que pueda incriminarlo. En el
caso en que se negare a comparecer, a testificar o a presentar la evidencia que
se le ha requerido, basándose en que el testimonio puede incriminarla o
exponerla a un proceso criminal, civil, de naturaleza administrativa o que
puede conllevar la destitución o suspensión de su empleo, profesión u
ocupación, o privación de la libertad, el(la) Defensor(a) determinará si la
situación amerita la concesión de inmunidad a la persona citada utilizando los
criterios y normas legales aplicables a la concesión de inmunidad. El(La) Defensor(a) podrá requerir por sí o mediante recurso el
auxilio de cualquier Tribunal de Primera Instancia para la asistencia,
declaración, reproducción o inspección requerida. El(La) Secretario(a) de
Justicia deberá suministrar a el(la) Defensor(a) la asistencia legal necesaria
a estos fines si le fuera solicitada con sujeción a la reglamentación y las
normas aplicables. No obstante, y en caso de conflicto debido a que el (la)
Secretario(a) de Justicia tenga la obligación de representar a una entidad
gubernamental en el Tribunal de Primera Instancia, el(la) Defensor(a) deberá
comparecer por sí o podrá gestionar la contratación de representación legal a
esos fines. La presentación del testimonio y la inspección estarán sujetas a
las disposiciones de la Ley Núm. 27 de 8 de diciembre de 1990, según enmendada,
conocida como la “Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos”.
Z.
Imponer y cobrar multas administrativas hasta
un máximo de cinco mil (5,000.00) dólares por acciones u omisiones que lesionen
los derechos de las personas con impedimentos amparados por la Constitución y
las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o la Constitución de los
Estados Unidos de América y las leyes federales. El(La) Defensor(a) podrá
imponer multas a personas naturales y jurídicas y a agencias públicas. Los
pagos de dichas multas ingresarán al Fondo Especial para la Defensoría de las
Personas con Impedimentos.
AA.
Notificar a las agencias públicas cuando se le
impongan multas a sus empleados(as) o servidores(as) públicos(as). Asimismo,
podrá informar a las agencias, a solicitud de éstas, sobre cualquier pendiente
de un(a) empleado(a) ante la Defensoría.
BB.
Imponer a la parte que no prevalezca en un
procedimiento cuasijudicial la obligación de pagar honorarios de abogado y
costas, cuando así proceda y conforme a derecho.
CC.
Impulsar acciones que contribuyan a resolver
los problemas de negligencia, abuso, maltrato y discrimen contra las personas
con impedimentos en todas sus manifestaciones.
DD.
Velar que en las agencias públicas y en las
entidades que reciben fondos públicos, estatales o federales, no se discrimine
contra las personas con impedimentos por razón de sus condiciones.
EE.
Estudiar y analizar convenios, las normas y
las directrices internacionales respecto a los derechos de las personas con impedimentos,
e investigar planteamientos de controversias concretas, en cuanto arrojen luz
sobre problemas de importancia general, y recomendar remedios dirigidos a
garantizar la participación de las personas con impedimentos en todas las
esferas de la vida social, educativa, recreativa, política, económica y
cultural.
FF.
Pertenecer y representar a Puerto Rico en las
diferentes organizaciones nacionales o internacionales que agrupen a los(as)
defensores(as) o procuradores(as) de las personas con impedimentos o entidades
gubernamentales equivalentes, y que promueven los derechos de las personas con
impedimentos y promuevan, además, acciones concretas que logren eliminar toda
acción de discriminación.
GG.
Mantener actualizado un catálogo o manual
sobre todos los programas, beneficios, servicios, actividades e instalaciones
disponibles para las personas con impedimentos, tanto en las agencias
gubernamentales como en entidades privadas sin fines de lucro, mediante forma
electrónica e impresa. Tal catálogo deberá incluir y comprender una síntesis,
con su cita correspondiente, de las leyes estatales y federales, reglamentos,
órdenes, normas, procedimientos, recursos, medios, mecanismos y requisitos
necesarios para cualificar y obtener cualquier beneficio, servicio, derecho o
privilegio. A esos fines, el(la) Defensor(a) establecerá mediante norma o
reglamentación un precio razonable para la reproducción de este manual o
catálogo y la correspondiente exención de dicho pago a las personas con
impedimentos o las personas que entienda deben estar exentas.
Artículo 2.09.-
Investigaciones.
Toda
querella promovida al amparo de las disposiciones de esta Ley se tramitará en
la forma que disponga el reglamento que a estos efectos se apruebe. El(La)
Defensor(a) notificará a la parte promovente su decisión de investigar los
hechos denunciados y, en la misma fecha en que tramite la correspondiente
notificación, deberá notificarlo a la agencia o a la persona o entidad privada,
según fuere el caso, con expresión de los hechos alegados en la querella y una
cita de la ley que le confiere facultad para realizar tal investigación.
También deberá notificar a la parte promovente su decisión de no investigar la
querella en cuestión, cuando así proceda, expresando las razones para ello y
apercibiéndole de su derecho a solicitar la reconsideración y revisión de la
determinación.
No obstante, el(la)
Defensor(a) no investigará querellas cuando:
A.
Se refieran a algún asunto fuera del ámbito de
su jurisdicción.
B.
Sean carentes de mérito.
C.
La parte promovente ha desistido
voluntariamente.
D.
La parte promovente no tiene legitimación para
instarla.
E.
La querella está siendo investigada por otra
agencia y, a juicio del (de la) Defensor(a), representa una duplicidad de
esfuerzos actuar sobre ésta.
En aquellos
casos en que la querella presentada no plantee controversia justiciable alguna
o se refiera a algún asunto fuera del ámbito de jurisdicción de la Defensoría,
se orientará a la parte promovente y la referirá a la agencia concernida, si
ello fuera necesario.
Artículo 2.10.-
Oficiales Examinadores.
El(La) Defensor(a), en el ejercicio de las
facultades adjudicativas que le confiere esta Ley, podrá designar oficiales
examinadores para que presidan las vistas administrativas que se celebren
conforme con el reglamento que a esos efectos emita el(la) Defensora.
Artículo
2.11.- Reglamentación interna.
Se
faculta al (a la) Defensor(a) a adoptar la reglamentación interna de la Defensoría
y los reglamentos que regirán el funcionamiento de las actividades y servicios
que establezca, a tenor con lo dispuesto en esta Ley. Para recibir información
y datos para los estudios e investigaciones de carácter general sobre el tema
de las personas con impedimento que la Defensoría lleve a cabo, los reglamentos
mencionados proveerán lo necesario para el cumplimiento de los siguientes
requisitos procesales:
A.
Celebración de audiencias públicas, para lo
cual podrá delegar en uno(a) o más de sus funcionarios(as) o empleados(as) la
función de escuchar testimonios o recibir cualquier otra evidencia para la Defensoría.
B.
Las notificaciones de audiencias públicas
deberán publicarse con por lo menos diez (10) días de anticipación en por los
menos dos (2) periódicos de circulación general o regionales que circulen en la
región o área específica que abarque el estudio o investigación. Además, podrán
anunciarse a través de otros medios de comunicación cuando sea necesario y
razonable para una difusión más eficaz. Deberán incluir descripciones
detalladas de los propósitos de las audiencias y los asuntos que en ellas se
considerarán.
C.
Todas las declaraciones verbales se oirán en
sesiones públicas. Sin embargo, en los casos en que el(la) Defensor(a)
considere que la evidencia o el testimonio que se va a presentar en una vista
tiende a difamar, degradar o incriminar a cualquier persona o a vulnerar su
intimidad, para proteger su identidad, o en aquellos casos en que medien
circunstancias que lo justifiquen, podrá hacer una excepción y optar por
recibir dicho testimonio en sesión privada.
D.
Cada ponente podrá, si lo estima conveniente,
ser aconsejado(a) por un(a) abogado(a). También tendrá derecho a que no se le
fotografíe sin su consentimiento, a ser interrogado por su abogado(a) dentro de
las normas de la audiencia y su aplicación por la Defensoría, a someter
manifestaciones breves por escrito y bajo juramento para ser incluidas en el
récord de la audiencia y a solicitar, según las normas que establezca la Defensoría
y mediando el pago de los costos correspondientes, copia de la reproducción de
su testimonio oral.
E.
Si el(la) Defensor(a) determina que alguna
evidencia tiende a difamar o incriminar a alguna persona, le dará la
oportunidad de comparecer personalmente o por escrito.
F.
El(La) Defensor(a) determinará las demás
reglas de procedimiento para las audiencias públicas, inclusive las que se
refieran a la admisibilidad de evidencia y a la exclusión de personas que
violen las normas que deben imperar en una audiencia.
Artículo 2.12.-
Servicios e instalaciones.
El(La)
Defensor(a) podrá solicitar a personas o instituciones privadas, así como a las
agencias gubernamentales servicios e instalaciones disponibles para llevar a
cabo los propósitos de esta Ley.
Para los
fines de esta Ley, el(la) Defensor(a) podrá solicitar el traslado de cualquier
funcionario(a) o empleado(a) del Estado Libre Asociado o de sus agencias, con
la anuencia de la autoridad nominadora del organismo gubernamental donde preste
servicios el(la) funcionario(a) o empleado(a). En tal caso, la autoridad
nominadora no tendrá la obligación de retener el cargo o empleo de dicho(a)
funcionario(a) o empleado(a).
Se autoriza,
además, al (a la) Defensor(a) a contratar para los fines de esta Ley, sin
sujeción a lo dispuesto por el Artículo 177 del Código Político de Puerto Rico,
según enmendado, los servicios de cualquier funcionario(a) o empleado(a)
público y a pagarle por los servicios adicionales que preste a la Defensoría
fuera de sus horas regulares de servicio.
El(La)
Defensor(a) podrá solicitar a cualquier agencia que efectúe algún estudio o
investigación, o alguna fase o parte de los mismos, o que realice cualquier
otra clase de trabajo que fuere necesario al desempeño de sus funciones, al
cual deberá conferir prioridad. Si a su juicio fuere necesario, la agencia
podrá solicitar de la Defensoría, y obtener de ésta, una transferencia de
fondos por la cantidad razonable.
Artículo
2.13.- Fondo Especial de la Defensoría de las Personas con Impedimento.
Se
autoriza al (a la) Secretario(a) de Hacienda a crear el Fondo Especial para la
Defensoría de las Personas con Impedimentos, en el cual ingresarán los dineros
recibidos mediante asignaciones legislativas, transferencias de fondos de otras
agencias o dependencias del Gobierno y donativos de cualquier clase por
donativos o asignaciones. El Fondo podrá nutrirse de donativos provenientes de
otras agencias, corporaciones públicas, subdivisiones políticas, el Gobierno
Federal, municipios y entidades sin fines de lucro. Éste podrá ser utilizado
para el pago de los gastos inherentes al funcionamiento y desarrollo de la Defensoría.
La Defensoría
queda autorizada para recibir y administrar fondos provenientes de asignaciones
legislativas, y de transferencias, delegaciones, aportaciones y donativos de
cualquier clase que reciba de agencias, gobiernos municipales y del Gobierno de
los Estados Unidos de América, así como los provenientes de personas,
organizaciones no gubernamentales y de otras entidades privadas para el diseño
e implantación de proyectos y programas a ser ejecutados por la Defensoría, por
las agencias, entidades y organizaciones no gubernamentales o por la sociedad
civil. Los fondos recibidos se contabilizarán, controlarán y administrarán con
sujeción a las leyes que regulan el uso de fondos públicos, a las normas
legales, reglas o convenios en virtud de los cuales los reciba la Defensoría y
según los reglamentos que adopte para esos fines. La Defensoría podrá recibir
además cualesquiera bienes muebles de agencias públicas en calidad de préstamo,
usufructo o donación y poseerlos, administrarlos y usarlos para llevar a cabo
las funciones dispuestas en esta Ley.
Artículo
2.14.- Informes.
El(La)
Defensor(a) presentará un informe anual escrito, no más tarde del 31 de enero
de cada año, y cualesquiera informes especiales al (a la) Gobernador(a) y a la
Asamblea Legislativa sobre sus actividades, operaciones, datos estadísticos,
querellas presentadas y atendidas, logros y situación fiscal, junto con las
recomendaciones que estime necesarias para la continua y eficaz protección de
los derechos de las personas con impedimentos. Luego del primer informe anual,
el(la) Defensor(a) incluirá, al final de sus informes anuales, un resumen de
las recomendaciones que ha hecho anteriormente y una descripción de la acción
tomada sobre dichas recomendaciones. La Defensoría publicará en su página de
Internet los informes después de enviados al (a la) Gobernador(a) y a la Asamblea
Legislativa, así como también podrá publicar los estudios y monografías que le
sometan sus consultores y asesores.
Artículo 2.15.-
Rendición de cuentas y acceso a la información.
El(La)
Defensor(a) tendrá el deber de publicar en la página de Internet de la
Defensoría todos los informes, estudios, reglamentos, minutas de reuniones,
cartas circulares y contratos otorgados. Además, se publicarán todas las
resoluciones del Consejo Directivo no más tarde de una (1) semana a partir de
su aprobación. Los documentos publicados protegerán los derechos de propiedad
intelectual y los secretos de negocios de terceras personas.
Las minutas
de las reuniones del Consejo Directivo y de sus comités deberán ser aprobadas
por el Consejo Directivo, antes de su publicación.
Artículo 2.16.-
Penalidades.
Cualquier
persona que voluntariamente desobedezca, impida o entorpezca el desempeño de
las funciones de la Defensoría o de cualquiera de sus agentes autorizados en el
cumplimiento de sus deberes de acuerdo con esta Ley, o que obstruya la
celebración de una audiencia que se lleve a cabo de acuerdo con esta Ley,
incurrirá en delito menos grave y será sancionada con multa que no excederá de
diez mil (10,000) dólares o con pena de reclusión que no excederá de seis (6)
meses, o ambas penas, a discreción del tribunal.
Sin
el consentimiento del (de la) Defensor(a) o la persona autorizada por éste(a),
no se dará publicidad a ninguna evidencia o testimonio ofrecido en una sesión
ejecutiva. Cualquier persona que violare esta disposición será sancionada con
multa que no excederá de quinientos (500) dólares o con pena de reclusión por
un término que no excederá de seis (6) meses o ambas penas, a discreción del
tribunal.
Artículo
2.17.- División para la Protección y la Defensa de las Personas con Impedimentos.
Se crea la
División para la Protección y la Defensa de las Personas con Impedimentos, como
una división independiente, la cual estará adscrita a la Defensoría de las
Personas con Impedimentos. Esta división es la entidad designada para operar
como el Sistema para la Protección y la Defensa (“Protection and Advocacy
System”) de Puerto Rico, según las regulaciones federales aplicables, con el
fin de proteger los derechos de las personas con impedimentos. Estará dirigida
por un(a) Director(a) Ejecutivo(a), quien será nombrado(a) conforme lo
establece esta Ley. El(La) Director(a) Ejecutivo(a) establecerá la composición
administrativa de la División, de conformidad con los requerimientos de ley y
de la reglamentación aplicables emitidos por las entidades gubernamentales del
Gobierno Federal de los Estados Unidos de América que administran cualesquiera
fondos otorgados a los sistemas para la protección y la defensa de las personas
con impedimentos. La División tendrá la facultad de proveer asistencia legal a
las personas con impedimentos en cuanto a reclamaciones relacionadas con abuso,
negligencia o evento que impacte negativamente los derechos de las personas con
impedimentos. A estos fines, la División podrá suministrar directamente, mediante
contratación, o a través de referido, a su discreción, la prestación de
servicios legales profesionales, o comparecer por y en representación de las
personas que cualifiquen para obtener algún beneficio o derecho al amparo de
leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ordenanzas
municipales y leyes federales, ante cualquier tribunal, foro administrativo o
de mediación, junta, comisión u oficina. Igualmente, la División tendrá la
facultad de presentar acciones en contra del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico en cualquiera de los foros mencionados.
A.
La División tendrá las siguientes facultades:
1.
Proveer
asistencia legal, administrativa o para la consecución de cualquier otro
remedio y garantizar la protección y la defensa de los derechos de las personas
con impedimentos.
2.
Proveer
información y referir a las personas con impedimentos o a sus familiares a los
programas de servicios adecuados que le puedan brindar asistencia.
3.
Investigar
incidentes relacionados con el abuso o actos de negligencia en contra de
personas con impedimentos.
4.
Realizar
anualmente consultas al público en general, incluyendo a las personas con
impedimentos o sus representantes y, de entenderse apropiado, a los
representantes del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo que no
ocupen un cargo público, en torno a las metas y la labor realizada por la
División.
5.
Proveer
los servicios de la División a las personas con impedimentos en un horario
accesible, conforme a los recursos disponibles.
6.
Obtener
acceso a los documentos y a los récords de las personas que reciban servicios
de la División, siempre y cuando la persona, su representante legal, tutor(a) o
persona encargada haya autorizado a la División a tener acceso a la referida
información. Igualmente, la División podrá tener acceso a los récords de una
persona con impedimentos, en las siguientes circunstancias:
a.
Si
la persona con impedimento no tiene la capacidad para autorizar a la División a
tener acceso a los récords, debido a una condición mental o física; la persona
con impedimento no posee un(a) representante legal, tutor(a) o persona
encargada, o el(la) representante legal de la persona es el Estado Libre
Asociado; y la División recibió una querella sobre la persona con impedimento
relacionada con su tratamiento o condición, o como resultado de una monitoría u
otra gestión, existe causa para creer que la referida persona ha estado
sometida a abuso o negligencia;
b.
Si
la persona con impedimento posee un(a) representante legal, tutor(a) o
encargado(a); la División recibió una querella sobre la persona con impedimentos
relacionada con su tratamiento o condición, o como resultado de una monitoría u
otra gestión, existe causa para creer que la referida persona ha estado
sometida a abuso o negligencia; la División contactó al (a la) representante
legal, tutor(a) o encargado(a), luego de recibir la información de contacto del
(de la) referido(a) representante; la División ofreció asistencia al (a la)
referido(a) representante; y el (la) representante ha fallado o se ha negado a
actuar en representación de la persona con impedimentos.
7.
Contratar
y mantener el personal necesario y adecuado para llevar a cabo las funciones
establecidas en esta Ley y en las leyes federales aplicables. Se dispone que,
conforme a la normativa federal y estatal aplicable, no se podrán establecer
prohibiciones o condiciones para el reclutamiento de personal o prohibiciones
para viajes oficiales, a tal extremo que puedan impactar las funciones de la
División que son costeadas con fondos federales o que puedan impedir que la
División lleve a cabo las funciones establecidas en esta Ley. Cualquier abogado
o abogada que sea reclutado(a) para laborar en la División deberá estar
admitido(a) a ejercer la profesión de la abogacía por el Tribunal del Distrito de
los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
8.
Capacitar
a funcionarios encargados de desarrollar política pública en temas relacionados
a los derechos de las personas con impedimentos.
9.
Presentar
informes trimestrales al Consejo Directivo sobre la labor realizada y sobre
cualesquiera recomendaciones que promuevan el funcionamiento eficaz de la
División. Los referidos informes serán publicados en la página de Internet de
la Defensoría.
B.
La
División establecerá un procedimiento para la presentación de reclamaciones, de
tal forma que las personas con impedimentos tengan fácil acceso a los servicios
de la División.
C.
La
División operará con independencia administrativa y fiscal, y responderá
directamente al Consejo Directivo. Además, funcionará con independencia en
relación con el(la) Defensor(a).
D.
El
Consejo Directivo designará y destituirá al (a la) Director(a) Ejecutivo(a) por
la mayoría simple de sus integrantes. La persona designada a este cargo deberá
poseer reconocida capacidad profesional e independencia de criterio, y
experiencia de trabajo relacionada con la defensa de los derechos de las
personas con impedimentos. El Consejo Directivo determinará el salario del (de
la) Director(a) Ejecutivo(a), el cual nunca podrá ser mayor que el salario del
(de la) Defensor(a).
E.
Con
el fin de promover el manejo adecuado de los fondos federales y estatales
asignados específicamente a la División, se autoriza al (a la) Secretario(a) de
Hacienda a crear el Fondo Especial para la División para la Protección y la
Defensa de las Personas con Impedimentos, en el cual ingresarán los dineros
recibidos mediante asignaciones legislativas, transferencias de fondos de otras
agencias o dependencias del gobierno y donativos de cualquier clase ya sean por
donativos o asignaciones. El Fondo podrá nutrirse de donativos provenientes de
otras agencias, corporaciones públicas, subdivisiones políticas, el Gobierno
Federal, municipios y entidades sin fines de lucro. Éste podrá ser utilizado
para el pago de los gastos inherentes al funcionamiento y desarrollo de la
División. La División queda autorizada para recibir y administrar fondos
provenientes de asignaciones legislativas, y de transferencias, delegaciones,
aportaciones y donativos de cualquier clase que reciba de agencias, gobiernos
municipales y del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como los
provenientes de personas, organizaciones no gubernamentales y de otras
entidades privadas para el diseño e implantación de proyectos y programas a ser
ejecutados por la División, por las agencias, entidades y organizaciones no
gubernamentales o por la sociedad civil. Los fondos recibidos se
contabilizarán, controlarán y administrarán con sujeción a las leyes que
regulan el uso de fondos públicos, a las normas legales, reglas o convenios en
virtud de los cuales los reciba la División.
F.
La
División estará a cargo de administrar los siguientes programas federales:
“Protection and Advocacy for Developmental Disabilities” (PADD), creado en
virtud de la Ley Pública Núm. 106-402, según enmendada, conocida como
“Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 2000”;
“Protection and Advocacy for Individuals with Mental Illness” (PAIMI), creado
en virtud de la Ley Pública Núm. 106-310, según enmendada, conocida como “Protection
and Advocacy for Individuals with Mental Illness Act”; “Protection and Advocacy
for Individuals Rights” (PAIR), creado en virtud de la Ley Pública Núm. 93-112,
según enmendada, conocida como “Rehabilitation Act of 1973”; “Protection and
Advocacy for Assistive Technology” (PAAT), creado en virtud de la Ley Pública
Núm. 105-394, según enmendada, conocida como “Assistive Techonology Act of
1998”; “Protection and Advocacy for Individuals with Traumatic Brain Injury”
(PATBI), creado en virtud de la Ley Pública Núm. 104-166, según enmendada,
conocida como “Traumatic Brain Injury Act of 1996”; “Protection and Advocacy
for Beneficiaries of Social Security” (PABSS), creado en virtud de la Ley
Pública Núm. 106-170, según enmendada, conocida como “Ticket to Work Incentives
Improvement Act of 1999”; “Client Assistance Program” (CAP), creado
en virtud de la Ley Pública Núm. 93-112, según enmendada, conocida como
“Rehabilitation Act of 1973”; y cualesquiera otros programas federales
relacionados creados en el futuro y según autorizado por ley.
CAPÍTULO
III.- DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo
3.01. – Disposiciones Generales.
A.
La Defensoría no requerirá a las personas
interesadas en presentar alguna querella el pago de cantidad, derecho o arancel
alguno por la radicación, tramitación o investigación de alguna querella o
asunto bajo la jurisdicción de la Defensoría, ni por la prestación de los
servicios de asistencia, orientación y asesoramiento sobre los programas,
servicios, beneficios a que tienen derecho, ni por orientarlos sobre los
recursos, mecanismos, requisitos, medios o procedimientos para obtener,
participar o beneficiarse de éstos o para hacer valer sus derechos.
B.
Toda agencia pública que ofrezca, preste,
administre o tenga jurisdicción sobre cualesquiera procedimientos, programas,
fondos, actividades, beneficios o servicios para la población servida por la
Defensoría deberán remitir a esta entidad y ésta tendrá derecho a requerir que
le suministren, no menos de seis (6) copias de leyes, reglamentos, normas, órdenes
ejecutivas, decisiones, opiniones, manuales de procedimiento o de servicios
que, al amparo de las leyes locales y federales aplicables, rijan respecto de la
población servida por la Defensoría. Las agencias gubernamentales deberán
cumplir con lo aquí dispuesto dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha en que comience a operar la Defensoría. Subsiguientemente, y en todo caso
que se aprueben normas, reglas, procedimientos, o se enmienden, modifiquen, o
deroguen éstas, o se establezcan nuevos requisitos, o se amplíen, eliminen o
alteren los servicios y beneficios que ofrezcan las agencias públicas deberán,
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se tomare dicha
acción, enviar a la Defensoría no menos de seis (6) copias de estos cambios,
enmiendas o modificaciones, según fuere el caso.
C.
La Defensoría, sus funcionarios(as), empleados(as)
y sus representantes no podrán ser incursos en responsabilidad civil o criminal
por el desempeño bona fide de sus funciones, según establecido por esta
Ley y por cualquier legislación estatal o federal aplicable, incluyendo la Ley
Pública Núm. 89-73 de 14 de julio de 1985, según enmendada, conocida como
“Older Americans Act de 1965”.
D.
La Defensoría, sus funcionarios(as), empleados(as)
y representantes garantizarán la confidencialidad de toda la documentación
examinada y recopilada durante el curso de la investigación y procesamiento de
una querella presentada al amparo de esta Ley y de las disposiciones de leyes
federales y estatales aplicables. Se garantizará la confidencialidad de las
personas querellantes, testigos, pacientes o residentes hasta tanto se obtenga
la autorización de dichas personas querellantes, testigos, pacientes,
residentes o sus representantes legales. Los funcionarios, empleados o
representantes de la Defensoría no podrán ser obligados a testificar sobre la
información obtenida en el curso de una investigación, salvo en aquellos casos
en los que puedan legalmente ser compelidos a así hacerlo por los foros
judiciales competentes.
E.
La Defensoría, ya sea por acción propia o
mediante acuerdos de colaboración, establecerá y pondrá en vigor un plan
aprobado por el Comité Directivo para el establecimiento de oficinas
regionales, distritales o municipales que faciliten y promuevan el acceso de
las personas a sus servicios, a fin de cumplir con los propósitos de esta Ley.
A tales fines, la Defensoría promoverá la formalización de los acuerdos de
colaboración a nivel gubernamental y privado incluyendo, sin que se entienda
como una limitación, acuerdos con los gobiernos, entidades y corporaciones
municipales y con entidades y organizaciones no gubernamentales identificadas
con los derechos de las personas con impedimentos, cuando estos acuerdos
viabilicen el ejercicio de sus responsabilidades sin menoscabo de sus
atribuciones.
F.
El(La) Defensor(a) no podrá imponer el pago de
honorarios de abogados en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
G.
Los integrantes del Consejo Directivo, así
como todos los(as) empleado(as) de la Defensoría, estarán sujetos a las
disposiciones de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como la “Ley de Ética
Gubernamental de Puerto Rico de 2011”.
H.
Ninguna persona que ocupe un puesto electivo
podrá ser nominada para ser integrante del Consejo Directivo o para ocupar el
puesto de Defensor(a).
I.
Ninguna agencia o instrumentalidad del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá establecer requisitos o
imponer restricciones en el uso o el manejo de fondos federales asignados a la
Defensoría. Estos fondos deberán ser manejados conforme a las leyes y a la
reglamentación federal aplicable.
J.
Los fondos recaudados por concepto de las
multas administrativas impuestas por la Defensoría ingresarán al Fondo Especial
de la Defensoría.
CAPÍTULO
IV.- MEDIDAS TRANSITORIAS.
Artículo
4.01.– Transferencias de empleados.
Todos(as) los(as) empleados(as) de carrera y regulares de la Oficina
del Procurador de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico pasarán a ser empleados(as) de la Defensoría en un término de
noventa (90) días naturales desde la última aprobación correspondiente para la
transferencia de programas y actividades. Los(as) empleados(as) regulares o de
carrera transferidos(as) mantendrán un sueldo y
beneficios comparables pero no inferiores a los que disfrutaban en la Oficina
del Procurador de las Personas con Impedimentos. El
Procurador de las Personas con Impedimentos y el Consejo Directivo tomarán
todas las acciones requeridas para dar efecto a la referida transferencia y
transición.
Las
disposiciones de esta Ley no podrán ser utilizadas como fundamento para el
despido de ningún(a) empleado o empleada con un puesto regular o de carrera, ni
podrán interpretarse como un requerimiento o fundamento para la reducción o
aumento del sueldo y beneficios marginales que están recibiendo los(as)
empleados(as) de la agencia de la cual fueron transferidos(as). Mientras no se
apruebe un nuevo Plan de Clasificación de la Defensoría, se utilizará el Plan
de Clasificación de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos.
A
partir de la vigencia de esta Ley, la Defensoría reconocerá a los sindicatos
que representen a los(as) empleados(as) sindicalizados(as) que fueron
transferidos(as) a la Defensoría, de existir alguno. La Defensoría asumirá el o
los convenios colectivos vigentes al ocurrir la transición y hasta la
terminación de éstos, conforme con las disposiciones legales que sean
aplicables. En esos casos, el personal transferido entre componentes u otras
entidades gubernamentales que sean parte de una unidad apropiada de negociación
colectiva conservarán ese derecho y, como medida excepcional, podrán permanecer
como tal unidad apropiada, sin sujeción a lo dispuesto en cualquier otra ley
anterior.
Ningún
empleado(a) o exempleado(a), o sus beneficiarios(as), participante en el
Sistema de Retiro perderá los beneficios de retiro acumulados hasta la fecha de
la creación de la Defensoría.
Artículo
4.02.- Transferencias de bienes.
Dentro de
un periodo que no excederá de sesenta (60) días naturales después de la fecha
de aprobación de esta Ley, la Oficina del Procurador de las Personas con
Impedimentos transferirá a la Defensoría cualquier documento, expediente,
material, equipo, presupuesto y cualquier propiedad mueble o inmueble que
pertenezcan a dicha entidad.
El periodo
aquí mencionado aplicará también a todas las acciones
necesarias, apropiadas y convenientes que deberá llevar a cabo la Defensoría
para cumplir con los propósitos de esta Ley, tales como, pero sin limitarse al
establecimiento de una estructura interna, programática y presupuestaria, así
como la estructura de cuentas requeridas para llevar a cabo la contabilidad de
sus fondos y reubicación de las oficinas en un solo edificio.
La
Defensoría asumirá y será responsable por cualquier deuda, obligación o
responsabilidad económica de las entidades gubernamentales señaladas y, a su
vez, asumirá y será acreedora de cualquier activo y derecho sobre éstos.
Artículo 4.03.-
Presupuesto.
Cualquier
remanente de asignaciones especiales de años fiscales anteriores para la Oficina
del Procurador de las Personas con Impedimentos que, al momento de la
aprobación de esta Ley estuvieran vigentes, serán contabilizadas a favor de la
Defensoría manteniendo su uso y balance al momento de la transición. Además cualesquiera
fondos que hubiesen sido generados por la Oficina del Procurador de las Personas
con Impedimentos serán transferidos al Fondo Especial de la Defensoría de las
Personas con Impedimentos.
Asimismo, con
relación a los presupuestos aprobados para la Oficina del Procurador de las Personas
con Impedimentos para el Año Fiscal 2014-2015, ya sea que provenga del
presupuesto operacional contenido en la Resolución Conjunta del Presupuesto
General, o de las asignaciones contenidas en la Resolución Conjunta de
Asignaciones Especiales, los mismos serán transferidos a la Defensoría.
Artículo 4.04.-Disposiciones Transitorias.
A. El
Procurador de las Personas con Impedimentos deberá preparar y poner a
disposición del Consejo Directivo, dentro de un período
de tiempo que no excederá de treinta (30) días naturales desde la fecha en que
se constituya el Comité de Transición, un informe de
transición el cual incluirá entre otras cosas:
1.
informe de estatus de los casos ante su agencia;
2.
informe de estatus de cualquier caso en el que sea
parte ante cualquier Tribunal, estatal o federal, así como ante cualquier foro
administrativo;
3.
informe de estatus de transacciones
administrativas;
4.
informe de cuentas que incluya el balance en las
cuentas de la agencia y el balance en el presupuesto asignado para el año
fiscal en curso;
5.
inventario de propiedad mueble o inmueble,
recursos, materiales y equipo de la agencia;
6.
copia de los últimos informes que por ley tiene que
radicar a las distintas Ramas de Gobierno;
7.
informe del personal de la agencia que incluya los
puestos, ocupados y vacantes, de la agencia, los nombres de las personas que
los ocupan y el gasto en nómina que representan;
8.
informe de los contratos vigentes de la agencia,
incluyendo cualquier donativo otorgado y sus propósitos;
9.
informe de convenios o acuerdos con entidades
públicas, estatales o federales; y
10.
cualquier otra información que le sea requerida por
el Comité de Transición.
B. Durante
el proceso de transición, el Procurador de las Personas con Impedimentos pondrá
a disposición del Comité de Transición todo el personal que este cuerpo estime
necesario durante el proceso de transición. Asimismo, el Consejo Directivo
tendrá acceso a todo archivo, expediente o documento que se genere o haya sido
generado por la Procuraduría.
C. Durante
el proceso de transición, el Procurador deberá solicitar
la autorización del Comité de Transición para toda disposición de fondos que se
tenga que realizar, sujeto a las medidas de transición aquí dispuestas y las
leyes estatales y federales aplicables. El Comité de Transición deberá velar
que la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos continúe
brindado los servicios a la población servida durante el proceso de transición
y deberá tomar las medidas necesarias para que ningún servicio se vea afectado.
D. Todos los reglamentos, órdenes, resoluciones, cartas circulares y demás
documentos administrativos de la Procuraduría se mantendrán vigentes, en lo que
sea compatible con lo dispuesto en esta Ley, hasta que éstos sean enmendados,
suplementados, derogados o dejados sin efecto por el(la) Defensor(a), según sea
el caso.
E. Durante
el proceso de transición, la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos
continuará funcionando de forma regular, hasta tanto la Defensoría inicie sus
operaciones. En dicho periodo, la Defensoría deberá haber establecido sus
oficinas, haber desarrollado los reglamentos, normas y procedimientos que
regirán su operación interna y el ejercicio de sus funciones; y haber
organizado el personal transferido para comenzar a operar.
F. Todos
los puestos de las personas que, a la fecha de la aprobación de esta Ley,
ocupen cargos en el Comité Consultivo de la Oficina del Procurador de las Personas
con Impedimentos quedarán, desde la aprobación de esta Ley, eliminados. Los(as)
integrantes del nuevo Consejo Directivo, creados en virtud de esta Ley para la Defensoría,
serán nombrados(as) de conformidad con el siguiente procedimiento:
1.
Los nombramientos al Consejo Directivo por
parte del (de la) Gobernador(a) deberán realizarse en un periodo no mayor de treinta
(30) días, a partir de la aprobación de esta Ley. Los mismos requerirán el
consejo y consentimiento del Senado. Una vez éstos tres nombramientos tomen
posesión de su cargo, constituirán también el Comité de Transición.
2.
El Comité de Transición emitirá una convocatoria a
más tardar treinta (30) días desde la toma de posesión de su cargo para las
organizaciones no gubernamentales que deseen presentar nominaciones para el
Consejo Directivo de la Defensoría. Esta convocatoria será publicada en, al
menos, dos (2) periódicos de circulación general. El Comité de Transición
otorgará un máximo de veinte (20) días, desde la publicación de la
convocatoria, para que todas las entidades presenten sus nominaciones.
3.
Al presentar las nominaciones, las entidades
deberán acreditar que la persona nominada cumple con todos los requerimientos
de esta Ley. Igualmente, las organizaciones no gubernamentales que deseen
presentar nominaciones para los cargos del Consejo Directivo deberán acreditar
que son organizaciones bona fide, según establecido en esta Ley, con al
menos tres (3) años de reconocida y probada trayectoria en la defensa de los derechos
de la población servida por la Defensoría. En la alternativa, las organizaciones
no gubernamentales podrán acreditar que llevan inscritas, al menos, tres (3)
años en el Departamento de Estado, y que el fin principal de la organización es
la defensa de los derechos de la población servida por la Defensoría.
4.
Al culminar el periodo para la presentación de
las nominaciones, el Comité de Transición publicará en, al menos, dos (2)
periódicos de circulación general, los nombres de todas las personas nominadas
y proveerá un término de diez (10) días para recibir cualquier señalamiento u
objeción en torno a la nominación de cualquiera de las personas nominadas.
5.
Una vez finalizado el término para presentar
objeciones y señalamientos, el Comité de Transición seleccionará, entre las
personas nominadas, quienes ocuparán los puestos provenientes de las entidades
no gubernamentales.
6.
Los nombramientos al Consejo Directivo
realizados según dispuesto en el acápite anterior serán por términos
escalonados, a saber: dos (2) nombramientos serán por un término de tres (3)
años; dos (2) nombramientos serán por un término de dos (2) años y dos (2)
nombramientos serán por un término de un (1) año. Los integrantes nombrados por
el Gobernador determinarán los términos que impondrán a cada persona
seleccionada. Una vez venzan los términos iniciales, los siguientes términos
serán de tres (3) años, conforme a las disposiciones de esta Ley.
H. El
Comité tendrá un término de sesenta (60) días, a partir de su constitución,
para someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto cualquier planteamiento
relacionado a la transferencia de fondos, o cualquier transacción que sea
necesaria para poner en vigor esta Ley y que, en su curso ordinario, requiera
aprobación de dicha Oficina.
I. Una
vez constituido el Consejo Directivo, éste elegirá al(la) Defensor(a), de conformidad
con las disposiciones de esta Ley y al cabo de los noventa (90) días de la
última aprobación correspondiente para la transferencia de programas y
actividades sufragadas con fondos federales de la Procuraduría, la Defensoría comenzará
operaciones regulares, quedará eliminado el
puesto del Procurador de las Personas con Impedimentos, y este funcionario
cesará en sus funciones.
J. En
caso de que el Procurador no esté disponible o no ejecute las medidas sometidas
en este Artículo, el Comité podrá designar a un(a) funcionario(a) de confianza
para llevar a cabo todas las funciones que le han sido encomendadas al
Procurador en este Artículo.
K. En
virtud de esta Ley, la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico será la sucesora legal de la Oficina del
Procurador de las Personas con Impedimentos, y esta última entidad quedará
eliminada.
Artículo
4.05.-Informe de Integración.
Se
ordena al(la) Defensor(a) que someta al(a la) Gobernador(a), a la Oficina de
Gerencia y Presupuesto y a la Asamblea Legislativa un Informe de Integración en
el que se detallen los resultados de la Defensoría, la redistribución de los
recursos y cualquier otra información solicitada por la Oficina de Gerencia y
Presupuesto. Dicho informe deberá ser presentado durante los treinta (30) días
siguientes al cierre del Año Fiscal 2015-2016.
Artículo
4.06.-Cláusula Enmendatoria.
Cualquier
referencia a la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos o al
Procurador de las Personas con Impedimentos en cualquier otra ley, reglamento o
documento oficial del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se
entenderá enmendada a los efectos de referirse a la Defensoría de las Personas
con Impedimentos, creada mediante esta Ley, o al (a la) Defensor(a) de las
Personas con Impedimentos, según sea el caso.
Artículo
4.07.-Divulgación.
Esta
Ley y su impacto constituyen información de interés público. Por consiguiente,
se autoriza a la Defensoría a educar e informar sobre esta Ley y sus implicaciones,
toda vez que es de vital importancia que las diversas poblaciones estén
informadas sobre los cambios y deberes de las entidades concernidas, los nuevos
servicios y los derechos y obligaciones de las personas y del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
Artículo
4.08.- Derogación y Transferencias.
Se
deroga la Ley 78-2013, conocida como la “Ley del Procurador de las Personas con
Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Todos
los programas, las operaciones y los proyectos administrados por dicha Procuraduría,
creada en virtud de la ley derogada por este Artículo, serán transferidos a la
Defensoría de conformidad con esta Ley.
Artículo
4.09.- Exclusión.
Se
excluye esta Ley de las disposiciones de la Ley 182-2009, según enmendada,
conocida como la “Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva
del Gobierno de Puerto Rico de 2009”.
CAPÍTULO
V-VIGENCIA.
Artículo
5.01.- Incompatibilidad.
En
tanto las disposiciones de esta Ley sean incompatibles con las de alguna otra
ley o reglamento, prevalecerán las disposiciones de esta Ley.
Artículo
5.02.-Separabilidad.
Si
cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso,
subinciso o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un Tribunal
competente, la sentencia dictada a esos efectos no afectará, perjudicará ni
invalidará sus demás disposiciones. El efecto de dicha sentencia quedará
limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección,
inciso, subinciso o parte de esta Ley que hubiere sido declarada
inconstitucional.
Artículo
5.03.- Vigencia.
Esta Ley
entrará en vigor inmediatamente a partir de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta
ley es copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas
posteriores.
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esta ley al presente.
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