Ley Núm. 92 del
año 2018
(P. del S. 39); 2018, ley 92
Para añadir unos nuevos incisos (b.1), (cc.1) y (tt) al
Artículo 14; enmendar el Artículo 25; añadir un nuevo Artículo 25A a la Ley Núm. 146 de 2012, Código Penal de Puerto
Rico.
LEY NÚM. 92 DE 17 DE ABRIL DE 2018
Para añadir unos
nuevos incisos (b.1), (cc.1) y (tt) al Artículo 14; enmendar el Artículo 25;
añadir un nuevo Artículo 25A a la
Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, a
los fines de garantizar al Pueblo su derecho a defenderse legítimamente en su
morada, vehículo u otros lugares dispuestos en esta Ley; y para otros fines
relacionados.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
El derecho a la vida es el más sagrado y fundamental que ostenta todo
ser humano. Intrínseco a éste, existe como corolario el derecho a defender la
vida. El Gobierno tiene la obligación inmanente de vindicar tal derecho
garantizando la seguridad del Pueblo. Esta obligación es la razón seminal para
la organización social del ser humano y el eventual origen del Estado en sí. Toda
sociedad que carece de la seguridad suficiente para estabilizar la interacción
entre los sectores que la componen, está destinada a enfrentar el colapso de su
sistema de gobierno.
Nuestra Constitución condensa la esencia del pacto social, en la
relación entre los derechos del Pueblo y las facultades conferidas al Estado,
para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de los mismos. Según expresa la Exposición
de Motivos de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal
de Puerto Rico”, la Asamblea Legislativa reconoce su responsabilidad
constitucional de salvaguardar la vida, propiedad y seguridad de todos los
miembros de nuestra sociedad. En cumplimiento con dicha responsabilidad constitucional,
corresponde tomar las medidas necesarias para prevenir, controlar y reducir la
incidencia de la actividad criminal. El Estado cumple con su mandato de
proporcionar seguridad, activamente a través de la protección del orden público
con los organismos de seguridad como la policía y el ministerio fiscal, y
pasivamente a través de la protección al ciudadano individualmente al proveerle
las herramientas en ley para que se defienda a sí mismo.
Para lograr el propósito habilitador y la efectividad de su
funcionamiento, la Asamblea Legislativa enmarca teóricamente la construcción de
la Ley 146, supra, en la necesidad de reflejar diáfana y genuinamente
los valores de nuestra sociedad. Comprende la exigencia de ensamblar el
ordenamiento jurídico en concordancia con la realidad social puertorriqueña,
que sea lo suficientemente abarcador y flexible como para que se proyecte hacia
un futuro previsible. Debe, además, ser susceptible de ajuste para atemperarse
a las situaciones cambiantes, según éstas suceden. Conforme fue reconocido en
la Reforma Penal de 1974,el Código
Penal no puede estar al servicio de minorías en la sociedad ni obedecer a los
caprichos personales o individuales de unos y otros. Tiene que, ineludiblemente
responder al consenso de todos los sectores y de todos los intereses,
interpretados en la forma más amplia y coherente posible.
De acuerdo a este enfoque, se establece un nuevo esquema de principios
que rigen la aplicación de la sanción penal. Se otorga preeminencia máxima a la
protección de la sociedad, a la justicia a las víctimas de delito y la
prevención de la delincuencia.
Incorporando este esquema, entendemos imperante cumplir nuestra obligación de
promover legislación que se atempere a la actual condición social de Puerto Rico;
desde una óptica favorecedora a la protección de los derechos de las víctimas y
fomentando el restablecimiento de la confianza del pueblo en el sistema de
justicia.
Es evidente el incremento en el grado de violencia durante la comisión
de delitos, resultando en mayores casos de transgresiones a la integridad
física y a la vida de los ciudadanos. Dicha tendencia alimenta la percepción de
inhabilidad del Estado para proveer seguridad, proteger a las víctimas de
delito y la apreciación de disparidad en el proceso judicial sobre los derechos
de las víctimas versus los derechos del acusado. Esta situación causa un estado
de ansiedad y preocupación constante en la población, influenciando
negativamente la confianza del Pueblo sobre la capacidad del Gobierno para protegerle
de actividad delictiva y sobre su seguridad personal en general. Es por tal
razón, que se pretende establecer un grado mayor de protección legal para los
ciudadanos que defienden su vida o la de otros, mientras ocupan espacios donde
el entendido social reconoce el mayor grado de expectativa de intimidad,
pertenencia y autonomía personal. Reconocemos la necesidad y el derecho de cada
persona de salvaguardar proactivamente su seguridad y proveeremos las
herramientas legales para así hacerlo.
La morada, por razones prácticas e históricas, siempre se identificará
como el santuario donde todo ser humano se refugia de la fatiga y el peligro al
que le expone la vida. Dicha definición incluye cualquier casa, estructura, barco, vagón, vehículo u otra construcción
diseñada o adaptada para, o capaz de dar abrigo a seres humanos o que pueda
usarse para guardar cosas o animales o para negocio. Comprende, además, sus
anexos, dependencias y el solar donde esté enclavado. La morada nos nutre
de un espacio íntimo donde se desarrolla la unidad familiar y permite el
descanso, relajación y disfrute de los momentos de vulnerabilidad inherentes a
la dignidad humana. Esta Asamblea Legislativa siempre ha reconocido el sitial
único conferido por la sociedad a este lugar, otorgándole protecciones
especiales en el contexto del derecho civil al establecer procedimientos contra
la evicción y mecanismos para impedir la pérdida de titularidad en caso de
demandas. A su vez, lo reconoce en el ámbito del derecho penal al establecer
delitos y agravantes basados en la transgresión a su integridad, como el
escalamiento y el robo domiciliario. La protección extendida por esta enmienda
al vehículo, lugar de negocio o empleo obedece a las demandas del ritmo de vida
actual, donde el ciudadano pasa cada día más tiempo en estos lugares; y por
consiguiente adquieren las características que históricamente solo ostentaba la
morada. Por lo tanto, deberían obtener las mismas protecciones y justificaciones
legales que disfruta en ésta.
El ordenamiento jurídico ha racionalizado la legítima defensa hasta este
momento, imponiendo a la víctima la carga de calcular la proporcionalidad de la
fuerza o la racionalidad del medio a utilizar para defenderse contra un
agresor. No se puede pedir a un ciudadano que enfrenta peligro inminente,
reflexión serena y desasociada mientras observa la hoja de un puñal. El peso probatorio sobre la
legitimidad de tomar una decisión en una fracción de segundo sobre el uso de la
fuerza para defenderse, no debe estar en la víctima, sino en el agresor. No es
justo someter a la víctima que defiende su vida o la de otros en un lugar
especialmente protegido a las consecuencias de tomar una decisión bajo tensión
y peligro donde el resultado puede acarrear enfrentar un juicio penal, si su
actuación es determinada posteriormente como irrazonable. Se crea una
encrucijada para la víctima; si errar al emplear menos fuerza de la necesaria
puede resultar en su muerte o grave daño corporal para sí u otras personas y si
se determina que se excedió en el uso de la fuerza enfrenta responsabilidad
penal y/o civil.
Esta medida establece una presunción sobre la razonabilidad en el empleo
de la fuerza bajo circunstancias específicas; cambia el peso de la prueba de la
víctima hacia el agresor, donde siempre debió estar. No se crea un derecho
ilimitado para emplear la fuerza. La presunción solamente aplica si la acción
ocurrió dentro de las cuatro áreas descritas en el estatuto. El ministerio
público tiene la capacidad de rebatirla produciendo evidencia que demuestre que
al actor no le asiste la presunción.
La presunción de razonabilidad protege a la víctima que defendió su vida
o la de otras personas, de un análisis retrospectivo y aislado de los hechos
por un agente del ministerio público sobre la razonabilidad de su respuesta. La
víctima no tiene el lujo de tomarse tiempo ilimitado para decidir su curso de
acción ante un peligro inmediato e inminente. Sin el auxilio de esta
presunción, la víctima es sometida al escrutinio minucioso de cada uno de sus
movimientos para demostrar que empleó la fuerza de forma irrazonable.
Es nuestro propósito garantizar la seguridad del pueblo. Toda persona
debe poder concentrarse en defender su vida o la de otras personas, sin tener
que preocuparse por la posibilidad de ser encausado criminalmente o demandado
civilmente en un futuro; maximizando así el grado de protección disponible al
sector más vulnerable, las víctimas de delitos en circunstancias peligrosas o
potencialmente letales.
DECRÉTASE POR
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1- Se añaden nuevos incisos (b.1), (cc.1) y (tt) al Artículo
14 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de
Puerto Rico” para que lea como sigue:
“Artículo 14.-
Definiciones.
Salvo que
otra cosa resulte del contexto, las siguientes palabras y frases contenidas en
este Código tendrán el significado que se señala a continuación:
…
(b.1) “Actor”
es aquella persona que, en defensa de su morada, vehículo, negocio o lugar de
trabajo o en defensa de la morada, vehículo, negocio o lugar de trabajo de otra
persona, causa daño o la muerte a un ser humano.
…
(cc.1)
“Morada” tiene el mismo significado que el término “Edificio” de este Artículo.
…
(tt)
“Vehículo” significará todo artefacto o animal en el cual o por medio del cual cualquier
persona o propiedad es o puede ser transportada por cualquier vía; terrestre,
acuática o aérea mediante propulsión propia o arrastre, cuya clasificación no
esté incluida en los términos “Edificio” o “Edificio ocupado” según definidos
en los incisos (p) y (q) de este Artículo.”
Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 25 de la Ley 146-2012,
según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, para que lea
como sigue:
“Artículo 25.- Legítima Defensa.
No incurre en responsabilidad penal quien defiende su
persona, su morada, sus bienes o derechos, o la persona, morada, bienes o
derechos de otros en circunstancias que hicieren creer razonablemente que se ha
de sufrir un daño inminente, siempre que haya necesidad racional del medio
empleado para impedir o repeler el daño, falta de provocación del que ejerce la
defensa, y que no se inflija más daño que el necesario para repeler o evitar el
daño.
Cuando se alegue legítima defensa para justificar el dar
muerte a un ser humano, es necesario creer razonablemente que al dar muerte al
agresor, el agredido o la persona defendida se hallaba en inminente o inmediato
peligro de muerte o de grave daño corporal. Para justificar la defensa de la
morada, vehículo, lugar de negocios o empleo, las circunstancias indicarán una
penetración ilegal o que la persona que se halle en la morada, vehículo, lugar
de negocios o empleo, tenga la creencia razonable que se cometerá un delito, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 25A. Para justificar la defensa de
bienes o derechos, las circunstancias indicarán un ataque a los mismos que
constituya delito o los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida
inminente.”
Artículo 3.-
Se añade un nuevo Artículo 25A a la Ley
146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, para
que lea como sigue:
“Artículo 25A.-
Presunciones y disposiciones sobre Legítima Defensa en la morada, vehículo,
lugar de negocios o empleo.
(a)
Se presumirá la razonabilidad de la creencia del actor de que él, u otra
persona, está en riesgo de sufrir daño inminente a su integridad corporal, la
ausencia de provocación por parte del actor y la necesidad racional del medio
empleado y del daño ocasionado para impedir o repeler el daño, si:
(1)
el actor sabía o tenía razón para creer que la persona contra quien se
usó la fuerza o violencia:
(i)
penetró ilegalmente, o intentaba penetrar ilegalmente, al interior de la
morada, vehículo, lugar de negocios o empleo, ocupado en tal momento por el
actor o la persona a quien el actor protege; y/o
(ii)
secuestró o intentó secuestrar al actor o alguna otra persona, del
interior de la morada, vehículo, lugar de negocios o empleo del actor o de la
persona a quien el actor protege;
(b)
La presunción establecida en el inciso (a) no es de aplicación, si:
(1)
la persona contra quien se usó la fuerza o violencia tiene derecho a permanecer
en, residir, habitar u ocupar legalmente la morada, vehículo, lugar de negocio
o empleo donde se usó la fuerza o violencia en calidad de, pero sin limitarse
a, dueño, titular, arrendatario, contratista, empleado; o
(2)
la persona a quien se secuestre o intente secuestrar es un menor o
incapaz, bajo la custodia o tutela legal de la persona contra quien se usó la
fuerza o violencia; o
(3)
hubo provocación por parte del actor para con la persona contra quien se
usó la fuerza o violencia; o
(4)
el actor cometía algún delito al momento de utilizar la fuerza o
violencia o utilizaba la morada, vehículo, lugar de negocios o empleo para
promover actividad delictiva; o
(5)
la persona contra quien se usó la fuerza o violencia es un Funcionario
del Orden Público, según definido en el Artículo 14 de este Código.
(c)
Al causarse la muerte de un ser humano, se presumirá la razonabilidad de
la creencia del actor para creer que, al dar muerte al agresor, el actor o la
persona defendida se hallaba en inminente o inmediato peligro de muerte o de
grave daño corporal si:
(1)
el actor sabía o tenía razón para creer que la persona a quien se causó
la muerte:
(i)penetró ilegalmente, o intentaba penetrar ilegalmente, al interior de
la morada, vehículo, lugar de negocios o empleo, ocupado en tal momento por el
actor o la persona a quien el actor protege; y/o
(ii)secuestró o intentó secuestrar; al actor o alguna otra persona, del
interior de la morada, vehículo, lugar de negocios o empleo, ocupado en tal
momento por el actor o la persona a quien el actor protege;
(d)
La presunción establecida en el inciso (c) no es de aplicación si:
(1)
la persona a quien se causó la muerte tenía derecho a permanecer en, residir,
habitar u ocupar legalmente la morada, vehículo, lugar de negocio o empleo donde
se causó la muerte en calidad de; pero sin limitarse a, dueño, titular,
arrendatario; o
(2)
la persona a quien secuestró o intentó secuestrar es un menor o incapaz,
bajo la custodia o tutela legal de la persona contra quien se usó la fuerza
letal; o
(3)
hubo provocación por parte del actor a la persona a quien se causó la
muerte; o
(4)
el actor cometía algún delito al momento de causar la muerte o utilizaba
la morada, vehículo, lugar de negocios o empleo para promover actividad
delictiva; o
la persona a
quien se causó la muerte es un Funcionario del Orden Público, según definido en
el Artículo 14 de este Código.
(e)
Para efectos de determinar la procedencia de la legítima defensa, el
juzgador de los hechos no podrá tomar en consideración la posibilidad de que el
actor pudo haber evitado la confrontación.
(f)
Las agencias del orden público tendrán la facultad para investigar la
utilización de fuerza o violencia, o el causar la muerte de un ser humano según
dispuesto en este Artículo.
(g)
Una persona que actuando en legítima defensa, utiliza fuerza o le causa
la muerte a un ser humano de acuerdo con las disposiciones de este Artículo, no
incurrirá en responsabilidad penal o civil por los daños o muerte del agresor.
(h)
Las presunciones establecidas en el presente Artículo serán
controvertibles. El ministerio público tendrá la capacidad de rebatirlas
produciendo evidencia que demuestre que al actor no le asiste la presunción.”
Artículo 4.- Separabilidad
Si cualquier
cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición,
sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia
a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de
esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo,
subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección,
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así
hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una
persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo,
oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título,
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas
personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la
voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales
hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida
posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare
inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o
declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancias.
Artículo 5.-
Esta Ley comenzará a regir treinta (30) días después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta ley es
copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
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