Revista Jurídica de LexJuris
Volumen 1 Primavera 2000
Visión en Ruta al Futuro
Resumen Ejecutivo
Informe de la
Comisión Futurista de los Tribunales
abril 2000
COMISIÓN FUTURISTA DE LOS
TRIBUNALES
Presidente:
Lcdo. Rafael Alonso Alonso
Comisionados
y Comisionadas:
Hon. Lady Alfonso de Cumpiano Jueza del Tribunal de Circuito de Apelaciones |
|
Lcdo.
Harry Anduze Montaño
Abogado, Presidente del Colegio de Abogados
(1994-1996) |
Sr. Richard Carrión Presidente, Banco Popular de Puerto Rico |
|
Sra. Vilma Colón Presidenta, Corporate Communications, Inc. |
Sr. Luis Alberto Ferré Rangel Director, Periódico el Nuevo Día |
|
Dr. José R. González Presidente,
Universidad Interamericana de Puerto Rico (1990-1999) |
Dr. Norman Maldonado Presidente, Universidad de Puerto Rico |
|
Dr. Rafael Irizarry Profesor, Escuela Graduada de Planificación, UPR |
Dr. Manuel A. (Coco) Morales Presidente,
Quality for Business Success, Inc. |
|
Srta. Marisara Pont Presidenta,
Comstat Rowland, Inc. |
Dr. José
Jaime Rivera Presidente, Universidad del
Sagrado Corazón
|
|
Hon. Víctor M. Rivera González Juez Superior, Tribunal de Primera Instancia |
Srta. Ana Milagros Santiago Presidenta,
HEEND-UPR (1982-1988) y
(1994-1998) |
|
Lcda. Olga Soler Bonnin Profesora, Escuela de Derecho, PUCPR |
Directoras
Ejecutivas:
Dra. Celia E. Cintrón (1996-1998) Lcda. Patricia Otón Olivieri
(1998-presente)
La Comisión Futurista de
los Tribunales fue creada por el
Hon. José A. Andréu García, Juez
Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 1995 con el propósito de
analizar la realidad contemporánea, las tendencias que se vislumbran para este
nuevo siglo, el impacto que éstas tendrán en los tribunales y proponer una
visión de los tribunales para el nuevo siglo.
Compuesta por ciudadanos
representantes de diversos sectores de la sociedad y del Sistema Judicial, la
Comisión Futurista definió así su responsabilidad: elaborar y proponer una
visión sobre el futuro de los Tribunales de Puerto Rico indicando sus
características principales así como identificando instrumentos básicos que
impulsen dicha visión de manera que esta se haga realidad.
En
la elaboración de este Informe la Comisión contó con la participación y el
sentir de la ciudadanía sobre el sistema judicial. Unos 500 ciudadanos expresaron su sentir sobre su percepción de
los tribunales, su concepción ideal del sistema de justicia y las expectativas
de cambio del presente hacia el futuro.
Esta es la primera vez que se lleva a cabo una consulta a la ciudadanía de
tal magnitud.
Del resultado de dicha consulta
surge que la sociedad puertorriqueña tiene una fe básica en los tribunales de
justicia y en la honradez, honestidad, integridad e incorruptibilidad de sus
jueces y juezas. Además, que los
puertorriqueños atesoran y confieren las más alta importancia y prioridad a la
independencia judicial.
La Comisión
Futurista de los Tribunales con el
beneficio de una serie de estudios y de consultas a expertos y con una amplia
consulta a la ciudadanía, propone que la visión para la Rama Judicial durante
este siglo sea la siguiente:
La Rama Judicial será
independiente, accesible y prestará servicios de manera equitativa, rápida,
sensible, con un enfoque humanista. La
judicatura estará altamente cualificada,
y dispondrá de medios de
aprendizaje constantes. Contará con un
liderazgo estratégico y compartido, que permita el desarrollo de diseños y
métodos administrativos ágiles para responder a los cambios sociales, así como
con una infraestructura adecuada y
tecnología avanzada. Promoverá
una sociedad menos litigiosa, fomentando otros métodos para solucionar
controversias y una amplia participación de todos los sectores.
Este informe pretende
ser un instrumento eficaz para la planificación estratégica y contiene una
serie de recomendaciones para implantar esta visión y preparar a la Rama
Judicial para el Siglo XXI.
Urge, sin embargo, tomar
medidas inmediatas que la fortalezcan, ya que debido a la crítica situación
económica, atraviesa por uno de sus momentos más difíciles. El no hacerlo socava peligrosamente la
democracia.
La fuente del Poder
Judicial se encuentra en nuestra Constitución aprobada en 1952 que crea el
Tribunal Supremo como el tribunal de última instancia y establece un sistema
judicial unificado e integrado. Luego
de la Constitución de 1952 se aprobaron diversas leyes para poner en vigor los
principios allí consignados.
La Rama Judicial ha
propiciado los estudios y las reformas necesarias para instrumentar el mandato
constitucional y lograr que el sistema de justicia sea de la mejor calidad,
rápido, económico y accesible. Dichos
estudios recomendaron que se situara a la Rama Judicial en la vanguardia con el
uso de tecnología electrónica; con métodos alternos para solucionar disputas,
con desvío de casos de su entorno contencioso, consolidación de sesiones del
Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal Superior, una oportunidad de
justicia apelativa que agilizara el manejo de los casos y promoviera normas y
estándares de tiempo para el procesamiento de los casos.
Se enfatizó, además, en
la necesidad de fortalecer la independencia del poder judicial y para que esta
rama del gobierno fuera autónoma independiente y libre de presiones
indebidas. Se señaló una y otra vez, la
necesidad imperiosa de que se le concediera autonomía presupuestaria a la Rama
Judicial y que se estableciera un sistema autónomo para la creación de la Sede
de los Tribunales y se creara un
sistema de verdadero mérito para la selección de los jueces.
A partir del 1992
comenzó una nueva etapa de reforma que no surgió de la Rama Judicial. Entre ellas se aprobó una nueva Ley de la
Judicatura en 1994. Dicha ley creó el
Tribunal de Circuito de Apelaciones, transformó las áreas de competencia y
aumentó el número de jueces. Se abolió
el Tribunal Superior y el Tribunal de Distrito y en su lugar se creó un
Tribunal de Primera Instancia. Dicha
transformación estructural tuvo un fuerte impacto en la Rama Judicial. Se ha requerido un proceso adaptativo muy
intenso, la confección de nuevas normas y reglamentos y un acelerado proceso de
divulgación y educación para los componentes de la clientela interna, así como
para los sectores relacionados con la misma.
La Rama Judicial ha
tratado de instrumentar esta reforma sin que se le hayan asignados los recursos
presupuestarios necesarios para implementar la misma.
El inicio del milenio encuentra
a la Rama Judicial con una preocupante congestión y demora en el trámite de los
casos en el Tribunal de Primera Instancia.
Más positiva es la situación en el Tribunal Supremo y en el Tribunal de
Circuito de Apelaciones. En los últimos
años ambos han estado manejando en
términos generales, eficientemente su carga de trabajo, según refleja el índice
de resolución de casos, la relación de
los casos presentados y los casos resueltos de cada tribunal.
El Tribunal de Primera
Instancia, en cambio confronta serias dificultades. Los datos indican que se están resolviendo menos casos de los que
se presentan por lo cual se anticipa un aumento en el por ciento de casos
pendientes. Su capacidad se ha afectado
por la aprobación de leyes, el resurgimiento de materias noveles a atenderse y el alza en el número de
casos. El aumento en casos durante los
últimos 35 años ha sido dramático. Entre
1963 y 1998 hubo un alza de 90%.
Actualmente se presentan más de 260,000 casos en el
Tribunal de Primera Instancia. El alza
mayor será en los casos civiles que han aumentado en un 181% cuando antes
constituían el 40% de los casos, ahora son el 60% de los casos.
Los criminales
aumentaron a un 25%. Las querellas
contra menores aumentaron a un 60%. Por
otra parte los casos son más complejos y han proliferado los casos de impericia
médica, violación de derechos civiles, violencia doméstica, maltrato a menores,
corrupción y derecho ambiental.
Las
estrecheces presupuestarias han colocado a la Rama Judicial en una situación de
precariedad sin precedentes.
Por
un lado sus responsabilidades aumentan, pero no se le asignan fondos para
hacerle frente. El costo de implantar
nuevas leyes sin la correspondiente asignación legislativa es de más de $50
millones.
La
asignación a fondos a la Rama Judicial constituye una porción mínima de los
recursos fiscales anuales del Estado Libre Asociado. El presupuesto asignado en 1998-1999 fue de $155,346,000
para un 3.9% del presupuesto general.
Como
secuela se ha visto:
·
el cierre de algunos tribunales
·
congelación de todos los puestos
·
paralización en la modernización de la infraestructura
·
alto en la adquisición de tecnología moderna
·
estrecheces en los materiales esenciales de trabajo
Al
dramático aumento en casos se suma la diversidad de la clientela y las materias
noveles que tiene que atender.
Todas
estas situaciones que afectan desde afuera la capacidad de la Rama Judicial
seguirán complicándose.
Así
continuarán exigiendo más del sistema de aprobación de leyes con beneficios
para veteranos, niños, envejecientes, indigentes, el aumento en la conducta
antisocial, la participación de los tribunales en la lucha contra el crimen y
la criminalización de conducta que antes no lo era.
TENDENCIAS DEL FUTURO
La
Comisión Futurista de los Tribunales identificó algunas tendencias mundiales y
de Puerto Rico que afectarán al sistema judicial en los próximo 25 años. Las principales se dan en el contexto de la demografía,
la economía global, lo social, lo ambiental y tecnológico. Se proyectan cambios demográficos
significativos para los próximos 25 años.
·
La inmigración ha sido una constante en Puerto Rico desde hace
décadas. Para 1990 se registró un
aumento de 16.3% de la población no nacida en la Isla para un total de 320,721
personas.
·
En ese mismo año uno de cada 5 inmigrantes estaba desempleado y más
del 53% estaba a niveles de ingresos de pobreza extrema.
·
El envejecimiento de la población y el movimiento de las zonas
rurales, las zonas urbanas seguirán
presentando retos hacia los tribunales.
·
Transformaciones en la familia, una brecha mayor entre pobres y
ricos. La economía de la droga y el
reclamo para que se armonice la protección del ambiente con el desarrollo
económico son algunos de los factores que traerán alzas en las controversias y
más presión sobre los tribunales.
·
La globalización de la tecnología informática como fuerza unificadora
conllevará a una reestructuración de la economía que implicará grandes cambios
en el derecho procesal.
·
Se contempla que todos los trámites administrativos y secretariales de un
caso estén automatizados y que las personas puedan tramitar sus asuntos mediante medios electrónicos. El uso del papel, vehículo importante en los
tribunales, disminuirá considerablemente.
CONSULTA A LA CIUDADANÍA
Un total
de 500 personas - ciudadanos, ciudadanas, jueces, juezas, abogados, abogadas,
procuradores, procuradoras, policías, trabajadores o trabajadoras sociales,
personal de secretaría, alguaciles, alguacilas, acusados, acusadas, menores
intervenidos e intervenidas y víctimas del crimen - tomaron parte en el
ejercicio de participación ciudadana
más abarcador sobre la rama judicial.
La
consulta, realizada a través de grupos focales, tuvo el propósito de
identificar la percepción sobre los tribunales, la concepción de un sistema de
justicia ideal y las expectativas de cambio.
El
ejercicio produjo el siguiente consenso:
·
Puerto Rico enfrenta un futuro de crisis general y el presente se percibe
negativamente. No se visualiza futuro
alguno que no sea una proyección agravada del presente.
·
Las dificultades económicas, los asuntos relacionados con la conducta
social y un sentido de desamparo ciudadano son los problemas que presagian para
los consultados un futuro cada vez más negativo.
·
Las fuerzas llamadas a encauzar la vida económica y social son la familia
y el gobierno, pero la familia se
encuentra afectada profundamente por
todo tipo de personas y se percibe al gobierno como incapaz, carente de
compromiso social y corrupto.
·
Los medios de comunicación son vitales a la buena marcha de los asuntos
colectivos, pero alientan litigios y controversias, contribuyendo así a la
discordia social y exacerbación de problemas en Puerto Rico.
·
Los tribunales son el bastión de la democracia y el único lugar a donde
acudir en busca de remedio. Son la
esperanza de que prevalezca un orden básico en el país y asumirán
irremediablemente responsabilidades que antes eran de la familia y otras
instituciones.
·
Los tribunales cuentan con tres fortalezas: la fe básica de los
puertorriqueños en ellos, la honradez de los jueces y la independencia
judicial.
·
Sus dificultades principales son la falta de recursos presupuestarios, la
lentitud en los procesos judiciales y la erosión de la independencia judicial.
·
Hay una serie de impedimentos a la consecución de justicia a tiempo y para todos. Destacan la escasez de representación legal adecuada para los
indigentes y para los menores.
·
Se perciben diferencias en el trato en función de la base socioeconómica.
·
El acceso a la justicia está limitado por falta de información básica
para las partes y por la lentitud de los procesos judiciales.
·
La población carece de un entendimiento básico sobre el sistema de
justicia.
·
Parte de la judicatura presenta estilos de arrogancia, prepotencia y
actitudes grandiosas.
·
Hay un enfoque equivocado en el manejo de la criminalidad mediante el
cual hay una criminalización exagerada de la conducta y una ausencia de
oportunidades de rehabilitación.
·
Se necesita un sistema que permita evaluar el funcionamiento de la
rama judicial.
RECOMENDACIONES
Implantar la visión futurista requiere el desarrollo
de planes estratégicos a corto y a largo plazo. Estas son las recomendaciones que a esos efectos propone la
Comisión:
1.
Fortalecer la Independencia Judicial en todas sus dimensiones. Es indispensable y prioritario proveer a la
Rama Judicial de mayor autonomía fiscal y recursos.
La Rama
debe tener facultad exclusiva sobre la determinación de las sedes y salas de
tribunales, para aceptar o rechazar cualquier legislación que afecte su
competencia y los nombramientos a la judicatura deben ser a base de méritos y
capacidad.
2.
Los tribunales deben promover el más amplio acceso a la ciudadanía a su
sistema de justicia y el disfrute de la igualdad de derechos mediante la
educación ciudadana y la orientación a las partes.
Deben
dirigirse materiales educativos a la ciudadanía, incluyendo niños y jóvenes.
Deben
establecerse accesos electrónicos para que los ciudadanos conozcan la etapa en
que se encuentran sus asuntos ante el tribunal.
3. Promulgar y promover el
trato equitativo sin diferenciación por motivo de género, raza, origen étnico,
condición económica, religión o creencias políticas.
Toda persona que se
sienta agraviada por discrimen debe contar con un mecanismo para informarlo y
hacer valer sus derechos; establecerse estrategias para asegurar representación
a los que carecen de medios para pagar honorarios de abogados; de estimularse
la autorrepresentación y considerarse la viabilidad de establecer seguros de
servicios legales semejantes a los planes de servicios de salud.
4. Mantener a todos los
recursos humanos de la Rama Judicial informados y educados. Se recomienda específicamente la creación de
una Escuela Judicial con el fin de
hacer mandatorio un sistema de capacitación profesional y que atienda las
necesidades de educación continua a diversos funcionarios, incluyendo a jueces.
5.
Trabajo en Equipo del Sistema de Justicia se recomienda la creación de un
organismo permanente mediante el cual las tres ramas de gobierno la Ejecutiva,
Legislativa y Judicial – puedan intercambiar información y coordinar su labor.
6.
La organización administrativa de los tribunales debe ser flexible,
receptiva al cambio, ágil y contar con el uso máximo de la tecnología.
Su sistema
automatizado debe proveer información sobre el status de los casos.
7.
La rama judicial debe contar con los mecanismos para responder
rápidamente a los cambios y proveer procesos
judiciales expeditos. Deben tomarse
pasos encaminados a fortalecer y agilizar los trámites en las secretarías, un
componente importante del sistema y medidas para la tramitación rápida de los
casos.
Los jueces
deben adoptar estándares de tiempo para la solución de los casos.
8. Atender los reclamos
ciudadanos con eficiencia, honestidad y responsabilidad.
Evaluar regularmente a
los jueces y otros funcionarios del sistema.
El sistema deberá
evidenciar ante el país la forma y grado en que ejerce su responsabilidad.
9. La Rama Judicial debe
institucionalizar la planificación estratégica y los procesos de investigación,
informática y evaluación sobre los que ésta descansa. Debe articularse una filosofía gerencial con ese enfoque y un
plan gerencial concreto.
10.
La Rama Judicial debe asegurar que los procesos judiciales y
administrativos dispongan de la infraestructura y tecnología necesarias para
facilitarlos y agilizarlos.
Debe
contar, además, con el poder de contratación y formas apropiadas para adquirir
facilidades físicas o construir las necesarias ajustadas a las necesidades de espacio y tecnología.
IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES
Las
recomendaciones de la Comisión Futurista requieren la preparación de un plan
estratégico, así como de acciones específicas encaminadas a llevar a la
realidad la visión propuesta.
Para
facilitar esta tarea la Comisión propone:
1.
La creación por el Juez Presidente de un Comité Estratégico para trabajar
sobre el futurismo y preparar planes específicos para implantar las recomendaciones
que acercarán a la rama judicial a la visión propuesta.
2.
Nombrar una Comisión Permanente Asesora del Juez Presidente sobre
futurismo. Su papel será orientar y
educar sin participar directamente en la implantación de medidas.
3.
Evaluar el funcionamiento de la nueva Ley de la Judicatura de 1994 con
miras a realizar los ajustes necesarios para que responda a las necesidades
presentes y sus proyecciones futuras, al igual que a las recomendaciones de
este Informe que sean adoptadas por la rama judicial.
4.
Las recomendaciones que sean adoptadas por el Juez Presidente deben
divulgarse ampliamente a través de un plan de comunicaciones sobre lo que
enfrentan y proyectan los tribunales en el futuro.
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