Revista Jurídica de LexJuris de Puerto Rico

Volumen 10 Febrero 2007 Núm. 1

DERECHO A LA CONFRONTACION LUEGO DE CRAWFORD Y DAVIS

Por Enrique Silva Avilé [1]

 

La Cláusula de Confrontación de la Sexta Enmienda de la Constitución norteamericana dispone en lo pertinente que “[i]n all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right … to be confronted with the witnesses against him.”  En la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ese derecho está consagrado en el Artículo II, §  11, donde se dispone en lo pertinente que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho … a carearse con los testigos de cargo …”

 

El objeto de este artículo es el alcance de ese derecho constitucional a la luz de dos (2) Opiniones recientes del Tribunal Supremo federal.  En dichas Opiniones el más Alto Foro norteamericano modificó el alcance de la protección de la Sexta Enmienda de la Constitución federal.  Esos dos casos son Crawford vs. Washington, 541 U.S. 36, 124 S.Ct. 1354, 158 L.Ed.2d 177 (2004) y Davis vs. Washington, ___ U.S. ___, 126 S.Ct. 2266, 165 L.Ed.2d 224 (2006)(en adelante Crawford y Davis, respectivamente).  El efecto principal de la norma elaborada en esos casos es que la admisibilidad de algunas declaraciones de testigos no disponibles está ahora prohibida por la Cláusula de Confrontación federal, mientras que anteriormente de ordinario dicha cláusula no prohibía su admisibilidad.

 

            Ante esa nueva circunstancia jurídica de naturaleza constitucional, es importante que los actores de nuestros procedimientos criminales, principalmente los(as) fiscales, abogados(as) y jueces(zas) conozcan de esta norma según modificada puesto que, conforme al derecho vigente, la interpretación de los derechos fundamentales que haga el Tribunal Supremo de E.E.U.U.—en la medida que se falle a favor del beneficiario del derecho—constituye el mínimo de protección que cada jurisdicción tiene que proveer en sus foros adjudicativos. Emp. Pur. Des., Inc. vs. H. I. E. Tel., 150 D.P.R. 924, 948-49 (2000).   De hecho, en Crawford, y en uno de los casos de Davis (este último caso consiste de dos (2) casos consolidados), el Tribunal Supremo falló a favor del imputado al aplicar las normas que pautaba, con el efecto de que en dichos casos ciertas declaraciones emitidas fuera del tribunal no fueron admitidas en juicio a base del derecho a la confrontación de la Constitución federal.[2]

 

            En Crawford la controversia era la admisibilidad de una declaración de la esposa del eventual acusado. Ella brindó la declaración a la policía cuando los agentes la interrogaban.  La declaración (que estaba contenida en una grabación) exponía potencialmente a la declarante a responsabilidad criminal en el estado de Washington.  Dicha declaración debilitaba el argumento de defensa propia del acusado, por lo que la fiscalía interesaba presentarla para probar la verdad de lo aseverado.  La declarante no testificó en el juicio y por lo tanto no fue contrainterrogada por la defensa.  No obstante, su declaración se admitió en el juicio como una declaración contra interés a base de las reglas de evidencia del estado de Washington.  Esta determinación no fue avalada por el foro apelativo estatal, pero sí por el Tribunal Supremo de la jurisdicción.  El Tribunal Supremo federal expidió el recurso de certiorari, revocó al Tribunal Supremo estatal, y no admitió la declaración anterior a base de la Cláusula de Confrontación.  

 

            El Tribunal Supremo federal explicó en Crawford la nueva metodología de confrontación, y echó a un lado la vigente hasta el momento, que se basaba en Ohio vs. Roberts, 448 U.S. 56, 100 S.Ct. 2531, 65 L.Ed.2d 597 (1980).   La nueva norma exige determinar si la declaración anterior es “testimonial” o, si en cambio, es “no testimonial”.  Si la declaración es testimonial, la Sexta Enmienda prohíbe de ordinario su admisibilidad a menos que el declarante no esté disponible, y que además el acusado haya tenido una oportunidad previa de contrainterrogar al declarante. Crawford, supra, a las págs. 53-54.  Al aplicar la norma a los hechos de Crawford, el Tribunal Supremo concluyó que la declaración anterior de la esposa del imputado era testimonial y, al no haber habido oportunidad previa de contrainterrogarla, la Sexta Enmienda prohibía su admisibilidad.[3]

 

            La norma descartada, y que tenía su base en Ohio vs. Roberts, supra, era que bajo la Cláusula de Confrontación algunas declaraciones emitidas fuera del tribunal podían admitirse si el declarante no estaba disponible (requisito aun que se mantiene) y las declaraciones caían bajo una excepción firmemente establecida a las reglas de prueba de referencia, o si las declaraciones tenían unas garantías particularizadas de confiabilidad (requisito descartado y sustituido en Crawford por la oportunidad previa de contrainterrogar).  Una descripción sucinta de la norma de Ohio vs.  Roberts surge de la pág. 66 de dicha Opinión:

 

“In sum, when a hearsay declarant is not present for cross-examination at trial, the Confrontation Clause normally requires a showing that he is unavailable. Even then, his statement is admissible only if it bears adequate “indicia of reliability.” Reliability can be inferred without more in a case where the evidence falls within a firmly rooted hearsay exception. In other cases, the evidence must be excluded, at least absent a showing of particularized guarantees of trustworthiness.”.

 

Es preciso indicar, antes de continuar con la reseña de Crawford, que ninguno de los dos (2) casos objeto de este artículo invalidó dos (2) normas preexistentes del derecho a la confrontación.  La primera es que la Cláusula de Confrontación federal no prohíbe la admisibilidad de declaraciones ofrecidas para propósitos distintos a establecer la verdad de lo aseverado. Tennessee vs. Street, 471 U.S. 409, 105 S.Ct. 2078, 85 L.Ed.2d 425 (1985)(citado con aprobación en la nota al calce nueve (9) de Crawford).  La segunda norma que no sufrió cambios es que el derecho a la confrontación no prohíbe la admisión de declaraciones anteriores de un testigo que está disponible para contrainterrogatorio en la vista. California vs. Green, 399 U.S. 149 (1970)(citado también con aprobación en la nota al calce nueve (9) de Crawford).  Esta segunda norma aplica incluso si el testigo no recuerda haber hecho la declaración anterior, o no se acuerda del evento, U.S. vs. Owens, 484 U.S. 554 (1988) o si el testigo niega haber hecho la declaración anterior. Nelson vs. O´Neil, 402 U.S. 622 (1971).  Véase además Michael Henderson, Confronting Crawford and Davis -- What do they mean?, 49 NOV Advocate (Idaho) 34 (2006).[4]

           

En Crawford, el Tribunal Supremo federal no fue preciso en la definición de qué constituye una declaración testimonial, aunque indicó que había algunas declaraciones que debían considerarse testimoniales bajo cualquier posible definición que se formulara, como por ejemplo, declaraciones a la policía en el curso de interrogatorios, testimonios ex parte en corte o su equivalente práctico, materiales extrajudiciales en documentos formales confeccionados para recoger testimonio, y declaraciones hechas en circunstancias que una persona objetiva creería que su declaración se podría utilizar en el juicio. Crawford, supra, a las págs. 51-52.  Las expresiones del Tribunal Supremo en las páginas citadas, y en lo pertinente, fueron:

 

“Various formulations of this core class of “testimonial” statements exist: “ex parte in-court testimony or its functional equivalent---that is, material such as affidavits, custodial examinations, prior testimony that the defendant was unable to cross-examine, or similar pretrial statements that declarants would reasonably expect to be used prosecutorially,” Brief for Petitioner 23; “extrajudicial statements ··· contained in formalized testimonial materials, such as affidavits, depositions, prior testimony, or confessions,” White v. Illinois, 502 U.S. 346, 365, 112 S.Ct. 736, 116 L.Ed.2d 848 (1992) (THOMAS, J., joined by SCALIA, J., concurring in part and concurring in judgment); “statements that were made under circumstances which would lead an objective witness reasonably to believe that the statement would be available for use at a later trial,” Brief for National Association of Criminal Defense Lawyers et al. as Amici Curiae 3. These formulations all share a common nucleus and then define the Clause's coverage at various levels of abstraction around it. Regardless of the precise articulation, some statements qualify under any definition-for example, ex parte testimony at a preliminary hearing.”

 

Es importante destacar que Davis y Crawford sugieren que cuando una declaración se considere no testimonial, su admisibilidad no estará sujeta a la Cláusula de Confrontación federal.  Es por eso que se ha comentado que el derecho de confrontación para declaraciones no testimoniales ha fallecido por completo. Lininger, supra, pág. 280.  No obstante, la admisibilidad de declaraciones no testimoniales sigue estando sujeta a las limitaciones de la Constitución, o de las reglas de evidencia sobre prueba de referencia de la jurisdicción estatal; fuentes jurídicas que pueden muy bien ofrecer mayor protección que la Sexta Enmienda de la Constitución federal. Véase, por ejemplo, a Davis, supra, a la pág. 2273 (“It is the testimonial character of the statement that separates it from other hearsay that, while subject to traditional limitations upon hearsay evidence, is not subject to the Confrontation Clause.”)(énfasis nuestro). 

 

Entiéndase, una declaración puede ser admisible bajo la Cláusula de Confrontación federal pero no serlo bajo las normas del estado o, por el contrario, no ser admisible bajo la Cláusula de Confrontación federal, aunque hubiese sido admisible bajo las normas evidenciarias de la jurisdicción pertinente.  En cuanto a esa realidad jurídica, el Tribunal Supremo federal ha indicado lo siguiente:

 

While it may readily be conceded that hearsay rules and the Confrontation Clause are generally designed to protect similar values, it is quite a different thing to suggest that the overlap is complete and that the Confrontation Clause is nothing more or less than a codification of the rules of hearsay and their exceptions as they existed historically at common law.  Our decisions have never established such a congruence; indeed, we have more than once found a violation of confrontation values even though the statements in issue were admitted under an arguably recognized hearsay exception.  See Barber v. Page, 390 U.S. 719, 88 S.Ct. 1318, 20 L.Ed.2d 255 (1968); Pointer v. Texas, 380 U.S. 400, 85 S.Ct. 1065, 13 L.Ed.2d 923 (1965).  The converse is equally true: merely because evidence is admitted in violation of a long-established hearsay rule does not lead to the automatic conclusion that confrontation rights have been denied.

           

Green, supra, 399 U.S. a la pags. 155-56.  Véase además a Crawford,          supra, a las págs. 50-51.

 

            Aclarado lo anterior, pasamos a comentar a Davis, donde el Tribunal Supremo federal brindó una definición más precisa de lo que era una declaración testimonial.  En dicho caso, el Tribunal Supremo distinguió entre las declaraciones testimoniales y las no testimoniales con el siguiente lenguaje:

 

Without attempting to produce an exhaustive classification of all conceivable statements—or even all conceivable statements in response to police interrogation—as either testimonial or nontestimonial, it suffices to decide the present cases to hold as follows:  Statements are nontestimonial when made in the course of police interrogation under circumstances objectively indicating that the primary purpose of the interrogation is to enable police assistance to meet an ongoing emergency.   They are testimonial when the circumstances objectively indicate that there is no such ongoing emergency, and that the primary purpose of the interrogation is to establish or prove past events potentially relevant to later criminal prosecution.

 

Davis, supra, a las págs. 2273-74

 

            El Tribunal Supremo federal aclaró que la definición citada, aunque se refiere a “interrogatorios”, no debe entenderse que cuando no medie un interrogatorio, automáticamente la declaración será no testimonial y, por consiguiente, no sujeta a la Sexta Enmienda.  Aclara, además, que aún si hay un interrogatorio, la declaración podría ser no testimonial puesto que lo que la Cláusula de Confrontación exige que los tribunales evalúen es la declaración, y no las preguntas hechas para generarla. Davis, supra, a la pág. 2274, nota al calce uno (1).         

 

En Davis, como se explicó, se trataba de dos casos consolidados---Davis vs. Washington y Hammond vs. Indiana.  Las expresiones del Tribunal Supremo norteamericano en ambos casos consolidados fue en el contexto de incidentes de violencia doméstica.  En uno de los casos (el de Washington) la declaración se consideró no testimonial mientras que en el otro (el de Indiana) la declaración se consideró testimonial.

 

            El caso de Washington giraba alrededor de una declaración hecha durante la llamada de una víctima de violencia doméstica al sistema 911.  La declarante era la ex novia del acusado, y no estuvo disponible para el juicio.  La declaración anterior de ella identificaba al acusado, y  fue admitida en evidencia.  Un jurado rindió veredicto de culpabilidad por los delitos imputados.  El Tribunal Supremo de E.E.U.U. aplicó la norma discutida en este artículo y resolvió que la declaración era no testimonial y, por consiguiente, no sujeta a los rigores de la Cláusula de Confrontación federal.  En consecuencia, se confirmó la convicción sostenida por los tribunales estatales.  La conclusión del Tribunal Supremo de que la declaración era no testimonial se basó principalmente en el hecho de que la declarante, al expresarse, buscaba ayuda durante una emergencia, describía eventos según estaban ocurriendo y las preguntas del operador del sistema 911 fueron dirigidas principalmente a proveer asistencia durante la emergencia, y no a investigar hechos pasados para un posible proceso criminal futuro.  Davis, supra, a las págs. 2276-77.

 

            Por otro lado, en el caso de Indiana, la declarante—también una presunta víctima de violencia doméstica, y esposa del acusado—informó lo que había ocurrido a unos agentes de la policía que habían llegado y asegurado la escena, y que la interrogaban.  A solicitud de los agentes, ella redactó en su puño y letra una affidávit (“a battery affidavit”) en la escena.  La declarante no estuvo disponible para el juicio por tribunal de derecho, pero su declaración se admitió como una declaración por espontánea  excitación bajo las reglas de evidencia de Indiana.  El foro estatal emitió un fallo de culpabilidad, confirmado por los tribunales apelativos del estado.

 

El Tribunal Supremo revocó la convicción y resolvió que la declaración era testimonial bajo Crawford ya que el interrogatorio de los agentes y la declaración se dirigían principalmente a determinar hechos pasados para un posible procedimiento criminal futuro, en lugar de al manejo de una emergencia en proceso.  Por tanto, la declaración era inadmisible a base de la Sexta Enmienda puesto que, aunque se cumplió el requisito de que la testigo no estaba disponible en el juicio, el acusado no tuvo oportunidad previa de contrainterrogar a la declarante. Davis, supra, a las págs. 2278-79.

 

            Desde luego, la norma constitucional resumida en este artículo aplica en todos los casos criminales, incluyendo los de violencia doméstica.  Después de todo, la Cláusula de Confrontación aplica “[i]n all criminal prosecutions…”.  De hecho, la nueva metodología se ha aplicado hasta el momento en una variedad de contextos y a distintos tipos de declaraciones.  Véase, por ejemplo, a People v. Pedroza, ____ Cal.App.4th ____ (Tribunal Apelativo de California)(13 feb. 2007) (se consideraron no testimoniales, en caso de asesinato, expresiones de víctima a la policía en la escena del crimen cuando la emergencia aun estaba en proceso), State vs. Ayer, ____A.2d ___ (2006), 2006 WL 3511787 (Corte Suprema de New Hampshire)(declaración de esposa de imputado se consideró no testimonial, en relación asesinato de un tercero, porque las preguntas de los agentes a la declarante no disponible iban principalmente dirigidas a manejar una emergencia en proceso), Reile vs. Colorado, _____P.3d _____, 2006 WL 3350809 (Corte Suprema de Colorado)(expresiones de testigo no disponible, en caso de escalamiento y otros delitos, eran testimoniales ya que objetivamente no había emergencia en proceso y la declarante narraba hechos pasados), U.S. vs. Ellis, 460 F.3d 920 (7mo.Cir.2006)(en caso de posesión ilegal de armas, el tribunal consideró no testimoniales expresiones en récords de negocios, específicamente récords médicos y su certificación), U.S. vs. Billingslea, 2006 WL 3201100 (11vo.Cir.Fla.2006)(en caso de robo se consideró testimonial una declaración de un testigo no disponible en la que dicho testigo había identificado al imputado luego de examinar varias fotos que le presentó un agente al declarante cuando se investigaba el caso), y Porterfield vs. Alaska, 145 P.3d 613 (Tribunal Apelativo de Alaska 2006)(declaración de esposa de imputado a persona que la esposa creía ser su amiga, quien realmente era informante de la policía, se consideró no testimonial; el caso era uno por asesinato de un tercero).

 

            Como es de esperarse, la norma anunciada en Davis, aunque reciente, ya ha recibido críticas. Una de éstas es que la protección para declaraciones “testimoniales” es demasiado fuerte, mientras que la de declaraciones “no testimoniales” es muy débil. Lininger, supra, a la pág. 274 (“Some argued that Davis created a lamentable asymmetry in confrontation law: the right to confront declarants of testimonial hearsay was now too strong, while the right to confront declarants of nontestimonial hearsay was now too weak”).   De hecho, en el artículo citado el autor recomienda acción legislativa para atender ese y otros efectos de los pronunciamientos del Tribunal Supremo en Davis y Crawford, particularmente en cuanto a declaraciones no testimoniales.  Sus recomendaciones incluyen regular parcialmente por ley el derecho a la confrontación y asuntos relacionados (e.g., enmiendas a varias reglas de evidencia), y el establecimiento de protocolos para agentes del orden público y los funcionarios que manejan las llamadas a los sistemas de emergencia a la luz de la norma constitucional modificada en esos dos (2) casos. Id., a la págs. 299-326.

 

            Se ha observado también que son numerosas las preguntas que afloran luego de Davis y Crawford, como por ejemplo, ¿cómo se identifica cuál es el propósito primario (“primary purpose”) de las preguntas de los agentes? y ¿qué es una emergencia en proceso (“an ongoing emergency”)? y ¿cuándo termina la misma de manera que las expresiones presuntamente no testimoniales se conviertan en testimoniales desde el momento que objetivamente se disipa la emergencia? Ann Hetherwick Pumphrey, Admissibility of Hearsay Statements to Police: Davis v. Washington and Hammond v. Indiana, 50 Dec. Boston Bar Journal 17, 18-19 (2006).  Por esa misma línea, se cuestiona hasta qué nivel la policía puede manipular el análisis legal de Davis al exagerar la emergencia o su duración, y cuáles preguntas de un operador de 911 son tan poco relacionadas a la emergencia que las respuestas se puedan considerar testimoniales. Lininger, supra, 85 Tex.L.Rev. a la pág. 280.    

 

            Además se ha comentado que el tipo de caso más impactado por estos cambios doctrinales son los de violencia doméstica.  Esto debido a que las víctimas de estos delitos son más propensas a retractarse que las víctimas de otros delitos, o frecuentemente tienden a no testificar más adelante en el procedimiento. Id., a las págs. 281-285.  Sin embargo, el Tribunal Supremo federal expresamente rechazó en Davis que la norma del caso debía ser más flexible en casos de violencia doméstica. 

 

El Tribunal Supremo de E.E.U.U. respondió al argumento de flexibilidad en casos de violencia doméstica que las garantías constitucionales no deben debilitarse cuando tengan el efecto de liberar a un culpable.  Indicó también que en esos casos los tribunales tienen el mecanismo de coartar el derecho a la confrontación si la ausencia del testigo se deriva de la mala conducta del imputado. Davis, 126 S.Ct. a la pág. 2280.  Las expresiones  pertinentes del Tribunal Supremo las citamos en su totalidad: 

 

Respondents in both cases, joined by a number of their amici, contend that the nature of the offenses charged in these two cases---domestic violence---requires greater flexibility in the use of testimonial evidence. This particular type of crime is notoriously susceptible to intimidation or coercion of the victim to ensure that she does not testify at trial.  When this occurs, the Confrontation Clause gives the criminal a windfall. We may not, however, vitiate constitutional guarantees when they have the effect of allowing the guilty to go free.   Cf. Kyllo v. United States, 533 U.S. 27, 121 S.Ct. 2038, 150 L.Ed.2d 94 (2001).  But when defendants seek to undermine the judicial process by procuring or coercing silence from witnesses and victims, the Sixth Amendment does not require courts to acquiesce. While defendants have no duty to assist the State in proving their guilt, they do have the duty to refrain from acting in ways that destroy the integrity of the criminal-trial system.   We reiterate what we said in Crawford:  that “the rule of forfeiture by wrongdoing ... extinguishes confrontation claims on essentially equitable grounds.”  541 U.S., at 62, 124 S.Ct. 1354 (citing Reynolds, 98 U.S., at 158-159).  That is, one who obtains the absence of a witness by wrongdoing forfeits the constitutional right to confrontation.

 

            Para cerrar nuestra reseña, dejamos planteado si el impacto de la norma de Crawford y Davis en nuestros procedimientos criminales debe reflejarse no sólo en la etapa crucial de juicio, sino también en la etapa de vista preliminar.   La respuesta luce como que debería ser de ordinario en la afirmativa puesto que el estándar pertinente en nuestra jurisdicción para determinar causa en una vista preliminar es que se debe presentar prueba admisible en juicio que establezca la probabilidad de que se cometió el delito y que el imputado fue quien lo cometió. Pueblo vs. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656 (1997), Pueblo vs. Pillot Rentas, 2006 T.S.P.R. 189, y Pueblo vs. Sierra Figueroa, 2002 T.S.P.R. 101 (Opinión Disidente del presente Juez Presidente Hernández Denton).  Por tanto, se puede razonar, por ejemplo, que si una declaración anterior es evidentemente inadmisible bajo la Cláusula de Confrontación (e.g., es claramente testimonial, el declarante no está disponible y no hubo oportunidad previa de contrainterrogarlo), y esa es la única base del Ministerio Público para tratar de establecer uno o varios de los elementos del delito, o la conexión del imputado con el delito en una vista preliminar, una determinación de causa probable en tales circunstancias podría ser incompatible con el estándar mencionado aplicable a las vistas preliminares.