Revista Jurídica de LexJuris de Puerto Rico

Volumen 10 Febrero 2007 Núm. 1

La Reforma Penal de 2004; ¿reforma inconclusa?

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Por: Abelardo Bermúdez Torres*

I.   Introducción

Orientada y dirigida por reputados y eruditos estudiosos de la materia y en respuesta a la dura crítica y creciente insatisfacción ciudadana, el 1ro de marzo de 2001[1] la Asamblea Legislativa de Puerto Rico retomó esfuerzos para reformular nuestro ordenamiento jurídico penal.[2]  Culminaron dichos esfuerzos en la aprobación del Nuevo Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004. Su vigencia, salvo escasas y específicas excepciones[3] fue efectiva el 1ro de mayo del año en curso.

La aludida reforma penal no podía limitarse ni se limitó a la aprobación de un nuevo estatuto derogatorio del anterior Código de 1974,[4] sino que exigió adecuarlo a numerosa legislación especial de naturaleza penal, que junto al Nuevo Código constituyen nuestro sistema de justicia criminal.  El inmenso trabajo, dedicación y esmero de sus artífices, sin embargo, no fue suficiente para completar la reforma. Faltan leyes penales especiales por atemperar, cuya omisión atenta contra la consecución de los propósitos y postulados del nuevo ordenamiento penal.

En este análisis nos proponemos resaltar no sólo la necesidad de completar la reforma, sino su urgencia. Expondremos las áreas más importantes cuya atención inmediata es imprescindible, las razones para ello y las consecuencias de no brindarle la atención requerida.

II.    Razones y objetivos.

Entre las razones fundamentales y específicas para revisar el ahora derogado Código Penal se esgrimió que: 1) dicho cuerpo de normas estaba rezagado en cuanto a las condiciones y necesidades de este siglo; 2) adolecía de duplicidad, disparidad de penas y ausencia de proporción estructural entre las penas correspondientes a los distintos delitos, debido a la creación apresurada de tipos delictivos; y 3) las sanciones penales establecían trato desigual a las víctimas.  Prominentes juristas lo describieron como: “un remiendo jurídico producido por la incorporación de un gran número de disposiciones desarticuladas, tomadas de varios códigos y de la jurisprudencia e incorporadas sin un fin jurídico o criminológico previamente articulado.”[5] Helen Silving lo tildó de ser un Código que carecía de originalidad y creatividad.[6]

Entre los señalamientos contra el estatuto entonces vigente, sobresalieron que las penas no se cumplían en realidad ni guardaban proporción con la severidad relativa del delito.  Aunque el anterior Código era revisado y enmendado[7] constantemente para, entre otras cosas, añadir nuevos delitos y tipos de penas (así como aumentarlas), paradójica y contradictoriamente se mantenían vigentes legislaciones complementarias en cuanto a la ejecución de dichas penas que menoscababan el aparente agravamiento de éstas.  Ejemplos son las legislaciones que concedían bonificaciones automáticas significativas a las penas de reclusión y simultáneamente, permitían que los confinados fueran considerados para libertad bajo palabra al cumplir la mitad de la sentencia ya bonificada.

Según consignado en su Exposición de Motivos,[8] con su aprobación se buscó articular las normas delictivas y de adjudicación de responsabilidad penal utilizando un lenguaje y una relación precisa y consistente que propiciase eliminar lagunas, dudas y potenciales conflictos de interpretación.  Es su máxima aspiración, la prevención individual de la comisión de delitos mediante la reinserción social del confinado una vez alcanza su rehabilitación y, además, la prevención general mediante la afirmación de nuestros valores.   

Para lograr estos objetivos se introdujeron varios cambios fundamentales.  Ello, cónsono con la doctrina científica de que el Código debe tener normas precisas y consistentes para determinar el grado y magnitud del castigo sin que fuere percibido como injusto por la sociedad[9] y que las penas sean proporcionadas al delito según la importancia social del hecho.[10]  Su objetivo es propiciar la rehabilitación del convicto dentro y fuera de la prisión.  Al respecto, destacamos las disposiciones introducidas por el nuevo modelo de penas cuya base filosófica responde al nuevo y bien acogido paradigma de justicia terapéutica y restaurativa.

El Artículo 4 expone el principio de que la pena o medida de seguridad sea proporcional a la gravedad del hecho delictivo, necesaria y adecuada para lograr los propósitos consignados en el Nuevo Código y, no atente contra la dignidad humana.  Según el Artículo 49, los propósitos de la imposición de la pena son prevenir delitos y proteger la sociedad; imponer castigo justo al autor en proporción a la gravedad del delito y a su responsabilidad; proveerle rehabilitación moral y social al delincuente; y hacerles justicia a las víctimas. 

Como parte de este nuevo modelo de penas, aunque los delitos se mantienen igualmente clasificados como graves y menos graves, los delitos graves que conllevan una pena mayor de seis (6) meses se dividen en cuatro (4) tipos de grados.[11]  Los graves de primer grado conllevan pena de reclusión de noventa y nueve (99) años. Los convictos por delito grave de segundo grado severo cumplirán entre un mínimo de quince (15) años y un (1) día y un máximo de veinticinco (25) años.  Los delitos bajo la clasificación de segundo grado conllevan pena de reclusión entre ocho (8) años y un (1) día hasta quince (15) años.  Aquellos delitos por cuya convicción tendría que cumplirse desde tres (3) años y un (1) día hasta ocho (8) años, se clasifican como graves de tercer grado. Finalmente, la pena correspondiente a los delitos de cuarto grado es de seis (6) meses y un (1) día hasta tres (3) años.[12]  Este nuevo esquema busca simplificar el sistema de clasificación de delitos y penas y atender las valoraciones ciudadanas de la conducta delictiva.[13]

La pena agregada como parte de un nuevo concurso real de delito, es otro de los cambios significativos introducidos a través del Artículo 79.  Este nuevo diseño, que incorpora el concurso procesal de delitos[14], consiste en la imposición de una pena agregada cuando la persona sea juzgada simultáneamente por la comisión o realización de varios delitos, cada uno de los cuales conlleva su propia pena.[15] Cuando uno de los delitos conlleve pena de reclusión de noventa y nueve (99) años, ésta absorberá las demás, pero si más de uno de los delitos conlleva reclusión por noventa y nueve (99) años, se impondrá una pena de noventa y nueve (99) años más su veinte por ciento (20%) por cada víctima.  Según el estatuto, en los demás casos, se impondrá una pena para cada delito y se sumarán, no pudiendo exceder la pena agregada del veinte por ciento (20%) del límite máximo del intervalo de pena para el delito más grave.

A manera de ilustración, convicta una persona por asesinato en segundo grado -delito grave de segundo grado severo con pena de quince (15) años y un (1) día a veinticinco (25) años de cárcel-, y secuestro -delito grave de segundo grado con pena de ocho (8) años y un (1) día a quince (15) años de reclusión-, y sentenciada a veinte (20) años por el primero y doce (12) años por el segundo, la pena máxima a imponer por ambos delitos en virtud del Artículo 79 sería de treinta (30) años.  Esto, porque aunque ambas penas suman treinta y dos (32) años, la pena agregada máxima no puede exceder del veinte por ciento (20%) del límite máximo del intervalo de pena para el delito más grave. Dicho límite máximo es de treinta (30) años, al sumarse la pena máxima –veinticinco (25) años a su veinte por ciento (20%) –cinco (5) años. Iguales principios rigen la imposición de una sentencia en la que concurren delitos del Nuevo Código y/o una ley especial debidamente atemperada a la reforma.[16]

Vista aisladamente esta nueva estructura clasificatoria de delitos, da la impresión de haber reducido significativamente los términos de las penas para diversas conductas delictivas.  Sin embargo, lo cierto es que enmiendas a las leyes especiales atinentes a la forma de cumplir las sentencias redundan en el más real cumplimiento de los términos de reclusión impuestos.  Entre ellas y para efectos de nuestro análisis, destacamos la Ley Orgánica de la Administración de Corrección (L.O.A.C.);[17] la Ley Orgánica de la Junta de Libertad bajo Palabra (L.B.P.);[18] y la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba.[19]  Elaboremos.

A- Ley Orgánica de la Administración Corrección. (L.O.A.C.)

El Artículo 10-A de la Ley Orgánica de la Administración de Corrección,[20] redefinió cuáles personas no son elegibles para los programas que ofrece la Administración de Corrección.  A partir del 1ro de mayo de 2005, no son elegibles para participar en los programas de desvío o tratamiento y rehabilitación ni el Programa de Hogares de Adaptación Social, los convictos que cumplan sentencia por asesinato, violación, incesto, sodomía o actos lascivos o impúdicos contra un menor, Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas[21] y por violación a la Ley de Explosivos de Puerto Rico.[22]  Tampoco los convictos y sentenciados antes de la vigencia del Nuevo Código Penal por la comisión de cualquier delito grave distinto a los anteriormente mencionados, a menos que hayan cumplido por lo menos un veinte por ciento (20%) de la sentencia de reclusión en una institución correccional, excluyendo toda clase de bonificaciones y además que el Administrador del Departamento de Corrección determine que no representa amenaza para la comunidad.  También quedan excluidos de estos beneficios aquellos convictos a los que se le hubiese hecho determinación de reincidencia agravada o habitual.  Tampoco disfrutarán estos beneficios, sentenciados a pena de cárcel por delito grave en todos sus grados o en reincidencia en todos sus grados bajo el Nuevo Código Penal.[23] 

Otro de los cambios más dramáticos respecto al cómputo y ejecución de las penas, lo encontramos en el Artículo 16 de L.O.A.C.,[24] dispositivo del sistema de rebaja de términos de sentencias.  Antes de ser enmendado por la Ley Núm. 315 de 15 de septiembre de 2004, este Artículo 16, concedía a los sentenciados por un término no mayor de quince (15) años, una bonificación automática por buena conducta y asiduidad de doce (12) días en cada mes.  Por lo tanto, la persona cumplía sólo un cincuenta y siete por ciento (57%)  de la pena impuesta. A quienes cumplían más de quince (15) años se les bonificaba trece (13) días por cada mes.[25]  Es decir, el término se reducía automáticamente en un cuarenta por ciento (40%), y cumplían solamente sesenta por ciento (60%) de la pena.  La enmienda eliminó el beneficio de bonificaciones automáticas y excluye toda persona sentenciada a una pena de reclusión por delito después de la vigencia del Nuevo Código Penal; ahora cumplirán las penas en años naturales.

Igualmente significativo fue el cambio al Artículo 17 de L.O.A.C.[26]  Este establecía abonos por trabajo, estudio o servicios a razón de cinco (5) días por mes durante el primer año y siete (7) días por mes durante los años siguientes. De realizar labor agropecuaria, la bonificación consistía de siete (7) días durante el primer año y diez (10) días por mes durante los años siguientes. En claro contraste con estas generosas bonificaciones, bajo el nuevo estatuto las personas sentenciadas por hechos cometidos con posterioridad al 1ro de mayo de 2005, sólo serán acreedores a abonos a razón de un (1) día por mes si están empleados, estudian, prestan servicios a la institución penal o rinden servicios excepcionalmente meritorios o de suma importancia.

En suma, según el modelo de penas vigentes y nuevo modo de cumplir las sentencias, el año es de trescientos sesenta y cinco (365) o trescientos sesenta y seis (366) días, con posibilidad de bonificar hasta un máximo de doce (12) días anuales por razones de estudio, trabajo o servicios excepcionalmente meritorios.

B. Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

La Ley Núm. 316 de 15 de septiembre de 2004 enmendó la Ley Orgánica de la Junta de Libertad bajo Palabra (L.B.P.), para conformarla a las disposiciones del Nuevo Código Penal. Su Artículo 3 inciso (a) autoriza a la Junta “decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico que ha sido convicta conforme a la clasificación de gravedad del delito y a las condiciones para su concesión que establece el Nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  Antes de enmendarse, el estatuto exigía el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta, claro está, luego de las debidas deducciones adjudicadas por razón de las bonificaciones automáticas o por estudio, trabajo o servicios meritorios, establecidas en L.O.A.C. Ahora se aplica por ciento mínimo, de acuerdo el grado de severidad del delito, según el nuevo sistema de penas. De modo que la persona convicta por delito grave de primer grado o a quien se le determine reincidencia habitual podrá ser considerada para libertad bajo palabra al cumplir veinticinco (25) años naturales de su sentencia.  Los menores procesados y sentenciados como adultos tendrán que cumplir un mínimo de diez (10) años.  Los convictos por delito grave de segundo grado podrán considerarse para el beneficio al cumplir un ochenta por ciento (80%) de la pena impuesta.[27]  Finalmente, los convictos por infracciones clasificadas tercer y cuarto grado, tienen que cumplir sesenta por ciento (60%) y cincuenta por ciento (50%) de la pena impuesta, respectivamente, para que puedan ser considerados por la Junta.

C. Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba.

Otra ley atemperada al nuevo ordenamiento penal es la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba.  Esta permite suspender los efectos de la sentencia de cárcel en todo caso de delito grave o menos grave que no esté clasificado como grave de primer o segundo grado,[28] incluso su tentativa o cooperación.  De igual forma, no podrá suspenderse los efectos de una sentencia de cárcel a persona convicta y sentenciada, por la comisión, tentativa o cooperación de los delitos de actos lascivos, cuya víctima sea menor de catorce (14) años, secuestro, escalamiento, robo, estrago, homicidio negligente, soborno, oferta de soborno, apropiación ilegal de propiedad o fondos públicos, enriquecimiento injustificado y malversación de fondos públicos. Excluye del beneficio además, las infracciones a los Artículos 5.01, 5.02, 5.08, 5.09 y 5.10 de la Ley de Armas de Puerto Rico,[29] así como todo delito grave para cuya comisión la persona utilizó o intentó utilizar un arma de fuego.  Los convictos de delitos graves como consecuencia de la posesión o uso ilegal de explosivos o sustancias para fabricar explosivos, según la Ley de Explosivos,[30] tampoco podrán beneficiarse con sentencia suspendida y libertad a prueba.  Por último, esta Ley niega suspender los efectos de la sentencia de reclusión a convictos por infracción a los Artículos 401, 405, 411, 411a de la Ley de Sustancias Controladas.[31]

A modo de recapitulación, luego del 1ro de mayo de 2005 a los sentenciados bajo el Nuevo Código Penal o una ley especial atemperada, se les aplicarán las penas según el grado del delito por el que resultaron convictas, pudiendo ser éstas de reclusión o alternativa a la reclusión en caso de los delitos graves.  En cambio, los que cumplen sentencia bajo el Código Penal anterior o una ley penal especial, no le aplican las disposiciones del Nuevo Código Penal y tienen derecho a las bonificaciones por buena conducta y a los desvíos según disponían los Artículos 10-A, 16 y 17 de la L.O.A.C., al momento de los hechos delictivos.[32]

Si la convicción se produce por varios delitos como parte de un mismo hecho, se le impondrá pena agregada. (Artículos 78 y 79 del Nuevo Código).  Dicha pena será cumplida en años naturales al no aplicarles la bonificación por buena conducta del extinto Artículo 16 de la L.O.A.C.  La bonificación a la que pudieran tener derecho es la que se concede en virtud de estudio y trabajo a base de un (1) día por mes de acuerdo al nuevo Artículo 17 de la L.O.A.C.  Los programas de desvío del Artículo 10-A de la L.O.A.C. tampoco son aplicables y podrían obtener su libertad bajo palabra al cumplir el por ciento mínimo establecido según el grado de severidad del delito.

III. Lo inconcluso

La necesidad de enmendar las leyes que aun no han sido atemperadas al nuevo enfoque de imposición y ejecución de penas se evidencia precisamente en la imposición de las penas.[33] El terrible impacto de las enmiendas a las leyes complementarias anteriormente discutidas puede apreciarse al evaluar la imposición de sentencias bajo leyes penales especiales aun sin conformar al nuevo sistema.  Subsiste un inquietante desfase entre los objetivos de la reforma y las sentencias impuestas bajo éstas, por delitos cometidos después del 1ro de mayo de 2005.

Susceptible de conocimiento judicial es el hecho de que la gran mayoría de convicciones en el país ocurren por violación a leyes penales de carácter especial, tales como la Ley de Armas y Sustancias Controladas o delitos relacionados a ellas. Como muestra de ello, a base de experiencia propia, en la Región Judicial de Guayama, de un total de dos mil cuatrocientos treinta y seis (2,436) casos radicados desde enero de este año al presente, mil ciento noventa y nueve (1,199) o un cuarenta y nueve por ciento (49%), son violaciones a distintas leyes penales especiales. De estos, quinientos veintinueve (529) son violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, es decir un veintidós por ciento (22%), y ciento ochenta y uno (181)  infracciones a la Ley de Armas, es decir, un siete por ciento (7%).  

No hay dudas que el incremento en las penas de los delitos tipificados en estas dos leyes respondió a una realidad social y jurídica distinta a la presente.[34]  Su actual aplicación se aparta de los postulados de la nueva reforma, en la medida que el cumplimiento real de sus penas, a nuestro juicio, podría ser incompatible con el principio de proporcionalidad y sanción penal del nuevo estatuto.

Esa posibilidad podría darse, primero, porque el Nuevo Código Penal establece en su Artículo 11, que “[l]los principios contenidos [en su] Parte General […] aplican a la conducta regulada por otras leyes penales, salvo que estas dispongan lo contrario”.  Uno de esos principios generales contenidos en el Artículo 66 establece penas de reclusión en años naturales según corresponda a la clasificación de gravedad del delito.   Segundo, notamos que el Artículo 16 de L.O.A.C., sobre bonificaciones automáticas, no le aplica. Sólo aplica la bonificación de un (1) día por mes, estatuida en el Artículo 17.  Tercero, el disfrute de los beneficios dispuestos en el Artículo 10-A, depende de si el delito está o no excluido.  Finalmente, en cuanto a la posibilidad de libertad bajo palabra, la base será lo dispuesto para la sentencia determinada –cincuenta por ciento (50%)-, de no estar excluido el delito.

         El Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, por ejemplo, en el caso de la distribución o posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada clasificada I y II, contempla una pena fija de reclusión de veinte (20) años, con posibilidad de ser aumentada hasta treinta (30) años de mediar circunstancias agravantes. En casos de reincidencia, la reclusión fija sería de treinta y cinco (35) años, pudiéndose aumentar hasta cincuenta (50) años de haber agravantes.

Si al momento de dictar sentencia e imponer la pena concurriesen delitos bajo este Artículo y delitos de cuarto grado bajo el Código Penal, la sentencia sería mixta, con una posible pena máxima de tres (3) años por infracción al delito de cuarto grado del Código Penal, consecutiva o concurrente, según sea interpretada y aplicada la Regla 179 de Procedimiento Criminal, con la pena de treinta (30) años por infracción al Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas. Dichas penas serían cumplidas en años naturales, con derecho a bonificar sólo a razón de un (1) día por mes si trabaja, estudia o por servicios excepcionalmente meritorios. Tampoco tendría derecho a libertad bajo palabra ni desvío por ser un delito de los excluidos por la Ley de Libertad Bajo Palabra.

La comisión de estos mismos hechos antes del 1ro de mayo de 2005, impuestas las mismas penas de reclusión,  permitía bonificación automática de un cuarenta por ciento (40%) de la pena, más una bonificación de hasta siete (7) días por mes durante el primer año y hasta diez (10) días por mes durante los años siguientes, de realizar labor agropecuaria. La diferencia en el cómputo de la pena a ser cumplida es patentemente distante de los postulados del nuevo modelo y enfoque de penas bajo el Código Penal vigente.

El cuadro se complica aun más si concurriesen violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, según enmendada por la Ley Núm. 137  de 3 de junio de 2004. Esta Ley añadió el Artículo 7.03 para disponer que todas las penas de reclusión que se impongan por infracción a sus tipos delictivos sean cumplidas consecutivamente entre sí y con cualquiera otra impuesta bajo cualquier otra ley.  Enmendó además, una gama de delitos para impedir que sus infractores se beneficien del derecho a sentencia suspendida, libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún programa de desvío o alternativa a la reclusión reconocida en esta jurisdicción.

El real cumplimiento de tan elevadas penas no está a tono con los principios de sanción penal (Artículo 4), que repetimos, exige entre otras cosas, que la pena o la medida de seguridad a imponerse sea proporcional a la gravedad del hecho delictivo y adecuada para lograr el propósito de rehabilitación consignado en el Código sin atentar contra la dignidad humana. Riñe además con la Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación. No atemperar prioritaria y urgentemente estas leyes, obra en detrimento de la consecución de dichos postulados.