Revista Jurídica de LexJuris de Puerto Rico

Volumen 13 Noviembre 2008 Núm. 2

CONTROVERSIAS PENDIENTES SOBRE PROCEDIMIENTO CRIMINAL ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO FEDERAL PARA EL TÉRMINO DE OCTUBRE DE 2008

Por: Enrique Silva Avilés[1]

 

         En este artículo reseñamos algunas de las controversias de Procedimiento Criminal pendientes ante el Tribunal Supremo federal en este término de octubre de 2008, y que tienen argumentación oral próximamente, excepto una que tuvo su argumentación oral antes de la publicación del artículo.  De hecho, de los asuntos en calendario para argumentación oral, al momento de la preparación de éste artículo (noviembre de 2008), hay al menos veinte (20) recursos pendientes que tocan materias de índole penal, sean ya sustantivas o procesales.  En este artículo reseñamos sólo seis (6) de esos recursos.

         El primero de los casos que interesamos comentar es Vermont v. Brillon, Núm. 08-88, donde la controversia es si atrasos en el caso causados por un abogado de oficio (atrasos no causados por el Estado) de un imputado indigente priva a éste de su derecho a un juicio rápido (“[w]hether delays caused by a public defender can deprive a criminal defendant of his right to a speedy trial.”).  La argumentación oral de este caso está señalada para el 13 de enero de 2009.

En este caso al señor Brillon se le presentaron cargos de violencia doméstica en Vermont por hechos ocurridos en el año 2001.  Debido a convicciones previas, éste se exponía, en el peor de los casos, a una sentencia de por vida.  El juicio fue celebrado ante jurado tres (3) años después de que se le presentaron los cargos, y el imputado fue declarado culpable.

Por diversas razones, el imputado tuvo distintos abogados a través del proceso.  Algunas de las razones para los cambios de representación legal fueron conflictos de interés de los abogados, otro de los abogados fue despedido por el propio imputado, y otro letrado renunció luego que el imputado lo amenazó.  Durante el tiempo que el caso estuvo pendiente para juicio, el imputado estuvo detenido sin fianza.  El Tribunal Supremo estatal desestimó el caso con perjuicio por una violación al derecho del imputado a un juicio rápido.[2] 

El Estado de Vermont presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, recurso que fue expedido el 1 de octubre de 2008.  El Estado de Vermont argumenta en su petición de certiorari que la decisión del máximo foro estatal convierte treinta y seis (36) años de jurisprudencia en caos.  Además, argumenta que los abogados de oficio ahora tendrán un incentivo de atrasar los casos, con la esperanza de que los clientes en algún momento salgan libres por ese atraso. Petición de certiorari, pág. 1.

El Estado de Vermont también argumenta que la decisión tiene el efecto de proveer derechos más amplios a los imputados indigentes en comparación con los imputados que pueden pagar un abogado privado; esto, en la medida de que los atrasos causados por la representación legal de casos con abogados privados serán los únicos que se cargarán a la defensa para propósitos del derecho a un juicio rápido. 

De igual forma, Vermont argumenta que otro efecto de la decisión es que mientras los imputados indigentes tienen mayores derechos, esta decisión los pone en desventaja puesto que el Estado tiene que tratar cada solicitud de cambio de abogado, o de reseñalamiento de un caso, como un evento que puede ser atribuible al Estado para propósitos del derecho a juicio rápido; por lo tanto, continúa el argumento, los imputados indigentes están en peligro de ser forzados a enfrentar un juicio cuando su abogado todavía no está preparado, y con un abogado que bajo otras circunstancias quizás se le hubiese permitido retirarse del caso, mientras que los acusados que pueden pagar abogado privado no se exponen a estos riesgos.  Véase la pág. 14 de la Petición de certiorari.

         El próximo caso que comentamos es Kansas v. Ventris, Núm. 07-1356, cuya argumentación oral está señalada para el 21 de enero de 2009.  La controversia es si los Fiscales pueden usar una manifestación voluntaria del acusado – hecha en ausencia de una renuncia inteligente y voluntaria a su derecho a tener abogado – para impugnar un testigo, en vez de para usarlo en la presentación del caso principal de la fiscalía (“[w]hether prosecutors may use a defendant’s voluntary statement – made in the absence of a knowing and voluntary waiver of the right to counsel – to impeach a witness, as opposed to during its case-in-chief.”)

En este caso el señor Ventris fue acusado en los tribunales estatales de Kansas en relación a unos hechos donde alegadamente se robó y mató a una persona.  En el juicio, el señor Ventris, testificó.  La fiscalía, para refutar el testimonio en juicio del imputado, presentó el testimonio del señor Doser, quien fue un compañero de celda del imputado mientras el imputado estaba detenido esperando juicio. 

El gobierno reclutó al señor Doser para que estuviese pendiente en la celda a posibles expresiones incriminatorias del señor Ventris relacionadas al robo y al asesinato mencionado.  Es en ese contexto que surge la controversia sobre si las alegadas expresiones del imputado al señor Doser en la celda son admisibles para impugnar el testimonio en juicio del imputado, o si por el contrario, las mismas no se deben admitir para ningún propósito ya que las expresiones fueron emitidas sin una renuncia inteligente y voluntaria al derecho a tener representación legal, en violación de la Sexta Enmienda de la Constitución federal.

El Tribunal Supremo de Kansas dejó sin efecto las convicciones y, en lo pertinente al recurso ante el Tribunal Supremo, resolvió que el testimonio del señor Doser no podía ser admitido incluso para propósitos de impugnación, y aún en ausencia de cualquier prueba de que las expresiones del imputado al señor Doser fueron involuntarias.  Dicho foro indicó que una vez comienza un procedimiento criminal, las expresiones del imputado hechas a un agente del Estado o informante no son admisibles en el juicio para ningún propósito, incluyendo para impugnar el testimonio del propio acusado, si éste decide sentarse a testificar.

Cerramos la reseña de este caso con algunas expresiones del Estado de Kansas en su recurso de certiorari al Tribunal Supremo de Estados Unidos, las cuales ilustran su postura ante dicho foro: 

As a general constitutional rule, criminal defendants’ voluntary statements should be admissible for impeachment purposes. The Court in Sixth Amendment cases and criminal procedure decisions more generally has weighed the costs of excluding relevant probative evidence against the very real danger of effectively countenancing perjured testimony by excluding such evidence. See, e.g., Harris v. New York, 401 U.S. 222, 225 (1971) ("Every criminal defendant is privileged to testify in his own defense, or to refuse to do so. But that privilege cannot be construed to include the right to commit perjury."); Oregon v. Hass, 420 U.S. 714, 722.

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For more than fifty years, the Court has recognized the fundamental importance of discouraging perjury in order to protect the integrity of the judicial system and seek the truth, while at the same time protecting defendants’ constitutional rights. The Court typically has reconciled those twin objectives as follows: "It is one thing to say that the Government cannot make an affirmative use of evidence unlawfully obtained.  It is quite another to say that the defendant can turn the illegal method by which evidence in the Government’s possession was obtained to his own advantage, and provide himself with a shield against contradiction of his untruths." Walder v. United States, 347 U.S. 62, 65 (1954).

 

Petición de certiorari, págs. 18 a la 20.

 

         El próximo caso que reseñamos es Rivera v. Illinois, Núm. 07-9995. La controversia en dicho caso es en esencia si la denegación errónea del tribunal de una recusación perentoria del imputado, que tuvo el efecto de que el candidato a jurado objeto de la solicitud de recusación terminó sentado como jurado en el caso, requiere la revocación automática de la convicción (“[w]hether the erroneous denial of a criminal defendant’s peremptory challenge that resulted in the challenged juror being seated requires automatic reversal of a conviction because it undermines the trial structure for preserving the constitutional right to due process and an impartial jury.”).  Al momento de la preparación de este artículo este caso no tiene fecha específica de argumentación oral.

En el caso el abogado de defensa ejercitó una recusación perentoria en contra de la candidata a jurado, la señora Gómez, pero el tribunal, a iniciativa propia, cuestionó al abogado sobre las razones para recusarla. Luego que el abogado, bajo protesta, explicara al tribunal las razones para recusar perentoriamente a la candidata, el magistrado indicó en esencia que le preocupaba que la recusación perentoria tuviese motivaciones discriminatorias (el tribunal levantó su cuestionamiento a base de lo que se conoce en inglés como un “reverse-Batson rule”, en referencia a Batson v. Kentucky, 476 U.S. 79 (1986)), aunque nunca quedó del todo claro en el récord judicial si se trataba de una supuesta discriminación por raza o por género.  El juez finalmente no quedó convencido con las explicaciones de la defensa, por lo que no permitió la recusación perentoria por entender que su ejercicio era discriminatorio.

Después que el tribunal permitió, a petición del abogado de defensa, que éste hiciera unas preguntas adicionales en cámara a la candidata a jurado, el Juez volvió a denegar una nueva petición de la defensa de que la candidata fuese excusada perentoriamente.  Como consecuencia de esto, la candidata fue una de las jurados que juzgó el caso, incluso teniendo conocimiento que la defensa trató de removerla.  Además, la señora Gómez fue designada presidenta del jurado, el cual encontró culpable al imputado, y la sentencia impuesta fue de ochenta y cinco (85) años en prisión. 

El caso, en la segunda ocasión que llegó al Tribunal Supremo de Illinois, culminó en la confirmación de la convicción del imputado.  Al así resolver, el máximo foro estatal dispuso que fue un error del tribunal inferior no permitirle a la defensa recusar perentoriamente a la señora Gómez, pero que procedía confirmar la convicción de cualquier manera en la medida de que ese error jurídico no requería una revocación automática. 

La Corte Suprema de Illinois descansó en parte en la decisión de U.S. v. Martínez-Salazar, 528 U.S. 304 (2000)(a defendant’s exercise of peremptory challenges is not denied or impaired when the defendant chooses to use a peremptory challenge to remove a juror who should have been excused for cause), particularmente en la nota al calce cuatro (4) de dicho caso donde hay expresiones del Tribunal Supremo federal sobre si procede una revocación automática cuando se le limita a un imputado el uso de sus recusaciones perentorias.  El texto de esa nota al calce en Martínez-Salazar, supra, es el siguiente:

“Relying on language in Swain v. Alabama, 380 U.S. 202 (1965), as did the Court of Appeals in the decision below, Martinez-Salazar urges the Court to adopt a remedy of automatic reversal whenever a defendant’s right to a certain number of peremptory challenges is substantially impaired.  Brief for Respondent 29 (a “denial or impairment of the right [to exercise peremptory challenges] is reversible error without a showing of prejudice” ’) (quoting Swain, 380 U.S., at 219).  Because we find no impairment, we do not decide in this case what the appropriate remedy for a substantial impairment would be. We note, however, that the oft-quoted language in Swain was not only unnecessary to the decision in that case–because Swain did not address any claim that a defendant had been denied a peremptory challenge–but was founded on a series of our early cases decided long before the adoption of harmless-error review.”

 

Martinez-Salazar, 528 U.S. a la pág. 317, nota 4.

 

         El más alto foro de Illinois entendió que las expresiones en esa nota al calce sugerían que el Tribunal Supremo federal dejó sin efecto la norma de revocación automática en este tipo de controversia.  Con este lenguaje lo explicó la Corte Suprema de Illinois en su Opinión: 

Defendant argues that we should not find that the Martinez- Salazar footnote “impliedly overruled the automatic reversal rule.”  We see nothing “implied” in the language the Supreme Court employed. The Court undermined the validity of Swain’s automatic reversal rule on two fronts: it was dictum and the rule was espoused before the advent of harmless-error review. We believe the meaning of the Martinez-Salazar footnote is explicit.

 

Illinois v. Rivera, 227 Ill.2d 1, 26-27 (2007).

 

         El peticionario en su recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo federal argumenta que el error del foro primario justifica la revocación automática de la convicción, y que es por tanto incorrecto aplicar un estándar de revisión apelativa que simplemente persiga determinar si el error fue inofensivo (llamado en la jurisprudencia  “harmless-error review”), para entonces a base de ese estándar decidir si procede la revocación. Parte de la referida argumentación la citamos a continuación:

As noted above, courts have split seven to two in favor of automatic reversal when a defendant is erroneously denied a peremptory challenge by the misapplication of the reverse-Batson rule. The Fourth, Sixth and Ninth Circuits, along with the State Supreme Courts in Arkansas, Maryland, Minnesota and Washington, have all required automatic reversal in such circumstances. Supra at 4 13 (citing cases). Only the Michigan Supreme Court in Bell, 702 N.W.2d at 138-39, and the Illinois Supreme Court here have applied harmless-error analysis to such a case. 

The majority view is well reasoned. First, because there is no record of jury deliberations, “[i]t would be difficult if not impossible for a reviewing court to determine the degree of harm resulting” from the seating of the objectionable juror. Annigoni, 96 F.3d at 1145; see also Vreen, 26 P.3d at 239; State v. Reiners, 664 N.W.2d 826, 835 (Minn. 2003). Jury deliberations are, by design, secret; the influence of a particular juror is impossible to discern. And peremptory challenges are based on an often inarticulable sense that something in a particular juror’s background or life experiences would lead him or her to be inclined against one’s client in light of the facts likely to emerge at trial. Annigoni, 96 F.3d at 1144. There is, simply, no way to reconstruct how jury deliberations might have differed if a different juror had sat in place of the objectionable juror. By engaging in harmless error review, the reviewing court would itself undermine the venerable tradition of peremptory challenges articulated by authorities such as Blackstone and Justice Story, who noted that judges were barred at common law from requiring defendants to justify a strike. See Lewis v. United States, 146 U.S. 370, 376 (1892).

 

         Petición de certiorari, págs. 12-13.

Ahora pasamos a reseñar a  Arizona v. Johnson, Núm. 07-1122, donde la controversia es la siguiente:  si en el contexto de una detención vehicular por una infracción de tránsito, un oficial puede hacer un registro superficial de un pasajero cuando el oficial tiene una base articulada para creer que el pasajero puede estar armado y ser peligroso, pero no tiene base razonable para creer que el pasajero estaba cometiendo, o ha cometido, una ofensa criminal  (“[w]hether, in the context of a vehicular stop for a minor traffic infraction, an officer may conduct a pat-down search of a passenger when the officer has an articulable basis to believe the passenger might be armed and presently dangerous, but had no reasonable grounds to believe that the passenger is committing, or has committed, a criminal offense.”).  La argumentación oral de este caso está señalada para el 9 de diciembre de 2008.

En este caso una agente estatal de nombre María Treviño, en el contexto de una detención válida por una violación a la ley de tránsito, ordenó a un pasajero del vehículo a bajarse, y en la intervención lo registró superficialmente y percibió la culata de una pistola, por lo que lo arrestó.  Se le ocupó en efecto un arma al ser registrado y también marihuana.  El referido pasajero, cuyo nombre es Lemon Montrea Johnson, fue acusado por violación a la ley de armas y la ley estatal de sustancias controladas.  Según mencionado, la pregunta jurídica ante el Máximo Foro federal es si el registro descrito es constitucional a base de la Cuarta Enmienda de la Constitución federal.

En la vista de supresión, la agente testificó que la razón para el registro efectuado por  ella posterior a que el pasajero se bajara del vehículo por instrucciones de ella, fue porque, con la información que ella tenía, todo indicaba que el pasajero podía estar armado.  Ella expresamente  explicó que el registro fue por su seguridad y la de los otros agentes que también participaban de la intervención con el vehículo.  Petición de certiorari de Arizona, págs. 2-4. 

En el siguiente párrafo que citamos de la petición de certiorari se resumen las razones alegadas por la agente para justificar el registro a base de su preocupación por su seguridad y la de los otros oficiales durante la intervención:

In this case, Officer Trevizo acted with reasonable prudence by patting Johnson down for weapons.  Articulable facts known to or observed by her justified her belief that Johnson might be armed and potentially dangerous to the officers. Johnson watched the officers out the rear of the car as they approached the vehicle.  This alerted Trevizo because most people involved in a traffic stop look frontward instead of maintaining eye contact with officers who are behind them. Johnson did not have identification. This lent some uncertainty as to his true identity. Johnson carried a police scanner in his jacket pocket. This strongly indicated possible criminal activity because of the ready nature of the device for the purpose of evading law enforcement. Johnson was wearing clothing that was blue, a color affiliated with the Crips.  Trevizo knew that Crips were known to carry firearms.  Moreover, the traffic stop took place near a known Crips neighborhood, and Johnson said he was from Eloy where the Crips were a dominant gang. Finally, Johnson told her he was a convicted felon.

 

Taking the facts together, as this Court must, any prudent person would be entitled to proceed with caution believing, as Trevizo believed, that Johnson had connections to a violent street gang known to carry guns.  Therefore, whether or not criminal activity was present, the officer acted within the Fourth Amendment when she patted him down for officer safety.

 

Petición de certiorari, pág. 12.

El foro primario denegó la moción de supresión, pero el tribunal apelativo estatal revocó al foro primario.  El tribunal apelativo intermedio indicó que la detención investigativa se convirtió en un encuentro consensual entre la agente y el acusado cuando él se bajó del vehículo, y "when an officer initiates an investigative encounter with a passenger that was consensual and wholly unconnected to the original purpose of the routine traffic stop of the driver, that officer may not conduct a Terry frisk of the passenger without reasonable cause to believe ‘criminal activity may be afoot.’". Petición de certiorari, pág. 5, citando al tribunal apelativo.

Inconforme, el Estado de Arizona presentó un recurso de certiorari donde solicitó la intervención del Tribunal Supremo federal, y que dicho foro resuelva que la conducta de la agente no violó la Constitución federal.  Entre los argumentos de Arizona se encuentran los siguientes:

Under the Fourth Amendment, an officer can pat down a driver when the driver is detained if the officer has reasonable suspicion that the driver is armed and dangerous. Also under the Fourth Amendment, a passenger is detained along with the driver during a traffic investigation. Therefore, it stands to reason that an officer does not violate the Fourth Amendment when she pats down a passenger while the driver is detained if the pat down is based on a reasonable suspicion the passenger is armed and dangerous.

 

Indeed, this Court has stated as much in Knowles v. Iowa, 525 U.S. 113, 118 (1998), albeit in dictum. In Knowles, this Court stated that police officers "may order out of a vehicle both the driver, and any passengers; [and] perform a ‘patdown’ of a driver and any passengers upon reasonable suspicion that they may be armed and dangerous."

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Thus, using the standards enunciated by this Court, many lower courts have upheld limited weapon pat downs of passengers where no criminal behavior is suspected but where the police had individualized suspicion that the passenger might be armed and dangerous. These are precisely the facts in the present case….

 

Petición de certiorari, págs. 7-9.

 

Nuestra próxima reseña es la del caso de Montejo v. Louisiana, Núm. 07-1529, el cual tiene argumento oral señalado para el día 13 de enero de 2009.  La controversia en dicho caso es si una persona---a la cual ya la protege el derecho a tener representación legal, y de hecho, el tribunal le designó una, tiene que llevar a cabo actos afirmativos para “aceptar” la representación legal para así asegurar las protecciones derivadas de ese derecho y evitar  interrogatorios del Estado en ausencia del representante legal (“[w]hen an indigent defendant’s right to counsel has attached and counsel has been appointed, must the defendant take additional affirmative steps to "accept" the appointment in order to secure the protections of the Sixth Amendment and preclude police-initiated interrogation without counsel present?”).

En dicho caso el señor Montejo era sospechoso de un asesinato.  La policía estatal lo detuvo y lo interrogó en varias ocasiones.  Durante esos interrogatorios iniciales, los agentes sugerían, insinuaban o recomendaban al sospechoso que no insistiera en su derecho a tener un abogado presente.  Posterior a varios de estos interrogatorios conducidos por los agentes con diversas tácticas, estos llevaron al sospechoso---quien estaba bajo custodia durante los interrogatorios----ante un Juez.  Esto de conformidad a un estatuto de Louisiana que exige que una persona detenida tiene que ser llevada ante un Juez, entre otras cosas, para una designación de abogado en un término de setenta y dos (72) horas.

En la vista, un magistrado le designó un abogado al sospechoso.  El magistrado no le preguntó al sospechoso si aceptaba o no al abogado designado y, de igual forma, el imputado no respondió  o expresó nada cuando el abogado le fue designado.  Entiéndase, el sospechoso no hizo expresiones en cuanto a que “aceptaba” el nombramiento del abogado o que, por el contrario, lo “rechazaba”. 

         Más tarde ese mismo día, los agentes volvieron a interrogar al sospechoso bajo custodia a solas a pesar de que este tenía un abogado designado.  Los policías también le pidieron al sospechoso que los acompañara a buscar el arma del delito por el cual él era sospechoso.  Cuando el imputado indicó a los agentes que él tenía abogado, ellos falsamente le indicaron que realmente a él no se le había designado ningún abogado.

         Acto seguido, los agentes le volvieron a leer las conocidas advertencias de Miranda y obtuvieron su firma en un documento donde el sospechoso indicaba que él acompañó a los agentes voluntariamente.  Luego de esto, los agentes lo volvieron a interrogar, y también le proveyeron una carta al imputado para que éste la firmara. El imputado firmó la carta donde expresaba arrepentimiento a la esposa de la víctima por estar envuelto en el asesinato de la persona. Los agentes no encontraron la alegada arma y devolvieron al sospechoso a la cárcel donde estaba todavía detenido.  Al regresar allí, ya se encontraba el abogado del sospechoso, quien se molestó ya que se llevaron e interrogaron a su cliente sin notificación alguna.

La controversia en este caso es si es admisible la carta firmada por el imputado, o si por el contrario, su admisibilidad violaría la Sexta Enmienda por esta ser producto de un interrogatorio iniciado por el Estado en ausencia del abogado designado, y cuya designación los agentes conocían. 

El máximo foro estatal resolvió en esencia que el señor Montejo no podía levantar la protección de la Sexta Enmienda, particularmente las protecciones de la norma de Michigan v. Jackson, 475 U.S. 625 (1986)---caso a base del cual se prohíben interrogatorios iniciados por la policía en ausencia de abogado, si el imputado ya cuenta con abogado---porque el señor Montejo no tomó ningún acto afirmativo de “aceptar” el abogado que designó el tribunal primario.

         Entre los varios argumentos en el recurso de certiorari se destacan que, según el peticionario, la decisión del Tribunal Supremo de Louisiana no es compatible con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de E.E.U.U. en cuanto a la Sexta Enmienda.  Citamos parte de las expresiones en la petición de certiorari, las cuales surgen de sus páginas 24-25:

 

This Court has never suggested that an accused who has already been appointed counsel must take additional affirmative steps to "accept" the appointment in order to activate the protections of the Sixth Amendment. To the contrary, the Court has drawn a dividing line between those who have a lawyer or requested one, and those who have no counsel and have not expressed their desire to obtain one. See Michigan v. Harvey, 494 U.S. 344, 352 (1990) ("To be sure, once a defendant obtains or even requests counsel as respondent had here, analysis of the waiver issues changes.") (emphasis added); Patterson, 487 U.S. at 290 n.3 ("We note as a matter of some significance that petitioner had not retained, or accepted by appointment, a lawyer to represent him at the time he was questioned by authorities. Once an accused has a lawyer, a distinct set of constitutional safeguards aimed at preserving the sanctity of the attorney-client relationship takes effect."). Thus, the reasoning of the Louisiana Supreme Court -- that a defendant who has already been given a lawyer must somehow still invoke his right to have one -- lacks any basis in this Court’s Sixth Amendment jurisprudence.  Moreover, the logical underpinning of Louisiana’s rule -- that appointed counsel is not yet counsel to the accused because the accused must do something more to confirm representation -- is impossible to reconcile with this Court’s jurisprudence respecting the right of defendants to proceed pro se. In that context, the Court presumes that appointed counsel has been accepted by the defendant absent a clear and informed statement to the contrary from the defendant…….

 

         En el recurso también se critican las consecuencias prácticas que tendría una norma como la que pronunció el Tribunal Supremo de Louisiana.  En ese sentido, se argumenta lo siguiente en las páginas 28-29:

 

The primary problem with Louisiana’s rule is that the process by which defendants are appointed counsel is not designed to also produce a reliable answer to the question of whether the defendant has affirmatively "accepted" that appointment. Most States do not transcribe initial appearances when counsel is appointed. Thus, disputes over "acceptance" will invariably come down to unreliable after-the-fact swearing contests. Even more to the point, most States do not require that the judge or magistrate engage in any sort of colloquy with the defendant during initial appearances. These are not design flaws; rather, they reflect the natural conclusion that the defendant has accepted the counsel appointed, thus obviating the need to record or further elicit the defendant’s choice…

A rule requiring an affirmative act of acceptance will also create intractable uncertainty for police officers, who must determine if a particular defendant did or did not affirmatively accept counsel before they can begin questioning. Under Louisiana’s rule, an officer would need to discover if the defendant did, in fact, say he appreciated the appointment of counsel or if he stood silent or if he made a gesture and so on. Such an undertaking would be necessary to avoid the suppression of statements made by a defendant who had, in fact, asserted his right to counsel…

 

El último caso que reseñaremos es Meléndez-Díaz v. Massachusetts, Núm. 07-591, el cual tuvo argumentación oral el pasado día 10 de noviembre de 2008.  En este caso la controversia es si un informe juramentado de un laboratorio estatal, el cual (1) contiene un análisis forense sobre el peso y sobre si cierta sustancia ocupada al imputado es una sustancia controlada, y (2) que fue preparado para uso en un procedimiento criminal, es prueba “testimonial”  sujeto a los rigores a la Cláusula de Confrontación de la Constitución federal, según ésta fue explicada en Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004) (“[w]hether a state forensic analyst’s laboratory report prepared for use in a criminal prosecution is "testimonial" evidence subject to the demands of the Confrontation Clause as set forth in Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004)”).[3]

La policía estatal de Massachusetts ocupó droga a tres (3) personas, entre ellas al peticionario señor Meléndez Díaz.  Parte de la droga se encontró en la persona de un supuesto comprador, mientras el resto se encontró en el carro de la policía donde se transportó a uno de los detenidos y al también detenido, el peticionario Meléndez Díaz. La supuesta droga en el vehículo consistía de diecinueve (19) bolsas plásticas con pedazos grandes de polvo color amarillo oscuro.  

La prueba ocupada fue sometida para una prueba de laboratorio.  Aproximadamente dos semanas después, de conformidad a los estatutos estatales pertinentes a este tipo de proceso, dos (2) empleados estatales del laboratorio emitieron tres (3) informes forenses jurados donde indicaban que la droga ocupada en ambos lugares era cocaína.  Los documentos también indicaban el peso y la descripción de la alegada sustancia.  Los informes, se alega la petición de certiorari, estaban redactados en forma concluyente; esto es, y entre otras cosas, no indicaban la cualificación o la experiencia de los analistas, ni tampoco los procedimientos para cuidar la integridad de los artículos examinados, ni se identificaba el método de análisis para llegar a los resultados.

         En el juicio, la Fiscalía ofreció los informes del laboratorio descritos a través del testimonio de los oficiales interventores. Esto como prueba de que las bolsas ocupadas en el vehículo y en la persona de uno de los tres detenidos era cocaína.  La defensa objetó la admisibilidad citando a Crawford v. Washington, supra, pero el tribunal de primera instancia permitió la evidencia sin explicación alguna.  En el juicio, el Estado nunca sentó a testificar a los examinadores forenses ni tampoco argumentó que estos no estaban disponibles para testificar.

         Ante la prueba presentada, y la instrucción del tribunal al jurado de que los informes del laboratorio le podrían permitir concluir que las sustancias eran cocaína, el jurado encontró al peticionario culpable en los cargos que se presentaron y éste fue sentenciado a tres (3) años en probatoria.  La corte apelativa de Massachusetts confirmó, y la corte máxima de ese Estado denegó una solicitud de un recurso discrecional presentado por el peticionario.

         En el recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de E.E.U.U. presentado por el peticionario, entre otros argumentos, el peticionario resaltó la peligrosidad de permitir informes de laboratorio sin exigirle al Estado que las personas que lo hayan preparado estén sujetas a contrainterrogatorio.  Parte de las expresiones en el recurso las citamos a continuación:

 

This case aptly illustrates the dangers of allowing the government to introduce lab reports in place of live testimony subject to cross-examination. When the police arrested Petitioner, they seized twenty-three bags that they suspected contained cocaine. The four bags that the police seized from Wright [el supuesto comprador] contained white and light yellow powder. The nineteen bags, by contrast, that the officers later recovered from the patrol car contained a dark yellow, chunky substance. The question whether those nineteen bags contained cocaine is critical, for the certified weight of the substance in those bags transformed the charges against Petitioner from drug distribution, which carries no mandatory jail time, into a drug trafficking offense, which carries a three-year mandatory minimum prison sentence. Yet the Commonwealth did not present any evidence besides the forensic analyst’s certification to support its allegation that the substance in the nineteen bags contained cocaine.

 

What is more, nothing even in [the] forensic reports explains whether the chunky substance in the nineteen bags could have come from the same source as the powder in the four bags seized from Wright. If the substances in the different bags had different origins and chemical compositions, it [] takes more of a leap to infer, as the prosecution asked the jury to do, that Petitioner sold Wright the substance in the four bags.  Had an analyst taken the stand at trial, Petitioner’s counsel could have observed his testimony, demeanor, and attentiveness to detail, and decided whether to press the analyst with respect to his testing procedures and proffered findings.

 

         Petición de certiorari, págs. 19-20.

No podemos cerrar las observaciones de este caso sin citar algunos interesantes intercambios durante la argumentación oral del 10 de noviembre de 2008. 

El primero ocurrió cuando se expresaba el abogado de récord del peticionario, Jeffrey L. Fisher, y surge de las páginas 11-13 de la transcripción, que se encuentra publicada en www.supremecourtus.gov/oral_arguments/argument_transcripts/07-591.pdf:

 

JUSTICE KENNEDY: Well, but the railroad case was an accident report. This is a scientific analysis.

 

MR. FISHER: Well, I think that is best characterized, with all due respect, as an argument for its reliability. And it may well be that judges and juries think that certain scientific processes yield more reliable results in terms of reports and testimony and assertions. But we think, again -- and this Court's decision in Crawford says quite strongly -- that a judge cannot decide just on the basis of reliability to exempt a given record or a class of records from the Confrontation Clause.

And I think, Justice Kennedy, another analogy that makes it even more clear is police reports. Police reports, just like the lab report in this case, are -- are sworn documents created by public servants who are sworn to tell the truth, sworn to find evidence whether it exonerates, whether it incriminates, and to write up a report. And I don't think anyone has ever suggested that police reports describing a crime scene -- for example, no matter how objective the facts relayed, such as there is a blood stain on the carpet, there is -- the door was wide open when I got there -those kinds of assertions would be exempted from the Confrontation Clause.

It may well be that they are likely to be correct, that they are assertions of fact that can be verified, but we've never understood that to fall outside of the ambit of the Confrontation Clause.

 

Más adelante, durante la argumentación de Martha Coakley, Secretaria de Justicia del Estado de Massachusetts, según surge de las páginas 30-32 y 39-40 de la transcripción, ocurrió el siguiente intercambio:

JUSTICE SOUTER: Well, what about the -- the blue car going down the street statement? In a circumstantial evidence case the witness comes in and says yes, I saw a blue car go down the street at 10 o'clock. Is that testimonial?

 

MS. COAKLEY: It is, Your Honor.

 

JUSTICE SOUTER: And the distinction between that and the lab report saying the substance that was shown to me which I analyzed was cocaine, what's the -what's the distinction?

 

MS. COAKLEY: In the first instance you have a witness to an event in a particular case that can be tied to, perhaps, behavior of the defendant that's deemed to be criminal. It's -- it's classic hearsay and subject to confrontation, if it's, you know, is going to be used by the prosecution.

In this instance, though, we have a protocol set up by a State statute that indeed does test substances other than those definitely headed for litigation.

 

JUSTICE SCALIA: I don't see the difference between the two. I mean, the one, he saw the blue car going down the street, which through other evidence can be connected to the defendant; and here the witness says this is cocaine, which through other evidence is going to be connected to the defendant. And in both cases that -- that connected fact is deemed essential by the prosecution for the conviction. I don't see the difference between the two.

 

MS. COAKLEY: Well, I think there are several differences, Your Honor, but one of which is that it is identifiable and it can be verified outside of what the scope of the Confrontation Clause is. In other words, the defendant has a chance to test it ahead of time, have his own independent witness. This doesn't change. Whether it is cocaine before, during or after the trial is testable.

 

JUSTICE SOUTER: Well, why -

 

MS. COAKLEY: And it's not true of a witness statement.

 

JUSTICE SOUTER: Why does that make a difference? In other words, the -- Justice Scalia said a moment ago, you know, the -- the statement about the blue car is -- is tied in in the hypothetical case by another witness who said yes, at -- at 10:01 when I heard the gun go off there was a blue car there. In this case the cocaine is tied in by saying, yes, the cocaine which I delivered to X, about which he has testified, is cocaine that I took out of the pocket of the defendant.

There is -- there is a temporal and physical path worked out in both cases. And it seems to me your attempt to distinguish them is to say well, the temporal path can be extended by one more step in the cocaine case because you can take the cocaine or take something from the cocaine sample and let the defense expert testify to it; which of course is true, but I don't see what that has got to do with the Confrontation Clause or the definition of testimonial evidence.

            ……….

            ……….

            ……….

MS. COAKLEY: I agree, Your Honor. But that has to do with how satisfied the Court is whether here or in other jurisdictions that is a reliable result, and I hesitate to use the word "reliable." I don't mean it in the Ohio v. Roberts sense. We are talking about the scientific test that is or is not reliable, and therefore does it require some other test, whether Confrontation Clause or not?

 

JUSTICE BREYER: How can we administer something like that? His point I think is, look, you can't make any distinction either of something that is evidence was prepared with an eye towards trial or it wasn't. And if it was prepared with an eye towards trial, well, then call the person and have him testify. That's it. And if that encompasses every test under the sun, so be it, because there is no way to draw a reasonable line.

You start talking about reliability and their amicus brief is filled with horror stories of how police labs or other labs have really been way off base and moreover really wrong. And you say, oh, distinguish between a police lab and University of Massachusetts? Try going down that road of which one is reliable, which one isn't reliable. How do we know?

 

 

         Concluimos el artículo mencionando algunos sitios en la red de internet donde se pueden monitorear los casos objeto de este artículo, y cualquier otro ante el Tribunal Supremo norteamericano, incluyendo reseñas, escritos y hasta audio o transcripción de las argumentaciones orales de los recursos, son www.supremecourtus.gov, www.law.cornell.edu/supct, www.scotusblog.com/wp, http://www.oyez.org y www.scotuswiki.com.