Revista Jurídica de LexJuris de Puerto Rico

Volumen 12 Marzo 2008 Núm. 1

Admisibilidad de prueba de conducta específica al amparo de la Regla 20(b) de Evidencia

Por:  Enrique Silva Avilés[1]

 

            En este artículo se discutirá en términos generales la admisibilidad de prueba de carácter a base de la Regla 20 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, pero con particular énfasis en el inciso (b) de dicha regla, y en su equivalente federal, la Regla 404(b) de Evidencia.  Esos apartados proveen para la admisibilidad de conducta específica si es pertinente para un propósito que no sea tratar de establecer que en el caso ante el tribunal la persona actuó de conformidad a esa conducta.[2] 

            El principio básico de la Regla 20 de Evidencia surge de su propio texto, y es que “[e]videncia del carácter de una persona o de un rasgo de su carácter no es admisible cuando se ofrece para probar que en una ocasión específica la persona actuó de conformidad con tal carácter…”.  La razón principal para la regla de exclusión de nuestra Regla 20 es el consenso generalizado de que este tipo de prueba engendra el peligro de que el Jurado le adscriba un peso mayor del que realmente merece dicha prueba; que le desvíe su atención de los elementos centrales del caso, o que alargue innecesariamente un proceso. Pueblo v. Martínez Solís, 128 D.P.R. 135, 151 (1991).

La propia regla provee, en sus incisos (a)(1) al (a)(5), no obstante, que bajo ciertas circunstancias y a modo de excepción se permite la presentación de prueba de carácter. Pueblo v. Martínez Solís, 128 D.P.R. a la pág. 147.  Las excepciones en los mencionados incisos --- que no son objeto de análisis en este artículo --- son las siguientes:  (1) por la defensa, sobre el carácter del acusado, (2) por el ministerio fiscal, sobre el carácter del acusado para refutar la prueba de carácter presentada por la defensa bajo el anterior apartado, (3) por la defensa, sobre el carácter de la víctima, sujeto a lo dispuesto en la Regla 21, (4) por el ministerio fiscal, sobre el carácter de la víctima para refutar la prueba de carácter presentada por la defensa bajo el anterior apartado, y (5) por el ministerio fiscal, en casos de asesinato u homicidio, sobre el carácter tranquilo o pacífico de la víctima para refutar prueba de defensa de que la víctima fue el primer agresor.

            Las excepciones tienen su base en brindar una mayor y mejor oportunidad al acusado para probar su inocencia o establecer duda razonable, en consideración a lo sensitivo de los derechos fundamentales que están en juego en un proceso criminal. Pueblo v. Martínez Solís, 128 D.P.R. a las págs. 147-48.  De esas excepciones es que surge el concepto conocido de “abrir la puerta”, lo que esencialmente significa que podría admitirse prueba de carácter del acusado si éste primeramente presenta prueba sobre su carácter.  Es decir, de ordinario, el Ministerio Público sólo podrá presentar prueba de carácter del acusado para refutar la que inicialmente presente el acusado.  Rolando Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 2da Ed., Ediciones Situm, 2005, supra, pág. 250.

En este sentido, es importante destacar que la Regla 404(a) federal fue enmendada en el año 2000 para proveer, distinto a nuestra actual Regla 20(a), que si un acusado presenta prueba de carácter de la supuesta víctima a base de la Regla 404(a)(2), dicho acusado abre la puerta a un ataque en su contra en cuanto al mismo rasgo del carácter de su persona. Véase el Advisory Committee Notes on Fed. Rule Evid. 404, 2000 Amendments, 28 U.S.C.A. App. 413 (“[t]he amendment makes clear that the accused cannot attack the alleged victim’s character and yet remain shielded from the disclosure of equally relevant evidence concerning the same character trait of the accused…the amendment is designed to permit a more balanced presentation of character evidence when an accused chooses to attack of character of the alleged victim”). 

De hecho, el Proyecto de las Reglas de Derecho Probatorio (“Proyecto de Reglas”) pendiente en nuestra jurisdicción propone que nuestra Regla 20(b) (que en el Proyecto de Reglas está reenumerada también como la Regla 404(b)) sea enmendada esencialmente a los mismos efectos que la enmienda federal del año 2000 que acabamos de mencionar.  La enmienda propuesta, según se indica en el Proyecto de Reglas, “está diseñada para permitir una presentación más balanceada de evidencia de carácter cuando el acusado elige atacar el carácter de la alegada víctima”. Véase los comentarios a la Regla 404 propuesta en el Proyecto de Reglas.[3]

Regresando a la actual Regla 20, indicamos que sus incisos (c) y (d) disponen la forma de presentar la prueba de carácter (e.g., sea mediante testimonio de reputación u opinión, o conducta específica) y el momento en los interrogatorios en el que se puede presentar dicha prueba (e.g., en el directo o contrainterrogatorio), desde luego, asumiendo su admisibilidad a base de los incisos (a)(1) al (a)(5) citados.  Véase a Emmanuelli, supra, 2005, págs. 252-53 y 259-65, citando principalmente a Pueblo v. Martínez Solís, supra. 

            Establecidos los principios básicos, y la estructura de la Regla 20 en general, pasamos a reseñar el inciso (b) de dicha regla, que es el inciso objeto de este artículo.  Este provee al presente que: “[e]videncia de conducta específica, incluyendo la comisión de otros delitos, daño civil u otros actos no es admisible para probar la propensión a incurrir en ese tipo de conducta y con el propósito de inferir que actuó de conformidad con tal propensión; sin embargo evidencia de tal conducta es admisible si es pertinente para otros propósitos, tales como prueba de motivo, oportunidad, intención, preparación, plan, conocimiento, identidad o ausencia de error o accidente, o establecer o refutar una defensa”.

El listado de propósitos que provee la Regla 20 no es uno taxativo.  Por consiguiente, puede  haber otros propósitos no mencionados en la regla que justifiquen admisibilidad de conducta específica al amparo de dicho inciso. Véase Emmanuelli, supra, pág. 268 y Stephen A. Saltzburg, Daniel J. Capra and Michael M. Martin, Commentary from The National Institute for Trial Advocacy, U.S.C.S. Fed Rules Evid R 404, 2007. 

De hecho, en Pueblo v. Martínez Solís, supra, el Tribunal Supremo resolvió que procedía admitir prueba de conducta específica de la víctima a base de la Regla 20(b) para propósitos no expresamente dispuestos en ese inciso, y la admisibilidad bajo dicho inciso lo sería sin sujeción a lo dispuesto en los incisos (c) y (d) mencionados; en esencia, procedía la presentación de esta prueba por la defensa en su turno de prueba para confirmar la versión de los hechos del imputado, y establecer el estado mental de éste, ambos asuntos como elementos de su planteamiento de legítima defensa.  A base de este caso, según se menciona más adelante, se incorporó expresamente al final de la Regla 20(b) el propósito adicional de establecer o refutar una defensa.[4] 

Por supuesto, el análisis de la pertinencia del propósito para el cual se trae la prueba requiere una conexión fáctica entre la conducta específica a admitirse y los hechos particulares del caso.  Un caso que así lo ilustra es United States v. Romine, 377 F.Supp.2d 1129 (2005), donde la Corte de Distrito de E.E.U.U. para el Distrito de Nuevo Méjico, denegó la solicitud del gobierno de presentar evidencia de manejo y distribución previa de drogas por el acusado, puesto que no había una base fáctica entre esa supuesta conducta previa, y los hechos objeto del proceso criminal; el caso ante el tribunal no era de sustancias controladas sino de secuestro y abuso sexual; se consideraría la admisibilidad, por ejemplo, si se establecía el hecho de que en el delito alegado se utilizaron sustancias controladas, y se presenta la evidencia para establecer que el uso de sustancias era parte del “plan” para el acusado cometer la agresión sexual.

            El inciso (b) de la Regla 20 aplica a casos civiles,  Emmanuelli, supra, pág. 265, al igual que la Regla 404(b).  Véase Advisory Committe Notes on Rule 404(b), 2006 Amendments, 28 U.S.C.A. App., 2007, Cumulative Annual Pocket Part, pág. 88, donde se indica que una enmienda del año 2006, limitando a casos criminales la aplicabilidad de los incisos (a)(1) y (2) de la Regla 404, no afecta la norma de que el inciso (b) aplica tanto a casos civiles como a casos criminales. 

De igual forma, las disposiciones de la Regla 20(b), y su homóloga federal aplican a todas las partes en el caso, a personas envueltas en el caso que no son partes, y también a conducta específica que ocurra antes o después de los hechos objeto del litigio o procedimiento criminal. Thomas A. Mauet y Warren D. Wolfson, Trial Evidence, 3ra Edición, Aspen Publishers, pág. 107; y Saltzburg, supra, U.S.C.S. Fed Rules Evid R 404, 2007, Matthew Bender and Company, Inc. 

Es importante conocer que la aplicabilidad de la Regla 20(b) --- y la Regla 404(b) federal --- se limita a conducta específica que sea extrínseca al asunto que está presente ante el tribunal. Weinstein, supra, sec. 404.20[2][6].  Por ejemplo, si se va a presentar evidencia a base de esta regla de que un acusado distribuyó drogas a otra persona en una fecha anterior a la transacción de drogas que es objeto del proceso criminal (para probar, por ejemplo, la intención o el conocimiento del acusado en el uso o manejo de sustancias controladas), ese acto o conducta anterior es extrínseco al que está siendo evaluado por el tribunal.  Al tratarse de conducta específica extrínseca, se debe enfocar bajo este inciso.[5]  

En cambio, si la conducta que se solicita sea admitida a base de esta regla es una que está mezclada o es parte de la conducta del caso como tal, esta regla no es la que se utiliza para evaluar la admisibilidad de esa conducta, sino que aplican los principios generales de pertinencia de la Regla 19 (Regla 403 federal).  Véase a Mauet, supra, págs. 106-107, a Clifford S. Fishman, Jones on Evidence, Civil and Criminal, 7ma. Ed., West Group, 1998, secs. 17.1 y 17.13 (“[t]he substantive and procedural rules that regulate extrinsic act evidence apply only to acts that are “extrinsic” to— i.e. not part of – the events that are the subject-matter of the case being tried.  Evidence concerning acts which are “intrinsic” to, i.e. part of, the events in question are not subject to FRE 404(b), a state equivalent, or the corresponding common law principle”), y a Saltzburg, supra (“…it is sometimes difficult to determine which acts are part of the offense charged, and which are uncharged acts subject to Rule 404(b).  The test used by the Courts is whether the acts that are the subject of the proof are “inextricably intertwined” with the basic elements of the crime charged.  If so, Rule 404(b) is inapplicable and there is no need to articulate a “not-for-character” purpose for the evidence.  Of course, Rule 403 will still apply to the evidence…”).  

A continuación un ejemplo sencillo que ilustra el punto sobre cuando un hecho es extrínseco y está por lo tanto sujeto a la Regla 20(b).  Se presenta evidencia en un caso de asesinato de que el acusado compró una gran cantidad de cocaína inmediatamente luego de haber asesinado a su padre para obtener dinero para comprar la droga.  En ese caso, no hay que evaluar esa compra subsiguiente al amparo de la Regla 20(b), o la Regla 404(b), porque ese hecho era una consecuencia natural de, y estaba entremezclado con los hechos del asesinato.  Es decir, la conducta específica no era extrínseca a los hechos del caso.

        Distinto sería si, en ese mismo escenario, la conducta específica que el Ministerio Público tratase de presentar es que, en ocasiones anteriores a los hechos del asesinato, el acusado atacó a su padre para tratar de obtener dinero de éste para comprar droga.  La admisibilidad de dicha evidencia, al ser extrínseca a los hechos del caso, debería ser evaluada al amparo de la Regla 20(b) bajo el presunto argumento del Ministerio Público de que se trae para probar el motivo por el cual el acusado asesinó a su padre.  Mauet, supra, págs. 106-107.   

            Ahora cabe preguntarse cuál es el nivel de prueba para concluir que la conducta específica a admitirse a base de la Regla 20(b) ocurrió.  Nuestro Tribunal Supremo no se ha expresado sobre ese tema, distinto al Tribunal Supremo federal.  Este último foro lo hizo en Huddleston v. United States, 485 U.S. 681 (1988).

            En dicho caso, el Tribunal Supremo de E.E.U.U. resolvió, entre otras cosas, que la admisión de evidencia de conducta específica bajo la Regla 404(b) es un asunto de pertinencia condicionada bajo la Regla de Evidencia federal 104(b) (Regla 9(b) nuestra) por lo que, por ejemplo, en un caso criminal, un fiscal no tendría que establecer convincentemente que la conducta específica sobre la cual pretende presentar evidencia ocurrió, sino solamente establecer que hay evidencia suficiente para que un jurado razonable concluya que tal conducta o hecho ocurrió.  

Eso significa en esencia que, antes de que la prueba pase al jurado, el juez no tiene que hacer una determinación de hecho en ausencia del jurado de que la conducta en cuestión ocurrió o de que se estableció el hecho que condiciona la pertinencia.  Es suficiente que el tribunal determine que hay base suficiente para que un jurado razonable concluya que el hecho que condiciona la evidencia está presente.  El jurado es el que haría la determinación sobre el hecho condicionado por preponderancia de la prueba; si fuera por tribunal de derecho, explica el Profesor Chiesa, sería el juez o jueza quien decidiría si ocurrió la conducta específica por preponderancia de la prueba.  Véase a Ernesto L. Chiesa, Sumario: Evidencia de Carácter y de Conducta no Imputada, 66 Rev. Jur. U.P.R. 41, 86-89 (1997), incluyendo la nota al calce 146.

            Algunas de las expresiones pertinentes del Tribunal Supremo federal en el caso citado son las siguientes:

     In determining whether the Government has introduced sufficient evidence to meet Rule 104(b), the trial court neither weighs credibility nor makes a finding that the Government has proved the conditional fact by a preponderance of the evidence. The court simply examines all the evidence in the case and decides whether the jury could reasonably find the conditional fact - here, that the televisions were stolen - by a preponderance of the evidence. See 21 C. Wright & K. Graham, Federal Practice and Procedure 5054, p. 269 (1977). The trial court has traditionally exercised the broadest sort of discretion in controlling the order of proof at trial, and we see nothing in the Rules of Evidence that would change this practice. Often the trial court may decide to allow the proponent to introduce evidence concerning a similar act, and at a later point in the trial assess whether sufficient evidence has been offered to permit the jury to make the requisite finding.  If the proponent has failed to meet this minimal standard of proof, the trial court must instruct the jury to disregard the evidence. (Pág. 690).

 

We share petitioner's concern that unduly prejudicial evidence might be introduced under Rule 404(b). See Michelson v. United States, 335 U.S. 469, 475-476 (1948). We think, however, that the protection against such unfair prejudice emanates not from a requirement of a preliminary finding by the trial court, but rather from four other sources: first, from the requirement of Rule 404(b) that the evidence be offered for a proper purpose; second, from the relevancy requirement of Rule 402 - as enforced through Rule 104(b); third, from the assessment the trial court must make under Rule 403 to determine whether the probative value of the similar acts evidence is substantially outweighed by its potential for unfair prejudice, see Advisory Committee's Notes on Fed. Rule Evid. 404(b), 28 U.S.C. App., p. 691; S. Rep. No. 93-1277, at 25; and fourth, from Federal Rule of Evidence 105, which provides that the trial court shall, upon request, instruct the jury that the similar acts evidence is to be considered only for the proper purpose for which it was admitted. See United States v. Ingraham, 832 F.2d 229, 235 (CA1 1987).

 

Huddleston v. United States, 485 U.S. a las págs. 691-92.[6]

 

El análisis de admisibilidad a base de la Regla 20(b) no concluye con lo que hemos mencionado expresamente hasta ahora: en esencia, una determinación de que la prueba es extrínseca, y que se ofrece para un propósito válido y pertinente.  También se tiene que considerar nuestra Regla 19 (equivalente a la Regla 403 federal) antes de admitir la prueba, y de admitirse, se debe proveer una instrucción al jurado, según elaboramos un poco más adelante. 

Ese análisis de valor probatorio vis a vis perjuicio indebido de la Regla 19 es crucial, especialmente en casos criminales. Emmanuelli, supra, pág. 266.  Un comentario a la Regla 404 federal, en ese sentido, es ilustrativo y lo citamos en lo pertinente:

Under the Rule 403 test, evidence in a criminal case of serious uncharged criminal activity by the accused must be examined very carefully.  The more heinous the other acts by a defendant, the more likely the jury is to misuse the evidence and treat the defendant as a generally bad person, something the Rule does not permit.  Also, the more similar the bad act is to the act charged, the more likely the jury is to draw the impermissible inference that the defendant has a propensity to commit such acts. 

 

Saltzburg, supra, U.S.C.S. Fed Rules Evid R 404.[7]

 

            Transcribimos a continuación un ejemplo ilustrativo de una dinámica en sala reseñado en Mauet, supra, págs. 113-114, donde se aprecia un análisis de valor probatorio versus perjuicio indebido en el contexto de la Regla 20(b) y la Regla 404(b):

            Defendant is charged with sexually assaulting another man.  The prosecution gives the defendant notice that if intends to introduce evidence that the defendant’s home contained numerous homosexual magazines.  The defendant then files a motion to preclude this evidence on FRE 404(b) and 403 grounds.  At a hearing on the motion, the following happens:

 

Judge:  Good morning, counsel.  Defense, why should this evidence be excluded?

 

Defendant:  Your honor, the prosecution says that this evidence is admissible in the prosecution’s case-in-chief because it circumstantially proves intent.  The theory apparently is that if the defendant possessed homosexual magazines showing sexual activities between adult males, it somehow proves he is gay, and if he is gay, he is supposedly more likely to sexually assault another man.  The prosecution has no other evidence to support these suppositions.  The flaws in this evidence are twofold.  First, the offered evidence has no demonstrated probative value.  Second, even if it has some minimal value, its probative value is substantially outweighed by its prejudicial effect, and it must be excluded under Rule 403.  This offered evidence is simple gay bashing.  It asks the jury to conclude that the defendant must be gay and to convict him on that basis.  That’s wrong.

 

Prosecutor:  Your honor, a person who possesses magazines like these is more likely to be gay, and a gay person is more likely to sexually assault someone else.  That’s common-sense deduction, and one that the jury is entitled to make, or reject, as it sees fit.  Furthermore, possession of these magazines is not a crime, so the great prejudicial effect the defendant claims exists here is simply not present.  The jury is entitled to see this evidence.

 

Judge:  The motion is granted.  All evidence of the magazines is precluded from the prosecution’s case-in-chief.

 

Commentary:  This is a good example of offered evidence having little, if any, probative value on the specific issue – intent – involved, but its prejudicial effect is substantial, so exclusion under FRE 403 is proper.

 

Como se ha apreciado hasta ahora, el procedimiento completo recomendado cuando se hace un análisis de admisibilidad al amparo de la Regla 20(b) en casos por jurado es el siguiente: el proponente de la evidencia debe ser requerido por el tribunal a que identifique el propósito específico por el cual el acto o conducta específica se va a presentar, ante lo cual el tribunal debe primeramente resolver si el propósito representado al tribunal es uno material, es decir, si es una verdadera controversia en el caso específico.  Si se decide que el propósito es uno material, entonces la corte, antes de admitir la evidencia, debe de evaluar si el valor probatorio de la evidencia es o no inferior al peligro de perjuicio indebido bajo la Regla 19.  Si la evidencia pasa el escrutinio de esa última regla, y se admite la evidencia propuesta, el tribunal debe instruir al jurado en cuanto al propósito específico para el cual puede considerar la evidencia.  Véase Saltzburg, supra, U.S.C.S. Fed Rules Evid R 404 y Emmanuelli, supra, pág. 266.

Es importante que la instrucción que provea el tribunal cuando se admita evidencia al amparo de la Regla 404(b) sea contemporánea con la presentación de la evidencia admitida.  Una corte que no provea instrucciones, o que no instruya al jurado de forma clara u oportuna, se arriesga a que sea revocado por los foros apelativos.  En el comentario que hemos citado de la regla referida se menciona como un caso ilustrativo que justifica esta recomendación a United States vs. Jobson, 102 F.3d 214 (6to. Cir. 1996), donde se ofreció evidencia de actividad en una ganga para establecer oportunidad a base de la Regla 404(b).  La instrucción de la corte inferior según el Sexto Circuito fue insuficiente, con la consecuencia de que se dejó sin efecto el veredicto. Saltzburg, supra, U.S.C.S. Fed Rules Evid R 404.

De hecho, en Estados Unidos no es inusual que se revoquen decisiones judiciales por admisión de evidencia a base de la Regla 404(b), particularmente cuando la evidencia envuelve otros delitos o conducta negativa.  Por esta razón, en casos criminales, la regla federal fue enmendada en el año 1991 para que el Ministerio Público proveyera, a solicitud de la defensa, notificación antes del juicio de cuál conducta o hechos intentaría presentar en el juicio a base de esta regla.  Mauet, supra, pág. 112, y Advisory Committee Notes on Fed. Rule Evid. 404(b), 28 U.S.C.A. App. 412.  Al presente, nuestra Regla 20(b) no tiene esa exigencia de notificación, pero la regla propuesta en el Proyecto de Reglas sí lo contiene.  Véase la Regla 404(b) propuesta en ese proyecto.[8]

            No podemos concluir el artículo sin hacer observaciones específicas de cada uno de los distintos propósitos permisibles en virtud de la Regla 20(b) y la Regla 404(b), sea con referencia a ejemplos, comentarios de algún tratadista, o a citas de casos ilustrativos.

            Motivo

            Incorporamos de entrada, y por referencia, el ejemplo anterior en este artículo de conducta específica para establecer motivo en relación al asesinato perpetrado por un hijo contra su padre para comprar sustancias controladas.

            Añadimos que situaciones de conducta específica para intentar probar motivo (entre otros propósitos) pueden surgir en casos donde se alega que una agresión o asesinato fue perpetrado por razones raciales, odio u obsesión sexual, animosidad hacia un oficial del orden público, o hacia la policía en general.  Véase Fishman, supra, sec. 17.70, págs. 520-527, citando en sus escolios casos específicos.  

En uno de los casos mencionados en la obra que acabamos de citar se admitió conducta anterior de un acusado que demostraba animosidad de éste hacia el agente que el acusado alegadamente asesinó, conducta de que el acusado sospechaba que el agente lo vigilaba mientras estaba fuera de servicio y también prueba de que el agente lo arrestó varias veces anteriormente; esto, para establecer “motivo” como elemento inherente a la prueba de premeditación, o de la identificación del acusado como el asesino.  Com. v. Lacava, 666 A.2d 221, 228-229 (Pa. 1995), citado en Fishman, supra, sec. 17.70, pág. 522, escolio 12.

            Oportunidad

Conducta específica para establecer oportunidad se puede dar si una persona es acusada de escalar un establecimiento, y su defensa es coartada.  Podría ser admisible al amparo de la Regla 20(b) que el acusado asaltó un negocio contiguo al negocio objeto del caso criminal varios minutos antes de ocurrir el escalamiento que juzga el tribunal.  Ese acto anterior puede ser pertinente para establecer la oportunidad que tuvo el acusado de realizar el escalamiento objeto del proceso criminal.  Emmanuelli, supra, pág. 267.  Desde luego, en nuestra opinión, este ejemplo también podría ser ilustrativo de admisibilidad para el último propósito provisto en la Regla 20(b):  refutar una defensa.  Esto, en la medida que su presencia en el área del escalamiento puede refutar la defensa de coartada.[9]

            Intención

Primeramente, en cuanto a conducta específica con el propósito de establecer intención, hacemos referencia al ejemplo previo de la admisibilidad de ventas anteriores de sustancias controladas para establecer la “intención” de distribuir sustancias controladas en el nuevo caso.  No obstante, conviene mencionar al menos dos (2) casos que, con distintos resultados, atienden esa controversia evidenciaria en casos de sustancias controladas.  Por ejemplo, véase a U.S. v Bell, infra, nota al calce 5, donde se revoca una convicción de posesión de sustancias controladas con intención de distribuir por la admisión incorrecta de cuatro (4) convicciones previas a nivel estatal.

Es ilustrativo citar parte del análisis de la Corte de Apelaciones de E.E.U.U. para el Sexto Circuito en dicho caso:

 

…Thus, we have drawn a distinction between the probative value of prior acts of personal drug use and prior acts of drug distribution, finding the former not to be probative of intent to possess and distribute…

 

…Likewise, while we “have repeatedly recognized that prior distribution evidence is admissible to show intent to “distribute,” Ayoub, 498 F.3d at 548 (citing Jenkins, 345 F.3d at 938 (collecting cases)), our cases have only found such evidence probative of present intent to possess and distribute when the prior distributions were part of the same scheme or involved a similar modus operandi as the present offense…Unless the past and present crime are related by being part of the same scheme of drug distribution or by having the same modus operandi, the fact that a defendant has intended to possess and distribute drugs in the past does not logically compel the conclusion that he presently intends to possess and distribute drugs…Indeed, a person may be a distributor of drugs on one occasion, and a mere user on another.  The only way to reach the conclusion that the person  currently has the intent to possess and distribute based solely on evidence of unrelated prior convictions for drug distribution is by employing the very kind of reasoning –i.e., once a drug dealer, always a drug dealer—which 404(b) excludes.  See Old Chief v. United States, 519 U.S. 172, 180-81 (1997).  Thus, to be probative of a defendant’s present intent to possess and distribute, his prior convictions for drug distribution must be related in some way to the present crime for which the defendant is on trial.

 

            Véase, para comparar, también en casos de sustancias controladas, a U.S. v. Pettiford, ___ F.3d ____ (D.C. Cir. 2008), 2008 U.S. App. LEXIS 4068, 26 de febrero de 2008, donde se resolvió que no hubo abuso de discreción al admitir en caso de posesión de sustancias con intención de distribuir, la comisión de delito previo también de posesión con intención de distribuir.

Conviene mencionar que en ocasiones la presentación de prueba de cierto conocimiento previo puede constituir a su vez prueba de “intención” en un caso particular.  Por ejemplo, prueba de que una persona sabía que las acciones de cierta empresa no tenían valor en el mercado puede ser pertinente para demostrar que la persona sabía que sus representaciones en contrario eran incorrectas, lo que sugiere una intención de defraudar.  Fishman, supra, sec. 17.57, pág. 472.

            Por último, en este tema de prueba de intención, nos parecen ilustrativas las expresiones de un conocido tratado:

One or more similar prior incidents will often be admitted in civil and criminal actions to show a pattern of operation that would suggest intent.  The requisite intent may be inferred from the fact that, after being involved in a number of similar incidents, the defendant must have had a mental state that is inconsistent with innocence.  (escolios omitidos)

 

Weinstein, supra, sec. 404.22(1)(a).

 

            Preparación

            Al evaluar prueba sobre preparación — que a veces es simultáneamente prueba de identificación o plan — lo principal es considerar si la conducta específica que se quiere presentar está relacionada con la conducta imputada (aunque las conductas no sean iguales), de forma que se pueda concluir que una fue preparatoria para la otra, o que ambas son parte de un plan mayor.  Así se explica en Fishman, supra, sec. 17.45, págs. 426-28:

The first use of “plan” to prove identity relies on a showing that the extrinsic and charged acts are interrelated parts of a larger plan or scheme.  This is sometimes referred to as the “grand design” or “linked act” theory.  Under this theory, the extrinsic and charged acts need not be similar to each other (although they often are).  Rather, the extrinsic crime has special relevance to identify the defendant as the perpetrator of the charged crime because the extrinsic crime was committed as part of a plan designed to culminate in the charged act, or vice versa, or both the extrinsic and charged crimes were committed as preparation for yet another crime, or each of the incidents was in some other way connected with a larger goal.  Courts also this theory (sic) of relevancy to cases in which defendant is charged with participating in a multi-member, ongoing conspiracy.  Evidence of extrinsic crimes fits within this theory of relevancy, however, only if they are clearly connected to the common scheme or conspiracy.  (notas al calce omitidas).

 

            Plan

            El uso de este fundamento de ordinario permite que se admita prueba de varios incidentes extrínsecos, y muchas veces similares, para establecer que los hechos alegados son parte de un plan o esquema del acusado, o del demandado en un caso civil.  Véase a Weinstein, supra, sec. 404.22[5][a] y [b], y Fishman, supra, sec. 17.50, págs. 449-456.

Entre otros casos, el último tratadista citado reseña uno en el que se admitió evidencia de ventas de armas por un policía acusado de extorsión ya que las armas que éste pudo vender anteriormente se derivaban de extorsiones previas a personas que él detenía en la calle y que, al extorsionarlas, les retenía el arma que las personas tuviesen consigo.  La evidencia admitida establecía el plan de extorsión que tenía el agente acusado, y que era pertinente en el presente caso de extorsión a otro ciudadano que el agente también detuvo.  El caso que allí se cita, en el escolio 64, es U.S. v. Baker, 82 F.3d 273, 276 (8vo Cir. 1996). 

Un caso donde se admitió evidencia extrínseca sobre un plan, e igualmente sobre conocimiento, y ausencia de error o accidente es United States v. Jourdain, 433 F.3d 652 (8vo. Cir. 2006).  En dicho caso se resolvió que no abusó de su discreción la corte inferior al permitir evidencia de que el imputado solicitó a una persona que ésta matara a un tercero ya que esa evidencia era pertinente para establecer (1) un designio común del imputado con sus acompañantes, (2) el conocimiento del imputado del potencial de violencia de sus acompañantes y (3) para establecer que el alegado asesinato de una persona por el imputado y sus acompañantes no fue un error o accidente.

            Conocimiento

Un ejemplo de prueba para este propósito podría ser que, en un caso de distribución de sustancias controladas, se trate de presentar prueba de una conversación de una persona con el acusado en la cual el acusado demostró tener conocimiento del negocio de la distribución de sustancias controladas.  Mauet, supra, pág. 110.

Por otra parte, un ejemplo ilustrativo en un caso civil para establecer conocimiento, también reseñado en Mauet, supra, págs. 116-117, lo transcribimos íntegramente para beneficio del lector: 

 

This is a negligence action in which the plaintiff claims the defendant ran a stop sign and caused the collision with the plaintiff.  The defendant claims, both in the pleadings and during discovery, that he didn’t realize there was a stop sign at that intersection and couldn’t see the stop sign because it was obscured by bushes.  In the joint pretrial statement, the plaintiff lists as an exhibit the defendant’s traffic citation for failing to stop at the same stop sign one year before the collision.  The defendant objects to this exhibit.  At a hearing on the objection, the following happens:

 

Judge:  This is a hearing on the defendant’s objection to certain  exhibits.  Defense?

 

Defendant:  Your honor, this offered exhibit, a prior citation for the same stop sign, is irrelevant and highly inflammatory.  It’s irrelevant to the plaintiff’s case-in-chief because to make out a prima facie case on liability, the plaintiff need only establish that there was a stop sign and the defendant failed to stop.  The evidence of the citation is nothing other than propensity evidence.  It suggests that the defendant is a bad driver and is more likely to have been negligent on this occasion.  In addition, the citation is hearsay, since it is being offered for its truth.

 

Plaintiff:  The evidence is highly relevant to an issue the defendant injected into the case.  They claim that the defendant didn’t realize there was a stop sign at the corner and that the sign was obscured by bushes.  This claim is totally destroyed by evidence that the defendant was previously cited for running that same stop sign.  That’s highly relevant, and it clearly prevails over any Rule 403 concerns.  The citation is not hearsay, since it is being offered to prove the defendant’s state of mind –that he had knowledge of the sign.

 

Judge:  The evidence will be admitted if at trial the defendant continues to maintain that he didn’t know or realize that there was a stop sign on that corner.  This means that the plaintiff may not introduce the fact of the citation in her case-in-chief, since knowledge is not an element of the plaintiff’s case.  However, if the defendant introduces evidence of his lack of knowledge, such as through testimony of the defendant, the defendant may be cross-examined on the citation, and the prosecution may in rebuttal introduce the citation in evidence.

 

Commentary:  The judge has discretion to defer rulings on admissibility.  Evidence that may not be admissible in the plaintiff’s case-in-chief may suddenly become relevant, and highly so, depending on what the defendant introduces during trial.

 

            Ausencia de error o accidente

 

Un ejemplo de conducta específica para este propósito puede darse cuando una persona es acusada de haber disparado contra otra, hiriéndola de muerte y el acusado sostiene que el disparo fue accidental.  Podría admitirse bajo la Regla 20(b) evidencia de que ese imputado había disparado anteriormente contra esa misma persona, puesto que eso puede ser pertinente para demostrar la ausencia de accidente. Emmanuelli, supra, pág. 268.

Una teoría que se utiliza para tratar de presentar conducta específica bajo esta modalidad se conoce como la doctrina de probabilidades (“doctrine of chances”).  A continuación citamos a Fishman, supra, sec. 17.3, donde se define la doctrina, y se reseña un caso representativo del uso de la misma:

One useful means of articulating when evidence of extrinsic acts has special relevance beyond the propensity inference is the “doctrine of chances.”  Whether cited to support the use of extrinsic act evidence to prove that defendant committed an actus reus or to prove that defendant acted intentionally rather than innocently or accidentally, the doctrine of chances “rests on the objective improbability of coincidence.”  More specifically,  “The doctrine invites the trier to compare the accused’s experience with statistical data or the trier’s knowledge of everyday, human experience.”

The example often cited to illustrate use of the doctrine to prove actus reus is the so called “Brides in the Bath” case, Rex v. Smith.  Charged with murder after his wife drowned in the bathtub shortly after their marriage and her execution of a will in his favor, defendant claimed the death had been [an] accident in which he had played no part.  At trial, the prosecution was allowed to offer evidence that this was defendant’s third wife to die under similar circumstances.  The court upheld admission of the evidence, reasoning that its relevance did not depend upon the inference that defendant is a bad person, but on the unlikelihood that so unusual an accident would occur coincidentally to three women whose only (or primary) common denominator had been their recent marriage to the defendant.  Thus, the other two deaths constituted circumstantial evidence that each of the three drownings was the result of a criminal act.  Because defendant had unique access to each of the victims and uniquely profited from each death, the other two deaths also constituted circumstantial evidence that the defendant committed the act which caused each of his wives to drown.

 

Fishman, supra, sec. 17.3 (itálicas nuestras), citando a Rex v. Smith, 84 Crim. App. 137 (1915).

 

            Al considerar la admisión de conducta específica bajo el razonamiento de la doctrina en discusión, el tribunal debe considerar la cantidad de eventos extrínsecos anteriores, la similitud entre esos eventos anteriores y el que está ante el tribunal, y lo inusual de cada evento. Fishman, supra, sec. 17.3, pág. 257, citando en su nota al calce a Imwinkelried, The Use of Evidence of an Accused’s Uncharged Misconduct to Prove Mens Rea:  The Doctrines Which Threaten to Engulf the Character Evidence Prohibition, 51 Ohio St. L.J. 575 (1990).

            Establecer o refutar una defensa

            Este propósito descrito al final de la Regla 20(b) se incorporó en el 2004 para codificar las expresiones del Tribunal Supremo en Pueblo v. Martínez Solís, supra.  Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 505 de 29 de septiembre de 2004. 

En dicho caso, el Tribunal Supremo resolvió en esencia que el foro de instancia debió permitir al acusado presentar prueba de conducta específica de la víctima a base de la Regla 20(b) para el acusado tratar de establecer los elementos de una “legítima defensa”.  La conducta específica de la víctima, al ser conocida por el acusado, ayudaba a éste a establecer cuál era su estado mental al momento de su ataque contra la víctima, para tratar de justificar su agresión mortífera.  Es decir, con la prueba de conducta específica de la víctima, el acusado podía posiblemente demostrar que él estaba válida y justificadamente temeroso de la agresividad de la eventual víctima por lo que se justificaba su ataque. 

Aparte del ejemplo anterior, basado en Pueblo v. Martínez Solís, supra, incorporamos aquí por referencia el ejemplo anterior en este artículo de conducta específica traída para refutar una defensa de coartada.

            Identificación

Un ejemplo ilustrativo de prueba de identificación ocurre cuando el Ministerio Público trata de presentar evidencia, en un caso de robo, de dos (2) supuestos robos que el mismo acusado cometió anteriormente.  Esto para tratar de establecer la identificación del acusado en el caso ahora ante el tribunal.  Dicha evidencia podría ser admisible al amparo de la Regla 20(b), y de la Regla 404(b), si de la forma que se llevaron a cabo los robos anteriores, en comparación con el robo del caso ante el tribunal, surge que se trata del mismo patrón de conducta o modus operandi, lo cual apoya el argumento de la fiscalía de que la persona que está siendo procesada ante el tribunal es la misma que cometió los robos anteriores. 

Algo parecido ocurrió en  Dowling v. United States, 493 U.S. 342 (1990) donde el Tribunal Supremo de E.E.U.U. resolvió qué era admisible, a base de la Regla 404(b), prueba de que el imputado de robo a banco fue uno de dos intrusos que entró en la casa de otra persona dos semanas después del robo al banco, con el mismo tipo de arma y máscara con las que alegadamente robó el banco; se admitió como prueba de identificación, y para asociarlo a otro individuo como parte de esa identificación.  Se resolvió además que la admisión de la evidencia en el contexto de este caso, no violó las cláusulas federales de doble exposición ni del debido proceso de ley. 

         Nótese que la clave en este tipo de evidencia de identificación es si las características comunes entre los robos anteriores y el robo ante el tribunal son suficientemente distintivas para justificar una inferencia de que la misma persona cometió el acto objeto del procedimiento criminal, y también los actos anteriores.  Desde luego, aparte de este análisis, hay que hacer un análisis de valor probatorio versus perjuicio indebido al amparo de la Regla 19, Regla 403 federal, para evaluar si se debe de admitir dicha evidencia como prueba de identificación.  Mauet, supra, pág. 110. 

Un caso reciente precisamente sobre identificación y modus operandi en casos de robo es U.S. v. Price, _____ F.3d ______, 2008 U.S. App. LEXIS 3424 (7mo. Cir. 2008)(19 de febrero de 2008).  Véase además a U.S. v. Oceanus Perry, 438 F.3d 642 (6to. Cir 2006).