En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Número del Caso: CE-94-730

Abogados Parte Demandante: Peticionaria: Lcdo. Ramón Mellado González

Abogados Parte Demandada: Recurrida: Lcdo. Angel L. Tapia Flores

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior Humacao

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Mario Canales Ydrach

Tribunal de circuito de Apelaciones:

Fecha: 3/17/1998

 San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 1998

  En el caso de autos, la peticionaria United Service Organizations, Inc. --en adelante, USO, Inc.-- recurre ante este Tribunal en revisión de una resolución emitida por el antiguo Tribunal Superior, Sala de Humacao, en la que se determinó que dicho foro judicial tenía jurisdicción para entender en la reclamación de salarios presentada por la recurrida Renata Roberts contra USO, Inc., aun cuando los hechos que originaron dicha causa de acción ocurrieron en un enclave federal, esto es, en la Base Naval Roosevelt Roads.

I

United Service Organizations Council of P.R., Inc. --en adelante, USO Council of P.R., Inc.-- es una corporación sin fines de lucro, organizada conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para la fecha en que ocurrieron los hechos en controversia en el caso de autos, sus oficinas estaban localizadas en la Base Naval Roosevelt Roads, en Ceiba, Puerto Rico. Dicha corporación operaba bajo la autorización y supervisión de la recurrente USO, Inc., la cual es una corporación creada por disposición expresa del Congreso de los Estados Unidos. 36 U.S.C.A. §1301, et seq.

La recurrente USO, Inc. tiene, entre otras, la encomienda de organizar y supervisar la misión de United Service Organizations a nivel mundial de servir y satisfacer las necesidades religiosas, espirituales, sociales, de bienestar, educativas y de entretenimiento de los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus familiares. 36 U.S.C.A. §1302. Entre los poderes corporativos con que cuenta USO, Inc. están el de establecer, regular y terminar la existencia de consejos, organizaciones, capítulos o afiliados estatales, regionales, locales y de ultramar de la manera que estime conveniente para ejercitar sus poderes y lograr los objetivos de la organización. 36 U.S.C.A. §1303(b).

Oportunamente, USO, Inc. presentó una moción de desestimación aduciendo, en síntesis, que el entonces Tribunal Superior, Sala de Humacao, carecía de jurisdicción sobre la materia, puesto que como la reclamación de autos surgió en una base militar estadounidense, los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no tienen jurisdicción sobre la misma.

El tribunal de instancia declaró sin lugar dicha solicitud de desestimación, aduciendo que:

Inconforme, acudió ante este Tribunal, vía certiorari, la querellada USO, Inc. en revisión de la mencionada resolución, imputándole al foro de instancia haber errado al "concluir que tiene jurisdicción para entender en una reclamación de salarios la cual se originó en la base naval de Roosevelt Roads."

Expedimos el auto de certiorari radicado. Estando en posición de resolver la controversia planteada, procedemos a así hacerlo y, aunque por distintos fundamentos, confirmamos la resolución denegatoria de la solicitud de desestimación emitida por el foro de instancia.

II

El texto original de las disposiciones pertinentes de la Ley de 16 de febrero de 1903 establecía, en lo pertinente, lo siguiente:

En consecuencia, en el presente caso no está en controversia el hecho de que Estados Unidos posee jurisdicción exclusiva sobre los terrenos ocupados por la Base Roosevelt Roads. Ello no obstante, nos corresponde determinar cuál es el alcance o el significado de la exclusividad de su jurisdicción.

Como es sabido, el Artículo I, Sección 8, Cláusula 17, de la Constitución de los Estados Unidos no es de aplicación en Puerto Rico. Dicha disposición constitucional únicamente aplica a los estados de la Unión. Así lo resolvimos expresamente en Moore v. Corte, 59 D.P.R. 620, 624 (1941). Ello no obstante, allí también indicamos que "puede y debe recurrirse a la jurisprudencia interpretativa de la [citada] cláusula constitucional para fijar el alcance de la" Ley de 16 de febrero de 1903. De hecho, aun cuando la antes citada Ley de 1903 no siguió estrictamente el lenguaje de la referida cláusula constitucional federal, ambas disponen sustancialmente lo mismo. López v. Corte, ante.

Dicha cláusula constitucional federal establece, en lo pertinente, que el Congreso de los Estados Unidos tendrá facultad, entre otras cosas:

Como es bien sabido, "el término 'jurisdicción' significa el poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o controversias". Gearheart v. Haskell, ante, a la pág. 61; Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 (1953). Hay que mantener presente, sin embargo, que los conceptos de "jurisdicción legislativa" y de "jurisdicción judicial" no son sinónimos, sino que muy por el contrario, son sumamente distintos.

El concepto de "jurisdicción legislativa" se refiere a quién tiene la facultad de regular, mediante legislación, determinada materia, hecho o situación. Esto es, el señalamiento, en la anteriormente citada disposición constitucional, a los efectos de que el Congreso de los Estados Unidos tiene jurisdicción exclusiva significa que es el gobierno federal, y no los estados ni Puerto Rico, el que cuenta con la facultad de legislar en los enclaves federales. Véase López v. Corte, ante, citando a Ryan v. State of Washington, 302 U.S. 186 (1938). En palabras más sencillas, el concepto de jurisdicción legislativa se refiere a "qué ley aplica". Sopeña v. Colejon Corp., 920 F.Supp. 259 (D.P.R. 1996). Por otra parte, la "jurisdicción judicial" trata sobre qué tribunal, estatal o federal, está autorizado a entender en determinada controversia, irrespectivo de la ley al amparo de la cual surja la reclamación. Id.

Por otra parte, y contrario a los tribunales federales, los tribunales de Puerto Rico son unos de jurisdicción general y, salvo contadas excepciones, ni la Constitución Federal ni legislación alguna limitan las materias sobre las cuales nuestra Legislatura puede conferirles jurisdicción. De hecho, existe una presunción a los efectos de que los tribunales estatales tienen jurisdicción concurrente con los tribunales federales, en cuanto a casos civiles, que surjan al amparo de una ley federal. 32A Am. Jur. 2d, Federal Courts §1069; Yellow Freight Sys., Inc. v. Donnelly, 494 U.S. 820 (1990).

Así por ejemplo, la sección 6 de la Ley de 16 de febrero de 1903, según enmendada por la Ley Núm. 62 de 10 de junio de 1955, 28 L.P.R.A. §56, titulada "Ley para autorizar al Gobernador de Puerto Rico ceder a Estados Unidos la jurisdicción sobre terrenos adquiridos por éste en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para otros fines" dispone, en lo pertinente, que:

En resumen, en esta clase de situaciones, la jurisdicción exclusiva de los tribunales federales es la excepción, no la norma. Para que dichos foros tengan jurisdicción exclusiva, se requiere acción y declaración expresa a esos efectos por parte del Congreso de los Estados Unidos. En otras palabras, la norma general es a los efectos de que los tribunales estatales tienen jurisdicción concurrente con los federales en la aplicación de las leyes federales. Dowd Box Co. v. Courtney, 368 U.S. 502, 507-508 (1961) y casos allí citados.

IV

Habiendo resuelto que los tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción concurrente para entender en la controversia que plantea el caso de autos y que el derecho aplicable a dicha controversia es el federal, nos resta resolver qué derechos, si algunos, le asisten a la recurrida Renata Roberts bajo el referido esquema.

Como es sabido, la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo es una legislación que regula, de manera primordial, el horario de trabajo de los empleados y el salario mínimo por hora a pagarse a éstos. La referida Ley no incorpora la legislación laboral estatal. Esta última únicamente puede ser aplicable en tanto y en cuanto la misma sea más beneficiosa para el trabajador en lo referente a salario mínimo y en cuanto al pago de horas extras. Véase: 29 U.S.C. §218; Cosme-Nieves v. Deshler, 786 F.2d 445, 452 (1st Cir. 1986); Henry H. Dummonds, The Sister Sovereign States: Preemption and the Second Twentieth Century Revolution in the Law of the American Workplace, 62 Fordham L.Rev. 469, 521 (1993).

¿Significa lo anteriormente expuesto que la recurrida Roberts no tiene derecho alguno a las mencionadas partidas? En circunstancias en las que la relación obrero-patronal se rige por convenios colectivos o por contratos de trabajo, y en ausencia de legislación aplicable, la contestación a dicha interrogante depende de los términos y condiciones que, respecto a dichas partidas o renglones, acuerden las partes.

Además, será necesario examinar dicha carta para determinar si allí se estipuló qué ocurriría en caso de que la señora Renata Roberts fuera despedida. Ello es de suma importancia, puesto que a la recurrida no le aplica la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. §185a et seq., por ser, repetimos, de aplicación exclusiva al presente caso el derecho federal.

Es menester señalar que las relaciones laborales en Estados Unidos se rigen, en términos generales, por la doctrina del empleo a voluntad ("employment-at-will"). Como indicáramos en Vélez Rodríguez v. Pueblo International, Opinión y Sentencia de 18 de marzo de 1994, la referida doctrina "establece que un patrono en el sector privado puede despedir a un empleado contratado por tiempo indeterminado, con o sin justa causa, y [] el empleado no tiene por esta acción recurso judicial alguno contra su ex-patrono. L.K. Larson, Unjust Dismissal, Mathew Bender, 1993, Vol. 1, sec. 1.01, págs. 1-2 y 1-3". Véase además, Payne v. Western & Atl. R.R., 179 S.W. 134 (Tenn. 1915); Sid L. Moller, The Revolution That Wasn't: On the Business-as-Usual Aspects of Employment-at-Will, 27 Univ. of Richmond L. Rev. 441-95 (Spring 1993).

Expresamos en Vélez Rodríguez v. Pueblo International, ante, que:

Las categorías de excepciones a la doctrina del empleo a voluntad son las siguientes: (1) contratos implícitos o de facto ("implied in fact contracts"); (2) política pública ("public policy torts") y; (3) principios de buena fe y trato justo ("covenants to exercise good faith and fair dealing").

Bajo la excepción de la teoría del contrato implícito o de facto, un empleado que es despedido en violación a las promesas orales o implícitas hechas por el patrono, o derivadas de las políticas o manuales del patrono para la retención del empleo, puede recobrar ante el incumplimiento de éste con tales promesas. Sid L. Moller, loc. cit. Para tener éxito en una reclamación bajo esta excepción, se ha indicado que el demandante tiene que alegar y demostrar: (1) que el patrono hizo una promesa de seguridad de empleo; (2) que el empleado descansó en dicha promesa y en consecuencia, actuó conforme a la misma; (3) que el patrono quebrantó su promesa al despedir al empleado y; (4) que el empleado sufrió daños. Ello no obstante, los patronos tienen la libertad de hacer contratos de empleo conforme a los cuales puedan despedir a sus empleados a su voluntad y aun sin mediar una previa determinación de justa causa. De hecho, bajo esta primera excepción discutida, el empleado está obligado a rebatir la presunción de que su empleo era uno a voluntad. Además, en términos generales la existencia de un empleo a voluntad no se altera meramente por las creencias subjetivas del empleado. Sid L. Moller, loc. cit. La segunda excepción que se ha reconocido, esto es, la de política pública, "establece que un patrono no puede despedir a un empleado contratado por tiempo indeterminado si el propósito y la intención de tal despido es frustrar y subvertir una clara política pública estatal". Vélez Rodríguez v. Pueblo International, ante. Bajo esta excepción se le permite al obrero instar una acción en daños y perjuicios contra su patrono por haberlo despedido a manera de represalia, entre otras cosas, por haber reclamado algún derecho conferido por cierta ley o reglamentación, o por haber informado a determinada agencia reguladora que su patrono estaba incumpliendo con algún requisito impuesto por ley. El empleado tiene que demostrar: (1) que existía una clara política pública manifestada en una Constitución federal o estatal, en una ley, en una reglamentación administrativa o en el derecho común; (2) que despidieron al empleado en circunstancias que pueden perjudicar la política pública en cuestión; (3) que el despido fue motivado por conducta relacionada a dicha política pública; y (4) que el patrono no tenía una justificación legítima para el despido. Véase: Sid L. Moller, loc. cit.; Vélez Rodríguez v. Pueblo International, ante.

La tercera excepción --buena fe y trato justo-- permite que un empleado presente una reclamación si el patrono ha violentado los principios de buena fe y trato justo implícitos en la terminación del empleo. Véase, Fortune v. National Cash Register Co., 364 N.E.2d 1251 (Mass. 1977). A raíz de ello, aun cuando generalmente los patronos pueden despedir a sus empleados por cualquier razón, sea ésta buena o mala, o sin razón alguna, el patrono no puede ejercitar tal derecho de mala fe ni injustamente. Sid L. Moller, loc. cit. Es decir, luego de que el empleado demuestra que existía una relación de trabajo y que la misma terminó, el juzgador determina si el despido fue justo y de buena fe. En relación a esta tercera excepción, se ha indicado que hay que ser cautelosos, puesto que una postura muy liberal tendría el efecto práctico de abolir la doctrina del empleo a voluntad. Así, una crítica que se le ha hecho a esta excepción es que imponer el requisito de buena fe y trato justo al despedir a un empleado equivale a requerir justa causa para el mismo. Mary A. Glendon & Edward R. Lev, Changes in the Bonding of the Employment Relationship: An Essay on the New Property, 20 B.C. L. Rev. 457 (1979), citado en Sid L. Moller, loc. cit. Sin embargo, en la práctica los tribunales no han requerido la existencia de justa causa al despedir a un empleado. Id.

En fin, no siendo de aplicación al caso de autos la legislación laboral local, la determinación judicial sobre si la recurrida Renata Roberts tiene algún derecho --relativo a vacaciones, mesada y bono de Navidad-- necesariamente tiene que depender de la prueba que aporten las partes sobre los acuerdos suscritos por ellos respecto a dichos reclamos; debiendo, además, el foro de instancia considerar al hacer dicha determinación las excepciones a la doctrina del empleo a voluntad.

Por las razones antes expuestas, se dictará Sentencia confirmatoria de la resolución recurrida; devolviéndose el caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí expuesto y resuelto.

San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 1998

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia confirmatoria de la resolución emitida por el antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Humacao; devolviéndose el caso a dicho foro para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí expuesto y resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión disidente a la cual se unieron el Juez Presidente señor Andréu García y la Juez Asociada señora Naveira de Rodón.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 1998.

Estoy de acuerdo con la mayoría del Tribunal en que, en el caso de autos, los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tienen plena jurisdicción para entender en la reclamación laboral de la recurrida Renata Roberts contra su patrono, el USO Council of P.R., Inc. La reclamación aludida se formuló exclusivamente al amparo de la legislación laboral de Puerto Rico, por una residente de la isla, contra una corporación puertorriqueña. Aunque el patrono querellado llevaba a cabo sus actividades en los terrenos de una base militar norteamericana, no existe disposición congresional alguna de la que surja que existe jurisdicción sobre esta reclamación en los tribunales federales, y menos aun, que tal jurisdicción federal es exclusiva. Por ende, tienen jurisdicción nuestros tribunales.

Con lo que no estoy de acuerdo es con el dictamen de la mayoría de que la reclamación en este caso se rige por derecho federal. Estimo que tal dictamen es contrario a las más elementales normas de la doctrina federal sobre el campo ocupado ("preemption"); y en el fondo, es contradictorio también con la correcta decisión de la mayoría sobre la jurisdicción que tienen nuestros tribunales respecto a la querella en cuestión. Finalmente, dicho dictamen es contrario a lo resuelto por este Foro sobre el particular en Nolla Galib Cía. vs. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 646 (1966), que es un caso de hechos esencialmente iguales a los del de autos. Veamos.

I

Debe resaltarse inicialmente que es indudable el poder plenario del Congreso de los Estados Unidos para legislar respecto a las bases militares norteamericanas. Jurídica- mente no puede disputarse que el Congreso posee tal poder. Lo único que nos concierne aquí es la cuestión de si el Congreso ha ejercido tal poder de algún modo que excluya en el caso de autos la aplicación del derecho de Puerto Rico invocado por la recurrida.

Tampoco hay controversia en cuanto a que el Congreso no ha legislado substantivamente sobre el asunto concreto de la reclamación laboral ante nos. El Congreso ciertamente podría aprobar alguna ley, regulando todo lo relativo a las condiciones de empleo de personas de las circunstancias de la querellante de autos, pero no lo ha hecho. No hay ley federal que aplique a una demanda de pago de mesada, de bono de Navidad y de vacaciones acumuladas de una residente de Puerto Rico contra un patrono puertorriqueño como el de autos, por labores rendidas en una base militar norteamericana.

Como no existe legislación federal con la que puedan confligir las normas aplicables de Puerto Rico, éstas rigen la controversia ante nos, a menos que el Congreso haya ocupado el campo en relación al asunto que nos concierne. Es decir, si el Congreso, en virtud del poder plenario que tiene sobre lo que acontece en una base militar, ha determinado expresamente que habrá competencia federal exclusiva sobre reclamaciones como la de Roberts, o si tal intención congresional es patente, aunque no se haya formulado expresamente, sólo entonces no es aplicable a este asunto la legislación de Puerto Rico sobre el particular. Penn v. Nelson, 350 U.S. 497 (1956); Rice v. Santa Fe Elevator Corp., 331 U.S. 218 (1947); Hines v. Davidowitz, 312 U.S. 52 (1941).

Resulta, sin embargo, que no existe alguna disposición congresional conocida, que expresamente desplace, en las circunstancias aludidas, la legislación de Puerto Rico bajo la cual la querellante amparó su reclamación en el caso de autos. Tampoco existen fundamentos que permitan suponer que el Congreso indudablemente quiso ocupar el campo respecto a asuntos como los que concretamente nos conciernen aquí. No existe respecto a dichos asuntos un abarcador esquema regulatorio federal, ni riesgo de conflictos con la administración de algún programa federal, ni un preeminente interés federal de uniformidad nacional, que permitan deducir una clara intención congresional de ocupar el campo. 2 Rotunda y Nowak, Treatise on Constitutional Law, 72-73 (1992). Por el contrario, los asuntos laborales que nos conciernen aquí son típicamente cuestiones que el Congreso deja a la discreción de los gobiernos estatales, y por ende, al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se trata de funciones estatales tradicionales, que no quedan abolidas, sólo porque la actividad ocurre en una base militar. Véase, Medtronic, Inc. v. Lohr, 116 S.Ct. 2240, 2250-51 (1996); Hawaiian- Airlines v. Norris, 512 U.S. 246 (1994); B. And C. Trades Council v. Asso. Builders and Contractors, 507 U.S. 218 (1993); Fort Halifax Packing Co. v. Coyne, 482 U.S. 1 (1987); Baker v. Gen. Motors Corp., 478 U.S. 621 (1986); Metropolitan Life Ins. Co. v. Mass, 471 U.S. 724 (1985); Belkmap v. Hale 463 U.S. 491 (1983); Sears, Roebuck & Co. v. Carpenters, 436 U.S. 180 (1978); Farmer v.Carpenters, 430 U.S. 290 (1977); Linn v. Plant Guard Workers, 383 U.S. 53 (1966).

En resumen, como bien señalan los profesores Rotunda y Novak, supra, págs. 77, 78, 90:

En el caso ante nos, no surge de ningún modo que el Congreso haya querido desplazar la legislación puertorriqueña aplicable a éste. Para ello no basta con invocar la naturaleza de la base militar como un enclave federal, porque el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, ausente una expresión congresional clara, se ha negado a encontrar el campo ocupado aun respecto a áreas de la más preeminente injerencia federal, como lo es el caso de la seguridad física en plantas nucleares que sólo pueden establecerse y operar mediante licencias y extensa regulación federal. Silkwood v. Kerr-McGee Corp., 464 U.S. 238 (1984). Si en tales situaciones no se desplaza la legislación estatal sobre asuntos propios del estado, tampoco puede ello ocurrir sólo porque el evento estatal acontece en una base militar, ya que los intereses federales en una situación y la otra son evidentemente análogos.

Tampoco puede invocarse rígidamente la disposición de la Constitución federal que dispone la autoridad del Congreso sobre terrenos adquiridos de los estados para instalaciones militares. Art. IV, sección 8, cláusula 17. Como la propia mayoría admite, dicha disposición no es de aplicación a Puerto Rico, debido a que se refiere únicamente a los estados de la Unión. Más aun, dicha disposición no concede per se una facultad legislativa exclusiva al Congreso sobre las referidas instalaciones militares, sino la facultad al Congreso para ejercer tal facultad. Presupone que el Congreso, en efecto, tenga la intención de legislar exclusivamente. Si en alguna instancia el Congreso no ha optado por ejercer tal facultad exclusiva, no queda desplazada la ley estatal aplicable. Véase, Evans v. Cornman, 398 U.S. 419 (1970); Howard v. Commissioners, 344 U.S. 624 (1953); Stewart and Co. v. Sadrakula, 309 U.S. 94 (1940); Atkinson v. Tax Comm., 303 U.S. 20 (1938); Mason Co. v. Tax Comm., 302 U.S. 186 (1937); Power v. Barret, 162 U.S. 399 (1896). El profesor Lawrence Tribe resume el asunto sucintamente en su conocida obra American Constitutional Law, 2^nd. Ed., pág. 329 (1988): "congressional jurisdiction over federal enclaves is exclusive only if exercised." Ello no ha sucedido respecto a los asuntos que nos conciernen aquí concretamente.

No hay base, pues, para concluir, como erróneamente lo hace la mayoría, que no aplica el derecho de Puerto Rico al caso de autos.

La determinación que hace la mayoría de que los tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción para entender en el caso de autos, pero que el derecho aplicable es el federal, es realmente contradictoria. Si el Congreso en efecto hubiese ocupado el campo legislativo tácitamente respecto a los asuntos que nos conciernen, como aduce la mayoría, por tratarse de un enclave tan intensa y abarcadoramente "federal" como es una base militar, entonces es difícil comprender por qué la presunta exclusividad no se extiende también al ámbito judicial. Es decir, como los criterios constitucionales para la determinación de exclusividad federal para ambos asuntos son los mismos -–intención expresa del Congreso o intención patente aunque no expresa-- resulta incomprensible que en este caso se resuelva que la jurisdicción legislativa es exclusivamente federal pero la judicial no la es, sobre todo cuando la mayoría afirma, además, que la jurisdicción en cuanto a delitos que ocurren en enclaves federales es exclusiva de los tribunales federales.

Para enmarañar las cosas aún más, tampoco resulta comprensible que la mayoría decrete que el derecho aplicable al caso de autos es el federal, pero que entonces dictamine que los reclamos concretos de la empleada aquí han de resolverse conforme "los acuerdos suscritos" entre ella y su patrono respecto a dichos reclamos. ¿Es esto "derecho federal"? ¿Son los términos del contrato de la querellada y su patrono "derecho federal"?

Finalmente, nada dice la mayoría sobre el precedente de Nolla Galib Cía. v. Tribunal Superior, supra, que es claramente controlante aquí. ¿Queda revocado? ¿Por qué el silencio sobre el particular?

III

Por todo lo expuesto antes, debo disentir del dictamen mayoritario aludido. No existen fundamentos adecuados aquí para concluir que el derecho de Puerto Rico no es aplicable a la reclamación de la recurrida Roberts. El desacertado dictamen puede privar a una empleada de emolumentos que corresponden a su esfuerzo y trabajo, lo que sería injusto, sobre todo cuando ello se decreta supuestamente en aras de proteger una prerrogativa congresional que el propio Congreso no ha optado por ejercer. Sólo puede llegarse a tal resultado mediante una postura de ser "más papista que el papa", como la que delata la mayoría en este caso. Ello es lamentable, aun para los intereses a que responde tal postura, porque el celo excesivo en proteger lo federal sólo redunda en el desdoro de lo propiamente federal.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO