Número del Caso: CP-97-2

Abogados Parte Demandante: Querellante: Lcda. Yvonne Casanova Pelosi, Proc. General Auxiliar

Abogados Parte Demandada: Querellado: Lcdo. José A. Cangiano

Lcdo. Jaime O. Rivera Sotomayor

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia:

Juez del Tribunal de Primera Instancia:

Tribunal de circuito de Apelaciones:

Juez Ponente:

Fecha: 3/18/1998

San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 1998.

El 20 de marzo de 1997, el Procurador General de Puerto Rico presentó una querella ante nos contra el Lic. Eloy Verdejo Roque. Le imputó los siguientes cargos:

CARGO I

CARGO II

CARGO III

CARGO IV

El 21 de marzo 1997, se le ordenó al querellado contestar la querella aludida, dentro de un término de 15 días a partir de la notificación de nuestra orden, que se hizo personalmente el 26 de marzo de 1997. Aunque el plazo para contestar la querella venció el 10 de abril de 1997, no fue hasta el 31 de julio de ese año, casi cuatro (4) meses después de vencido el plazo, que se recibió una contestación del querellado. En el interín, el 30 de junio de 1997, nombramos un Comisionado Especial, con instrucciones de que recibiera la prueba correspondiente y nos rindiera un informe con sus conclusiones de hecho respecto a la querella.

Luego de celebrados los procedimientos de rigor, el 12 de septiembre de 1997, el Comisionado nos rindió su informe respecto a la querella de autos. Concluyó el Comisionado que todos los cargos formulados por el Procurador General contra el Lic. Eloy Verdejo Roque habían sido debidamente probados. Añadió que el Lic. Verdejo había desplegado "un comportamiento marcadamente descuidado en el cumplimiento de sus obligaciones para con sus clientes y para con el Tribunal Superior de Utuado. Además, su comportamiento en el trámite de la queja (luego querella) en su contra ante el Tribunal Supremo fue igual de descuidada."

En lo pertinente, el Comisionado Especial formuló las siguientes determinaciones de hecho:

II

Reiteradamente hemos resuelto que un abogado que acepta un caso y luego no demuestra la competencia y diligencia que exige el ejercicio de la abogacía, y no mantiene al cliente informado de los desarrollos del caso, incurre en violación seria de la ética profesional. In re: Pérez Santiago, per curiam del 1ro de octubre de 1992, 131 D.P.R. ___, 92 JTS 129; In re: Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987); In re: Rosario, 116 D.P.R. 462 (1985); In re: Pagán Ayala, 115 D.P.R. 431 (1984); In re: Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 810 (1984); In re: Rivera Carmona, 114 D.P.R. 390 (1983); In re: Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982). Tan seria es la violación de la ética profesional en cuestión, que según hemos indicado antes, ésta "de ordinario. . . amerita cuando menos una suspensión del ejercicio de la abogacía". In re: Rosario, supra, a la pág. 467.

En el caso ante nos, no cabe duda alguna de que el querellado desatendió negligentemente la encomienda de sus clientes. Si bien es cierto que el Lic. Verdejo los ha indemnizado por los daños que su conducta poco profesional les ha ocasionado, ello no lo dispensa de la violación ética en que él incurrió. El resarcimiento por el abogado a su cliente puede ser un atenuante, pero no precluye el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. In re: Pagán Ayala, 117 D.P.R. 180 (1986); In re: Acosta Grubb, supra, a la pág. 604.

La conducta del querellado en el caso de autos es inexcusable, y amerita nuestra censura y una suspensión temporera del ejercicio de la profesión.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia suspendiendo al Lic. Verdejo Roque del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico por un período de tres meses y hasta que otra cosa disponga este Tribunal.

San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 1998.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente sentencia, se suspende al Lic. Verdejo Roque del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico por un período de tres meses y hasta que otra cosa disponga este Tribunal.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López disiente con opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 1998

El día en que una persona presta el juramento como abogado ante el Tribunal Supremo le es concedido un gran privilegio: el de poder ejercer una profesión, honrosa por demás, que tiene una rica y extraordinaria tradición y que desempeña un importante papel en nuestra sociedad. Desde ese memorable día en adelante, los así juramentados podrán abogar por sus conciudadanos; es decir, defender los derechos de terceras personas, obligando a otros a cumplir con las obligaciones y responsabilidades que le impone a todo ciudadano la vida colectiva o en comunidad.

Ese privilegio, sin embargo, requiere de todos y cada uno de los abogados el compromiso inquebrantable y continuo de velar por el buen fucionamiento de nuestro sistema de justicia y, por ende, por el bienestar del país en general; ello así ya que --y sobre esto no debe haber la menor duda-- el bienestar de la ciudadanía en general guarda relación directa con la buena o mala calidad de la justicia que se dispensa en nuestra tierra.

Ahora bien, nosotros los abogados, seres humanos al fin, cometemos errores. Naturalmente, no todo error o falta que comete el abogado amerita su suspensión o desaforo. Hay situaciones, sin embargo, que claramente son indicativas de que un abogado en particular no merece seguir ostentando el honroso título que le fue concedido el día en que juramentó como abogado ante este Tribunal; día, repetimos, en que le fue concedido el inmenso privilegio de poder defender los derechos de unas personas, sus clientes, contra los posibles desmanes de otros ciudadanos y/o del gobierno.

Entre otras, nunca hemos podido entender ni condonar la situación en que un abogado, en forma displicente y negligente, desatiende la causa de acción que un cliente confió en sus manos con la esperanza de que se le hiciera justicia. Ello, a nuestro juicio, demuestra tal grado de insensibilidad que incapacita al abogado para desempeñar su honroso ministerio. No hay duda del hecho, el cual todos debemos entender, que los abogados no son "magos" que pueden tornar un caso indefendible en uno victorioso. Ello no obstante, el esfuerzo y la dedicación a la causa que le fue confiada, y que representa, siempre tienen que estar presentes.

Tampoco hemos podido entender la actitud de algunos abogados de desacatar abiertamente las órdenes de los tribunales. Los jueces, seres humanos igualmente, se pueden equivocar y emitir órdenes erróneas o injustas. Ahora bien, el hecho de que la órden emitida sea errónea no le da derecho al abogado a cruzarse de brazos e ignorar la misma. Precisamente, una fundamentada comparecencia en tiempo ante el tribunal, de parte del abogado, le permitirá al foro judicial la oportunidad de corregir prontamente su equivocación. Ello redunda en el mejor funcionamiento del sistema.

En fin, ante este Tribunal llegan muchas quejas que son demostrativas de que el abogado querellado no tiene las cualidades necesarias para continuar desempeñándose como tal o que, sencillamente, no le interesa ser abogado. Disentimos en el presente caso por entender que la sanción impuesta por el Tribunal, a la luz de la conducta observada por el aquí querellado, no es lo suficientemente aleccionadora para éste.

I

Como surge de la Opinión Per Curiam emitida por una mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso, al Lcdo. Eloy Verdejo Roque le fue confiada la defensa de una demanda que, por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, fuera radicada contra los esposos Rodríguez-Aulet ante el antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Utuado. El Lcdo. Verdejo Roque se cruzó de brazos y no compareció, en forma alguna, ante dicho foro judicial en defensa de los intereses de sus clientes. Ello tuvo la consecuencia de que el foro de instancia le anotara la "rebeldía" a los demandados Rodríguez-Aulet y dictara sentencia contra éstos, condenándolos a pagar a los demandantes la suma de $9,200.00, más $500.00 por concepto de honorarios de abogado; sentencia que está actualmente en proceso de ejecución.

Le ordenamos al Procurador General de Puerto Rico que radicara la correspondiente "querella" contra el Lcdo. Verdejo Roque. En la misma se le imputó a dicho abogado la violación de cuatro de los Cánones de Ética Profesional. El Lcdo. Verdejo Roque desatendió tres (3) órdenes de este Tribunal en las cuales le ordenábamos que contestara la referida querella contra él radicada por el Procurador General. Finalmente, contestó la misma, de forma incompleta y con un retraso de aproximadamente cuatro (4) meses.

Surge del Informe rendido por el Comisionado Especial que designáramos para que recibiera la prueba correspondiente que: el Lcdo. Verdejo Roque nunca brindó una explicación satisfactoria en relación con la conducta en que incurrió; nunca hizo una sola gestión ante el foro de instancia, previo a la sentencia, en favor de sus clientes; nunca siquiera entrevistó a los testigos que sus clientes le manifestaron podrían ser utilizados a su favor en el caso; y nunca les informó a sus clientes del "status" del caso.

Como surge de la Opinión mayoritaria, el Comisionado Especial concluyó que el Lcdo. Verdejo Roque incurrió en un "comportamiento marcadamente descuidado" no sólo en cuanto a sus clientes sino que en relación con sus obligaciones para con el tribunal de instancia y este Tribunal. La propia Mayoría reconoce que la conducta del mencionado abogado constituye "una violación seria de la ética profesional".

II

Los miembros de la profesión no deben aceptar más casos de los que pueden atender en forma eficiente y adecuada. Esto no es un comercio. En otras palabras, el abogado no es un "comerciante del derecho" que presta unos servicios a cambio de unos honorarios. A diferencia de otras profesiones y ocupaciones, el éxito de una persona como abogado no se mide por lo abultado de su cuenta bancaria. Su éxito dependerá del respeto con que se le mire, el grado de consideración que merezcan sus consejos y si se le estima como ejemplo por sus conciudadanos.

Un abogado que alcanza este nivel de excelencia personal no sólo le da prestigio a la profesión a la cual dedica su vida sino que obliga a los compañeros abogados a los que se enfrenta a diario a dar el máximo de sus habilidades, causando con ello que la justicia que se imparta en nuestra tierra sea de superior calidad. El éxito del abogado, en otras palabras, debe medirse por el grado de satisfacción personal que éste obtiene al saber que ha cumplido, en forma eficiente y satisfactoria, con la labor que le fue encomendada por el cliente que acudió a sus oficinas en busca de ayuda, orientación y justicia.

III

Como expresáramos anteriormente, disentimos de la Opinión mayoritaria emitida por cuanto consideramos insuficiente la sanción que le impone la Mayoría al Lcdo. Verdejo Roque. Dados los hechos particulares del presente caso, suspenderíamos a éste de la práctica de la profesión de la abogacía por un término de un (1) año.