Número del Caso: CC-97-612

Abogados Parte Demandante: Recurrente: Lcdo. Osvaldo Pérez Marrero

Abogados Parte Demandada: Recurrida: Lcdo. José M. Fernández Luis

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Oscar Dávila Suliveres

Tribunal de circuito de Apelaciones: San Juan

Juez Ponente: Hon. López Vilanova

Fecha: 3/18/1998

San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 1998.

Tenemos ante nos la ocasión para precisar cuál es el alcance del requisito procesal, fijado en el Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, que exige el cumplimiento estricto de la obligación de un peticionario de notificar su recurso de certiorari al tribunal recurrido.

I

La peticionaria, Mariana Arriaga Rivera, fue admitida en el Hospital Industrial, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante F.S.E.), para recibir tratamiento médico, que incluía una operación quirúrgica. Cuatro días después de dicha operación, el 5 de abril de 1993, la peticionaria tomó los medicamentos que se la habían prescrito para dormir, pero el personal del hospital no tomó la precaución de fijar barandas protectoras a su cama, por lo que la peticionaria se cayó de ésta mientras dormía. Tal caída ocasionó que se lesionara los discos vertebrales recién operados. Posteriormente, la peticionaria continuó recibiendo tratamiento médico hasta el 18 de enero de 1996, cuando se le notificó la decisión del Administrador del Fondo, otorgándole incapacidad total permanente por su lesión.

Mientras recibía el tratamiento aludido, el 28 de marzo de 1994, la peticionaria envió una carta certificada con acuse de recibo al Administrador del Hospital Industrial. En dicha carta la peticionaria hizo una reclamación extrajudicial detallada respecto a su caída, a los fines de interrumpir el término prescriptivo de la acción civil por los daños resultantes de dicha caída, ocasionados por la negligencia del personal del hospital. El administrador del hospital, sin embargo, no recibió esa carta hasta el 6 de abril de 1994. El 19 de septiembre de 1994, la peticionaria presentó una demanda contra el F.S.E. por el incidente aludido.

Dos años más tarde, luego de que ocurriesen varios incidentes procesales, el F.S.E. presentó en el foro judicial una moción de desestimación, en la que alegaba que la causa de acción de la peticionaria estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia adjudicó dicha moción y determinó que la carta enviada por la peticionaria al Administrador del Hospital Industrial el 28 de marzo de 1994 había interrumpido el término para incoar la acción en cuestión. También indicó el foro de instancia, que dicho hospital era una dependencia del F.S.E., por lo que al enviar la carta a nombre del administrador del hospital, constituía una reclamación extrajudicial al F.S.E.

Inconforme con tal determinación, el F.S.E. recurrió mediante el recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Este revocó el dictamen del foro de instancia. Determinó que no se había interrumpido el término prescriptivo, debido a que la carta fue recibida el 6 de abril de 1994, un día después de extinguirse dicho término. Además, señaló que la carta en cuestión estaba dirigida a un tercero, al Administrador del Hospital Industrial, no al F.S.E., por lo que la reclamación extrajudicial hecha mediante dicha carta no gozaba de capacidad interruptiva, por no estar dirigida a quien fuera demandado.

No conforme con la determinación del foro apelativo, la peticionaria acudió ante nos oportunamente, mediante el recurso de certiorari, e hizo el siguiente señalamiento de errores:

Posteriormente, el 2 de diciembre de 1997, el F.S.E. compareció ante nos mediante un escrito titulado "Alegato de la Parte Recurrida", en el cual arguyó en contra del señalamiento de errores de la peticionaria y a favor de que se confirmara la sentencia del foro apelativo. Con el beneficio de los escritos de ambas partes, pues, pasamos a resolver, conforme lo dispuesto en la Regla 50 de nuestro Reglamento.

II

La peticionaria ha planteado ante nos dos importantes controversias sobre el asunto de la prescripción. Una tiene que ver con la cuestión de cuándo comienza a correr el término prescriptivo para que un obrero pueda incoar una acción de daños y perjuicios contra el propio F.S.E. en un caso como el de autos. La otra tiene que ver con la cuestión de cuándo surte efectos una reclamación extrajudicial, para interrumpir el término prescriptivo. No hemos de resolver estas controversias, sin embargo, porque existe un asunto previo, de naturaleza procesal, conforme al cual debe disponerse de la petición de certiorari ante nos. Se trata de la cuestión planteada en el segundo señalamiento de error de la peticionaria, referente a que el Tribunal de Circuito de Apelaciones no debió ejercer su jurisdicción para acoger un recurso de certiorari que no había sido debidamente perfeccionado. De ser correcto el señalamiento aludido, sería improcedente el dictamen del foro apelativo, independientemente de si tenía méritos o no el contenido substantivo de dicho dictamen. Como se sabe, las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal, por ser privilegiadas, deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras. Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436 (1950); López v. Pérez, 68 D.P.R. 312 (1948). Si el Tribunal de Circuito de Apelaciones no debió asumir jurisdicción para entender en el certiorari mediante el cual ese foro dictó la sentencia que se ha impugnado ante nos, lo que procede es que así lo declaremos, y que por ello desestimemos el recurso ante nos. Así lo hemos resuelto reiteradamente. Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551 (1955). Ponce v. F. Badrena E Hijos, Inc., 74 D.P.R. 225, 249 (1952); Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, supra; López v. Pérez, supra. Pasemos, pues, a considerar el señalamiento de error aludido.

III

La Regla 33(A) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones dispone lo siguiente:

1. Manera de presentarlo

En el caso de autos, el F.S.E. no cumplió con lo dispuesto en la citada Regla 33(A), como bien lo admitió el propio foro apelativo en su sentencia. El F.S.E. presentó su recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones el 24 de octubre de 1996, pero no notificó dicho recurso a la secretaría del tribunal recurrido. Ello dio lugar a que el foro de instancia continuara con los procedimientos del caso, a pesar de que estaba pendiente ante el foro apelativo el recurso aludido del F.S.E. En efecto, pocos días después de que el F.S.E. presentara su recurso de certiorari ante dicho foro, el 7 de noviembre de 1996, el tribunal de instancia celebró una conferencia con antelación al juicio. Allí, el tribunal señaló una vista transaccional para el 24 de marzo de 1997, que tuvo que suspenderse llegada la fecha de ésta, cuando el tribunal de instancia tuvo noticia por primera vez de que estaba interpuesto y pendiente el certiorari aludido ante el foro apelativo.

En vista del incumplimiento de la Regla 33(A) por el F.S.E., la peticionaria solicitó del Tribunal de Circuito de Apelaciones la desestimación del recurso de certiorari presentado por el F.S.E. El foro apelativo entonces le requirió al F.S.E. que acreditase la fecha, si alguna, en que había notificado al tribunal recurrido la presentación de certiorari en cuestión. En respuesta a este requerimiento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, el F.S.E. admitió que no había cumplido con lo dispuesto en la Regla 33(A) aludida. Señaló, además, que:

Sobre la base de la referida respuesta del F.S.E., el foro apelativo denegó la moción de desestimación de la peticionaria. Aunque el F.S.E. evidentemente no ofreció una razón adecuada que justificase su incumplimiento del requisito fijado por la Regla 33(A) en cuestión, el foro apelativo resolvió que dicho requisito debía ser interpretado de manera flexible, y que como éste era uno de cumplimiento estricto y no de carácter jurisdiccional, el Tribunal tenía la facultad de eximir de éste a la parte recurrente. El Tribunal de Circuito de Apelaciones no explicó en cuáles circunstancias procedía que se eximiera a una parte de cumplir con la Regla aludida, ni justificó de modo alguno por qué en este caso debía hacerse tal excepción con el F.S.E. Sencillamente, el foro apelativo resolvió que a pesar del incumplimiento por el F.S.E. con lo dispuesto en la Regla 33(A), tenía jurisdicción para entender en el recurso en cuestión, porque dicha Regla sólo establecía un requisito de cumplimiento estricto, no uno jurisdiccional. Con razón nos dice la peticionaria, que erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver como lo hizo. Veamos.

IV

En el caso de autos, se trata de un requisito expresamente calificado como de "cumplimiento estricto". Ya antes nos hemos expresado claramente sobre el significado de esta figura procesal. Hemos señalado que existe una "diferencia conceptual con efectos jurídicos distintos entre lo que es ‘requisito de cumplimiento estricto’ y ‘requisito jurisdiccional’". Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357 (1977). Hemos indicado que cuando se trata de un término de cumplimiento estricto, el foro judicial queda liberado del automatismo que conlleva el requisito jurisdiccional y puede "proveer justicia según lo ameriten las circunstancias". Id, a la pág. 360. Más concretamente, hemos resuelto que cuando un término es de cumplimiento estricto, su observancia tardía "es permisible de existir y demostrarse a cabalidad una justa causa" para no cumplir rigurosamente con el término en cuestión. (Enfasis suplido). González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48 (1989). También hemos resuelto que "no se permitirá desviación alguna del plazo,... so pena de desestimación del recurso, a menos que la tardanza ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad", Pueblo v. Fragoso, 109 D.P.R. 536 (1980); y que "no permitiremos presentaciones tardías de copia de ningún recurso en la secretaría del tribunal de apelación, a menos que la demora ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad". Morales v. Méndez Más, 109 D.P.R. 843 (1980).

Debe indicarse, además, que en fecha muy reciente, en un caso en el cual estaba en cuestión precisamente el alcance de un término de cumplimiento estricto, resolvimos que el Tribunal de Circuito de Apelaciones no goza de discreción para prorrogar tales términos automáticamente. Indicamos que el foro apelativo tiene discreción para extender un término de cumplimiento estricto "sólo cuando la parte que lo solicita demuestra justa causa para la tardanza. En ausencia de tales circunstancias dicho tribunal carece de discreción para prorrogar el término y por ende acoger el recurso de certiorari ante su consideración". Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, opinión del 29 de diciembre de 1997, 144 D.P.R. ___, 97 JTS 152.

De lo anterior, se desprende que los tribunales pueden eximir a una parte del requisito de observar fielmente un término de cumplimiento estricto, si están presentes dos condiciones: (1) que en efecto exista justa causa para la dilación; (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la dilación; es decir, que la parte interesada acredite de manera adecuada la justa causa aludida.

En el caso de autos, no está presente al menos una de las dos condiciones aludidas. Si bien el F.S.E. intentó justificar en detalle su incumplimiento con el término en cuestión, no ofreció realmente una causa justificada para su omisión. Alegaciones tales como las que hizo el F.S.E., de que el incumplimiento fue "involuntario", que "no se debió a falta de interés", que no hubo "menosprecio al proceso", o de que ahora "existe un firme propósito de enmienda", no constituyen justa causa. No es con vaguedades, excusas, o planteamientos estereotipados que se cumple con el requisito de justa causa, sino con explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora ocurrió razonablemente, por circunstancias especiales.

Ausente la justa causa para la omisión en cuestión, el foro apelativo no tenía discreción para eximir al F.S.E. del cumplimiento con lo dispuesto en la Regla 33(A) del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Aunque no se tratase de un requisito jurisdiccional, dicho foro venía obligado aún, como hemos resuelto antes, a denegar el recurso de certiorari, por razón del incumplimiento del reglamento aludido.

Por los fundamentos expuestos, habiendo errado el foro apelativo al acoger la petición de certiorari del F.S.E., se dictará sentencia para expedir el auto de certiorari solicitado ante nos, y para dejar sin efecto la del Tribunal de Circuito de Apelaciones del 24 de septiembre de 1997.

En vista de lo que resolvemos, no es procedente discutir los otros señalamientos de error planteados por el peticionario. Ello, conforme nuestros precedentes en casos similares. Véase, Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra. Cualquier dictamen nuestro sobre esos otros señalamientos constituiría una mera opinión consultiva, y sería contraria a nuestra reiterada política judicial de no hacer pronunciamientos normativos que no han de tener efectos prácticos, porque no han de cambiar de modo alguno el resultado ya dispuesto para el caso en cuestión. P.P.D. v. P.N.P., opinión del 16 de febrero de 1996, 140 D.P.R. ___, 96 JTS 18.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 1998.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente sentencia, habiendo errado el foro apelativo al acoger la petición de certiorari del Fondo del Seguro del Estado, se expide el auto de certiorari solicitado ante nos, y se deja sin efecto la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones del 24 de septiembre de 1997.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Negrón García disiente sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rebollo López disiente con opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo