Número del Caso: CC-97-714

Abogados Parte Demandante: Peticionario:

Lic. Roy R. Sánchez-Vahamonde Dieppa

(Sánchez-Vahamonde & Sánchez-Vahamonde)

Abogados Parte Demandada: Recurrida:

Lic. Miguel A. Velázquez Rivera

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior SAN JUAN

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Dora T. Peñagarícano Soler

Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional de San Juan

Juez Ponente: Hon. Negroni Cintrón

Fecha: 3/27/1998

San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 1998.

El recurrido, David René Biver, comenzó a trabajar como empleado de la Cooperativa Federal de Empleados Telefónicos (la Cooperativa) y se desempeñó como cajero en el área de servicio al cliente. El 27 de diciembre de 1993, luego de transcurrir el período probatorio, fue contratado como empleado permanente. El 4 de abril de 1994, fue despedido sumariamente, mediante una carta suscrita por el Administrador de la Cooperativa. En dicha carta no se expuso razón alguna para el despido. No se le formularon cargos.

En mayo de 1994, René Biver presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en la cual alegó, en síntesis, que no se le formularon cargos, que no se le notificó razón para su despido y que no se le concedió oportunidad para defenderse de los supuestos cargos en su contra. Basó sus alegaciones en el Reglamento de Disciplina para los empleados de la Cooperativa, que estaba vigente desde el 19 de mayo de 1992. Dicho Reglamento, inter alia, dispone un procedimiento a seguirse para imponer sanciones disciplinarias a los empleados. El demandante solicitó como remedios que se le repusiera en el empleo; y que se le pagaran los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta tanto se le brindara la oportunidad de defenderse de los cargos en su contra, si alguno, más una cantidad en concepto de daños y perjuicios.

Después de haber sido emplazada, la Cooperativa presentó una moción de sentencia sumaria solicitando la desestimación de la demanda. Adujo que el demandante había sido compensado de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185 y ss., y que el remedio provisto por esta ley era el único al que tenía derecho el demandante. Este se opuso a dicha moción.

Se celebró una vista en la cual las partes argumentaron sus respectivas posiciones y luego de presentados escritos suplementarios, el tribunal de instancia dictó una primera resolución, el 7 de julio de 1995, y declaró no ha lugar la moción de sentencia sumaria.

No obstante, presentada una moción de reconsideración por parte de la Cooperativa, el tribunal emitió una sentencia sumaria el 10 de enero de 1996, mediante la cual declaró sin lugar la demanda.

El demandante entonces presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Este revocó la sentencia sumaria del foro de instancia. En esencia, concluyó el foro apelativo que en el caso de autos el patrono estaba obligado a seguir el procedimiento que él mismo había establecido en su reglamento de disciplina, y que no tenía discreción para despedir a un empleado suyo sin observar el trámite procesal establecido en dicho reglamento.

Inconforme con tal dictamen, la Cooperativa acudió a nos y planteó el siguiente señalamiento de error:

El 12 de diciembre de 1997, el recurrido presentó ante nos un escrito en oposición a la petición de Certiorari de la Cooperativa. Pasamos, pues, a resolver, al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento.

En síntesis, la Cooperativa sostiene que podía despedir al recurrido sin seguir el procedimiento dispuesto en su Reglamento de Disciplina y que el único remedio al que tiene derecho el empleado es la indemnización que establece la Ley Núm. 80, supra. Tiene razón. Veamos.

Debe notarse inicialmente que es cuestionable la premisa de la cual parte el recurrido, de que el Reglamento de Disciplina de la Cooperativa limita su discreción para despedir empleados. En el reglamento aludido expresamente se señala que las normas que éste contiene sólo son "una guía en la administración de la disciplina en el trabajo"; que "es derecho de la Junta de Directores y el Administrador. . . dirigir y orientar a sus empleados en la labor que desempeñan, ascenderlos, degradarlos, despedirlos, disciplinarlos por justa causa y mantener la conducta del personal en su más alto nivel"; y que la Cooperativa "se reserva el derecho de aplicar penalidades por violaciones y ofensas no especificadas en este reglamento"; y que se reserva también "el derecho de modificar, enmendar, alterar y sustituir este reglamento cuando lo crea necesario." (Enfasis suplido). A la luz de estas disposiciones del reglamento aludido, es cuando menos controvertible el dictamen del foro apelativo de que el patrono mediante dicho reglamento, había autolimitado "su ordinaria libertad procesal para despedir a sus empleados, que tenía antes de aprobar el reglamento". No surge claramente del reglamento que, por medio de éste, el patrono haya renunciado a sus prerrogativas como tal.

Más importante aun, asumiendo que el reglamento aludido tiene el alcance que le imputa el recurrido, el incumplimiento por el patrono de su propio reglamento interno al momento de despedir a un empleado, de ordinario, sólo tiene la consecuencia de convertir tal despido en uno injustificado. Así lo establecimos claramente en Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., op. del Tribunal de 30 de enero de 1992, 129 D.P.R. ___, 92 JTS 11. Expresamente reconocimos en esta opinión que cuando un patrono establece reglas y reglamentos del trabajo en un manual de la empresa, un despido en violación de tales reglas y reglamentos resultaría ser un despido injustificado. Citando a Delgado Zayas, configuramos allí tal situación como una de las excepciones a la norma general de que en Puerto Rico "no hay ley alguna que le exija al patrono que al despedir al empleado lo haga en forma determinada ni por escrito ni con aviso previo" Id. Resolvimos, finalmente, en Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra, que la persona que es despedida de manera inconsistente con los privilegios que provee un manual de empleados del patrono, sólo tiene derecho a la indemnización que provee la Ley Núm. 80, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq.

En el caso de autos, el patrono le pagó al recurrido la mesada que provee la Ley Núm. 80 aludida. Partiendo del supuesto de que su despido se hizo en contravención de las propias normas internas de la empresa, la mesada que se le pagó era el remedio exclusivo a que tenía derecho. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986); Rivera v. Security National Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517 (1977). Erró el foro apelativo al resolver que el remedio de la Ley Núm. 80 no era suficiente y que la Cooperativa no podía despedir al recurrido sin seguir lo dispuesto en el reglamento en cuestión.

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto solicitado, y se dictará sentencia para revocar la del foro apelativo y reinstalar la del foro de instancia.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 1998.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam (Regla 50) que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente, se expide el auto solicitado, y se dicta sentencia para revocar la del Tribunal de Circuito de Apelaciones y reinstalar la del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Negrón García disiente sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rebollo López disiente con opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo