98 DTS 040 HERNANDEZ V. ESPINOSA TSPR-98-40

Los recurridos fueron notificados de la querella el 2 de noviembre de 1995. La sociedad de bienes gananciales h/n/c Vaquería Espinosa y Angel Espinosa fueron notificados en el municipio de Camuy, mientras que la Sra. Nelva Avila en el municipio de Hatillo.1 A todos se les advirtió que de no contestar dicha querella dentro del término de diez (10) días contados desde su notificación, se procedería a dictar sentencia en su contra sin más citarle ni oírle.

El 14 de noviembre de 1995, once (11) días después de notificada la querella y sin que los recurridos hubiesen contestado, el obrero peticionario solicitó que se dictara sentencia en rebeldía a su favor. El 17 de noviembre de 1995 el tribunal de instancia anotó la rebeldía a los recurridos. Alegadamente, ese mismo día fue recibida en el tribunal la contestación a la querella suscrita por Angel Espinosa y la sociedad legal de gananciales h/n/c Vaquería Espinosa. La orden del tribunal anotando la rebeldía fue notificada a las partes el 28 de noviembre de 1995.2

Posteriormente, el 4 de diciembre de 1995, treinta y dos (32) días después de notificados, la representación legal de los recurridos interpuso un escrito titulado "Moción Solicitando Reconsideración o Relevo de Anotación de Rebeldía" acompañado de una declaración jurada suscrita por el Lcdo. Eric R. Ronda del Toro. En esencia solicitó que se relevara a sus representados de la rebeldía. En aras de justificar su petición, adujo como principal argumento que suscribió y envió la contestación a la querella el 11 de noviembre de 1995, o sea, dentro del término establecido por ley. Por su parte, en la declaración jurada señaló, que la querella fue recibida en su oficina el 9 de noviembre de 1995 y que por problemas personales no pudo enviar la contestación antes del 11 de noviembre.3 Expuso, sin mayor explicación, que para contestar la querella era menester llevar a cabo una investigación de los hechos y del derecho aplicable. Finalmente, adujo que desconocía las razones por las cuales la contestación a la querella no fue recibida en el tribunal hasta el día 17 de noviembre de 1995.

Luego de varios trámites procesales, el 2 de enero de 1996 el tribunal de instancia denegó la moción. Esta orden fue notificada el 9 de enero. Al día siguiente, dicho tribunal dictó una sentencia en rebeldía declarando con lugar la querella. 4 Condenó a los recurridos a reponer en su empleo al obrero peticionario y a satisfacerle la cantidad de doscientos mil cien dólares ($200,100) por concepto de mesada, horario extraordinario, horas de alimentos, vacaciones, penalidades y honorarios de abogado. Además, ordenó el pago de salarios a razón de cuarenta dólares ($40) por cada día transcurrido desde la fecha de la presentación de la querella, el 4 de octubre de 1995, hasta que el obrero peticionario fuera repuesto en su empleo, más el duplo correspondiente por concepto de penalidad.

Inconforme con esta determinación, el 29 de enero de 1996, el patrono recurrido interpuso un recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito). 5 El 5 de febrero de 1996, el Tribunal de Circuito ordenó la paralización de los efectos de la sentencia. Además, ordenó al obrero peticionario mostrar causa por la cual no se debía expedir el auto solicitado y dejar sin efecto la anotación de rebeldía.

En cumplimiento con lo anterior, el peticionario compareció y expresó su posición en torno a las dos (2) peticiones de certiorari interpuestas por los recurridos. Dos (2) días más tarde, el Tribunal de Circuito consolidó los recursos y los acogió como una apelación. El 20 de marzo de 1996, dicho tribunal dictó una sentencia mediante la cual revocó el dictamen del foro de instancia. Resolvió que no procedía la anotación de rebeldía contra los recurridos. Dispuso que el plazo que éstos tenían para contestar la querella no era el de diez (10), sino el de quince (15) días, ya que ésta había sido notificada en un distrito judicial distinto al que fue presentada. Modificó, además, la cuantía por concepto de horas extras y penalidades otorgada por el foro de instancia al obrero peticionario.6 Finalmente, ordenó la devolución del caso para que dicho foro resolviera conforme a lo dictaminado en su sentencia.

En términos generales, "distrito judicial" se puede definir como el territorio sobre el cual tiene competencia un tribunal en particular. Este término también ha sido definido como "[o]ne of the circuits or precincts into which a state is commonly divided for judicial purposes; a court of general original jurisdiction being usually provided in each of such districts, and the boundaries of the district marking the territorial limits of its authority; or the district may include two or more counties, having separate and independent county courts, but in that case they are presided over by the same judge."7 (Enfasis suplido.) Black's Law Dictionary 761 (5^ta ed. 1979). Por su parte el término "municipio" se define como "una demarcación geográfica con todos sus barrios, que tiene nombre particular y está regida por un gobierno local compuesto por un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo." Art. 1003(u) de la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991; 21 L.P.R.A. sec. 4001(u). También ha sido definido como "[p]ueblo con sus respectivos barrios que forman un distrito político. Se rige por las leyes del gobierno central y además por las ordenanzas aprobadas por su asamblea municipal y su alcalde." Rivera García, Dicc. de términos jurídicos, 176, 1976.

De otra parte, la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, supra, tiene su génesis en la Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917. En lo que respecta a nuestra discusión sobre "distrito judicial", la Ley Núm. 10, supra, disponía en su Sec. 1 que cuando un trabajador agrícola reclamara de su patrono cualquier suma por concepto de salarios, debía comparecer ante el Juez Municipal del Distrito Judicial Municipal donde estuviera ubicada la finca en que se realizó el trabajo. En dicho distrito judicial debía formular una querella, en la cual se expresaran bajo juramento los hechos que motivaban su reclamación. Se disponía, además, que si la finca estaba radicada en territorio correspondiente a dos o más distritos judiciales municipales, podría presentarse la querella en cualquiera de las Cortes en cuyo territorio radicare alguna porción de la finca. Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 17 de 11 de abril de 1945.8 En virtud de dicha ley se enmendó, entre otras, la Sec. 1 de la Ley Núm. 10, supra, para disponer que cualquier reclamación de un obrero contra su patrono podía dilucidarse "ante la corte municipal del distrito judicial en que se realizó el trabajo o en que resida el obrero o empleado en la fecha de la reclamación ...". La ley introdujo el término "distrito judicial" y utilizó dicho término para referirse a la delimitación del área geográfica que comprendía alguna sala de la entonces Corte Municipal.

La Ley Núm. 10, supra, fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 182 de 12 de mayo de 1948. Esta ley ratificó la utilización del término "distrito judicial" e hizo claro en su texto que dicho término se refería a aquel lugar donde se promovía la acción. (Enfasis nuestro.) Específicamente se refirió al territorio sobre el cual un tribunal tiene competencia para dilucidar algún asunto en particular. 9

La Ley de la Judicatura de 1950 fue enmendada por la Ley de la Núm. 11 de 24 de julio de 1952. En virtud de tal ley, las Salas del Tribunal de Distrito se convirtieron en las Salas del Tribunal Superior. Las Cortes Municipales se convirtieron a su vez en Salas del Tribunal de Distrito. No obstante, dejó inalterada la fraseología en cuanto al significado y utilización del término "distrito judicial". Véase, Art. III de la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, supra.10

1. San Juan - Incluye el municipio de San Juan.
2. Bayamón - Incluye los municipios de Cataño, Corozal, Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta y Vega Baja.
3. Arecibo - Incluye los municipios de Barceloneta, Camuy, Ciales, Hatillo, Manatí, Morovis, Quebradillas y Florida.

De los documentos que obran en autos se desprende que la reclamación del obrero peticionario excede de los cincuenta mil dólares ($50,000), que la causa de acción surgió en el municipio de Camuy, sitio donde ubica la Vaquería Espinosa y que los recurridos fueron notificados de la querella en los municipios de Camuy y Hatillo, que corresponden a la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia, región de Arecibo. A tenor con los Arts. 5.005 y 9.103(a) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, supra, y la Regla 3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III (Supl. 1997), la competencia sobre este asunto le corresponde a la Sala Superior de Arecibo. Los municipios de Hatillo y Camuy a su vez pertenecen al distrito o región judicial de la competencia de la Sala Superior de Arecibo del Tribunal de Primera Instancia, lugar donde se presentó la acción que hoy nos ocupa. Así pues, no existe duda que la querella presentada fue notificada en el distrito judicial donde se promueve la acción y que tenía que ser contestada dentro del término de los diez (10) días.13 Por tanto, erró el Tribunal de Circuito al dejar sin efecto la anotación de rebeldía contra los recurridos.

No obstante lo anterior, evaluaremos si dicho tribunal actúo correctamente al modificar la cuantía otorgada en tal reclamación.14

En la querella el obrero peticionario alegó lo siguiente: (i) que trabajó como ordeñador en la Vaquería Espinosa desde febrero de 1989 hasta el 15 de octubre de 1994 y que entre sus tareas se encontraba la de suministrar medicamentos al ganado;15 (ii) que durante ese tiempo trabajó un horario de nueve (9) horas diarias, que se desglosaba en turnos de seis (6:00) a diez (10:00) de la mañana, y de cinco (5:00) de la tarde a diez (10:00) de la noche, ambos turnos los trabajaba dentro del período de veinticuatro (24) horas y (iii) que devengaba un sueldo de cinco dólares ($5) por hora. Conforme a estos hechos que surgen de las alegaciones de la querella, el foro de instancia, sin el beneficio de la celebración de una vista en rebeldía, resolvió que el obrero peticionario había trabajado: "un horario [...] de nueve (9) horas diarias (de las cuales una [1] era extra por exceder las ocho [8] horas diarias [de la jornada legal]) y cuatro (4) horas diarias, que [también] resultaban extras porque el trabajo realizado entre las seis [6:00] y las diez [10:00] de la mañana no le permitía el descanso de [dieciséis] 16 horas entre jornada de trabajo." Dicho foro concluyó, que el obrero peticionario trabajó cinco (5) horas extras por día, que equivalían a veinticinco (25) horas semanales, que por doscientos noventa y cuatro punto cuatro (294.4) semanas alcanzaban un total de siete mil trescientos sesenta (7,360) horas extras. Así pues, por concepto de horas extras concedió al obrero peticionario setenta y tres mil trescientos sesenta dólares ($73,360),16 más una suma igual por concepto de penalidad, para un total de ciento cuarenta y seis mil setecientos veinte dólares ($146,720).

El Art. 3 de la Ley Núm. 379, supra, 29 L.P.R.A. sec. 272,17 entonces vigente, dispone que la jornada legal de trabajo en Puerto Rico equivale a ocho (8) horas de labor y que cuarenta (40) horas de labor constituyen una semana de trabajo. Por lo tanto, son horas regulares de trabajo ocho (8) horas durante cualquier período de veinticuatro (24) horas consecutivas y cuarenta (40) horas durante cualquier semana.

El tribunal de instancia resolvió que por un período de treinta y seis (36) días consecutivos, desde el 15 de septiembre de 1993 al 21 de octubre de 1993, al obrero peticionario no se le permitió disfrutar de las dos (2) horas para ingerir alimentos que le correspondían debido a su horario de trabajo. Determinó, además, que durante ese período acumuló horas extras porque tampoco se le permitió el período de descanso entre jornada de trabajo. En vista de ello le adjudicó la cantidad de dos mil quinientos veinte dólares ($2,520) incluyendo penalidad, por concepto de horas para tomar alimentos. También le concedió, por concepto de horas extras, cinco mil setecientos sesenta dólares ($5,760), más una suma igual por concepto de penalidad para un total de once mil quinientos veinte dólares ($11,520). Erró el foro de instancia al conceder tales cuantías.19

En Rivera v. Insular Wire Products, Op. de 24 de mayo de 1996, 140 D.P.R.___(1996), 96 JTS pág. 1172, expresamos que "el procedimiento judicial sumario establecido por la Ley Núm. 2, [supra], tiene como fin primordial el proveerle al obrero un mecanismo procesal acortado que facilite y aligere el trámite de sus reclamaciones laborales." Reiteramos, "que era esencial brindarle al patrono las oportunidades básicas del debido proceso de ley para defender sus derechos, y luego de analizar el procedimiento establecido en la Ley Núm. 2, [supra], concluimos que éste cumplía con los elementos básicos del debido proceso de ley." Así pues, ratificamos la constitucionalidad de dicho procedimiento sumario. 20 Id. a la pág. 1170. Además, señalamos que "[a]unque este procedimiento limita el uso de las reglas procesales y sitúa al patrono en una posición procesalmente un poco más onerosa que la del obrero, el procedimiento sumario, no es, ni puede ser, una carta en blanco para la concesión de remedios a obreros que no han justificado adecuadamente, mediante alegaciones o prueba, hechos que avalen, su derecho a lo reclamado." (Enfasis suplido.) Id. a la pág. 1172. Véase, además: Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 324 (1975).

Respecto a las sentencias dictadas en rebeldía bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra, y conforme a la norma establecida en Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 815 (1978), 21 resolvimos que alegaciones concluyentes y determinaciones de derecho, al igual que hechos alegados incorrectamente, no son suficientes para sostener una determinación de responsabilidad del patrono. Los daños generales reclamados, al no constituir una suma líquida, tienen que probarse; no es suficiente con simplemente alegar que los daños montan o suman a la cantidad reclamada. Bajo cualesquiera circunstancias, la cuantía de los daños debe ser objeto de prueba. Véase, además: Rivera v. Insular Wire, a la pág. 1174 y Rivera v. Goytía, 70 D.P.R. 30, 33 (1949).

El tribunal de instancia también determinó que conforme a la Ley Núm. 115, supra, el obrero peticionario tenía derecho al remedio especial que ésta ofrece. A base de las alegaciones en la querella resolvió que éste fue despedido por haber brindado información sobre su patrono a un foro administrativo, la Oficina del Administrador de Reglamentación de la Industria Lechera. Por ende le concedió: (i) la cantidad de veinte mil dólares ($20,000) por concepto de salarios dejados de percibir, computados a razón de cinco dólares ($5) la hora a partir de la fecha de su despido hasta la presentación de la querella; (ii) la suma de cinco mil dólares ($5,000) por concepto de honorarios de abogado y (iii) "orden[ó] la reposición [del obrero peticionario en] su empleo y el pago de salarios a razón de cuarenta dólares ($40) por cada día transcurrido22 desde la fecha de la radicación de la querella, cuyo pago continuará por cada día que transcurra hasta que el [obrero peticionario] sea repuesto en su empleo, más una suma igual por concepto de penalidad."

Ahora bien, siendo el remedio que se concede al amparo de la Ley Núm. 80, supra, uno exclusivo, si el obrero demandante logra probar su reclamación bajo la Ley Núm. 115, supra, y la cantidad otorgada resulta ser mayor que la concedida bajo la Ley Núm. 80, supra, lo que procede es que se le rebaje a lo concedido bajo la Ley Núm. 115, supra, lo que previamente el obrero recibiera bajo la Ley Núm. 80, supra. De esta forma se logra armonizar el propósito de la Ley Núm. 80 de proveer al obrero un remedio económico rápido, que aunque limitado, lo ayuda en su transición entre un empleo y otro; sin que la necesidad lo fuerce a perder su derecho a reclamar y probar, que bajo otras leyes laborales tiene derecho a remedios más amplios y a compensaciones mayores. 23

A tenor con el decreto aplicable, Decreto Mandatorio Núm. 27, supra, el obrero peticionario acumuló un día y cuarto (1¼) por cada mes que tuviera ciento veinte (120) horas de labor. Esto equivale a un total de quince (15) días de vacaciones por año. Cada día por licencia de vacaciones equivale a ocho (8) horas de trabajo a razón de cinco dólares ($5) para un total de cuarenta dólares ($40) por día y cuarenta dólares ($40) por quince (15) días equivalen a seiscientos dólares ($600) por año. Así pues, el peticionario acumuló durante un período de cinco (5) años (desde febrero de 1989 hasta febrero de 1994) la cantidad de tres mil dólares ($3,000), más la suma de trescientos treinta y nueve dólares con cincuenta centavos ($339.50) comprendida en el período de marzo a septiembre de 1994 para un total de tres mil trescientos treinta y nueve dólares con cincuenta centavos ($3,339.50). A esta cantidad hay que añadirle una suma igual por concepto de penalidad según dispone la Sec. 30 de la Ley Núm. 96, supra, 29 L.P.R.A. sec. 246b. Véase, además: Opinión del Secretario Núm. 91-4, supra. Por lo tanto, la cuantía total por concepto de vacaciones asciende a seis mil seiscientos setenta y nueve dólares ($6,679). Erró el foro de instancia al concederle al peticionario una cuantía de doce mil dólares ($12,000) por este concepto. 25

Los fundamentos jurídicos de la Sentencia del reputado Tribunal de Circuito de Apelaciones (Hons. Arbona Lago, Jiménez Muñoz y Salas Soler), reflejan un legítimo, pero fallido intento de remediar, vía interpretación,26 el carácter injusto y opresivo de la Sentencia del ilustrado Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (Hon. Marcos T. Calderón Vázquez).

Ciertamente existen precedentes susceptibles de interpretarse como que sostienen la postura de que los tribunales no poseen discreción y siempre tienen que seguir ese curso de acción adjudicativo. Rivera v. Insular Wire Products Corp., res. en 24 de mayo de 1996; Mercado Cintrón v. Zeta Communications Inc., res. en 7 de abril de 1994; Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 D.P.R. 458, 460 (1986). Ahora bien, nuestra jurisprudencia también informa casos bajo la Ley Núm. 2 en que hemos relevado de los efectos de una sentencia en rebeldía, con miras a que la querella se ventile en sus méritos. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 505 (1982); Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314 1975); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 864, 866-867 (1965); Murphy Lugo v. Atl. So. Insurance Co., 91 D.P.R. 335 (1964). Durante nuestra incumbencia en este Tribunal, con vista a las circunstancias particulares de cada caso, hemos refrendado una u otra decisión. No obstante, en las circunstancias de autos, preferimos ser criticados por inconsistentes a ser injustos. 27

El mismo es resultado exclusivo de una tardanza de cuatro (4) días al presentarse en el Tribunal la contestación a la querella el viernes 17 de noviembre de 1995, cuando vencía el lunes 13. 28 Si dividiéramos el monto total de la sentencia entre estos cuatro (4) días, veremos que cada día de tardanza representa aproximadamente $58,500.00.

Repetimos, nadie ha cuestionado la veracidad y méritos de estas razones forenses y personales. De hecho, la necesidad de una investigación previa para contestar la querella se pone de manifiesto en las ambigüedades de algunas de sus alegaciones. Ello ha quedado demostrado por los propios y complejos pronunciamientos29 que en más de veinte (20) páginas la mayoría del Tribunal se ha visto forzada a hacer en extremos tales como la acumulación de horas extras por razón de no habérsele permitido disfrutar el tiempo libre para ingerir alimentos; complicados cálculos para computar la indemnización; improcedencia de la sentencia bajo la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, (despido discriminatorio por brindar información); y reclamación de horas extras por horarios fraccionados.30 Tampoco se ha cuestionado la legitimidad y el peso de la razón personal aducida: ante la emergencia médica-quirúrgica de una hija, ¿a qué padre puede pedírsele que se despreocupe o la abandone para irse a investigar y contestar una demanda?

1 La sociedad de bienes gananciales h/n/c Vaquería Espinosa fue notificada dos (2) veces: a través de Angel Espinosa en Camuy, y a través de su esposa Nelva Avila en Hatillo. Cabe señalar que, aunque la esposa del Sr. Angel Espinosa fue identificada como Fulana de Tal en la querella y que la misma nunca se enmendó para incluir el nombre correcto, ésta sí fue notificada de tal querella por su nombre propio, Nelva Avila.

2 Es menester aclarar que la señora Nelva Avila no compareció específicamente. Sin embargo, la querella está dirigida contra el patrono del obrero reclamante, Manuel Hernández Hernández y como bien se desprende de la misma, el patrono es la sociedad legal de gananciales compuesta obviamente por los esposos Espinosa Avila.

3 El licenciado Ronda del Toro alegó que el 9 de noviembre de 1995 se encontraba con su hija, que tuvo que ser operada de emergencia, en la Clínica Las Américas.

4 Como cuestión de hecho el tribunal concluyó que la querella no fue contestada, ni se presentó moción de prórroga jurada dentro del término de diez (10) días dispuesto por la Ley Núm. 2, supra.

5 A dicho recurso se le asignó el Núm. KLCE-96-00083. Este fue el segundo recurso presentado sobre el mismo caso, ya que, de la orden reiterando la anotación de rebeldía, los recurridos acudieron al Tribunal de Circuito y también presentaron un recurso de certiorari, al que se le asignó el número KLCE 96-00058. En ambas peticiones el patrono recurrido discutió idénticos errores con la sola excepción de que en el recurso KLCE-96-00083 incluyó como error que el foro de instancia dictó una sentencia en rebeldía por más del doble de la cuantía original reclamada en la querella.

Los errores señalados en el recurso KLCE-96-00083 fueron los siguientes:

6 La modificación de esta cuantía por el Tribunal de Circuito resultaba prematura a la luz de su determinación de que no procedía la anotación de rebeldía, sino la devolución del caso para que se contestase la querella y continuaran los procedimientos al amparo de la Ley Núm. 2, supra.

7 En un sistema judicial unificado de jurisdicción general como el nuestro, todos los tribunales de instancia tienen la misma jurisdicción, es decir, la misma autoridad y poder. Es la competencia lo que varía entre ellos.

8 Anterior a la Ley Núm. 17, supra, se aprobó la Ley Núm. 13 de 20 de abril de 1932 enmendando las Secs. 2 y 10. Sin embargo, para propósitos de nuestra discusión, tales enmiendas no son pertinentes al asunto que nos ocupa.

9 En su Sec. 2 dispuso, en lo pertinente, lo siguiente:

10 Como sabemos, después de la Ley de la Judicatura de 1952 la Legislatura reestructuró el sistema judicial, aprobando las siguientes leyes: la Ley Núm. 11 de 2 de junio de 1993; el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial de 28 de julio de 1994, conocido como la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, según enmendada por la Ley Núm. 248 de 25 de diciembre de 1995.

11 Según establece el Art. 9.001 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, supra, 4 L.P.R.A. sec. 23c, las Secciones conocidas como Tribunal Superior y Tribunal Municipal fueron consolidadas y se incluyeron dentro de lo que ahora se conoce como Tribunal de Primera Instancia. Dicho artículo también dispone que el Tribunal de Distrito quedará abolido en un término de ocho (8) años a partir de la vigencia de esta ley. Dentro de este plazo permanecerá como una subsección del Tribunal de Primera Instancia.

12 Cabe señalar que conforme a las definiciones que hemos establecido, "distrito judicial" sí equivale a "región judicial".

13 Nos preocupa la frecuencia con la que a este Tribunal llegan controversias que se circunscriben al incumplimiento con los plazos que establece la Ley Núm. 2, supra, para contestar la querella. Esto, en gran medida, denota una falta de diligencia por parte de los abogados que suscriben tales contestaciones, y perjudica a las partes que representan.

14 Por la conclusión a la que llegamos, no es necesario discutir si se equivocó el foro de instancia al dictar sentencia por una cuantía mayor a la solicitada. Regla 43.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

15 El peticionario no especificó el día exacto en que comenzó a trabajar en la vaquería.

16 Este cómputo lo hizo el foro de instancia a tiempo doble, o sea, a razón de diez dólares ($10) por hora extra trabajada.

17 Esta sección fue enmendada mediante la Ley Núm. 83 de 20 de julio de 1995.

18 Respecto a las disposiciones legales citadas, el licenciado Acevedo Colom, en su obra titulada Legislación Protectora del Trabajo Comentada, 1ra rev., San Juan, 1991, pág. 72, expresa que para determinar si una hora trabajada es regular o extra, se debe evaluar si en el período de veinticuatro (24) horas inmediatamente anterior al momento en que termina la hora de trabajo en controversia se había trabajado ocho (8) horas regulares. Señala que si esto ocurre, la hora en controversia debe ser considerada como una extra. Además, como hecho relevante, Acevedo Colom indica que la semana de trabajo comienza siempre el mismo día y a la misma hora, mientras que la jornada legal de veinticuatro (24) horas consecutivas se computan de forma rotativa, o sea, que con cada hora y cada minuto que pasa tenemos un nuevo período de veinticuatro (24) horas. Acevedo Colom, ob. cit., pág. 73.

Para ilustrarnos sobre la forma de computar el pago de horas extras, el licenciado Acevedo Colom expone los siguientes ejemplos:

Un empleado trabaja ocho (8) horas regulares de lunes a viernes tiene un total de cuarenta (40) horas regulares. Ahora bien, si este empleado trabaja ocho (8) horas el sábado o en la alternativa el domingo entonces estas ocho horas (8) son extras por exceder de cuarenta (40) horas regulares en el transcurso de la semana.

Un empleado trabaja diez (10) horas diarias de lunes a jueves. En cada día se trabajaron ocho (8) horas regulares y dos (2) que resultan extras en virtud de la jornada diaria de trabajo. Concluida la jornada de trabajo del jueves vemos que el empleado ha acumulado en esa semana cuarenta (40) horas de labor. Del total de horas trabajadas en la semana treinta y dos (32) son regulares y ocho (8) son extras. El viernes el empleado trabaja ocho (8) horas que no resultan extras en virtud de la jornada diaria de trabajo. Entonces debemos preguntarnos, son regulares o extras las ocho (8) horas trabajadas el viernes. La respuesta a la interrogante anterior es que las ocho (8) horas trabajadas el viernes son regulares. Aquí tenemos que aplicar la regla antes esbozada en el sentido de que el tiempo extra trabajado durante la semana en virtud de la jornada diaria de trabajo no se toma en consideración para el cómputo de las cuarenta horas regulares que constituyen la semana de trabajo. Por lo tanto, no es hasta que tenemos el total de cuarenta horas regulares trabajadas en una semana que en virtud de la disposición relativa a la semana de trabajo comienza a considerarse tiempo extra todo el que se trabaje en exceso de dicho total. Acevedo Colom, ob. cit., pág. 72.

19 En cuanto a la determinación del foro de instancia sobre este aspecto, el Tribunal de Circuito se limitó a decir que ninguna de las partidas se justificaba ya que las mismas no tenían razón de ser y carecían de fundamentos.

20 En Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 689, 691 (1965), expresamos que "[e]l procedimiento para la reclamación de salarios del 1961 es un procedimiento especial, de naturaleza sumaria, y por considerar el Estado, que cualquier cuestión relacionada con el contrato de trabajo, por su posible efecto sobre la economía de nuestro pueblo, está revestida de interés público, tiene ciertas disposiciones que son más favorables al obrero que al patrono, por haber sido la conclusión del estudio legislativo que no existe igualdad de medios económicos entre las partes para una adecuada defensa de sus respectivos derechos, al originarse la reclamación judicial."

21 En Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 815 (1978) resolvimos que "el trámite de un caso en rebeldía tiene como consecuencia jurídica que se estimen aceptadas todas y cada una de las materias bien alegadas en la demanda." Además, definimos la frase "materias bien alegadas" como "los hechos correctamente alegados." Véase, 10 Wright & Miller, Federal Practice & Procedure, pág. 282.

22 A pesar de que el foro de instancia no lo cualificó, entendemos que la suma concedida en este renglón fue calculada a base del pago por días laborales, es decir, cinco (5) días a la semana.

23 Esta medida permite el que un tribunal, al confrontarse con una demanda en la que se han incluido varias reclamaciones al amparo de distintas leyes laborales, pueda separarlas, y resolver algunas por el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra, como por ejemplo, la reclamación bajo la Ley Núm. 80, supra, mientras continúa con las otras, que pueden ser más complicadas, por la vía ordinaria. Véase, Rivera v. Insular Wire Products, supra, pág. 1173. También evita el que los patronos, mediante el pago de la mesada por la Ley Núm. 80, supra, al momento del despido, desalienten o traten de impedir, el que un obrero reclame derechos más amplios al amparo de legislación laboral específica encaminada a evitar y erradicar prácticas que se consideran nocivas para el ambiente laboral. Debemos aclarar, sin embargo, que nada de lo antes expuesto permite el que un obrero pueda fraccionar su causa de acción por el hecho de que reclame bajo distintas leyes o teorías legales. Véase, Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312, 332 (1988).

24 El inciso (a) de esta ley fue enmendado el 17 de septiembre de 1996. Ahora establece que si el despido ocurre dentro de los primeros cinco (5) años de servicio, el obrero tendrá derecho a una indemnización correspondiente al sueldo de un mes. Tendrá derecho al sueldo de dos (2) meses, si el despido ocurre luego de los primeros cinco (5) años pero dentro de los quince (15) años de servicio. Finalmente, el obrero tendrá derecho al sueldo correspondiente a tres (3) meses si el despido ocurre luego de los quince años de servicio.

25 En su tercer y último señalamiento de error el peticionario alega, que incidió el Tribunal de Circuito al resolver que todos los recurridos contestaron la querella a pesar de que no existe en autos contestación alguna de la recurrida Nelva Avila, esposa del señor. Espinosa y ambos dueños de la Vaquería Espinosa.

En atención a lo ya discutido y a los documentos que obran en autos basta señalar, que al igual que a los demás recurridos, la señora Avila fue emplazada y notificada de la querella. Esta no compareció dentro del término de diez (10) días dispuesto por la Ley Núm. 2, supra. Por lo que, al igual que a los otros recurridos, se le anotó la rebeldía y se dictó sentencia en su contra.

26 Los querellados, esposos Angel Espinosa y Nelva Avila, en su petición de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones cuestionaron la anotación de rebeldía por una tardanza de cuatro (4) días y la validez de la sentencia dictada por el doble de la cuantía reclamada. Argumentaron que el Tribunal de Instancia había errado al no dejarla sin efecto.

La razón de decidir (ratio decidendi) del Tribunal de Circuito de Apelaciones fue otra: que los esposos Espinosa-Avila tenían quince (15) días para contestar y, por ende, no procedía la anotación y sentencia en rebeldía. Para ello, equiparó el concepto distrito judicial de la Ley Núm. 2 con el de demarcación municipal.

Distinto a lo concluido por dicho foro apelativo, los precedentes legislativos corroboran que distrito judicial se refiere a una demarcación territorial más amplia, que de ordinario cubre varios límites municipales.

Originalmente la Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917, enmendada por la Núm. 17 de 11 de abril de 1945, obligaba al querellado a comparecer por escrito en un término corto si residía dentro del distrito municipal donde se radicaba la querella. Posteriormente, la Ley Núm. 182 de 12 de mayo de 1948, introdujo la nomenclatura de distrito judicial con referencia a aquel en que se promovía la acción. Esta distinción y referencias a distrito judicial continuó a pesar de las enmiendas de la Ley Núm. 150 de 1 de mayo de 1950 y los cambios de la Ley de la Judicatura, Núm. 11 de 24 de Julio de 1952.

Después, en el 1961, la actual Ley Núm. 2, estableció que el querellado debería contestar dentro del término de diez (10) días si era notificado en el distrito judicial en que se promovía la acción, dándole quince (15) días si la notificación era en otra forma. La Ley Núm. 2 se refiere a las demarcaciones judiciales clásicas que existían a través de la evolución de nuestro ordenamiento jurídico, el Código Político (1902) y aquellas leyes, resoluciones conjuntas y órdenes administrativas del Tribunal Supremo subsiguientes, que identificaron y agruparon los municipios que integrarían los distritos judiciales. Bajo la primera Ley Orgánica de la Judicatura (1950), el término "distrito judicial" correspondió a las salas del entonces Tribunal de Distrito (después Superior), en contraste con el término "distrito judicial municipal". En virtud de la Ley de la Judicatura de 1952, las primeras se convirtieron en las Salas del Tribunal Superior y las Cortes Municipales en Salas del Tribunal de Distrito.

Ineludible concluir que en el 1961, al entrar en vigor la Ley Núm. 2, los distritos judiciales eran las demarcaciones territoriales correspondientes a las Salas del Tribunal Superior.

Estrictamente hablando, erró pues el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Las citaciones realizadas en Camuy y Hatillo –municipios que forman parte del distrito judicial- (hoy región judicial) de Arecibo donde se presentó la querella, conllevó que los querellados Espinosa-Avila tenían diez (10) días para contestarla.

27 Como dijimos, en Román Cruz v. Díaz Rifas, supra, "[n]o todos los casos son iguales; un determinado caso puede requerir un tratamiento distinto al que se le haya dado a otro, por más que éstos parezcan ser iguales". (Pág. 505).

28 Recuérdese que los esposos Espinosa-Avila fueron notificados el 2 de noviembre. Los diez (10) días vencieron el domingo 12, y el término se extendió hasta el referido lunes 13.

29 La situación es tan seria, que la mayoría del Tribunal ha tenido que reiterar la normativa expuesta en Marín Kuilan v. Díaz Fastening Systems, Inc., res. en 7 de febrero de 1997. En esa decisión, suscribimos una Opinión disidente; el Juez Asociado, Sr. Fuster Berlingeri emitió Opinión concurrente y disidente; y el Juez Asociado, Sr. Rebollo López no intervino. Se trata de un procedimiento mixto y bifurcado mediante el cual en una sola querella se fomenta que los tribunales otorguen algunos remedios, unos exclusivos o excluyentes en virtud del procedimiento sumario y, otros posibles remedios a través de la vía ordinaria.

Suponemos que la mayoría piensa que este híbrido permitirá a los tribunales del país cumplir con el espíritu del ordenamiento laboral, separándo las distintas causas de acción, resolviendo algunas bajo el procedimiento sumario y las otras, aún cuando están dentro de la misma querella, por vía ordinaria. El propósito, aunque encomiable, crea múltiples complicaciones y cuestiones jurídicas no anticipables.

Así, en el caso de autos, de un lado, como los esposos Espinosa-Avila no contestaron a tiempo, la mayoría decide que procede la indemnización otorgada en rebeldía en el procedimiento sumario por despido injustificado (Ley Núm. 80). Sin embargo, simultáneamente resuelve que la reclamación bajo la Ley Núm. 115 puede tener que probarse en procedimiento ordinario. Preguntamos, ¿qué alcance tienen estos pronunciamientos? Específicamente, ¿a qué comparecencia tendrán derecho los esposos? Para la reclamación ordinaria, ¿se admitirá la contestación radicada cuatro (4) días tarde? ¿Subsistirá el pleito como un trámite en rebeldía clásico? En la vista evidenciaria, ¿se le permitirá a ellos estar presentes y por conducto de su abogado, contrainterrogar? ¿Podrán producir prueba a su favor? ¿Será "cosa juzgada" la determinación sumaria de que el despido fue injustificado o podrán controvertirla? Luego de oír la evidencia del querellante Hernández Hernández, ¿puede dicho Tribunal concluir que no hubo el despido o está obligado por el dictamen del trámite sumario? Estas y otras preguntas –y sus contestaciones adecuadas- son sumamente importantes; no pueden dejarse en el aire. Dependiendo de las respuestas que se brinden, estaremos o no frente a un trámite hueco, que complicará el procesamiento civil de casos de esta naturaleza.

30 Preocupa el dictamen mayoritario alterno, esto es, si Hernández Hernández no prueba la reclamación bajo la Ley Núm. 115 o, la indemnización es menor, sea sólo acreedor a los derechos bajo la Ley 80. Ahora bien, si bajo la Ley Núm. 115 fuese mayor, deberá rebajarse la compensación ya concedida en virtud de la Ley Núm. 80.

La dificultad de este enfoque alterno es que bajo la Ley Núm. 115, el obrero tiene derecho a la reposición en el empleo. Si el remedio económico bajo la Ley Núm. 80 fuese mayor, ¿perdería su derecho a la reinstalación? ¿Podría el tribunal otorgarle "lo mejor de ambas leyes"? Ciertamente, no está claro si el obrero puede escoger el remedio con la indemnización menor o estamos ante una imposición judicial automática.

Presione Aquí para regresar al Menú Anterior y seleccionar otro caso.

| Contenido | Información | Agencias | Servicios Futuros | Publicidad | Directorios | Compras | Eventos | Noticias | Entretenimiento |