98 DTS 082 SOSA V. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD 98TSPR82

Número del Caso: RG-96-4

Los recurrentes, vecinos de Nueva York, eran co-titulares registrales de un inmueble sito en el Municipio de Luquillo. En relación con dicho inmueble, y con posterioridad a su divorcio, otorgaron el 30 de diciembre de 1991 la escritura pública núm. 142 sobre rectificación de cabida, segregación, constitución de servidumbre, liquidación y adjudicación de bienes, ante el notario Raúl Muñoz González. En dicho instrumento público, los ex-cónyuges fueron representados por su apoderado Milton Flores Sierra. 1 El 27 de mayo de 1992, la escritura se presentó para su inscripción ante el Registro de la Propiedad, Sección de Fajardo. Se acompañó con la misma, entre otros documentos, la sentencia que decretó el divorcio de los recurrentes, emitida el 5 de julio de 1984 por la Corte Suprema del Condado de Suffolk, Nueva York.

En relación con la segunda falta notificada, los recurrentes presentaron, oportunamente, un escrito de recalificación. El 2 de mayo del 1996, la Registradora reiteró su determinación original. Inconformes, los recurrentes radicaron el presente recurso gubernativo alegando que erró la Registradora al requerir la convalidación de la sentencia de divorcio por un tribunal local y al no inscribir una escritura que, según ellos, cumplía con todos los requisitos de ley. 2

La controversia que nos apunta la parte recurrente en su primer señalamiento de error ha sido objeto de estudio por este Tribunal anteriormente. Específicamente, hemos resuelto dos casos que, de uno u otro modo, han versado sobre la necesidad de la convalidación por nuestros tribunales de sentencias emitidas por las cortes estatales de los Estados Unidos. Véase: Roseberry v. Registrador, 114 D.P.R. 740 (1983) y Figueroa Pesante v. Registrador, 126 D.P.R. 209 (1990). 3

En Roseberry v. Registrador4, ante, se nos planteó si viola la cláusula de "entera fe y crédito" de la Constitución de los Estados Unidos5, el exigir que una sentencia emitida por un tribunal de algún estado de la Unión sea convalidada previa a su inscripción. Además, se argumentó que la sentencia de divorcio que se adjuntó como documento complementario de la escritura en ese caso no era una "ejecutoria" a tenor con el Artículo 45 de la Ley Hipotecaria. 6

Respecto al primer planteamiento, resolvimos en Roseberry, ante, que las disposiciones pertinentes de la ley hipotecaria y su reglamento no confligen con la citada cláusula de la Constitución federal, ni con la legislación federal que posteriormente fue promulgada a esos efectos.7 Añadimos que tampoco contravienen lo dispuesto en el Artículo 426 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933. 8

En cuanto al segundo argumento, descartamos el mismo en Roseberry, ante, señalando que era norma establecida por este Tribunal que las palabras "ejecutoria" y "sentencia" son sinónimos en contextos como el del caso. Ramírez v. Registrador, 96 D.P.R. 342 (1968). Además, concluimos que el propio Artículo 426 del Código de Enjuiciamiento Civil9 le restaba toda validez a su argumento. Por todo lo cual, resolvimos en dicho caso que había actuado correctamente la Registradora al denegar la inscripción.

Posteriormente, llegó ante nuestra consideración el caso de Figueroa Pesante v. Registrador10, ante, donde se alegó que la sentencia estatal no constituía el título traslativo de dominio, razón por la cual no tenía que cumplir con el proceso de exequátur. En Figueroa Pesante, ante, explicamos que, a los fines de los requisitos para una inscripción registral, hay que distinguir entre el documento principal cuya inscripción se solicita y los documentos complementarios que se acompañan. Concluimos, mediante decisión dividida, que estos últimos documentos no eran inscribibles por sí mismos y que, por lo tanto, no requerían ser convalidados por un tribunal local.

Al comparar el caso de Figueroa Pesante con el de Roseberry, resolvimos que eran "distinguibles" porque en el primero la sentencia no adjudicaba la propiedad objeto de la donación, mientras que en el segundo la sentencia era la base fundamental del asiento practicado. Finalmente, sostuvimos en Figueroa Pesante que la sentencia sólo se presentó para demostrar que los ex-esposos podían donarse entre sí. Por tanto, la Mayoría razonó que no era necesario cumplir con el procedimiento de exequátur, ya que la sentencia de divorcio en controversia era tan sólo un documento complementario del cual no se fundó derecho alguno ni se adjudicó propiedad o participación en el inmueble. 11

La Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de Puerto Rico12 es extremadamente clara al señalar que se pueden inscribir en el Registro de la Propiedad las sentencias pronunciadas por tribunales de los Estados Unidos de América o extranjeros, que deban ser cumplidas en Puerto Rico, "siempre que se disponga su ejecución por un tribunal local con jurisdicción". (Enfasis suplido.) 13

De acuerdo con la anterior disposición reglamentaria, para poder inscribir en el Registro de la Propiedad las sentencias extranjeras14 es requisito previo que se reconozca su validez mediante una resolución ejecutoria emitida por el tribunal de primera instancia en un procedimiento civil ordinario. Dicho procedimiento de convalidación y reconocimiento de sentencias extranjeras por los tribunales del foro donde se pretenden hacer efectivas ha sido tradicionalmente denominado como exequátur. Márquez Estrella, Ex parte, 128 D.P.R. 243 (1991). 15

El Artículo 59.1 del Reglamento Hipotecario16 fue enmendado en el 1992 para añadirle las dos excepciones que se consagran en su último párrafo. Estas fueron las únicas dos instancias en las cuales el Secretario de Justicia entendió que no se requería convalidar las sentencias mediante un procedimiento de exequátur. 17

El primer grupo de sentencias o resoluciones exceptuadas lo constituyen las promulgadas por los tribunales de la jurisdicción federal estadounidense. Como indica Vázquez Bote, "[o]bviamente, al ser en cuestión de su competencia, son ejecutivos ex proprio vigore, teniendo acceso al Registro de la Propiedad sin más trámite" 18. 19 La segunda excepción trata sobre sentencias de divorcios en los casos en que los cónyuges transfieran los bienes a un tercero.

Por otro lado, y recurriendo al estudio comparado del Derecho, encontramos que en España el equivalente a nuestro citado Artículo 45 es el Artículo 4 de su Ley Hipotecaria20. Este último precepto indica que podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad las ejecutorias pronunciadas por tribunales extranjeros a que deba darse cumplimiento en España, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 21 En el mismo sentido se expresa el Artículo 38 del Reglamento Hipotecario español22, homólogo de nuestro Artículo 59.1 del Reglamento Hipotecario23, al disponer que "[l]as resoluciones judiciales o laudos arbitrales dados en el extranjero serán inscribibles cuando hayan sido reconocidos por tribunal o autoridad competente, con arreglo a las leyes y convenios internacionales".

En cuanto a la inscripción de una sentencia extranjera en el Registro de la Propiedad de España, el Registrador de la Propiedad Camy Sánchez-Cañete nos explica que hay que "presentar la ejecutoria dictada en el extranjero, junto con el auto del Tribunal Supremo en el que se declare que ella tiene fuerza en España, como así mismo la traducción de la ejecutoria hecha con arreglo a derecho.... Todo lo demás en el orden registral se referirá a una calificación más de un documento judicial". 24

Un estudio detenido de las disposiciones legales y reglamentarias españolas pertinentes y de los comentarios a las mismas realizados por distinguidos juristas españoles25, nos revela que toda sentencia extranjera, sin distinción alguna, debe ser sometida a un procedimiento de exequátur. El proceso de convalidación de las sentencias extranjeras variará dependiendo de si le son aplicables a éstas leyes o convenios internacionales que alteren el procedimiento. De no existir ningún acuerdo internacional aplicable, entonces se estará a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Reiteramos que no existe ninguna excepción, ni en la Ley Hipotecaria española ni en su Reglamento, que exima a ciertas sentencias extranjeras de ser convalidadas previa su inscripción.

Según la doctrina científica, existen dos acepciones del término título: una sustantiva o material y otra formal o instrumental. 26 Lacruz Berdejo explica que el título material es "la causa o razón jurídica de la adquisición, modificación, transmisión o extinción de un derecho" 27; mientras que título en el sentido formal "es el documento en que se constata o autentica aquella causa o razón"28.

Para los efectos de la inscripción, el Artículo 43 de nuestra Ley Hipotecaria29 recoge la acepción sustantiva cuando considera título "el contenido del documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla y que hagan fe, por sí solos o con el de otros documentos complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite". 

Del citado artículo se colige que, en ocasiones, para que proceda la inscripción de un documento público se requiere la presentación de otro tipo de documentos; a saber, documentos complementarios y los documentos acreditativos del cumplimiento de las formalidades que sean requeridas por ley, según sea el caso. Así lo reafirma el Reglamento Hipotecario al señalar que "[l]os documentos complementarios y aquellos que acrediten el cumplimiento de formalidades requeridas no causarán un asiento de presentación en el Libro Diario sino que acompañarán al título principal". 30

Por otro lado, con relación al Artículo 33 del Reglamento Hipotecario31 español, que es el equivalente del Artículo 43 de nuestra Ley Hipotecaria32, Sanz Fernández nos comenta que "al definir el título a [los] efectos de la inscripción, [se] admite la distinción entre el documento principal, el inscribible propiamente dicho, y documentos complementarios". 33 Para dicho comentarista, el concepto de documento complementario a que alude el Artículo 33, aparte de completar el carácter fehaciente del documento inscribible, lo complementa "respecto de todos aquellos aspectos y circunstancias que siendo necesarios para la inscripción, no se acreditan y justifican directamente de aquél". 34 Además, nos dice Sanz Fernández que el documento complementario no es título a los efectos de la inscripción ni es un documento inscribible, por lo que no tiene que ser una escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por autoridad judicial o por el gobierno, pudiendo incluso ser un documento privado.35

Es así el contenido del documento y no la forma lo que sirve de base a esta clasificación, puesto que el documento complementario no es un documento cuya forma sea de orden inferior a la del documento registrable, sino que incluso puede ser igual o aún superior en muchos casos. Ahora bien, en tanto que en el documento registrable su forma es taxativa, como después veremos, en los complementarios ésta queda atenida a los preceptos especiales que se refieran a aqu[é]l de que se trate en cada caso." (Enfasis suplido). 36

A la luz de lo antes reseñado, somos del criterio que, los documentos presentados como complementarios, al igual que los títulos principales, tienen que ser válidos y que su validez debe ser establecida de acuerdo con las disposiciones aplicables a cada documento complementario en particular. Esto es así, además, por imperativo del principio hipotecario de legalidad. Este principio requiere que los títulos que pretenden su inscripción en el Registro de la Propiedad sean sometidos a una verificación o calificación previa, a fin de que en los libros hipotecarios solamente tengan acceso los títulos válidos y perfectos. Chase Manhattan v. Registrador, Opinión y Sentencia de 26 de julio de 1994. La Ley Hipotecaria impone a los registradores la obligación de calificar, bajo su responsabilidad, la legalidad de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite un asiento. Tal calificación abarcará las formas extrínsecas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos y contratos contenidos en dichos documentos. 37

Sobre este particular, Sanz Fernández especifica que "... están, pues, sujetos a la calificación toda clase de títulos, cualquiera que sea su naturaleza -notariales, judiciales, administrativos o privados–, ya se trate del propio título inscribible o de los documentos complementarios que, en su caso, sean precisos para la inscripción". (Enfasis suplido.) 38

Esta misma dirección la sigue Roca Sastre al destacar que "en el Registro de la propiedad son presentados a registrar documentos complementarios [acompañando al título principal]. Sobre todos ellos naturalmente ha de recaer la calificación del Registrador de la propiedad, que ha de ser ejercida de acuerdo con las normas generales". 39 En términos más específicos, Roca Sastre indica que "[p]or supuesto que, en su caso, los documentos complementarios o acreditativos de formalidades necesarias, deberán estar legitimados o legalizados, salvo tratándose de documentos privados que, incorporados con el título inscribible en el protocolo, el Notario afirme que conoce las firmas de los mismos que juzga legítimas". (Enfasis en el original.) 40

Asimismo, la Dirección General de los Registros y del Notariado de España, reconociendo la facultad de los registradores de solicitar documentos complementarios cuando en los documentos presentados faltan datos para calificar41, ha resuelto que los registradores pueden negarse a inscribir un documento principal cuando los documentos complementarios extranjeros carezcan de la necesaria legitimación y legalización. 42

Asimismo, la decisión en Figueroa Pesante debilita la función calificadora del registrador de dos maneras: (1) en general, cuando se trata de documentos complementarios, el registrador no tiene facultad para exigir que se cumplan ciertas formalidades acreditativas de la validez de los mismos, ya que éstos no son el título principal; y (2) en específico, cuando se trata de sentencias extranjeras presentadas como documentos complementarios, al no permitirle que requiera a su presentante que convalide la referida sentencia. 43

En el caso de autos, la sociedad legal de gananciales compuesta por los recurrentes era dueña de una finca de aproximadamente ocho cuerdas y de una vivienda construida en la misma. En la sentencia de divorcio emitida por el tribunal de Nueva York se dispuso que la señora Sosa Hernández mantendría la titularidad del cuarenta por ciento (40%) de la finca, así como de la vivienda radicada en la misma. Al señor Guanil Igadavidez se le adjudicó el sesenta por ciento (60%) restante de la finca. 44

Por otro lado, en la escritura pública cuya calificación hoy revisamos, los recurrentes consignaron que la cabida correcta de la finca era de 28,336.75 metros cuadrados. En dicho documento, se dividió la finca en dos lotes de terrenos. 45 El lote número uno cuenta con una cabida superficial de 15,935.363 metros cuadrados y el segundo con una cabida de 11,917.324 metros cuadrados. Ambos predios fueron tasados en diez mil dólares ($10,000.00). Al momento de dividir la sociedad legal de gananciales, los recurrentes adjudicaron al señor Guanil Igadavidez la titularidad del primer lote y a la señora Sosa Hernández la del segundo. 46

Al estudiar la división que hicieron los recurrentes en la escritura, notamos que la misma corresponde, porcentualmente, a la adjudicación que hizo el tribunal de Nueva York en su sentencia. En este sentido, la señora Sosa Hernández recibió el lote número dos cuya cabida representa, aproximadamente, el cuarenta por ciento (40%) de la propiedad, y el señor Guanil Igadavidez el remanente, es decir, un sesenta por ciento (60%) de la finca. 47

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se dictará Sentencia decretando que actuó correctamente la Registradora de la Propiedad de Fajardo al denegar la inscripción de la escritura pública número 142 debido a que no se acompañó con la misma copia de la resolución del tribunal de instancia convalidando la sentencia que divorció a los recurrentes. Procede, en consecuencia, la confirmación de la nota denegatoria de inscripción. Se dictará Sentencia de conformidad. 48

Una sentencia extranjera de divorcio presentada en el Registro de la Propiedad como documento complementario no es un título inscribible y no le aplica el Art. 45 de la Ley Hipotecaria. 49 Como tampoco contiene un decreto a ejecutoriarse vía el Registro de la Propiedad de Puerto Rico, no necesita exequátur. Elaboremos.

Sabido es que un título, para efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, es "el contenido del documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla y que hagan fe, por sí solos o con el de otros documentos complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite." Art. 43 Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2206. (Enfasis nuestro). Este precepto expone las dos situaciones susceptibles de producirse con un documento público, a saber, aquel autosuficiente, capaz de provocar exclusivamente el cambio de titularidad del derecho o finca en cuestión, o auxiliado por otro documento complementario, necesario para producir tal efecto. Díaz González, Iniciación a los Estudios de Derecho Hipotecario, T. I, Madrid, (1967), pág. 295. 50

requeridas no causarán un asiento de inscripción". (Enfasis nuestro). Es obvio pues, que el documento complementario no es título a los efectos de la inscripción; no sirve de base al dominio o al derecho real o al asiento practicable. Como tal, tampoco es documento inscribible. Su requerimiento se da cuando: "(1) por ley o por reglamento así se requiera para la inscripción de un documento; (2) del documento presentado al Registrador surja causa para creer que pueda ser inválido -Ríos Román v. Cacho Cacho, res. en 24 de junio de 1992; Preciosas Vistas del Lago v. Registrador, 110 D.P.R. 802 (1981)-, y (3), el propio documento no refleje su entera validez. Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 D.P.R. 110, 129 (1986). El documento inscribible es siempre el principal, el complementario sirve para demostrar o lograr la inscribilidad de aquél, pero carece de autonomía a los efectos registrales. Complementa aquellos aspectos necesarios para hacer viable e inscribible el principal.51 Alameda Tower Assoc. v. Muñoz Román, res. en 15 de enero de 1992.

Forzoso concluir que las sentencias de los tribunales de los estados de los Estados Unidos o extranjeras, cuya única utilidad y propósito en el Registro es complementar el documento principal, no son inscribibles, y no les aplica, repetimos, el Art. 45 de la Ley Hipotecaria. Sólo las que se pretenden inscribir, que se presentan como documento principal y han de ejecutoriar en Puerto Rico, están sujetas a exequátur.52 La Asamblea Legislativa, al así disponerlo, partió de la premisa de que dichas sentencias constituyen el documento principal inscribible o asiento practicable. No incluyó, -ni puede imputársele tal intención- aquellas que son meramente documentos complementarios y que no contienen ningún decreto a ejecutoriarse vía registral en Puerto Rico.53 No hemos encontrado tratadista alguno que expresa y directamente sostenga que las sentencias extranjeras presentadas como documentos complementarios deban tratarse igual a aquellas presentadas como documento principal, cuya inscripción se pretende y, exigírsele exequátur. Su propósito es dar reconocimiento y validez a las sentencias extranjeras, siempre que se pretendan ejecutar en Puerto Rico.54

Respecto a las sentencias extranjeras de divorcio es importante diferenciar su naturaleza al momento de exigirse su convalidación a través del exequátur. Se ha distinguido entre aquellas que son meramente declarativas, constitutivas y de condena. Cuando la sentencia ha de ejecutarse, 55 se exige el exequátur; no así cuando sólo ha de reconocerse para atender cuestiones de estado civil y capacidad de las personas. Así, una sentencia de divorcio "no condena a divorciados a volver a casarse, sino que extingue principalmente el deber de cohabitación y fidelidad, como uno de sus efectos. [...] [E]l divorcio como sentencia constitutiva no se ejecuta, y como prueba de un estado civil se reconoce sin necesidad de exequátur". (Enfasis nuestro). XII Congreso Internacional del Notariado Latino, Valor y Eficacia de las Resoluciones de Divorcio en el Derecho Internacional Privado, Estudio de la Delegación Argentina, Buenos Aires, 1973, págs. 94-95. 56

No podemos endosar la respetable posición mayoritaria que valora y equipara la sentencia de divorcio al documento principal inscribible, aplicándole el Art. 45 y requiriéndole, sin base legal e innecesariamente, un exequátur. En la práctica, la decisión mayoritaria lleva el peligro de congestionar aun más los tribunales de instancia y demorar el tráfico jurídico inmobiliario. 57

Primero, las escrituras presentadas para inscripción no coinciden exactamente con los pronunciamientos en la Sentencia de divorcio; 58 sólo sobre la voluntad de los otorgantes en cuanto a la partición y liquidación de sus bienes gananciales. Segundo, de la propia Escritura surge que el matrimonio se rigió bajo el régimen de sociedad de gananciales. (Escritura Núm. 142, pág. 13). Por ende, la Sentencia de divorcio no podía adjudicar los bienes gananciales, pues dicha sociedad de gananciales no terminó hasta que se disolvió el matrimonio; luego es que procedía su liquidación. Código Civil, Art. 1315; González Cruz v. Quintana Cortés, res. en 6 de mayo de 1998; Vega v. Tossas, 70 D.P.R. 392 (1949).

1. En agosto de 1986, cada uno de los recurrentes otorgó, en el estado de Nueva York, un documento de poder especial confiriendo autoridad al señor Flores Sierra para representarlos en la liquidación de la sociedad legal de gananciales y para otorgar todos aquellos documentos que fueren necesarios para efectuar la referida liquidación. Los recurrentes acompañaron, con la escritura cuya calificación hoy revisamos, copia de las escrituras de protocolización de dichos poderes otorgadas el 21 de noviembre de 1986 ante el notario Raúl Muñoz González.

2. En específico, alegaron lo siguiente:

"1. Erró la Registradora al considerar la sentencia de divorcio decretada por el Tribunal Supremo del Condado de Soffolk [sic], ["]New York["], como ‘la base fundamental que motiva el documento presentado’ y por lo tanto requerir que la misma fuera convalidada por un tribunal local.

2. Erró la Registradora al no inscribir una escritura sobre Rectificación de Cabida, Segregación, Constitución de Servidumbre, Liquidación y Adjudicación de Bienes, que cumple con todas las disposiciones y formalidades legales."

3. En este último caso, el Juez Asociado señor Hernández Denton emitió Opinión disidente, a la cual se unieron el Ex-juez Presidente señor Pons Núñez y el Juez Asociado señor Rebollo López.

4. Los hechos de ese caso pueden resumirse de la siguiente manera: en el 1982, Max Costa y Elizabeth A. Roseberry se divorciaron en el estado de Tejas. Siete años antes de la ruptura, habían adquirido una participación en un condominio sito en Isla Verde. Posteriormente, en la sentencia de divorcio, el tribunal de Tejas adjudicó a la señora Roseberry la participación en el condominio. El señor Costa traspasó su interés en la participación mediante documento de cesión y traspaso otorgado en Tejas. Dicho documento fue debidamente protocolizado en Puerto Rico. La señora Roseberry lo presentó para inscripción en el Registro de la Propiedad, acompañando como documento complementario la sentencia de divorcio de Tejas. La Registradora denegó la inscripción por no haberse convalidado la sentencia, conforme lo disponen la Ley Hipotecaria y su Reglamento.

5. La cláusula de "entera fe y crédito" incluida en el Artículo IV, Sección I de la Constitución federal dispone que:

"Full faith and credit shall be given in each state to the public acts, records and judicial proceedings of every other state. And the Congress may by general laws prescribe the manner in which such acts, records and proceedings shall be proved, and the effect thereof."

6. El Artículo 45 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2208, lee como sigue:

"También se inscribirán en el Registro los títulos, actos y contratos expresados en la sec. 2201 de este título otorgados en los Estados Unidos de América, o en país extranjero, que tengan fuerza en Puerto Rico con arreglo a las leyes, y las ejecutorias pronunciadas por tribunales de los Estados Unidos de América, o extranjeros, a que deban darse cumplimiento en Puerto Rico según las normas legales vigentes, siempre que se disponga su ejecución por un tribunal local con jurisdicción." (Enfasis suplido).

7. En virtud de la autorización constitucional, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la siguiente pieza legislativa:

"The records and judicial proceedings of any court of any such State, Territory or Possession, or copies thereof, shall be proved or admitted in other courts within the United States and its Territories and Possessions by the attestation of the clerk and seal of the court annexed, if a seal exists, together with a certificate of a judge of the court that the said attestation is in proper form.

Such Acts, records and judicial proceedings or copies thereof, so authenticated, shall have the same full faith and credit in every court within the United States and its Territories and Possessions as they have by law or usage in the courts of such State, Territory or Possession from which they are taken." 28 U.S.C. sec. 1738.

8. El Artículo 426 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 1798, establece lo siguiente:

"El efecto de un auto judicial registrado de un estado de la Unión es el mismo en Puerto Rico que en el estado en que se hubiere dictado, excepto que en Puerto Rico sólo puede exigirse su cumplimiento mediante una acción o un procedimiento especial, y excepto, también, que la autoridad de un tutor o comité, o de un albacea o administrador, no rebasa la jurisdicción conferida por las leyes bajo las cuales le fue conferida dicha autoridad." (Enfasis suplido).

Interpretando la citada disposición del Código de Enjuiciamiento Civil, hemos resuelto que el mandato constitucional que obliga a los estados a dar entera fe y crédito a las sentencias de otros estados no impide que en esta jurisdicción pueda exigirse acción previa para la ejecución de sentencias de otros estados. Blatt & Udell v. Core Cell, 110 D.P.R. 142 (1980).

9. 32 L.P.R.A sec. 1798.

10. Los hechos de ese caso son los siguientes: Milagros Figueroa Pesante y Héctor Díaz, entonces casados entre sí, adquirieron un inmueble ubicado en Puerto Rico. Posteriormente, la Corte Suprema del Condado de Nueva York decretó el divorcio entre la pareja y adjudicó la propiedad sita en Puerto Rico a la señora Figueroa Pesante. Así las cosas, el señor Díaz le donó a su ex-cónyuge su participación en el referido inmueble. La señora Figueroa Pesante presentó ante el Registro de la Propiedad la escritura de donación, acompañando como documento complementario la sentencia de divorcio. La Registradora denegó la inscripción por considerar que la sentencia debió ser convalidada por un tribunal local, según lo exigen la Ley Hipotecaria, su Reglamento y la norma establecida en el caso de Roseberry v. Registrador, ante.

11. Es menester señalar que en el escolio tres (3) de la Opinión del caso de Figueroa Pesante, citamos la siguiente parte de la sentencia del estado de Nueva York: "The house located at... Country Club... shall belon[g] to Milagros D[í]az". (Enfasis suplido). No obstante, concluimos que la sentencia extranjera no adjudicó la propiedad en cuestión, sino que fue después de la sentencia de divorcio que las partes liquidaron la sociedad legal de gananciales por medio de la escritura de donación objeto de calificación.

12. 30 L.P.R.A. secs. 2001 et seq.

13. Artículo 45 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2208.

14. Hemos resuelto que una sentencia extranjera es aquella dictada por un tribunal ajeno al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por lo que serán consideradas sentencias extranjeras, además de las dictadas por los tribunales de países extranjeros, aquellas emitidas por los tribunales estatales de los Estados Unidos. Márquez Estrella, Ex parte, 128 D.P.R. 243 (1991).

15. En Efectos Litográficos v. National Paper & Type Co., 112 D.P.R. 389 (1982), enunciamos las normas de Derecho Internacional Privado que regirán, en ausencia de tratado o legislación especial, el reconocimiento y la convalidación de las sentencias extranjeras en Puerto Rico. Estas normas fueron ratificadas posteriormente en Silva Oliveras v. Durán Rodríguez, 119 D.P.R. 254 (1987) y en Márquez Estrella, Ex parte, ante, pág. 250.

16. 30 L.P.R.A. sec. 2003-59.1.

17. El Secretario de Justicia es el encargado de la dirección administrativa del Registro de la Propiedad de Puerto Rico. Regla 2.1 del Reglamento Hipotecario, 30 L.P.R.A. sec. 2003-2.1. La Ley Hipotecaria le consignó la facultad de adoptar, previa celebración de vistas públicas, un Reglamento Hipotecario que no podrá contravenir con las disposiciones contenidas en dicha ley. 30 L.P.R.A. sec. 2003.

18. E. Vázquez Bote, Derecho Privado Puertorriqueño, Orford, New Hampshire, Butterworth Legal Publishers, 1992, t. XV, vol. II, pág. 419.

19. Por otro lado, las sentencias emitidas por los tribunales federales se ejecutan mediante un mandamiento de ejecución expedido por la corte de distrito de Estados Unidos para el distrito donde se pretende hacer efectiva la misma, siguiendo el procedimiento dispuesto en la jurisdicción estatal para la ejecución de sus propias sentencias, a menos que exista una ley federal que sea aplicable, conforme lo dispone la Regla 69 de las Reglas de Procedimiento Civil federal, Fed. R. Civ. P. 69. Márquez Estrella, Ex parte, ante, pág. 250.

20. Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria (BB.OO.E. de 27 y 28 de febrero de 1946; corrección de errores B.O.E. de 14 de marzo).

21. El Artículo 951 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española y siguientes, esbozan las normas para la ejecución de sentencias emitidas por los tribunales extranjeros. Véase en general, R.M. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 8va ed., Barcelona, Editorial Bosch, 1995, t. I, pág. 636.

22. Decreto de 14 de febrero de 1947 (B.O.E. de 16 de abril; corrección de errores B.O.E. de 23 de mayo).

23. 30 L.P.R.A. sec. 2003-59.1.

24. B. Camy Sánchez-Cañete, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, 3era ed., Pamplona, Editorial Aranzadi, 1982, vol. I, págs. 260-261.

25. Véanse en general, B. Camy Sánchez-Cañete, Op. cit., págs. 260-261; J.M. Chico Y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, 3era ed., Madrid, Editorial Marcial Pons, 1994, t. I, pág. 505; R.M. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 8va ed., Barcelona, Editorial Bosch, 1995, t. I, pág. 468-472; y A. Sanz Fernández, Instituciones de Derecho Hipotecario, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1953, t. II, pág. 325-326.

26. R.M. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 8va ed., Barcelona, Editorial Bosch, 1995, t. I, pág. 412.

27. J.L. Lacruz Berdejo y F. Sancho Rebudilla, Derecho Inmobiliario Registral, Barcelona, Editorial Bosch, 1977, pág. 335.

28. Ibid.

29. 30 L.P.R.A. sec. 2206.

30. Artículo 58.1 del Reglamento Hipotecario, 30 L.P.R.A. sec. 2003-58.1.

31. El Artículo 33 del Reglamento Hipotecario de España, decreto de 14 de febrero de 1947; (B.O.E. de 16 de abril; corrección de errores B.O.E. de 23 de mayo), expresa, en específico, que:

"Se entenderá por título, para los efectos de la inscripción, el documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla y que hagan fe, en cuanto al contenido que sea objeto de la inscripción, por sí solos o con otros complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite."

32. 30 L.P.R.A. sec. 2206.

33. A. Sanz Fernández, Op. cit., pág. 315.

34. Ibid.

35. Ibid.

36. B. Camy Sánchez-Cañete, Op. cit., 1982, vol. I, págs. 248-249.

37. Artículo 64 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2267.

38. A. Sanz Fernández, Op. cit., pág. 155.

39. R.M. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Editorial Bosch, 1979, t. II, pág. 275.

40. R.M. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 8va ed., Barcelona, Editorial Bosch, 1995, t. I, pág. 450.

41. Así también, este Tribunal ha reiterado que los registradores de la propiedad tienen facultad para solicitar la producción de documentos complementarios en aquellos casos que: (1) por ley o por reglamento así se requiera para la inscripción de un documento; (2) del documento surja causa para creer que es inválido; o (3) el propio documento no refleje su entera validez. U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 D.P.R. 448 (1989); Ruiz-Sierra v. Registrador, 103 D.P.R. 578 (1975).

42. R. de 14 de julio de 1965. R.M. Roca Sastre y J. De Molina Juyol, Jurisprudencia Registral, Barcelona, Editorial Bosch, 1964-1977, t. XI, pág. 132.

43. E. Martínez Moya, Derecho Registral Inmobiliario y Derecho Notarial, 60 Rev. Jur. U.P.R. 879 (1991).

44. En lo pertinente, la sentencia dispuso como sigue:

"...and it its further Ordered, Adjudged and Decreed, that the parties will jointly accompany each other to Puerto Rico for the purpose of dividing the property which consists of a partially completed dwelling and approximately eight (8) acres. Said property shall be divided in the following manner: the plaintiff[, Elizabeth J. Gaunil,] shall maintain ownership of the dwelling and approximately 40% of the land and the defendant[, Pedro Guanil,] shall have exclusive ownership of the balance of the land, or 60%, and it is further..."

45. Según surge de la referida escritura, los recurrentes, "con el propósito de realizar [la] división... han subdividido la finca principal en dos (2) lotes de terreno, privados, y han dedicado a uso público otras dos (2) fajas de terreno según requerido por [la A.R.P.E]".

46. En la escritura pública núm. 142 se señala, en la parte que nos interesa, que:

". . . .

-----DECIMO CUARTO: Se le adjudica al compareciente DE LA PRIMERA PARTE, don Pedro Gaunil también conocido por Pedro Gaunill y por Pedro Gaunill Igadavidez, en pago y liquidación total de su participación en la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, la totalidad del solar o predio de terreno identificado como Lote Número Uno ("1"), segregado y descrito en el párrafo SEXTO de esta escritura, valorado en la cantidad de DIEZ MIL DOLARES ($10,000.00).----------------DECIMO QUINTO: Se le adjudica a la compareciente DE LA SEGUNDA PARTE, doña Elizabeth Sosa, también conocida por Elizabeth Sosa Hernández y por Elizabeth J. Gaunill, en pago y liquidación total de su participación en la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, la totalidad del solar o predio de terreno identificado y descrito en el párrafo SEXTO de esta escritura, valorada en la cantidad de DIEZ MIL DOLARES ($10,000.00).----------------------------------

. . . ."

47. En este punto, debemos resaltar el hecho de que en los poderes especiales que otorgaron los recurrentes en el estado de Nueva York autorizando al señor Flores Sierra a representarlos en la liquidación de la sociedad legal de gananciales, expresamente consignaron que la liquidación "deb[ía] efectuarse según lo establecido en la Sentencia de Divorcio habida entre [ellos]...".

En particular, se establece en el poder otorgado por el señor Pedro Guanil Igadavidez que: "[d]icha liquidación debe efectuarse según lo establecido en la Sentencia de Divorcio habida entre mi ex-esposa y yo, o sea, que a Elizabeth Sosa Hernández se le adjudicará el cuarenta (40%) por ciento de la totalidad del terreno antes descrito más la estructura parcialmente construída [sic] que enclava en el mismo. A mi persona se le adjudicará el sesenta (60%) por ciento de terreno".

En iguales términos, se dispone en el documento de poder especial otorgado por la señora Elizabeth Sosa Hernández que "[d]icha liquidación debe efectuarse según lo establecido en la Sentencia de Divorcio habida entre mi ex-esposo y yo, o sea, que a Pedro Guanill Igadavidez se le adjudicará el sesenta (60%) por ciento del terreno anteriormente descrito y a mi persona se me adjudicará el cuarenta por ciento (40%) del terreno más la estructura parcialmente construída [sic] que enclava en el mismo".

48. En cuanto al segundo error señalado, entendemos que el mismo es improcedente, dado que la única razón por la cual la Registradora denegó la inscripción fue que la sentencia extranjera no se convalidó por un tribunal local. La Registradora no fundamentó su calificación en la nulidad de los otros negocios jurídicos que se incluyeron en la escritura; o sea, los estimó válidos. Por lo que no procede entrar a considerar si la parte de la escritura referente a la rectificación de cabida, segregación y constitución de servidumbre de paso es válida, cuando ya la Registradora así lo concluyó. Además, el hecho de que estos negocios jurídicos sean válidos, no cambia el resultado al cual hemos llegado. De todos modos, procede que se confirme la denegatoria bajo el fundamento de que se requería la convalidación de la sentencia.

49. Dispone:

También se inscribirán en el Registro los títulos, actos y contratos expresados en la sec. 2201 de este título otorgados en los Estados Unidos de América, o en país ex–tranjero, que tengan fuerza en Puerto Rico con arreglo a las leyes, y las ejecutorias pronunciadas por Tribunales de los Estados Unidos de América, o extranjeros, a que deban darse cumplimiento en Puerto Rico según las normas legales vigentes, siempre que se disponga su ejecución por un tribunal local con jurisdicción. 30 L.P.R.A. 2008. (Enfasis nuestro).

50. Jurisprudencialmente hemos reconocido como documentos complementarios; documento de sucesión hereditaria, Pino Development Corp. v. Negrón de Méndez, res. en 19 de mayo de 1993; certificaciones acreditativas de autoridad para otorgar escritura en nombre de corporación, Royal Bank of Canada v. Registrador, 105 D.P.R. 414 (1976), etc.; y en lo concerniente al recurso ante nos, sentencias de divorcio, Ríos Román v. Cacho Cacho, res. en 24 de junio de 1992. Sin embargo, en U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 D.P.R. 448 (1989), excluimos los autos o expedientes judiciales.

51. Con vista a esta crucial diferencia, es claro que una sentencia judicial puede presentarse para inscripción como documento principal contentivo del título inscribible. También como complementario, esto es, que inyecta suficiencia al documento principal titular y que sin dicha sentencia, no causaría asiento.

52. Aún como documento principal, el Art. 59.1 del Reglamento Hipotecario excluye de tal procedimiento las sentencias y resoluciones promulgadas por los tribunales federales de Estados Unidos y las de divorcio en los casos en que los cónyuges transfieran los bienes a un tercero, siempre y cuando la sentencia no contenga disposición en contrario.

53. El Art. 59.1 del Reglamento Hipotecario así lo confirma al establecer diáfanamente que las sentencias que como documento principal se refiere el Art. 45, son las que deben estar contenidas en una resolución ejecutoria del Tribunal Superior recaída en un procedimiento ordinario.

54. En Efectos Litográficos v. National Paper, 112 D.P.R. 389 (1982), expusimos las normas que rigen el procedimiento de exequátur. Más tarde, en Ex Parte Márquez Estrella, 128 D.P.R. 243, 255 (1991), señalamos que "las sentencias extranjeras incluso las provenientes de las jurisdicciones estatales norteamericanas, no operan en forma directa o ex proprio vigore, sino que requieren el reconocimiento de los tribunales locales antes de que puedan ser ejecutadas en Puerto Rico.

55. Ejecutar proviene del latín exsecutus: consumar, cumplir, poner por obra una cosa. Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 1992, pág. 560.

56. En este Congreso propusieron que los notarios utilicen los documentos que acrediten la resolución del divorcio, sin que sea preciso, en ningún caso, un previo "exequátur" de ellos, cuando lo haga a los fines de examinar capacidad. (Pág. 90).

57. "El exequátur es un juicio nuevo para todos sus efectos. Exige observar las siguientes reglas:

1. Se iniciará mediante la presentación de una demanda en la sala correspondiente del Tribunal Superior de Puerto Rico en contra de todas las demás personas afectadas por dicha sentencia.
2. En lugar de dicha demanda se podrá admitir una solicitud ex parte cuando comparecen en la misma todas las personas afectadas por la sentencia cuyo reconocimiento y ejecución se pretenda. Dicha solicitud deberá ser suscrita bajo juramento por todos y cada uno de los comparecientes.
3. El procedimiento se tramitará en la forma ordinaria provista por las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico.
4. La demanda o la solicitud ex parte que se presente deberá estar acompañada de una copia certificada de la sentencia cuya convalidación se solicita y de una traducción fiel y exacta de la misma al idioma español en caso de que no haya sido originalmente redactada en este idioma o en el idioma inglés. La copia certificada de la sentencia debe ser legible, estar completa y deberá cumplir con los requisitos pertinentes establecidos en la Regla 79 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. IV.
5. En todo caso en que, a los fines de lograr su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, se solicite la convalidación de las sentencias a las cuales se refiere el Art. 45 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, deberá notificarse al Ministerio Fiscal.
6. En todo caso en que puedan ser afectados los intereses de menores o incapacitados, deberá incluirse en la demanda o en la solicitud ex parte que se presente a los padres y/o tutor del menor o incapacitado, y se notificará de la misma al Procurador o Procuradora Especial de Relaciones de Familia para que dicho funcionario pueda defender los intereses del menor o incapacitado.
7. Cuando, a juicio del tribunal, se trate de un asunto de orden o interés público, se notificará con copia de la demanda o de la solicitud ex parte al Secretario de Justicia de Puerto Rico a los fines de que éste pueda comparecer en el procedimiento en representación del Estado Libre Asociado.
8. Para la revisión de las resoluciones, sentencias u otras providencias del tribunal de instancia, se seguirán los procedimientos establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil y en el Reglamento del Tribunal Supremo.
9. Una vez decretado el reconocimiento o convalidación de la sentencia extranjera, la fase de su ejecución se regirá por las disposiciones contenidas en nuestro ordenamiento procesal vigente para la ejecución de nuestras sentencias." (Enfasis nuestro). Ex Parte Estrella, supra, págs. 253-255.

58. La Sentencia ordenó se dividiera la propiedad sita en Puerto Rico en un 40% y 60% respectivamente. Sin embargo, en la escritura las partes acordaron distribuirla por partes iguales, 50%.

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